DERECHO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

La Defensoría del Pueblo de la Nación le reclamó al gobierno de Formosa que adopte “medidas urgentes” que garanticen los derechos básicos, como la atención de la salud, y el acceso a la alimentación y al agua potable, de 28 comunidades indígenas de esa provincia. Luego de evaluar las deficiencias señaladas, el organismo entendió que el Estado provincial “tiene las herramientas y los recursos” para revertir ese cuadro y en ese marco se adoptó esta medida, dijo a Página/12 el director de Derechos Sociales de la Defensoría, Horacio Esber. La demanda se hizo a través de un exhorto, que se hizo extensivo al Ministerio de Desarrollo Social nacional, que tiene a su cargo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para que “articule acciones” con el Ejecutivo formoseño a fin de resolver estas problemáticas.

Tras dos visitas a la provincia en las que se constató la situación de comunidades qom, pilagá y wichí, la Defensoría elaboró un informe que dio pie al exhorto 107/11, enviado el 16 de junio al gobierno de Gildo Insfrán. Más allá de la respuesta que dé el gobierno provincial, Esber anticipó que en breve se hará una nueva recorrida “para ver qué se modificó” en la situación de las comunidades.
En el plano sanitario, el escrito de la Defensoría formula que, como varias comunidades rurales están distantes de los centros de salud, “resulta imprescindible la existencia de puestos y agentes sanitarios” en esos poblados, ya que en la actualidad “no se cumple acabadamente” con la prestación de estos servicios. Y ejemplifica con los casos de Colonia Naranjito, Colonia San Antonio, La Primavera y Comunidad Penqolé, pueblos que “no poseen puesto sanitario o donde el que funciona se encuentra cerrado”, por lo que “nunca los visita el agente sanitario”. Lugares en donde, además, la inaccesibilidad de los caminos torna “muy dificultoso trasladar a los enfermos” a algún hospital. En cambio en sitios como Tres Pozos y Lote 27 “sí hay puestos sanitarios”, pero existen “graves dificultades como la falta de medicamentos” o la “inexistencia de ambulancia para traslados”, se apunta.
En otro punto referido a la salud, se manifiesta que “debido al alto número de enfermos de Chagas”, los aborígenes “solicitan que se extermine” a las vinchucas, ya que todavía hay presencia de ese vector en sus hogares. Como balance de este déficit, los técnicos de la Defensoría expusieron: “Se observa que la mayoría de las casas nunca han sido fumigadas contra la vinchuca”.
En otro ítem, se contextualiza que en grupos familiares con dificultad para acceder a alimento por otro medio que no sea la asistencia estatal, existen comunidades en las que reciben “una caja alimentaria por familia cada tres o cuatro meses”. Esto ocurre en Ensanche Norte y Bartolomé de las Casas. De todas formas, esas poblaciones son la excepción ya que “casi todas las comunidades restantes manifestaron no recibir ninguna caja” con alimentos. En este tema, la Defensoría pone de manifiesto posibles manejos clientelistas. “Muchas familias sostienen que habrían recibido la caja en época electoral”, con “entrega de documento de identidad” mediante.
Sobre el acceso al agua potable, “en 11 de las 17 comunidades relevadas en la última visita”, los pobladores originarios relataron que obtienen el recurso “de los ríos y de la lluvia”, y la almacenan en aljibes. En varias poblaciones, describe la Defensoría, los indígenas consiguen agua “de lugares superficiales, donde hay agua acumulada o de pozo”, pero según narraron, el recurso “no es potable”. Asimismo, existen comunidades en las que “se abona una suma de dinero” para que un camión cisterna los provea de agua, pero a veces ni siquiera con esa provisión logran satisfacer la demanda.
“La garantía del goce efectivo de los derechos humanos de esas comunidades son las autoridades públicas”, destacó Esber. Este diario intentó en reiteradas oportunidades consultar al Ministerio de Gobierno de Formosa para conocer su posición respecto del exhorto, pero no obtuvo respuesta. El funcionario de la Defensoría concluyó que en un “marco económico y social que se inició en 2003, la vulneración de derechos se hace más visible”. Y es en este contexto que “se exhorta a los estados a que reparen esas deficiencias, porque tienen los recursos y herramientas para hacerlo”.

Human Rights Watch condenó las torturas de W.Bush

Human Rights Watch difundió ayer un informe que habla de contundente evidencia de torturas por parte del gobierno de George W. Bush. El documento de la organización no gubernamental con sede en Nueva York, titulado “Tortura impune: el gobierno de Bush y el maltrato a los detenidos”, exige una investigación penal al ex presidente de Estados Unidos (1999-2008) y funcionarios de su gobierno como el vicepresidente Dick Cheney, el ex jefe del Pentágono Donald Rumsfeld y el ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) George Tenet. La tortura y los malos tratos a los detenidos alrededor del mundo son las principales causas por las que se los acusan.

De acuerdo con el documento de 107 páginas, el actual presidente Barack Obama incumplió las normas de la Convención de Ginebra contra la tortura a la que Estados Unidos suscribe y que le otorga status constitucional. Entre estas prácticas ilegales llevadas a cabo por la administración anterior se cuentan el submarino (un método interrogatorio de asfixia por inmersión), la utilización de prisiones secretas de la CIA y el traslado de detenidos a países en donde eran torturados. En diálogo con Página/12, el consejero político para Human Rights Watch en Bruselas, Reed Brody, explicó esos procedimientos ilegales. “Son casos a través de varios continentes. Estamos hablando de prácticas en prisiones secretas de la CIA, que han existido en Rumania, Polonia, Lituania, Tailandia y Afganistán. Pero también hablamos de ciertas prácticas utilizadas en Irak y Guantánamo y de los detenidos enviados por Estados Unidos a países como Egipto y Siria”, dijo el asesor norteamericano de Human Rights Watch.
Según Brody, esos dos países fueron una suerte de enclaves para esas prácticas ilegales conducidas por la administración Bush. “Allí los detenidos fueron torturados de manera sistemática, como parte de un programa en donde ellos no eran devueltos a los países por extradición, sino que fueron enviados para ser interrogados en custodia de naciones que cometen torturas.”
Según el consultor, aún resta conocer el grado de responsabilidad que tuvieron los países que funcionaron como prisiones satélite ilegales del gobierno de George W. Bush. “Evidentemente, un país podría haber albergado una prisión en donde algunas personas fueron torturadas. En todos los países, por lo menos europeos, ha habido investigaciones, pero no para ver qué grado exacto de complicidad existía. Todavía no sabemos quién autorizó en Polonia que traigan prisioneros”, dijo Brody.
El director ejecutivo del observatorio, Kenneth Roth, dijo que si Estados Unidos no promueve una investigación penal seria contra los responsables de los crímenes, otras naciones deberían ser las encargadas de llevarlos a juicio. En febrero de este año, Bush debió cancelar un viaje a Suiza cuando un grupo de víctimas de torturas intentó elevar una demanda penal contra él. En sintonía con el pedido del director de Human Rights Watch, una investigación por tortura que implica a funcionarios norteamericanos se encuentra en marcha en España.
En agosto de 2009, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, designó al fiscal federal adjunto, John Durham, para que investigara el abuso de detenidos, pero limitó la indagación a los actos no autorizados. Como resultado, la investigación podría no examinar los actos de tortura como el submarino, y denominados por Estados Unidos como interrogatorios intensivos. Este y otros malos tratos autorizados por abogados del gobierno de Bush son contrarios al derecho interno e internacional.
Sin embargo, el pasado 30 de junio, Holder aceptó la recomendación de Durham de llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre dos muertes bajo custodia de la CIA ocurridas en Irak y Afganistán.
El informe dice que sobre Dick Cheney recae la responsabilidad por las políticas de detención e interrogatorios. También habría presidido una reunión con la CIA para autorizar el submarino sobre el preso Abu Zubaydah en 2002. Rumsfeld aprobó el empleo de métodos ilegales durante los interrogatorios y siguió de cerca el caso de Mohamed al Qahtani, sometido a un régimen de seis semanas de interrogatorios coercitivos en Guantánamo.
Hasta ahora, el presidente Obama incumplió la promesa que hizo al asumir, en 2008, de cerrar el campo de concentración que Estados Unidos tiene en la isla de Cuba y donde se vienen realizando muchas de las prácticas ilegales que Human Rights Watch denuncia desde el inicio de la guerra contra el terrorismo en 2001. Para Brody, Guantánamo todavía existe más por incapacidad que por voluntad política. “Obama tiene una cantidad de capital limitado para gastar en temas como terrorismo. No cerró Guantánamo como prometió, y para perseguir a su predecesor el presidente requiere de una gran cantidad de capital político”, dijo el analista.
Consultado acerca del tipo de reacción que provocará el informe a nivel doméstico, Brody no depositó muchas esperanzas en la opinión pública norteamericana. “Para ser honestos, esta información ha captado mayor atención fuera de los Estados Unidos. La gente que no vive en Norteamérica está más molesta con este tipo de políticas y posee un mejor entendimiento acerca de cómo las políticas de lucha contra el terrorismo repercuten en el resto del mundo. Es más fácil ver desde afuera de Estados Unidos cuán abominables pueden resultar ciertos poderes”, señaló el consultor.

Según la ONU, hay millones de mujeres sin acceso a la Justicia

Durante el siglo pasado, la conquista de derechos para las mujeres se tradujo en numerosas leyes. Sin embargo, para millones de mujeres en el mundo, esto no se reflejó en mayor igualdad y justicia. Esta es la principal conclusión de El progreso de las mujeres en el mundo, el primer informe de ONU Mujeres, titulado En busca de la justicia .
Creado hace un año, el organismo que preside la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, eligió un enfoque claro y contundente para su “informe insignia” –como lo denomina–, para ilustrar los avances y las deudas en materia de igualdad de género . Señala que, si bien ese derecho está consagrado en las Constituciones de 139 países, la falta de leyes adecuadas y de implementación de las normas existentes, “convierten a estas garantías en promesas vacías” con poco impacto en la vida cotidiana.
En 1911, las mujeres sólo podían votar en dos países (en Argentina, desde 1947), mientras que ahora es un derecho casi universal. Pero en la gran mayoría de los Estados, la representación femenina en los parlamentos es inferior al 30% –en Argentina, el 38%–, cuando existen numerosas evidencias de que la mayor proporción de legisladoras acelera las reformas a favor de los derechos de las mujeres .
En 125 países está penalizada la violencia doméstica, cuyas víctimas son en su inmensa mayoría mujeres, a manos de su pareja o ex pareja. Sin embargo 603 millones de mujeres viven en países donde no constituye un delito. En la Argentina se penaliza la violencia doméstica, la violación conyugal y el acoso sexual; pero el acceso concreto a la justicia se convierte, como en la mayoría de los países, en una carrera de obstáculos.
El documento de ONU Mujeres observa que la cadena de justicia se caracteriza por altos niveles de abandono, por lo que es ínfimo el porcentaje de causas que termina en sentencia justa. No obstante el informe destaca la creación, en Buenos Aires, de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia (ver Buenos...).
El documento dedica todo un capítulo a la justicia y la reparación tras la violencia de género durante los conflictos. La violencia sexual, expone, siempre se ha utilizado sistemáticamente “como una táctica de guerra”, para contagiar el VIH, provocar embarazos, obligar al éxodo de la población y aterrorizar a comunidades enteras.
Recién en 1993, con la creación del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, se reconoció la violencia sexual como crimen de lesa humanidad. En la Argentina, las denuncias en ese sentido, por delitos cometidos por el terrorismo de Estado, comenzaron a presentarse hace un par de años.
Dar alfabetización legal a las mujeres acerca de sus derechos, es para el organismo tan importante como capacitar a juezas y jueces en perspectiva de género , y dar seguimiento a sus sentencias. El documento no lo menciona, pero la formación en perspectiva de género de todo el personal del Poder Judicial es otra de las tareas emprendidas por la Corte argentina, desde la Oficina de la Mujer.
La legislación laboral es muy despareja en el mundo: mientras en buena parte de Medio Oriente y África, las mujeres tienen un acceso muy restringido al trabajo, en Europa, la licencia paga por maternidad puede llegar, como en Suecia, hasta 480 días. En cuanto a la brecha salarial, en un relevamiento de 83 países, la Confederación Internacional de Sindicatos la ubica entre el 10 y el 30% (en Argentina es del 29%).
En materia de salud y derechos reproductivos, ha crecido mucho el porcentaje de partos atendidos por personal médico especializado, aunque con varias excepciones alarmantes (apenas 6% en Etiopía, 26% en Haití, por citar sólo dos países). Son mucho peores los indicadores globales de anticonceptivos y de mortalidad materna.
En la Argentina, la tasa de mortalidad materna casi no ha mejorado en dos décadas: 72 por cada 100.000 nacidos vivos en 1990, y 70 en 2008. En buena medida se relaciona con el hecho de que, según el informe, nuestro país tiene una de las leyes más restrictivas del mundo en materia de aborto .
Que los fondos no sean empleados de manera discriminatoria es otra de las claves para equilibrar la balanza. Los 49.300 millones de dólares que el Banco Mundial distribuirá entre 2011 y 2014 entre los países pobres irán a cuatro áreas prioritarias, y una será la igualdad de género.

PROSTITUCION - UNA BATALLA CULTURAL

En adelante, se trata de “una batalla cultural” para la cual hay consenso social, porque “la opinión pública claramente no va a estar a favor de defender el Rubro 59, sabiendo que está vinculado a las redes de explotación sexual”, dijo la abogada Perla Prigoshin, responsable de la Comisión Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género. Es un signo más del momento de grandes debates que se está dando la sociedad argentina, continuó. “La sociedad está debatiendo, y tiene que debatir, estos temas. Es igual que ante el aborto: la sociedad lo debate, la mayoría está de acuerdo en despenalizar, lo dicen las encuestas”, pero sin embargo pequeños espacios de lobby “salen a sostener otra cosa que no es real ni está en la opinión pública. Pero la sociedad no va a acompañar una defensa” de esos avisos.

La decisión en torno de los espacios publicitarios de la prostitución en los medios de comunicación, cree Prigoshin, esperó porque tomarla implicaba desafiar intereses poderosos. “Un millón de razones, porque un millón de pesos por mes es lo que dejan estos anuncios en grandes medios nacionales que lucran con ellos aunque después publiquen artículos denunciando la trata.” “Enfrentar eso es una decisión que requirió valentía. Durante muchos años los políticos varones no tuvieron lo que había que tener para definir esto. Ahora vino una mujer que lo hizo.”

TRATA DE PERSONAS - AVISOS QUE FOMENTAN LA MISMA

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó ayer un decreto que prohíbe en todo el país la publicación de avisos de comercio sexual. La medida apunta a combatir la trata para explotación sexual –que puede estar encubierta en los anuncios– y a mitigar la discriminación que produce ese tipo de clasificados, al denigrar la condición femenina y contribuir a que persista la idea de la mujer como un mero objeto de consumo sexual. La jefa de Estado se preocupó por aclarar que “no es una condena a las mujeres” que “son objeto de este comercio” sino “a los medios” que publican los avisos y “a los que instrumentan” la explotación sexual. La iniciativa afectará a numerosos diarios nacionales y provinciales que facturan abultadas cifras por esos clasificados.

“Con la firma de este decreto hemos dado un gigantesco paso no solamente en la lucha contra la trata de personas”, sino también “contra la discriminación, porque la oferta sexual, fundamentalmente publicada en el rubro 59, no solamente es un vehículo en la comisión del delito de trata de personas, sino también es una profunda discriminación hacia la condición de la mujer”, señaló la Presidenta. CFK criticó además “la doble moral y la hipocresía” de ciertos medios que en sus primeras planas denuncian el problema de la trata y en las páginas de clasificados “lucran” con los avisos de oferta sexual que les dejan “pingües ganancias”.
Al inicio del acto se pasó un video donde se mostraron artículos de Clarín que reclamaban medidas contra la trata y luego numerosos anuncios de su famoso rubro 59, de avisos de comercios sexual.
La mandataria firmó el decreto en el Salón de las Mujeres, de la Casa Rosada, secundada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; de Interior, Florencio Randazzo, y de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. A un costado estaban otros ministros de su gabinete. En la primera fila la aplaudió Susana Trimarco, madre de Marita Verón, la joven tucumana desaparecida a manos de mafias de la prostitución, emblema de la lucha contra la trata en el país; a su lado estaba Eva Giberti, titular del Programa Las Víctimas contra las Violencias, de quien dependió originalmente la Oficina de Asistencia a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que depende del Ministerio de Justicia. Muy cerca de ellas, el juez federal de La Plata, Carlos Rozanski, y la abogada Perla Prigoshin, titular de la Comisión de Acción para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género. Este organismo se encargaría de recomendar un régimen de sanciones a la violación del decreto, que debe establecer el Ministerio de Justicia.
El salón, que homenajea a mujeres reconocidas por la historia, estaba colmado de integrantes de ONG que trabajan por los derechos de las mujeres, y de activistas por la diversidad como Lohana Berkins, y la pareja formada por Alex Freire y Jose María Di Bello, primer matrimonio igualitario, que celebraron eufóricamente el anuncio. La prohibición de los avisos de comercio sexual es un reclamo de amplios sectores del movimiento de mujeres. La medida será de aplicación en todo el país. El decreto, que lleva el Nº 936, se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial. La norma crea además una Oficina de Monitoreo de la Publicación de los Avisos de Oferta de Comercio Sexual en el ámbito del Ministerio de Justicia, que deberá vigilar el cumplimiento del decreto en forma articulada con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (ex Comfer), que encabeza Gabriel Mariotto, y el Consejo Nacional de las Mujeres. El decreto –al que tuvo acceso este diario– establece los pasos a seguir para la sanción a los medios que no cumplan con la prohibición.
El Gobierno se hizo eco de la preocupación de diversas organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres que vienen planteando que los avisos hot pueden encubrir situaciones de trata, proxenetismo y explotación sexual de menores. De esa forma, algunos diarios –y revistas– pueden ser soporte y cómplices de mafias de trata y de prostitución. Pero al mismo tiempo, señalan las ONG, los contenidos e imágenes de los anuncios denigran a las mujeres, reafirman el estereotipo de la mujer-objeto sexual, transmiten la idea de un género femenino servil. Página/12 publicó en los últimos tiempos varias notas que dieron cuenta de ese debate. La última de ellas, el domingo pasado. A esos aspectos de los clasificados se refirió CFK. Y se ganó una ovación del público (ver aparte).
Textualmente el decreto 936 dice: “Se prohíben los avisos que promuevan la oferta sexual, con la explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres”.
La normativa se fundamenta en la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, en vigencia desde 2008, que en su artículo 4 determina que existe explotación –entre otros supuestos– cuando se promueve, facilita, desarrolla o se obtiene provecho de cualquier forma de comercio sexual. Y también en la ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres –aprobada en 2009 y reglamentada en 2010–, que establece que el Consejo Nacional de las Mujeres deberá disponer acciones coordinadas con otras jurisdicciones para “prevenir, sancionar y erradicar la difusión de mensajes o imágenes” en medios de comunicación que “estimulen o fomenten la explotación sexual de las mujeres”. Otros fundamentos jurídicos son diversos tratados internacionales incorporados a la Constitución nacional.
En el Congreso, la diputada de la Coalición Cívica Fernanda Gil Lozano había presentado en 2010 un proyecto que contemplaba la limitación de esos anuncios, pero no llegó a tratarse. Este año, en la provincia de Buenos Aires, la diputada radical Cecilia Moreau presentó una iniciativa en el mismo sentido. Otras propuestas en legislaturas provinciales y comunales apuntaban a prohibir que se diera pauta oficial a los medios que los publicaran.
En España el tema se instaló como debate nacional en 2009. El Consejo de Estado, órgano superior de consulta del Gobierno, emitió un dictamen favorable al establecimiento de la prohibición de ese tipo de publicidad. En la Argentina, la Presidenta resolvió prohibirla por decreto.

DDHH- NUEVOS PARADIGMAS

Aunque no esperaba que sucediera, el decreto “tiene sentido una vez que uno se entera, porque es coherente con otras áreas de política de género que se están llevando adelante”, señaló el juez de Cámara Federal y presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, Carlos Rozanski. “Así como se está discutiendo el tema del aborto, como se resolvió el matrimonio entre personas del mismo sexo, sucede esto”, que “no es necesariamente patrimonio del Gobierno, sino que son movimientos de la sociedad civil que la gestión impulsa, no son imposiciones, sino procesos sociales”.

Está transcurriendo “un cambio de paradigma en derechos humanos, amparado por convenciones internacionales y la Constitución”. Esos cuerpos legales “marcan un hilo común, y este paradigma actual es distinto al anterior porque, como sucede con el niño, convierte a la mujer en sujeto de derecho”. “Se está viviendo una época en la cual aquellos grupos vulnerables, históricamente maltratados y abusados, ven reconocidos sus derechos. En esta etapa, esa teoría que es la Constitución nacional se está transformando en práctica. El paradigma anterior, que era de abuso y maltrato, siempre fue apañado por maltratadores y abusadores y quienes hacían negocio con ese maltrato. Eso creó una doble moral: había leyes prohibiendo determinadas cosas, como la trata, pero se acompañaban con acciones

DISCRIMINACION LABORAL POR EDAD

La discriminación laboral por edad afecta a muchos adultos, en general a partir de los 40 años, por lo que representantes de este sector promueven una ley que prohíba los requisitos etarios en la oferta pública de empleo.
Se trata del proyecto 4008-D10, presentado al Parlamento por la "Asociación 50 a 60", que preside Alicia Gaitán, quien explicó a la agencia Télam que básicamente se trata de una norma que imponga multas a quienes segreguen a las personas por edad en esos anuncios.
Se "impone una multa ante la realización de las conductas prohibidas, siendo solidariamente responsables quien ofrezca el puesto de trabajo, se trate de una persona física o jurídica, la consultora o cualquier otro intermediario en las ofertas de empleo incluido, el medio de comunicación que publica la oferta", dijo Gaitán.
La iniciativa surgió ante reclamos de particulares avalados por la Asociación que generaron una investigación del Instituto Nacional Contra la Discriminación (INADI), entre 2008 y 2009, que luego elevó su Recomendación Nº 6/2009 al Ministerio de Trabajo.
Esa investigación determinó que, el 22% de los avisos incluye límites etarios, y de éstos el 74% pide sólo personas menores de 40 años, mientras que los que admiten candidatos mayores de esa edad no superan el 26 por ciento.
"En el sector privado se conocen más casos", dijo Gaitán, aunque aclaró que "algunas grandes empresas y multinacionales lentamente están asumiendo la Responsabilidad Social Empresaria ante este problema".
En el Congreso, el proyecto 4008-D10 fue girado a las Comisiones de Legislación del Trabajo y Derechos y Garantías de Diputados y debatido por Asesores de la Comisión Legislación del Trabajo, que es la comisión cabecera, pero aún no se arribó a un acuerdo que permitiera emitir dictamen.
Gaitán añadió que, "independientemente del proyecto presentado en el Parlamento, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires también se presentó un proyecto en el mismo sentido que nuestra Asociación apoya en su contenido, registrado como 0709-D-11".
Ambos proyectos se oponen a la discriminación por edad en la oferta de empleo, pero "el primero lo hace más abarcativamente incluyendo además la exclusión frente al pretexto de la etnia, el género, la orientación sexual y/o identidad de género, el idioma, la religión, etcétera", aclaró.

OIT CONDICIONES DEL TRABAJO DOMESTICO

El trabajo doméstico remunerado es una de las ocupaciones con peor calidad de empleo y mayor déficit de trabajo decente dentro de la región. Sin embargo, aporta una contribución significativa a la economía mundial, y se estima que solo en América Latina hay más de 14 millones de mujeres que trabajan remuneradamente para una familia.
La serie 'OIT Notas sobre Trabajo Doméstico remunerado en América Latina y el Caribe, muestra los avances hacia el trabajo decente para las trabajadoras domésticas y las buenas prácticas que existen en la región en temas de remuneración, seguridad social, ejercicio de derechos, organización, protección de la maternidad, entre otros temas.

La nueva serie de notas indaga entorno temas de gran interés que afectan directamente el quehacer de las trabajadoras domésticas de la región, entre ellas:
Nota 1: 'Un trabajo decente para las trabajadoras domésticas remuneradas del continente' (disponible en español y portugués) Indaga en la situación de  las trabajadoras domésticas en América Latina y el Caribe, enfocado en la actual transformación de la práctica de este tipo de trabajo en la región.  Además, aborda las principales problemáticas que deben enfrentar, como el déficit de trabajo decente y las malas condiciones de empleo pero también, las buenas prácticas y los avances en las políticas nacionales.
La Nota 2: 'Salarios Dignos para las Trabajadoras del Hogar' (disponible en español y portugués) aborda el tema de las bajas remuneraciones para este grupo de trabajadores, debido a que es una actividad profesional poco valorizada al cual se confiere, generalmente, escaso espacio en las normas laborales nacionales. Por esta razón, las trabajadoras domésticas muchas veces se encuentran en la escala mas baja de las remuneraciones  y en la mayoría de los países  son pobres  o se encuentran muy cercanos de esta situación. Sin embargo, las nuevas reglas y avances en la región muestran positivos logros, como la equiparación del sueldo mínimo del trabajo doméstico al del salario mínimo nacional.
La Nota 3: 'Erradicar el Trabajo Infantil Doméstico', (disponible en español y portugués) trata sobre una de las formas más comunes y tradicionales de Trabajo infantil. El trabajo infantil doméstico realizados en casas de terceros, en su mayoría por niñas,  es probablemente uno de  los grupos mas vulnerables y difíciles de proteger porque son 'trabajadores invisibles'. A pesar de esto, en la región se ha avanzado bastante en la materia y en la Nota se da cuenta de los avances normativos e iniciativas de los países, por ejemplo de incluirlo en el listado de 'Trabajos peligrosos', según el Convenio N°182 de la OIT.
Nota 4: 'Ampliar la protección de la seguridad social para las trabajadoras domésticas remuneradas'  (disponible en español y portugués) Aborda el tema de la protección social y la  baja cobertura que muchas de ellas tienen en los sistemas de protección. En algunos  países por ejemplo, la legislación nacional no permite su afiliación a los sistemas de pensiones y en otros las excluye, incluso de los sistemas de salud para trabajadores.  Un paso fundamental para el reconocimiento y la protección social de las trabajadoras domésticas del continente es su plena inclusión en los sistemas de seguridad social de los países de toda la región. Como evidencia de las buenas prácticas en la región, la Nota 4, relata varias iniciativas nacionales que han sido exitosas para este fin. Por ejemplo, la campaña 'Trabajo doméstico digno' en Ecuador.

VIOLENCIA DE GENERO - LLAMA AL 137

PARA LA IGLESIA NO TODOS SOMOS IGUALES

Llama poderosamente la atención y obliga a repensar sobre las actitudes y conductas de los miembros de la Iglesia Católica Apostólica Romana, la decisión del párroco de la localidad de Magdalena, Provincia de Buenos Aires, Carlos Herlein y de la catequista Nélida Mariani, que no permitieron tomar la primera comunión a una niña de 13 años, con parálisis cerebral, con el argumento que estos niños requieren de mayor tiempo de clases para lograr recibir la formación necesaria.
¿Es el Derecho  al Sacramento  pasible de  recibir  adaptaciones  especiales  o  es una cuestión de FE ?  ¿O la FE  se  mide  por  la  cantidad  de  conocimientos  adquiridos,  abandonando  el  verdadero sentido  bíblico  instituido  por  Jesucristo ?  
Lo más  grave   - y  peligroso -   es  que  esa  actitud,  repudiada  por  la  Sra.  María  Cristina  Altamirano,  madre  de  la  niña,  resultó  extrañamente  avalada  por  Monseñor  Héctor  Aguer,  Arzobispo  de  La  Plata  (de  donde  depende  Magdalena)  que,  hasta  donde  se  sabe,  no  adoptó  ninguna  medida  que  revirtiera  la  actitud  del  párroco.  Más  aún,  corre  el  rumor  que,  ante  la  actitud  del  padre  Carlos  Warton,  Capellán  del  Ejército  destinado  a  un  regimiento  de  la  zona,  que  hizo  tomar  la  comunión  a  la  pequeña,  Monseñor  Aguer  le  hizo  llegar  un  apercibimiento.
La  Ley  23.054,  votada  el  1º  de  Marzo  de  1984  y  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Nación  el  27 de  ese  mes,  establece  la  vigencia  en  nuestro  país,  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  (Pacto  de  San  José  de  Costa  Rica),  que  en  su  Artículo  12º  se  refiere  claramente  a  la  libertad  de  conciencia  y  de  religión,  la  libertad  de  conservarla  junto con  las  creencias  de  cada  uno  y  en  especial  la  libertad  de  profesar  su  religión.
¿Cómo  se  puede  profesar  la  religión  católica  si  no  se  permite  a  una  persona  recibir  un  sacramento ?   Y  la  actitud  del  párroco  no  permite  recibir  la  eucaristía  a  la  menor,  siendo  ésta  el  sacramento  por  el  que  Jesucristo  renueva  su  sacrificio  y  se  halla  presente  con  su  cuerpo  su  sangre  y  su  divinidad.   
Resulta  evidente  que  hay  un  obstáculo  que  impide  profesar  la  religión a  la  niña,  con   absoluto  desprecio  de  leyes  internacionales  que  la  República  Argentina  ha  incorporado a  su   legislación.   Mas  aún,  también  se  ignora  claras  disposiciones  de  la  Constitución  Nacional,  que  en  su  Artículo  14  reconoce  a  todos los habitantes de la república, el derecho de profesar libremente su culto.

Cabe recordar  que  las  normas  escritas  no  garantizan  a  los  habitantes  el  respeto  de  sus  Derechos  solo  ante  los  funcionarios  del  Estado, sino  también ante  las  actitudes  de  particulares  que  abusan  de  su  posición  e  incurren  en  actos  como  los  que  nos  ocupan.

¿ Como  puede  comprenderse  que  por  una  parte  los  representantes  de  la  Iglesia  sostengan   la  igualdad  de  los  seres  humanos,  y  por  otra,  permitan  semejante  proceder  para  con  un  ser  indefenso,  no  tanto  por  su  afección  sino  por  la  actitud  incomprensible  y  prejuiciosa  de  quienes  deberían  dedicarse  a   fortalecer la fe ? 
Habrán   olvidado  que  deben  facilitar  que  los  niños  vayan  a  EL. ...
*Defensora adjunta del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Los represores también fueron violadores - Por Sandra Chaher

La organización internacional de derechos humanos Women's Link Worldwide premió un fallo emitido en la República Argentina sobre la violencia de género durante la última dictadura militar. La sentencia, emitida por un Tribunal de Mar del Plata, fue pionera y aún no es seguro que sea emulada en las demás causas que se siguen por similares violaciones de los derechos humanos.
Leí el Nunca más a fines de los ’80, terminando el secundario. Durante muchos años me persiguió la misma imagen que hoy recuerdo con claridad: un represor introduciendo una rata en la vagina de una detenida. De todas las humillaciones, torturas y maltratos, me pareció la peor. Probablemente porque era mujer y podía sentir cómo habría sido ese castigo en mi cuerpo.
Aún siendo terribles los tormentos que atravesaron las mujeres abusadas y violadas durante la última dictadura militar, debieron pasar más de 20 años para que se atrevieran a contarlo ante los Tribunales. Y si bien en el Juicio a las Juntas y en el Nunca Más aparecen testimonios escalofriantes de abusos sexuales de todo tipo, hasta hace muy poco se los consideró sucesos aislados, que no configuraban un delito sistemático como las torturas o las desapariciones. Pero los avances en la jurisprudencia internacional, sumados al propio proceso interno de juzgamiento de los crímenes de la dictadura, hicieron posible que el año pasado dos sentencias fallaran en la línea del reconocimiento de la violación durante la dictadura como un crimen de lesa humanidad, es decir que perjudicó y tuvo como víctima a una amplia porción de la población civil.
En abril del 2010, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe dictó una sentencia en la que por primera vez la violencia sexual fue considerada crimen de lesa humanidad. Y en junio del mismo año, el Tribunal Oral Criminal en lo Federal de Mar del Plata condenó al represor Gregorio Molina, entre otros delitos, por violación en forma reiterada agravada por la calidad del autor encargado de la guarda de la víctima. Este segundo fallo separó por primera vez el delito de violación sexual del de tormentos, dándole visibilidad a un tipo de violencia padecida específicamente por las mujeres, y dictaminó que la única prueba necesaria para probarlo eran los testimonios de las víctimas. Esta es la sentencia que acaba de recibir el primer premio de la organización internacional de derechos humanos Women's Link Worldwide, que promueve los premios Género y Justicia al Descubierto para los fallos que más promuevan la equidad de género y también para los más sexistas.
Lamentablemente, la sentencia premiada de Argentina, podría no ser emulada por otros tribunales. Si bien hay más causas abiertas contra represores y genocidas en su calidad de violadores, se desconoce cómo considerarán la recolección de la prueba y mucho menos si en la sentencia los condenarán también por el abuso sexual y la violación sistemáticas de las mujeres en los campos de detención.
Con el objetivo de proteger los derechos humanos de las mujeres y apuntalar estos procesos judiciales en la línea de la visibilidad de los crímenes específicos de género, las organizaciones CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres) e INSGENAR (Instituto de Género, Derecho y Desarrollo) se presentaron en febrero del 2010 como Amicus Curiae en una causa que se tramita en los Tribunales Federales de San Martín, señalando que la violencia sexual cometida en los centros clandestinos de detención de la dictadura fue parte del plan sistemático de represión ilegal, y por lo tanto constituye un delito de lesa humanidad, imprescriptible.
Analía Aucía y Susana Chiarotti -responsables principales de la presentación judicial y de una investigación sobre el mismo tema que llevan adelante las dos organizaciones- publicaron en octubre del 2010 en la revista feminista Brujas un artículo llamado 'Violencia sexual como delitos de lesa humanidad. El caso de la última dictadura militar en Argentina' en el que analizan la violencia sexual –sobre todo en el contexto de los conflictos armados- como una pulsión de dominación y castigo, y no de deseo. Los varones violan a las mujeres para humillarlas y degradarlas, pero también para demostrarle al enemigo quién manda.
En prácticamente todas las guerras del siglo XX se encuentran casos de abusos sexuales y violaciones masivas de mujeres por parte de los ejércitos invasores. Las mujeres fueron víctimas de los soldados alemanes y soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial, de los franceses en Argelia, y de los norteamericanos en Vietnam. Hace pocos años, los serbios abusaron brutalmente de las mujeres de Bosnia, y los hutus de las tutsis en Ruanda. Estos últimos casos fueron juzgados en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia (2001) y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (1998), donde por primera vez se habló de la violencia sexual como crimen de lesa humanidad. Y en el 2002 entró en vigencia el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, en el que se codifican por primera vez, a nivel internacional, los crímenes de violencia sexual y de género como los de mayor gravedad bajo el derecho internacional.
Este favorable panorama internacional para el juzgamiento coincidió en la Argentina con la reapertura de los juicios a los integrantes de la dictadura militar impulsada por el ex presidente Néstor Kirchner. Sin embargo, debieron pasar más de siete años desde la reapertura de esos juicios para que se diera el contexto favorable para que las víctimas de violaciones hablen y sean escuchadas.
Quienes estudian el tema se refieren al permanente ocultamiento –tanto en Argentina como en otros países- de este tipo de crímenes, en gran parte por la vergüenza de las mujeres y el estigma del que son víctimas cuando dan testimonio. También habría influido la poca valoración del delito frente a otros aparentemente 'superiores' como las torturas y las desapariciones. Finalmente, se señala la importancia de la disponibilidad de la escucha. Si alguien habla y no hay quien escuche ese discurso estamos frente a la locura. Recién ahora pareciera comenzar a darse en Argentina la posibilidad de oír y aceptar que la dictadura militar se ensañó en particular con las mujeres haciéndolas objeto de torturas sexuales atroces.

CRECIERON 38 % LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GENERO EN DOS AÑOS

Según estadísticas elaboradas por la Oficina de Violencia Doméstica que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las denuncias vinculadas con aquella problemática crecieron 38% en dos años.




Así, el informe revela que en mayo de 2011 se registraron 712 casos, mientras que durante el mismo mes de 2009 la cifra fue de 516.



Asimismo, el documento indica que en el 83% de los casos la relación de pareja (parejas, ex parejas, concubinos, cónyuges y novios) es la predominante entre las personas afectadas y las denunciadas.



En tanto, de acuerdo a la información de la OVD, el 80% de las personas afectadas son mujeres y el 86% de los denunciados son hombres.

La OVD está ubicada en Lavalle 1250, en la Ciudad de Buenos Aires. Atiende todo el año durante las 24

FALLOS CON PREMIO Y OTRO CON ANTIPREMIO

Un fallo argentino obtuvo el primer premio a la decisión judicial con el efecto más positivo en un certamen internacional que analiza los pronunciamientos de Cortes y tribunales más progresistas y más retrógrados en materia de equidad de género en el mundo. La distinción, que lleva el nombre de Mallete de Oro, fue otorgada a la primera condena que consideró como delitos de lesa humanidad las violaciones cometidas contra mujeres en centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar. A la vez, otra sentencia dictada en el país fue considerada entre las más sexistas: el Garrote de Plata lo recibió la decisión de la Sala 1 de Casación Penal bonaerense, que redujo a la mitad la condena por abuso sexual de dos niñas porque eran de familias de escasos recursos. Uno de los jurados fue el juez español Baltasar Garzón.




Se trata de la tercera edición de los Premios Género y Justicia al Descubierto organizado por la entidad de derechos humanos con sede en Colombia Women’s Link Worldwide. Las sentencias que compitieron fueron propuestas por el público en su sitio web. Podían participar aquellos fallos relacionados con derechos sexuales y reproductivos, violencia de género y discriminación por cuestión de género dictados por tribunales de distintas instancias y cortes internacionales. En total fueron nominadas 78 decisiones relacionadas con 28 países. Junto a Garzón, formaron parte del jurado la periodista y escritora mexicana Lydia Cacho y la abogada norteamericana, especialista en derecho internacional, Patricia Sellers.



“En todos los países, sin importar su sistema político, cultura nacional o creencias religiosas, los comentarios de jueces o juezas, Cortes y tribunales tienen una influencia enorme sobre el sentido de justicia y la vida diaria de todas las personas”, destacó Viviana Waisman, directora ejecutiva de Women’s Link, durante la ceremonia que dio a conocer los fallos premiados.



Las decisiones de la Justicia argentina nominadas se destacaron entre las mejores y peores en materia de equidad de género. El Mallete de Oro fue otorgado a la sentencia dictada en junio de 2010 por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, por la cual se aplicó reclusión perpetua a un ex suboficial de la Fuerza Aérea por encontrarlo culpable de las violaciones cometidas contra mujeres en el centro clandestino de detención y exterminación conocido como La Cueva. El fallo es el primero por crímenes de género cometidos durante la última dictadura militar. Su particularidad es que reconoce las violaciones y otros actos de violencia sexual contra mujeres como parte de un plan sistemático de las Fuerzas Armadas y por tanto se enmarcan legalmente como crímenes de lesa humanidad. El jurado valoró que esa decisión “ofrece justicia a las mujeres por los crímenes cometidos específicamente contra ellas”.



El anuncio de los ganadores se hizo en Madrid, durante la celebración de los diez años de Women’s Link. Esta entidad es reconocida por haber promovido la exitosa demanda que derivó en 2006 en el fallo de la Corte Constitucional de Colombia que despenalizó parcialmente el aborto.



Los otros premios Mallete a las decisiones judiciales positivas para la equidad de género se entregaron en la categoría Bronce, al Tribunal Supremo de España, que ordenó a la seguridad social reconocer y pagar la prestación de maternidad de cuatro meses a la madre adoptiva de una menor, casada con la madre biológica, dado que previamente había habido convivencia entre ambas. “Esta decisión reivindica la importancia de garantizar el derecho de los menores a tener una familia, sin que prevalezca un tipo de familia particular”, destacó el jurado. En la categoría Plata, se destacó el fallo de la Corte Militar del Sur de Kivu, República Democrática del Congo, por condenar al oficial militar de más alto rango en el momento de la sentencia, y a otras nueve personas, por la violación de más de 50 mujeres y niñas y por actos de terrorismo durante el ataque a la población de Fizi, ocurrido el 1º de enero de 2011. “Esta decisión es una advertencia para los altos mandos militares que no sólo deben abstenerse de usar la violencia sexual como arma de guerra, sino también evitar que sus subalternos abusen de las mujeres como botín de guerra”, consideró el jurado.



Entre las decisiones más sexistas, el fallo de la Sala 1 de Casación de la provincia de Buenos Aires mereció el segundo lugar. La sentencia cuestionada favoreció al pastor Francisco Avalos. Fue firmada el 15 de marzo último y Página/12 la dio a conocer oportunamente. En ese caso, se redujo a la mitad la condena por violación a un pastor evangélico, con el argumento del origen humilde de las víctimas, su minoría de edad y el hecho de que ellas hubieran tenido relaciones sexuales anteriormente. “Con la selección de este caso se refleja el repudio global que existe actualmente al problema del abuso sexual por parte de líderes religiosos y la falta de respuesta de la Justicia”, indicó Women’s Link.



En la categoría Bronce, el antipremio Garrote fue para la Corte de Manitoba, Canadá, en la que en un caso de violación, el juez sugiere que el uso de maquillaje, minifalda y escote de la víctima provocaron al acusado y fueron los causantes del delito. Asimismo, se niega a condenar al acusado, a quien califica como un “torpe donjuán”. “Esta decisión demuestra que incluso en los países más desarrollados se sigue culpando a las víctimas de violación de provocar esas agresiones”, puntualiza Women’s Link. En la categoría Oro, comparten lugar la Corte Suprema de Filipinas y la Corte Constitucional de Colombia. La primera impidió, por motivos de procedimiento, que las llamadas “mujeres confort” obtengan reparaciones por la esclavitud sexual a la que fueron sometidas, por tropas japonesas, durante la Segunda Guerra Mundial. La decisión de la Corte Constitucional de Colombia cuestionada ratificó la decisión de castigar a una reclusa que fue grabada por las cámaras de seguridad de la prisión dándole un beso a otra reclusa, con 30 días de calabozo, en aislamiento, en una celda sin ventanas y con derecho a sólo dos horas diarias de sol.

Cuando una mujer dice no es no, sin importar la vestimenta que lleve”.

La movilización apunta a rechazar la idea de que las mujeres son responsables de las agresiones sexuales que sufren por la forma en que se visten. Surgió en Canadá y continuó en países de Centroamérica. En agosto será en Buenos Aires.





Por Mariana Carbajal




Con zapatos y sandalias de taco aguja, medias caladas, minifaldas y jeans ajustados, escotes y remeras al cuerpo. Así marcharon ayer por la tarde cientos de mujeres mexicanas por las calles del Distrito Federal con una consigna clara y precisa: “Cuando una mujer dice no es no, sin importar la vestimenta que lleve”. El mensaje apunta a amplificar la idea de que las mujeres no son responsables de las agresiones que sufren y que nada justifica la imposición de relaciones sexuales o el acoso callejero. La movilización tiene un nombre provocativo: “La marcha de las putas”. Nació en Canadá, y se va propagando por el continente, hacia el sur. El sábado hubo diversas marchas en Centroamérica, con el mismo lema. La de Buenos Aires se está preparando para mediados de agosto a través de Facebook.



“La marcha de las putas” nació en abril en Canadá, cuando mujeres y varones se manifestaron en la ciudad de Toronto, en repudio a las declaraciones del policía Michael Sanguinetti durante una conferencia universitaria sobre seguridad ciudadana en la que dijo que “las mujeres deberían dejar de vestirse como putas para evitar violaciones”. “No es no”, fue la frase repetida en aquella primera marcha que se realizó el 3 de abril. La idea se expandió por las redes sociales Facebook y Twitter y mujeres de otros países del continente fueron adhiriendo a la consigna, que reclama el respeto y la protección sin discriminación.



“Rechazamos firmemente, y en una sola voz, que se siga perpetuando y naturalizando la idea de que somos culpables del acoso y ataque sexual; que el día a día en pleno siglo XXI continúa siendo un enfrentamiento al salir a las calles para estudiar, trabajar, divertirnos y vivir. Ya no más actos sexuales forzados, cuando las mujeres decimos ‘No’, sólo puede significar ‘No’”, decía la convocatoria a la marcha en el DF, que circuló por redes sociales.



En Buenos Aires se está organizando una movida para el 12 de agosto a través de Facebook. “La idea de la marcha no es promocionar la prostitución, sino poner en cuestión la ideología patriarcal que genera excusas para la violación, el abuso sexual o el acoso con la idea de que si una mujer es puta, parece puta o se le define como puta por cualquier razón, desde la vestimenta hasta por dónde y cómo camina, no tiene el derecho de decir que no a los avances sexuales... Ni derecho a denunciar, ni derecho a la autonomía corporal”, comentó a este diario Inti María Tidball-Binz, coordinadora regional de Atrévete! Buenos Aires Hollaback, una organización internacional que trabaja para generar conciencia en torno del acoso callejero. Tidball se encargó de difundir la movida en el país a través de su sitio. Y otras jóvenes tomaron la posta para organizar la marcha porteña. “Queremos hacernos escuchar, queremos que las mujeres dejen de sentir el acoso masculino como algo cotidiano y normal. Que muchas personas justifiquen un abuso sexual, un acoso verbal, o incluso visual –porque muchas veces no hace falta que te digan algo para que te sientas acosada–, por la forma de vestir de una mujer, es simplificar una cuestión que va más allá de una pollera corta. Seguramente muchas mujeres han dejado de vestirse como realmente les gustaría, porque tal vez se cansaron de salir a la calle y recibir todo tipo de acosos, y eso es violencia”, señaló ayer a Página/12 Pamela Querejeta Leiva, una de las organizadoras de la marcha local. Querejeta es integrante de PAR, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista.



El sábado hubo movilizaciones en Nicaragua y Honduras. Ayer en la capital mexicana. El movimiento apunta también a resignificar la palabra “puta”. “Con esta marcha, nos apropiamos de la palabra ‘puta’ para rechazar cualquier tipo de violencia ejercida hacia nosotras con el pretexto de nuestra apariencia y manifestamos que ni las trabajadoras sexuales ni ninguna mujer debe ser violentada ‘porque se le considere puta’”, explicaba otra de las manifestantes. “Estamos cansadas de ir por la calle y que nos violenten con frases disfrazadas de piropos, pero el paso más importante es que pasamos de vivir soportándolo, de vivirlo en silencio a denunciarlo sin miedos, a poder gritarlo. Es la primera vez que se hace algo así en Honduras”, destacó Karla Martínez Lozano, una de las organizadoras de la marcha en la capital hondureña.



“Si me pongo medias de red y tacones de aguja: decir no, significa no”, “Si la apertura de mi falda sube hasta mi muslo: no, significa no”; “Si en cualquier momento decido no consumar el acto sexual: no, significa no”, fueron algunas de las frases que circularon ayer por las calles mexicanas

CAMPAÑAS AMNISTIA INTERNACIONAL - 50 AÑOS

Desde que comenzamos nuestras actividades de campaña, en 1961, trabajamos en todo el mundo para poner fin a los abusos contra los derechos humanos.




En la actualidad, más de 2,2 millones de personas son miembros, simpatizantes y suscriptores de la organización en más de 150 países y territorios de todas las regiones del mundo.



En la siguiente historia resumida se destacan muchas de las campañas y acciones que hemos llevado a cabo desde nuestros ya lejanos comienzos.



La década de 1960

1961



El abogado británico Peter Benenson lanza una campaña mundial, Appeal for Amnesty 1961 (Campaña en Pro de la Amnistía) con la publicación de un destacado artículo, “The forgotten prisoners”(“Los presos olvidados”) en el periódico The Observer. El encarcelamiento de dos estudiantes portugueses que habían levantado sus vasos de vino para brindar por la libertad impulsó a Benenson a escribir este artículo. El llamamiento se reproduce en otros periódicos de todo el mundo, y es el origen de Amnistía Internacional.



La primera reunión internacional se celebra en julio, con delegados y delegadas de Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Reino Unido y Suiza. Deciden crear “un movimiento internacional permanente en defensa de la libertad de opinión y de religión”.



En el bufete de Peter Benenson en Mitre Court, Londres, se abre una pequeña oficina y un archivo, atendidos por personal voluntario. Se crea la “Red de los Tríos”: cada Grupo de Amnistía Internacional adopta a tres presos o presas de zonas geográficas y políticas muy diferentes, subrayando así la imparcialidad del trabajo del Grupo.



El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, se enciende la primera vela de Amnistía Internacional en la iglesia de St-Martin-in-the-Fields, Londres.





1962



En enero se realiza el primer viaje de investigación, a Ghana, seguido por otro a Checoslovaquia en febrero (en favor de un preso de conciencia, el arzobispo Josef Beran), y luego a Portugal y a Alemania Oriental.



Se crea el Fondo para Presos de Conciencia para ayudar a los presos y presas y sus familias.



Se publica el primer informe anual de AI, con información sobre los 210 presos y presas ya adoptados por 70 Grupos en 7 países. Además, se documentan 1.200 casos en el archivo de presos y presas de conciencia.



En una conferencia celebrada en Bélgica, se toma la decisión de crear una organización permanente con el nombre de Amnistía Internacional.



Un observador asiste al juicio de Nelson Mandela.





1963



Amnistía Internacional ya tiene 350 Grupos. En dos años han sido adoptados 770 presos y presas y han quedado en libertad 140.



Se crea en Londres el Secretariado Internacional (sede de Amnistía Internacional).





1964



Peter Benenson es nombrado presidente. Ya hay 360 Grupos en 14 países. En agosto, la ONU otorga a Amnistía Internacional categoría de entidad consultiva.





1965



Amnistía Internacional publica sus primeros informes, sobre las condiciones penitenciarias de Portugal, Sudáfrica y Rumania, y patrocina en la ONU una resolución en favor de la suspensión y, a la larga, la abolición de la pena de muerte para los delitos políticos cometidos en tiempo de paz.



Comienza la campaña mensual Postcards for Prisoners (Postales para los presos).





1966



Eric Baker asume la dirección de la organización.





1967



Hay 550 Grupos en 18 países, y Amnistía Internacional trabaja ya en favor de casi 2.000 presos y presas en 63 países. Han quedado en libertad 293 presos.







1968

Se celebra en noviembre la primera Semana del Preso de Conciencia.



Martin Ennals es nombrado secretario general de AI.



1969

En enero, la UNESCO otorga a Amnistía Internacional categoría de entidad consultiva y se produce otro hito en la historia de la organización: han sido liberados 2.000 presos y presas de conciencia.



La década de 1970

1970

Ya hay 850 Grupos en 27 países y durante el año quedan en libertad 520 presos y presas.



1971

El décimo aniversario de Amnistía Internacional recibe una amplia cobertura en la prensa, la radio y la televisión internacional, en un año en el que quedan en libertad 700 presos y presas.



1972

Lanzamiento de la primera campaña mundial en favor de la abolición de la tortura.



1973

Se publica la primera acción urgente completa, en favor del profesor Luiz Basilio Rossi, brasileño detenido por motivos políticos. El propio Luiz creía que los llamamientos de Amnistía Internacional habían sido cruciales: “Sabía que mi caso se había hecho público y que ya no podían matarme. Entonces se redujo la presión y mejoraron las condiciones”.



El nuevo régimen de Chile accede a admitir la visita de una delegación de Amnistía Internacional formada por tres personas para investigar sobre el terreno las acusaciones de violaciones masivas de derechos humanos.



La ONU aprueba unánimemente la resolución inspirada por Amnistía Internacional que denuncia formalmente la tortura.



1974

Sean McBride, presidente del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía Internacional, gana el premio Nobel de la paz en reconocimiento a toda una vida de trabajo en favor de los derechos humanos.



En el primer aniversario del golpe militar de Chile, AI publica un informe que revela la represión política, las ejecuciones y la tortura bajo el régimen del presidente Augusto Pinochet.



El turco Mumtaz Soysal se convierte en el primer ex preso de conciencia elegido miembro del Comité Ejecutivo Internacional, principal órgano de gobierno de AI.



1975

Las Naciones Unidas adoptan por unanimidad la Declaración contra la Tortura.



Ya hay 1.592 Grupos en 33 países y la membresía supera las 70.000 personas en 65 países.



1976

Se celebra en Londres el primer Secret Policeman's Ball, acto de recaudación de fondos en el que participan John Cleese y los Monty Python, Peter Cook y otros actores cómicos de Beyond the Fringe, Not the Nine o’Clock News, Fawlty Towers y The Goodies. El acto, precursor de actos benéficos como Live Aid, tendría otras ediciones en años posteriores, con humoristas y músicos como Peter Gabriel, Duran Duran, Mark Knopfler, Bob Geldolf, Eric Clapton y Phil Collins.



1977

Amnistía Internacional gana el premio Nobel de la paz por haber “contribuido a afianzar la libertad, la justicia y, con ello, también la paz en el mundo”.



1978

Amnistía Internacional gana el Premio de Derechos Humanos de la ONU por sus “notables contribuciones en el campo de los derechos humanos”.



1979

Se publica una lista de 2.665 casos de personas “desaparecidas” en Argentina tras el golpe militar de Jorge Rafael Videla.



La década de 1980

1980

El sueco Thomas Hammarberg toma el relevo de Martin Ennals como secretario general.



1981

Se celebra una ceremonia de encendido de velas en Londres para conmemorar el 20 aniversario de Amnistía Internacional.



1982

El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, se lanza una petición de amnistía universal para todos los presos de conciencia. Más de un millón de personas firman peticiones que, un año después, se presentan ante las Naciones Unidas.



1983

Informe especial sobre homicidios políticos a manos de los gobiernos.



1984

Presentación de la segunda Campaña contra la Tortura, que incluye un plan de 12 puntos para la erradicación de esta práctica.



1985

Amnistía Internacional publica su primera carpeta de material de educación en derechos humanos, Teaching and Learning about Human Rights (Enseñar y aprender derechos humanos).



En la Reunión del Consejo Internacional, celebrada en Helsinki, Finlandia, la organización decide ampliar su Estatuto para incluir el trabajo en favor de las personas refugiadas.



Ya son más de medio millón las personas que son miembros, simpatizantes y suscriptores.



1986

La Sección Estadounidense presenta la gira de conciertos de rock Conspiracy of Hope (Conspiración de esperanza), con U2, Sting, Peter Gabriel, Bryan Adams, Lou Reed, The Neville Brothers y otros artistas.



Ian Martin ocupa el puesto de secretario general.



1987

AI publica un informe en el que afirma que la pena de muerte en Estados Unidos se aplica de forma racista y arbitraria, y viola tratados como el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).



1988

Gira de conciertos ¡Derechos humanos ya!, con Sting y Bruce Springsteen, entre otros. La gira, que recorre 19 ciudades de 15 países, es vista por millones de personas en su emisión el Día de los Derechos Humanos.

Tras la gira se produce un vertiginoso aumento de la membresía en muchos países.



1989

Publicación del importante estudio sobre la pena de muerte Cuando es el Estado el que mata.



La década de 1990

1990

La membresía asciende a 700.000 personas en 150 países, con más de 6.000 Grupos de voluntarios y voluntarias en 70 países.



1991

En su 30 aniversario, Amnistía Internacional amplía su ámbito de actuación para ocuparse de los abusos perpetrados por grupos armados de oposición, la toma de rehenes y las personas encarceladas por su orientación sexual.



1992

La membresía supera el millón de personas.



Pierre Sané, secretario general.



1993

Activistas de AI se manifiestan en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Viena y muestran acciones urgentes de todo el mundo.



1994

Lanzamiento de grandes campañas internacionales sobre los derechos de las mujeres, las desapariciones forzadas y los homicidios políticos.



1995

Campaña de Amnistía Internacional para poner fin al comercio de la tortura.



1996

AI lanza la campaña en favor de una Corte Penal Internacional permanente, cuya creación las Naciones Unidas aprueban en 1998.



1997

Los derechos humanos de las personas refugiadas en todo el mundo se convierten en uno de los principales objetivos de la actividad de campaña de Amnistía Internacional.



1998

Lanzamiento de la campaña Su firma es su voz para conmemorar el 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se recogen 13 millones de compromisos de apoyo.



El Día de los Derechos Humanos se celebra en París un concierto con Radiohead, Asian Dub Foundation, Bruce Springsteen, Tracey Chapman, Alanis Morissette, Youssou N'Dour y Peter Gabriel, con la asistencia especial del Dalai Lama y de activistas internacionales de derechos humanos.



1999

La Reunión del Consejo Internacional acuerda ampliar el ámbito de actuación de AI para incluir el impacto de las relaciones económicas sobre los derechos humanos; empoderar a los defensores y defensoras de los derechos humanos; luchar contra la impunidad; ampliar el trabajo de protección de las personas refugiadas y reforzar el activismo de base.



2000-hoy

2000

Lanzamiento de la tercera Campaña contra la Tortura.



2001

En su 40 aniversario, el sitio web de Amnistía Internacional stoptorture.org gana un Revolution Award por el mejor marketing digital.



El humorista Eddie Izzard presenta un acto de recaudación de fondos en el Wembley Arena, Londres, Reino Unido.



2002

Amnistía Internacional lanza una campaña en la Federación Rusa contra los numerosos abusos contra los derechos humanos cometidos en un clima de impunidad.



2003

Amnistía Internacional, Oxfam y la Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras lanzan la campaña mundial Armas bajo Control.



2004

Amnistía Internacional lanza la campaña “No más violencia contra las mujeres”.



2005

Lanzamiento de la campaña Make Some Noise (Haz ruido): música, celebraciones y acciones en apoyo del trabajo de Amnistía Internacional. Yoko Ono regala a AI los derechos de grabación de Imagine y del repertorio completo de John Lennon en solitario.



El informe de Amnistía Internacional Es cruel. Es inhumano. Degrada a todas las personas. No más tortura ni malos tratos en la “guerra contra el terror”, pone en tela de juicio la afirmación de que, ante las amenazas terroristas, los Estados no tienen por qué respetar normas de derechos humanos previamente acordadas.



2006

El informe de AI Cómplices: El papel de Europa en las “entregas extraordinarias” de Estados Unidos desvela detalles de la participación de los Estados europeos en los vuelos estadounidenses que se utilizan para secuestrar y encarcelar a personas en el contexto del la “guerra contra el terror” sin el debido proceso.



La persona número un millón que colgó una foto suya en la petición “Un millón de rostros” del sitio web Armas bajo Control solicitando un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas presenta la petición al secretario general de la ONU, Kofi Annan. Otro cuarto de millón más firman la petición antes de acabar el año.



AI y sus socios en la campaña Armas bajo Control consiguen una importante victoria al votar la ONU abrumadoramente a favor de comenzar los trabajos sobre el Tratado.



2007

AI lanza una petición mundial para que el gobierno de Sudán proteja a la población civil en Darfur, y un CD en el que tocan 30 músicos de fama mundial para movilizar apoyos, titulado Make Some Noise: The Campaign to Save Darfur.



Amnistía Internacional tiene más de 2,2 millones de miembros, simpatizantes y suscriptores en más de 150 países y territorios de todas las regiones del mundo.

AMNESTY CINCUENTA AÑOS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO

Amnistía es un movimiento global con más de tres millones de miembros y su historia es un reflejo de la evolución de los derechos humanos desde la Guerra Fría hasta Guantánamo, la revolución árabe y el desafío de las nuevas tecnologías.

El 28 de mayo de 1961 un abogado inglés, representante de lo mejor de la tradición liberal británica, denunció en un largo artículo en el dominical The Observer el arresto de dos portugueses que habían osado brindar por la libertad en la vía pública durante la dictadura de Salazar y recordaba a sus lectores que hechos similares pasaban en todo el mundo. El abogado, Peter Benenson, invocaba la declaración de los derechos humanos de 1948 y pedía una “acción conjunta” para poner fin a este tipo de hechos. La respuesta de los lectores fue masiva y marcó el nacimiento de Amnistía Internacional. Cincuenta años más tarde, Amnistía es un movimiento global con más de tres millones de miembros y su historia es un reflejo de la evolución de los derechos humanos desde la Guerra Fría hasta Guantánamo, la revolución árabe y el desafío de las nuevas tecnologías. En una entrevista con Página/12, Javier Zuñiga, asesor especial del secretariado internacional de Amnistía, ex director de la región de las Américas, reflexionó sobre esta historia y el futuro de los derechos humanos en los tiempos de Twitter e Internet.




–En aquel famoso artículo en el The Observer, Benenson citaba la declaración universal de los derechos humanos en 1948. Ayer y hoy es fácil entender por qué esa declaración puede provocar escepticismo cuando los mismos gobiernos que la firmaron son los primeros en violarla.



–Es un problema permanente de los derechos humanos. La importancia de esta declaración es que por primera vez hubo un consenso discursivo global acerca del tema. Las Naciones Unidas le daban una universalidad que no tenían documentos previos como la Carta Magna o la declaración de derechos de la Revolución Francesa. Pero el documento era eso: una declaración de principios. Todavía no existía la Convención contra la Tortura, el genocidio o los derechos del niño, por ejemplo, que fueron incorporándose como legislación global y nacional en estos 50 años. Ahora bien, toda esta normativa está en manos de los gobiernos. Cuando hablamos de 50 años de Amnistía Internacional, estamos hablando también de 50 años de fracasos de los gobiernos por hacer cumplir estas normativas.



–Al mismo tiempo, en estos 50 años ha habido una ampliación enorme del campo de los derechos humanos. ¿Cuáles han sido los principales hitos de este cambio?



–Amnistía empezó con los presos de conciencia, pero muy pronto nos dimos cuenta de que esto era apenas una parte, porque también existía la tortura y la falta de proceso judicial independiente, demandas que fuimos incorporando en nuestra actividad. Con el tiempo añadimos la pena de muerte, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales. En estos 50 años ha habido grandes hitos para los derechos humanos como fueron la caída del gobierno de los coroneles en Grecia, debida en gran medida a la denuncia de torturas, las Madres de Plaza de Mayo y la lucha de la sociedad civil contra la de-saparición de las personas o el caso Pinochet en relación con la inmunidad de un jefe de Estado.



–El caso Pinochet pareció un espectacular salto para los derechos humanos y, sin embargo, 13 años más tarde no hay consenso internacional sobre la inmunidad de un ex jefe de Estado.



–Es cierto que no hay consenso, pero ha habido varios casos que han tomado el de Pinochet como precedente. El ex presidente del Perú, Alberto Fujimori, arrestado en Japón y deportado a Perú es un ejemplo. Creo que hay que tener en claro que el compromiso con los derechos humanos es a largo plazo, porque es un campo en el que siempre hay avances y retrocesos. Durante la Guerra Fría la justificación de torturas y desapariciones era la lucha contra el comunismo internacional. Pero mucho después de la caída del muro de Berlín, con el 11 de septiembre y la llamada guerra contra el terrorismo, se creó un nuevo tipo de enemigo que justificó nuevamente el uso de la tortura y la desaparición forzada.



–A pesar de esta reaparición continua de violaciones de los derechos humanos con distintos ropajes, ¿sería posible, a partir de la revolución en el mundo árabe y con esta perspectiva de 50 años, ver una evolución?



–Con los medios de comunicación modernos y las redes sociales, hay mucha más información y esto ha llevado a la gente a salir a las calles y cambiar una historia que en el mundo árabe podía parecer eterna. Pero como decía antes, siempre hay una fragilidad en los avances de los derechos humanos. En el mismo mundo árabe es obvio que si no se afirman bien los cambios que se han logrado y refuerzan los mecanismos de participación social, puede haber nuevamente retrocesos. Igual soy optimista. Si uno mira lo que pasó en estos 50 años, uno ve una participación de la sociedad civil no solo en el reclamo de sus derechos políticos y civiles, sino como está pasando ahora en España con los indignados y el reclamo de sus derechos económicos y sociales. En este sentido, los derechos humanos son indivisibles. No se puede adoptar uno y hacer el otro a un lado. Los derechos económicos y sociales son una parte inalienable de estos derechos.

NO A LA VIOLENCIA DE GENERO

SEXISMO EN EL PODER JUDICIAL

El ministro de la Suprema Corte de Tucumán René Goane adjudicó la baja productividad de los juzgados en esa provincia a la creciente incorporación al Poder Judicial de mujeres, a quienes acusó de trabajar “menos tiempo”, instalar “la cultura del medio día” y querer “entrar a Tribunales para tener la tarde libre”. Desde el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) repudiaron sus manifestaciones, al considerarlas “profundamente sexistas y discriminatorias y contrarias a la Constitución nacional y a los tratados internacionales ratificados por el Estado argentino”. Consultadas por Página/12, seis mujeres vinculadas al ámbito de la Justicia, con cargos destacados, expresaron su indignación por los dichos de Goane y consideraron sus expresiones como “misóginas”, “prejuiciosas” y “agraviantes”. Advirtieron que vulneran la Ley Nacional 24.685 de violencia de género por incurrir en la modalidad de violencia simbólica al evocar “concepciones estereotipadas” de las mujeres. “Además denotan un grado tal de ignorancia que cabe preguntarse si quien las manifestó está realmente capacitado para impartir justicia”, alertó María Elena Barbagelata, vicepresidenta de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA).




Las declaraciones de Goane, vocal decano de la corte tucumana, fueron publicadas en la edición del sábado 21 de La Gaceta de Tucumán y generaron un gran revuelo en el Poder Judicial de esa provincia y en el movimiento de mujeres del país. Al referirse al problema de la productividad y el rendimiento en los juzgados, Goane dijo: “Aquí hay otro problema y van a decir que soy un fóbico de las mujeres, pero desde que se intensificó el ingreso de personal femenino (a las dependencias judiciales) se trabaja menos tiempo, mal que le pese a la doctora Carmen Argibay (vocal de la Corte de la Nación), que creó una oficina de género que discrimina a los varones”. A continuación atribuyó a las mujeres la “instalación de la cultura del medio día”. Añadió: “Quieren entrar a Tribunales para tener la tarde libre. ¿Quién les dijo que eso era así? Cuando yo era empleado y funcionario hacía jornadas de doble turno (...). Llevábamos al día los despachos y –reitero– todo era a mano. Aplicábamos una técnica realmente artesanal” (ver aparte).



La oficina aludida fue creada por la ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay. En realidad, se llama Oficina de la Mujer y de ella depende un programa muy ambicioso y revolucionario que apunta a capacitar a todos los estamentos del Poder Judicial, desde los jueces nacionales y federales de distintos fueros hasta el personal administrativo, para erradicar la discriminación hacia las mujeres en los tribunales. “No se entiende cuál es el fundamento del doctor Goane para afirmar que la Oficina de la Mujer discrimina a los varones. Tengo el honor de ser capacitadora en ese programa y siempre el público calificadísimo fue mixto, como también lo fuimos quienes impartimos las unidades, varones y mujeres de distintas disciplinas que acompañamos este gran esfuerzo por compartir y dar relevancia a una mirada analítica que permita a las mujeres el acceso a la justicia en igualdad de condiciones”, indicó Diana Maffía, legisladora porteña, doctora en Filosofía. Varias provincias, recordó Maffía, han adherido a tener una Oficina de la Mujer en sus tribunales superiores. En Tucumán, incluso, hay una replicadora del programa. “Se confunde el vocal cuando atribuye los horarios diferenciales de trabajo a la falta de voluntad laboral sin siquiera analizar las delegaciones domésticas y de cuidado que tienen las mujeres, aun las profesionales con tareas de alta responsabilidad. Omite mencionar que aquellos varones que tantas horas destinaban al trabajo, estaban munidos de mujeres que cuidaban sus hijos y sus casas”, indicó Maffía.



Con larga trayectoria en la Justicia, la fiscal y profesora Mónica Cuñarro destacó que hubo un incremento del número de mujeres en los últimas décadas, especialmente en la planta de personal administrativo y en los juzgados de Familia, pero aclaró que en los puestos clave, de mayor poder, como las cortes provinciales y los fueros federales y administrativos, siguen siendo mayoría los varones (ver aparte). Cuñarro desafió a Goane a ir a un club del Poder Judicial al mediodía o a media tarde y encontrar jugando al golf o al tenis a una mujer. “Son todos varones. Me han tocado jueces varones que mandan excarcelaciones a las 17 porque de 12 a 16 juegan al golf o al tenis. Mi personal en su mayoría son mujeres. Mientras un varón sale a almorzar (y está en su derecho), las mujeres comen en sus escritorios, producen más y mejor porque quieren estar en su casa a las 18 para ocuparse de los hijos y los cuadernos”, describió Cuñarro, especialista en administración de Justicia y cofundadora de la Asociación de Fiscales.



La ministra del alto tribunal de Entre Ríos y presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces Argentinas, Susana Medina, lamentó “profundamente” las declaraciones de Goane. “Desde luego no las comparto porque subestiman y descalifican el trabajo de tantas magistradas y funcionarias que a lo largo y ancho del país trabajan de manera comprometida para brindar un servicio de justicia eficaz y eficiente para todos, pero en especial para los vulnerables”, dijo Medina a Página/12. Para la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), las expresiones de ministro tucumano son “preocupantes” por varios motivos. “Lo más obvio es que deja ver con claridad su opinión discriminatoria respecto de las mujeres. Pero además, esas declaraciones nos permiten dudar del sentido igualitario de un magistrado que evoca concepciones estereotipadas respecto de grupos determinados de personas, en este caso, de las mujeres”, advirtió Gherardi. Consultada por este diario, Barbagelata, vicepresidenta de la AABA, sostuvo que “un juez que represente ese pensamiento carece de valores y compromisos democráticos y arroja serias dudas sobre su propia capacidad de desempeñar funciones judiciales en un Estado de derecho como el que nuestra Constitución asegura para todos los habitantes”.



Perla Prigoshin es abogada y desde hace pocos meses coordinadora de la Comisión de elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig), convocada por la Jefatura de Gabinete del gobierno nacional. En diálogo con este diario, opinó que Goane “vulnera desembozadamente la Ley 26.485 de Protección Integral contra la violencia de género. Su opinión sobre las mujeres que integran el Poder Judicial provincial, en tanto las discrimina, configura violencia indirecta y, como si esto fuera poco, incurre en violencia laboral e institucional. Cuánto lamento que todavía la comisión que coordino no haya ideado una sanción adecuada para semejante conducta”, dijo Prigoshin.

Manal al Sharif, que está en la cárcel por conducir un coche y ser mujer

Si fueras mujer y vivieras en Arabia Saudí, tendrías que pedir permiso a tu padre, hermano o marido para, entre otras cosas, viajar, trabajar con sueldo, cursar estudios superiores y casarte. Además, tendrías prohibido conducir.




Lo sabe bien Manal al Sharif, que está en la cárcel por conducir un coche y por participar en una campaña pacífica contra la prohibición de que las mujeres conduzcan.