FEMINICIDIOS - POR MARIANA CARBAJAL

Según un relevamiento del Observatorio de Femicidios en la Argentina, en el primer semestre hubo 119 homicidios de mujeres por violencia machista. En al menos 16 casos, habían llegado a hacer denuncias. Por estas muertes, 161 hijas e hijos perdieron a su madre. Gilda Mariana González tenía 33 años y vivía en Río Cuarto, Córdoba. El 1º de febrero fue baleada y agonizó varias horas hasta morir en un hospital. Su ex marido se entregó por el hecho a las 24 horas del ataque. Sobre él pesaba una orden de captura desde un par de días antes por una golpiza brutal que le había dado a la mujer. El de Gilda es uno de los 119 homicidios de mujeres por violencia de género que se registraron en los primeros seis meses del año, de acuerdo con el relevamiento que lleva adelante el Observatorio de Femicidios en la Argentina, coordinado por La Casa del Encuentro. La cifra significa que cada tres días dos mujeres fueron asesinadas en el país por el hecho de ser mujeres. En siete de cada diez casos, el presunto agresor resultó el marido o ex pareja de la víctima. Uno de los daños colaterales más dramáticos de los femicidios es la cantidad de chicos y chicas que quedan huérfanos brutalmente: 161 hijas e hijos perdieron a su madre como consecuencia de la violencia de género, de los cuales al menos casi un centenar son menores de edad. “Es necesario considerar a la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos, de esta forma se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata”, señaló a Página/12 Fabiana Tuñez, coordinadora de La Casa del Encuentro, al evaluar las estadísticas. Si se compara con el mismo período de los últimos dos años, se nota un descenso de los femicidios: 152, en 2011 y 126, en 2010, frente a 119, en 2012. Sin embargo, Ada Beatriz Rico, directora del Observatorio, aclaró a este diario que al sumar los casos que ya se han registrado en julio y lo que va de agosto, se diluye la diferencia y la cantidad se equipara. El año pasado hubo al menos 260 femicidios, según el relevamiento de la ONG. En los últimos días, la grabación del video que hizo Natalia Riquelme, la joven de Bahía Blanca, en el que registra la golpiza que le propina su ex marido, frente a su casa y delante de la hija pequeña de ambos, como recurso desesperado ante la inacción judicial tras 15 denuncias en contra del agresor, puso en primer plano la impunidad con la que pueden actuar perpetradores de violencia machista. Los femicidios son la expresión más extrema de ese problema social y la muestra más dramática de cómo el Estado no llega a proteger a tiempo a muchas de las víctimas. Al menos en 16 de los femicidios del primer semestre de este año, las mujeres habían hecho denuncias, de acuerdo con los datos recabados por La Casa del Encuentro. Es decir, estaban intentando salir del llamado “círculo de la violencia”. En seis, los agresores tenían una orden de exclusión del hogar o prohibición de acercarse a la víctima, dictada por la Justicia, pero la medida –quedó en evidencia– no fue suficiente para evitar que las volvieran a agredir hasta matarlas. De los 119 femicidios que contabilizó el Observatorio –sobre la base de los casos publicados en más de un centenar de medios–, en 59 hechos el presunto asesino fue el esposo o el novio, en 24, una ex pareja. Es decir, el grueso de los homicidios fue ejecutado por el marido o el ex. En los demás casos, las muertes fueron perpetradas aparentemente por otros familiares, vecinos o desconocidos. En cuanto al modo en que fueron ultimadas, el Observatorio registró 13 mujeres que murieron como consecuencias de graves quemaduras, como Wanda Taddei, la esposa del ex baterista de Callejeros, Eduardo Vásquez, condenado en junio a 18 años de prisión por el delito de homicidio agravado por el vínculo, con atenuantes. Pero no fueron las únicas mujeres a las que les prendieron fuego: otras 23 también fueron quemadas en el marco de situaciones de violencia de género, pero lograron sobrevivir a los ataques. La estadística muestra que de los 119 femicidios, 34 ocurrieron en la vivienda compartida con el femicida y 25 en la de la víctima, lo que significa que la propia casa puede resultar más peligrosa que la vía pública para muchas mujeres que se enfrentan al drama de la violencia doméstica. Otros 40 femicidios tuvieron lugar en la calle. La mayor parte de las mujeres muertas como consecuencia de la violencia machista tenían entre 19 y 50 años. La Casa del Encuentro empezó hace cinco años a relevar los femicidios publicados en los medios, ante la ausencia de registros oficiales y como una forma de llamar la atención de las autoridades y la opinión pública sobre la gravedad de la violencia hacia las mujeres. “Llevamos adelante el informe de los femicidios, pero al mismo tiempo recibimos a las mujeres que vienen a La Casa del Encuentro en busca de orientación y ahí tomamos dimensión de todo lo que no hay y falta para enfrentar el problema; por ejemplo, en las comisarías no les toman las denuncias por violencia psicológica, o los recursos no llegan a aquellas mujeres de los sectores más pobres. Hacer este informe para nosotras no es ver si el número sube o baja: son vidas, rostros, historias. Familias de las víctimas vienen a nuestra sede y piden justicia por ellas, las que tendrían que estar, por ellas, las que se podría haber evitado que fueran asesinadas”, comentó Rico. La directora del Observatorio cuestionó el hecho de que en la mayoría de las provincias no se destinen recursos para dar respuestas efectivas para proteger a las mujeres. “De la violencia se puede salir y eso lo sabemos y lo saben quienes pudieron salir, pero mientras sigan matando mujeres seguiremos reclamando hasta que el Estado y los estados provinciales decidan que este tema es una prioridad en política pública, sabiendo que por estas horas otra mujer ya no estará, y otra intentará que le crean y le tomen la denuncia”.

JUSTICIA MACHISTA - MARIANA CARBAJAL

La inacción judicial para proteger a mujeres víctimas de violencia de género quedó en el centro de la polémica luego de conocerse que la joven que grabó los golpes que le propinó su ex marido en la puerta de su casa y delante de su hija, en Bahía Blanca, había hecho quince denuncias en la policía y no había tenido eco. En otras jurisdicciones, sin embargo, hay magistrados que muestran otro compromiso para enfrentar el problema. Como en Bariloche, donde el juez de Instrucción en lo Penal Nº 2, Martín Lozada, conocido por su clara postura de defensa de los derechos humanos, ordenó la detención en las últimas semanas de tres hombres que maltrataban a sus esposas o ex parejas: uno llegó a quemarla con un hierro candente, otro la roció con nafta y el tercero pretendió prenderle fuego. En una entrevista con Página/12, Lozada analizó las herramientas y los límites de la Justicia para defender a las mujeres. “La matriz del sistema penal es de un manifiesto corte machista y patriarcal. De modo que no es esperable que el ámbito penal sea por sí mismo un campo de activismo en pos de la igualdad de trato y el respeto de los derechos de las mujeres víctimas”, afirmó Lozada. También reflexionó sobre el perfil de los perpetradores y la brutalidad de los ataques. –¿A qué adjudica tanta violencia de género? ¿Se está visibilizando más a partir de que las mujeres se atreven a denunciar situaciones que antes se silenciaban? –Tengo la impresión de que ese número cada vez mayor de mujeres que denuncian las violencias que padecen anima y estimula a las restantes víctimas a hacer lo mismo. Se trataría de una “naturalización positiva” de esas violencias, es decir, de un espacio de reconocimiento y de difusión de los mecanismos de sometimiento en vigencia. Otro punto, relativo a la escenificación violenta propia de quien echa mano a un bidón de combustible para rociar a su víctima o calienta un hierro para quemarla luego, podría estar vinculado con lo que Zygmunt Bauman llama la “sociedad sin-óptica”. En este modelo social, opuesto al panóptico de Jeremías Bentham, en donde pocos observaban el comportamiento y los gestos de muchos, somos multitud los que miramos de modo diario y acrítico la conducta y devenir de pocos. Me refiero, fundamentalmente, que a través de diversos dispositivos tecnológicos verificamos cotidianamente las formas precisas que van adoptando las manifestaciones de violencia en general, y de las violencias y ultrajes en contra de las mujeres en particular. Si actualmente las quemaduras con combustibles se propagan como manifestación violenta, acaso ello se deba al proceso de “copia” consciente, semiconsciente o, en su caso, inconsciente, por parte del perpetrador. Un perpetrador que ha aprendido, tal cual lo hacen los chicos, a través del proceso de imagen-refleja, cómo y a través de qué pasos se concreta un resultado. En este caso, un resultado negativo de violencia física y psicológica. –Una mujer en Bahía Blanca tiene que llegar al extremo de tener que grabar un video para hacer pública la violencia que sufre de parte de su ex marido luego de realizar quince denuncias y no recibir protección. Es también frecuente que mujeres que terminan asesinadas por parejas hayan hecho previamente varias denuncias contra el agresor. ¿Qué es lo que está funcionando mal? –También aquí se da una pluralidad de factores. Uno de ellos fuertemente afincado en el universo de las creencias personales, en relación con la posibilidad de poseer y controlar a nuestro antojo, sin límite intersubjetivo alguno, a la mujer que nos acompaña. Otro de naturaleza social, que sobredimensiona el alcance del universo masculino y lo coloca una y otra vez en una situación de supremacía por sobre el femenino. Si ésos son los patrones que ordenan el mundo en el que vivo, pues cualquier alteración de ese modelo de organización va a ser digno de respuesta. Y de respuesta violenta, por supuesto, pues se trata de volver las cosas al lugar de donde nunca debieron salir: el sojuzgamiento y la dominación de la mujer a través de cualquier dispositivo, aun aquellos llamados a ejercer dolor sobre su cuerpo y su espíritu. –¿Por qué hay operadores de la Justicia penal que minimizan la gravedad de una amenaza o golpes en situaciones de violencia doméstica? –Diría que la matriz del sistema penal es de un manifiesto corte machista y patriarcal. De modo que no es esperable que el ámbito penal sea por sí mismo un campo de activismo en pos de la igualdad de trato y el respeto de los derechos de las mujeres víctimas. Quienes operamos desde el sistema penal, a veces sin ser demasiados conscientes, solemos reproducir formas de desprecio por las asimetrías que rigen las relaciones de género en nuestra sociedad. Y esa indiferencia contamina el trabajo diario y hace de la mujer, en ocasiones, un ente cosificado. Llamado a reproducir actitudes y roles propios de una sociedad vertical y machista. –¿Qué puede hacer el Poder Judicial frente a un caso en el que la mujer denuncia a su pareja o ex pareja por violencia? –Afortunadamente los poderes judiciales vienen percibiendo las transformaciones sociales que se vienen operando en relación con los derechos de las minorías. A partir de ello se advierte un proceso de sensibilización o empatía para con quienes resultan sometidas por mecanismos de dominación tan estrictos como los expuestos por la violencia doméstica y de género. Si ello es así, entonces los poderes judiciales pueden servir no sólo para dar voz a las víctimas, sino también para visibilizar los procesos sociales que permiten tales formas de sojuzgamiento y violencia. Y más aún, para marcar un rumbo respecto de aquellas dimensiones de violencia que, ya sea en el ámbito familiar, en el trabajo o en la escuela, no resultan convenientes de ser toleradas. –Usted se enfrenta con frecuencia con un hombre que golpea a su esposa o ex pareja. ¿Qué características tienen? –Los perpetradores son miembros de una sociedad que, como sabemos, viene menospreciando de diversos modos la feminidad. Acaso ellos no lo manifiestan de modo elaborado y sofisticado, como otros que sí pueden hacerlo, y lo materialicen de modo bestial y altamente doloroso. Quiero decir con esto que no son seres de otro planeta y sociedad, sino personas que de modo íntimo o manifiesto tienen la creencia en torno de una cierta supremacía de lo varonil por sobre lo femenino. Sus actitudes, entonces, suelen oscilar entre el “negacionismo” y el “justificacionismo”. Entre la hipótesis de la invención victimizada por parte de la mujer delirante y el argumento de que esas cuotas de violencia eran indispensables para reencauzar una noción de orden por ellos imaginada. –¿Muestran arrepentimiento? ¿Cuentan por qué tienen esa conducta? –En mi caso particular, la aproximación al perpetrador se produce en un contexto que también se encuentra marcado por la violencia y la coerción. Me refiero a que para entonces se trata de un individuo que ha sido neutralizado por el poder punitivo del Estado, quien puede acaso encontrarse privado de su libertad, por lo que su reacción suele estar condicionada por la intención de mejorar su suerte en el proceso penal que se sigue en su contra. Sin embargo, también en ese escenario se suele producir una suerte de catarsis en la cual la persona expresa de modo definitivamente emocional su situación existencial. Y, en general, las historias de vida que presentan suelen estar marcadas también por la violencia sufrida o atestiguada.

RACISMO Y EXCLUSION

Las prácticas sociales que se erigen alrededor de la intolerancia y la exclusión presentan una historia y una genealogía. Ellas, en general, pretenden suprimir las condiciones que permiten una cierta igualdad de oportunidades para seres distintos, articulando discursos que privilegian a algunos grupos en particular en desmedro de los restantes.

A partir de la Revolución Francesa y su credo en torno a la igualdad intrínseca de todos los seres humanos, resultó cada vez más difícil reafirmar las diferencias basándose en la tradición, las costumbres o la historia. De modo que las diferencias requerían un fundamento más sólido si se quería que los hombres mantuviesen su superioridad sobre las mujeres, los blancos sobre los negros o los cristianos sobre los judíos.

Si lo que se pretendía era rebatir la condición de los derechos universales, iguales o naturales, debía entonces encontrarse una serie de explicaciones biológicas de la diferencia. Es decir, fundamentos científicos con los cuales sostener esas asimetrías.

El concepto de raza cumplió un perfecto rol en tal contexto. Su elaboración es relativamente moderna y se remonta a finales del siglo XVIII. A punto tal que antes de que los primeros europeos desembarcaran en las costas de América no parece que existiera el concepto de diferencia racial.

Desde principios de 1800 los investigadores trataron de dividir al conjunto de la humanidad en razas que pudieran diferenciarse científicamente en virtud de ciertos rasgos físicos invariables.

Dos corrientes aparecidas por aquel entonces se unieron en el siglo XIX: la primera bajo el argumento de que la historia había presenciado el avance sucesivo de los pueblos hacia la civilización, y los blancos eran quienes más habían progresado. La segunda radicaba en la idea de que características hereditarias permanentes dividían a los pueblos por razas.

El racismo como doctrina sistemática dependía de la conjunción de esas dos corrientes. Sin embargo, pese a las numerosas afirmaciones en sentido contrario, a principios del siglo XX los antropólogos no habían logrado establecer ningún criterio científico sólido para clasificar a la humanidad en razas.

El imperialismo agravó y extendió esas falsas categorías. Al tiempo en que abolían la esclavitud en sus colonias de plantaciones, las potencias europeas extendieron sus dominios en África y Asia. Los franceses invadieron Argelia en 1830 y acabaron incorporándola a Francia.

Los británicos anexionaron Singapur en 1819 y Nueva Zelanda en 1840 e incrementaron sin cesar su control en la India. En 1914, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Portugal, Bélgica y España ya se habían repartido el territorio africano.

En Europa se formó una relación simbiótica entre el imperialismo y la ciencia racial: el imperialismo de las "razas conquistadoras" dio mayor credibilidad a las pretensiones raciales, a la vez que la ciencia racial contribuía a justificar el imperialismo. En tal sentido, la historiadora Lynn Hunt señala que "el rasgo común de la mayor parte del pensamiento racista era una reacción visceral contra el concepto de igualdad".

Aunque el antisemitismo moderno se edificó sobre los estereotipos negativos que los cristianos y otros grupos mantenían desde hacía siglos respecto de los judíos, esa doctrina adquirió nuevas características a partir de 1870.

A diferencia de los negros, los judíos ya no representaban una etapa inferior de la evolución histórica como, por ejemplo, en el siglo XVIII. Ahora encarnaban las amenazas de la modernidad: el materialismo excesivo, la emancipación de grupos minoritarios y su participación en política y el cosmopolitismo "degenerado" y "desarraigado" de la vida urbana.

No sería extraño, entonces, que ya entrado el siglo XX se conjugasen en Europa el racismo, el antisemitismo y el nacionalismo para, de ese modo, dar lugar a uno de los experimentos criminales más trágicos de la historia del hombre y de los pueblos.

LA EXCUSA DE LA EMOCION VIOLENTA

Antes de ser condenado a 18 años de prisión por rociar con alcohol y prender fuego deliberadamente sobre el cuerpo de su pareja, Wanda Taddei, las palabras del ex baterista de Callejeros Eduardo Vásquez habrán sonado redentoras: "Soy una persona que no le haría daño a nadie". El filósofo Jean-Paul Sartre le replicaría que la condición humana no se conjuga en modo potencial, sino en el más prosaico indicativo: el hombre no es lo que haría, sino lo que hace. Si la vara para medir nuestros actos es la intención, en lo que a mí me toca escribiría el mejor ensayo jamás escrito. O tocaría un instrumento como Orfeo su lira. O jugaría al tenis como Sharapova. Pero no son las palabras, sino mis acciones las que me comprometen en lo que soy.

Por cierto, todo victimario corre con ventaja: mientras él se impone con su carnalidad rogando, llorando, lamentando incluso lo acontecido, el único testimonio que queda de la víctima es su ominosa y silenciosa ausencia. De allí que las palabras del ex baterista, redentoras o no, no fueron en vano: aunque nuestra doctrina se rige por el derecho penal de acto, los jueces integrantes del Tribunal Oral Criminal N° 20 consideraron un atenuante el afán piromaníaco del condenado ("sus hábitos laborales") y la compulsión a la repetición que signó la vida del agresor. Remedando un risueño ejemplo de falacia extraído de un célebre libro de lógica, el del parricida que antes del veredicto apelaba a la clemencia de los jueces por su condición de huérfano, esta vez fueron los propios jueces quienes invocaron el estrés postraumático sufrido por el victimario tras la tragedia de Cromagnon y "la pérdida de ambos progenitores", "su prolongado compromiso con las drogas y su esfuerzo para superarlo", por citar sólo algunos de los sorprendentes fundamentos alegados en el fallo.

Finalmente, el victimario fue declarado penalmente responsable del delito de "homicidio calificado por el vínculo, atenuado por el estado de emoción violenta", entendida como un estado afectivo en que una perturbación ha hecho perderle al sujeto el pleno dominio de su capacidad reflexiva y disminuir sus frenos inhibitorios, en respuesta a circunstancias externas no provocadas por el mismo sujeto y que lo hubiesen conducido a actuar como actuó.

Invocada en casos de violencia de género, la figura de la emoción violenta es un resabio de sociedades con códigos ancestrales salvajes, en cuyo marco ético-legal la lapidación de una mujer por infidelidad era -y todavía continúa siéndolo- plenamente legitimada por las costumbres que la destinaban como depositaria del honor familiar. En el Estado de Derecho de los países democráticos, esa figura ancestral se fue desligando del honor mancillado. Subsiste como una tipificación que no exonera al criminal de culpa y cargo, pero le atenúa significativamente la pena, atenuante explicable sólo porque persiste vigente aunque enmascarada la premisa de que la mujer es una propiedad del hombre.

De la justificación de la emoción violenta hasta la excusa exculpatoria de casi cualquier crimen puede mediar apenas un paso: a riesgo de justificar legalmente lo moralmente injustificable, el derecho ampara al victimario al disminuir la condena de un sujeto que, por haber actuado sin ser consciente de lo que hacía, es incapaz de recordar los acontecimientos y recién logra conferirles un significado una vez que se vuelve hacia lo que hizo y reflexiona sobre lo irreparable. Sin embargo, ni esa conmoción rayana en la locura ni el reconocimiento tardío signaron al victimario de Wanda, quien en sus primeras declaraciones relató pormenorizadamente su versión de la secuencia de los hechos en flagrante contradicción con las condiciones que justificarían la tipificación atenuada.

Lo más curioso, según señaló el abogado defensor Leonardo Rombolá Molina en una entrevista radial, es que el estado de "emoción violenta" no fue planteado durante el juicio ni por la defensa ni por el fiscal, apenas fue mencionado por la querella para dejar en claro que, precisamente, no se trató de una emoción violenta, sin sospechar que, en un eureka liberador, la exclusión de ese atenuante sería el hallazgo recogido por el tribunal. Pues dado que la pena no se podía mensurar, entonces se sacó de la galera la emoción violenta, refutada no sólo por el testimonio del victimario, sino incluso por las pericias realizadas en el lugar del crimen.

En nombre de la ley todopoderosa que no es, al fin y al cabo, sino una construcción humana que puede responder a intereses ajenos a sus fines, el atenuante desequilibra la balanza entre el daño provocado y la pena merecida: el principio incorporado por las religiones, la cultura y los códigos penales, el mismo que ordena "no matar", es depreciado toda vez que la respuesta a un homicidio es tan piadosa como injusta. Como si esa muerte fuera el desenlace desgraciado de cierta compulsión irrefrenable reprochable, pero, al fin de cuentas, presuntamente comprensible.

Pero no sólo juegan en contra del fallo las razones retributivas -la muerte de una mujer, además de la orfandad real y simbólica de sus hijos y la devastación de sus padres-. Según datos del Observatorio de Femicidios en la Argentina coordinado por La Casa del Encuentro, antes de la incineración de Wanda Taddei se informaban cinco o seis casos anuales, mientras que desde entonces, en dos años, se contabilizaron cincuenta y tres mujeres que murieron incineradas en manos de sus parejas o ex parejas. Hay quien alegará que la replicación del procedimiento letal es deudora de la irresponsabilidad mediática que privilegió la difusión del caso. Pero la contracara de este argumento descalificador es que, gracias a la difusión obtenida, las mujeres desnaturalizaron la práctica y comenzaron a denunciarla.

La directora del Programa de Estudios de Género y Subjetividad en la UCES, Mabel Burin, señaló que "en el femicidio no se trata de emociones: se trata de un sistema de pensamiento, un paradigma de dominio y posesión sobre la otra persona que configura una autorización interna para matar. Y en una cultura patriarcal, donde Ricardo Barreda pudo ser considerado un héroe por matar a todas las mujeres de su familia, un crimen como el de Vásquez se presta a la identificación de otros hombres, ya que «si él pudo hacerlo, yo también puedo»". Desconociendo las conductas miméticas de los victimarios, en lugar de hacer de la pena una pena ejemplar, los jueces invocaron una figura legal que, lejos de ejercer un papel disuasorio, es una invitación a la repetición.

Desde hace unos meses, en el Congreso se debate, como una agravante del homicidio, la figura del femicidio definido como el crimen hacia una mujer cuando hubiese sido cometido por un hombre y estuviese de por medio violencia de género. Pero el proyecto legislativo, de concretarse, no es suficiente. Se necesita, además, que los operadores jurídicos acompañen la sanción social con el firme propósito de que las reformas legales no sean meras declaraciones o letra muerta avasallada por interpretaciones arbitrarias.

Por cierto, los jueces, como representantes del Estado, resguardan su derecho a aplicar la pena jurídica por el delito, prerrogativa del Estado. Pero las víctimas, las víctimas colaterales y la sociedad toda, pueden reclamar el derecho a que sea impuesta la pena debida sin atenuantes tenuemente fundamentados. Y no se trata de un juego de palabras: ellas condensan la omnipotencia de una ley que, malabarismos mediante, todo lo puede.

FEMINICIDIOS

La Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (Consavig) impulsa el debate del proyecto de ley sobre el femicidio que se elaboró desde el organismo nacional, ya que aseguraron a AIM que la figura autónoma “daría una visibilidad al problema y un alerta a las funcionarias y funcionarios judiciales”. El año pasado 280 mujeres fueron asesinadas por cuestiónes de género.

En el Código Penal argentino no se nombra a las mujeres ni cuando se las mata, aseguró a esta Agencia la jefa de Abordaje Territorial del organismo nacional, Claudia Perugino, quien explicó que desde la Consavig se elaboró un proyecto de ley sobre femicidios, que es la muerte de parte de un hombre a una mujer por su condición, como el caso más extremo de violencia.

La creación de la figura autónoma de femicidio “daría una visibilidad a la problemática y una alerta a las funcionarias y funcionarios judiciales de poner un oído atento para que cuando una mujer llega a una instancia legal sea escuchada, porque se sabe que el 90 por ciento de las mujeres muertas en caso de femicidio recurrieron entre siete y nueve veces a la justicia”, dijo la funcionaria nacional.

La abogada recordó que “el año pasado 280 mujeres fueron asesinadas por cuestión de género, por ser mujeres”. En ese contexto, aclaró  desde la Comisión se realizan en todo el país instancias de enseñanza y aprendizaje donde se difunde la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres “como una herramienta de protección integral que ayudará a hacer valer los derechos de las mujeres”, y se escucha “atentamente a las mujeres de todo el país para saber qué demandas tienen y qué aportes y problemáticas puntuales le preocupan, ya que la comisión está enfocada a generar nuevas sanciones, porque la 26485 reconoce nuevos tipos y modalidades de violencia”.

DEBATE EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA: CONTROVERSIA CON DIPUTADOS

La asesora legal de la comisión, Daniela Arcuri, detalló que en el Senado de la Nación hay 13 proyectos y una media sanción de Diputados sobre el femicidio, pero aclaró que la iniciativa impulsada desde el organismo nacional presenta importantes diferencias con la propuesta de los diputados.”

La abogada indicó: “Nosotras no estamos de acuerdo con el proyecto de diputados, porque se podría avanzar más”. En ese sentido, precisó que el proyecto de la Consavig “reconoce la creación del femicidio como delito autónomo, es decir que impulsa que exista una figura  legal como el homicidio y las lesiones, no que sea un agravante del homicidio, que es lo que salió en diputados”.

PROMOCIÓN DE DERECHOS EN PARANÁ

Para formar agentes que sepan cómo intervenir ante conductas, acciones u omisiones que de manera directa o indirecta afecten la vida de las mujeres en su libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial y fortalecer las redes ante la violencia de género, la Consavig dictó un taller en el Centro Comunitario municipal Uno, La Floresta.

Perugino, explicó que en la instancia de enseñanza y aprendizaje se pretendió, por un lado, dar difusión de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres  “como una herramienta de protección integral que ayudará a hacer valer los derechos de las mujeres”, y, por el otro, “escuchar atentamente a las mujeres de todo el país para saber qué demandas tienen y qué aportes y problemáticas puntuales le preocupan, ya que la comisión está enfocada a generar nuevas sanciones, porque la 26485 reconoce nuevos tipos y modalidades de violencia”.

Daniela Arcuri, apuntó que  la difusión de la Ley “permite visibilizar la problemática, empoderar a las mujeres y generar redes que puedan dar contención para todos los tipos y modalidades de violencia”.

“La existencia y creación de vínculos que puedan informar y replicar la información y hacer valer sus derechos traerá aparejado cierta modificación en las conductas en el ejercicio de derechos”, aseguró la abogada.

En el encuentro no sólo se abordó la Ley, sino que también se trabajó “entre las y los participantes sobre qué le pasa a una mujer en situación de violencia, es decir, en qué estado está o cómo está su autoestima, porque a veces quienes acompañan a una mujer en vez de ayudarla la revictimizan y no se le da la herramienta para que salga del lugar en el que se encuentra”.

Además, se desnaturalizaron “los prejuicios sobre la violencia que culturalmente están instalados” y se dialogó sobre la necesidad de fortalecer “las redes, porque muchas veces en la misma ciudad hay varias personas que trabajan la violencia de género de forma desarticulada y en estos espacios se buscan establecer nexos para que todos y todas sepan con qué herramientas concretas cuenta la comunidad, porque de esta salimos unidas y organizadas”, aseguró Perugino.

LA COMISIÓN

La Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (Consavig) fue creada el 21 de febrero de 2011 con el objetivo de formular las sanciones a la violencia de género establecidas por la ley Nº 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales” en sus diferentes tipos y modalidades.

OVD- OFICINA DE VIOLENCIA DOMESTICA

La directora de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Tucumán me dijo que no podían hacer nada, que la mujer en problemas tenía que ir a pedir ayuda y no su madre, que tenía que esperar a que tocara fondo”, contó con bronca Rut Tomatis. Este diario se comunicó con la titular de la OVD de Tucumán, Martha Palazzo. Pero la funcionaria dio otra versión de los hechos: dijo que le había dado la alternativa de que la madre presentara una denuncia contra el novio de su hija. Sin embargo, Tomatis lo niega rotundamente: “Si yo había ido justamente a denunciar y no me tomaron la denuncia. Si me hubiera dado esa alternativa, la hubiera hecho. No es cierto lo que dice”, afirmó la mamá de María Medina. Palazzo reconoció que la atendió. La recuerda. Tomatis llegó a la OVD recomendada por una psiquiatra amiga de la directora del organismo. “Me dijo que me la iba a mandar para que la orientara, por eso no tuvo entrada en los registros de la oficina”, argumentó Palazzo.




Consultada por este diario, la titular de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, Analía Monferrer, explicó los mecanismos que prevé la ley para actuar en casos como el de María Medina, cuando la víctima no toma conciencia de que está en pareja con un hombre violento. “Lo más apropiado es que la propia mujer pueda reconocerse como víctima de hechos de violencia doméstica para poder sostener luego, en su caso, la denuncia policial o judicial que decidiera hacer. Pero, para que esto suceda, en general, se necesita tiempo. Y muchas veces es tal la gravedad de los hechos que ese tiempo no existe. A partir de la vigencia de la Ley nacional 26.485 –contra la violencia hacia las mujeres–, cualquier persona puede denunciar la ocurrencia de hechos de violencia cometidos contra una mujer adulta. Luego la autoridad judicial debe citar a esa mujer para que ratifiqueesos hechos. En cualquier ámbito previsto para recepción de denuncias, la que hace una tercera persona (familiar, vecino, etc.) puede ser tomada sin ningún problema”, aclaró Monferrer.



–¿Qué medidas de protección se pueden tomar?



–Las medidas son las herramientas de las que disponen juezas y jueces para evitar hechos posteriores. Lamentablemente, en casos incluso que han cobrado notoriedad –por lo menos los que fueron atendidos en la OVD de la CSJN– aun con medidas de protección vigentes y sentencias condenatorias dictadas, hechos de violencia posteriores a los que originaron los trámites judiciales ocurrieron. Esto demuestra que el Poder Judicial solo no puede eliminar los hechos de violencia. No está el sistema preparado para facilitar una custodia personal a cada víctima.



–¿Podría obligarse al violento a usar pulseras con GPS para controlar que no se acerque al domicilio de quien fuera su víctima?



–Las pulseras con GPS podrían utilizarse. Se trataría de un método, creo, más fácil de controlar. Al igual que los botones antipánico. Actualmente, estos últimos están siendo entregados por la Policía Metropolitana, ante la orden de fiscales y jueces. No hemos recibido informes aún, oficiales, acerca de su uso, pero tengo entendido que están funcionando bien y que se han evitado nuevos hechos de violencia.

VIOLENCIA DE GENERO

Fue un noviazgo de pocos meses. María Medina terminó golpeada e incendiada. Ocurrió en Tucumán. Antes, su madre había recorrido comisarías y ámbitos judiciales. Pero no fue escuchada.




María Medina tenía 32 años y se ganaba la vida dando clases particulares de inglés en su casa y haciendo traducciones de artículos científicos a una médica psiquiatra. Vivía en el barrio Ciudadela, de San Miguel de Tucumán, con su madre y su abuela, y las ayudaba también a ellas con su negocio de helados y postres artesanales. En noviembre comenzó a noviar con Armando Antonio Martín, también de 32 años, tío de uno de sus alumnos. Desde el inicio de la relación, la mamá de María, Rut Tomatis, percibió que se trataba de un hombre violento y trató de advertirle a su hija, pero ella no quiso escucharla. Rut fue a pedir ayuda durante el verano a comisarías e incluso, apenas terminó la feria judicial de enero, recurrió a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Tucumán, pero le dijeron que no podían hacer nada para proteger a su hija, porque era una mujer adulta; había que esperar hasta que ella “tocara fondo” y fuera por su cuenta a denunciarlo. Poco más de un mes después, María fue brutalmente golpeada y quemada viva en la casa de su novio. Y murió. Hacía apenas cinco meses que estaban saliendo. Martín es el principal acusado y único detenido por el femicidio: está procesado con prisión preventiva por “homicidio agravado por alevosía”. El caso muestra con crudeza la inacción del sistema judicial y policial para intentar salvar a una joven de la violencia machista y el desesperado derrotero de una madre, que pudo ver con claridad que la vida de su hija estaba en riesgo y no pudo salvarla. Especialistas consultados por Página/12 advirtieron sobre cómo se debe actuar cuando la propia víctima no se da cuenta de que está en una relación violenta, qué dice la ley y qué pueden hacer los familiares y los organismos del Estado para protegerla (ver aparte).



Martín vivía a pocas cuadras de la casa de María. Empezó a ir a buscar a su sobrino cuando terminaba las clases de inglés que le daba ella. Así se conocieron. En noviembre se pusieron de novios. Al principio, Rut se puso muy contenta porque la veía contenta a su hija. Pero pronto, dice, empezó a observar algunas actitudes que no le gustaron. A Martín le molestaban sus preguntas. Contestaba mal.



Hubo un hecho que le pareció demasiado raro. “Sonó el celular de mi hija y atendió él. Yo me sorprendí –recordó la madre–, la miré a mi hija, pero ella bajó la cabeza.” Rut aseguró que aquella vez desconfió de él. “Al cortar la llamada le hice un comentario de por qué atendía el celular de mi hija y él me respondió que no tenía que meterme en la relación de ellos.”



“María era una chica tímida. Había tenido un novio hacía unos cinco años y alguna relación más. Y lo que más quería era estar de novia. Era muy pegada a mí. No tenía la experiencia que tienen las mujeres a su edad”, la describe su mamá. Antes de que conociera a Martín, dice Rut, charlaba mucho con ella y con su abuela, se reían juntas. Pero después, diferencia, su actitud cambió. Se empezó a distanciar de su madre y su abuela. Estaba más callada. Dice que su hija era una mujer muy sensible, que escribía poesías, que le gustaba la música de Pedro Aznar. “Esa era mi hija. Pero él la cambió”, reafirmó Rut.



Rut reconoce que ella era muy sobreprotectora con su hija, y también sabe que a los 32 años era una mujer adulta para decidir sobre su vida. Pero distintas actitudes del novio le empezaron a preocupar. Con el tiempo se fue enterando de que “Martín era jugador de las máquinas y del casino y les pedía plata a mujeres luego de seducirlas”, según quedó plasmado en el expediente judicial, en el pedido de Rut para constituirse en querellante en la causa que investiga el homicidio de su hija.



“Un día, como otros, María llegó llorando a casa y cuando la abuela la estaba consolando, sonó el teléfono y era Graciela, una de las hermanas de Armando, que le dijo que fuera a su casa, que él le quería pedir perdón”, contó Rut. Ella le pidió que cortara pero la volvió a llamar y se fue a la casa de la cuñada y no volvió durante cuatro días. Un día la madre la vio con un moretón en la cara. Ella le dijo que se había golpeado sola.



“El 2 de enero, sorpresivamente, se presentaron María y Armando en casa y él me dijo que se irían de vacaciones, ella no hablaba, sólo lo miraba. Esa semana no tuve ninguna noticia de ellos”, contó Rut. Después supo que habían ido a las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Rut empezó a temer por la seguridad de su hija y fue a varias comisarías de la zona a pedir ayuda. “Me decían que no podían hacer nada. Que mi hija tenía que hacer la denuncia, que era mayor de edad”, recordó la mujer. Después de la feria judicial de enero fue a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Tucumán y la atendió la propia directora del organismo, Marta Palazzo. Fue por la recomendación de una psiquiatra amiga. “En la Oficina de Violencia Doméstica me dijeron que tenía que concurrir mi hija a hacer la denuncia, que ya tocaría fondo. Sólo anotaron los nombres míos, de mi hija y de Armando en un papel, pero no quedó nada registrado” (ver aparte).



Durante el mes de enero las llamadas de María a su familia eran cada vez más esporádicas. Con el tiempo, su mamá y su abuela supieron que al regresar de las Termas de Río Hondo se instalaron en la casa que la familia Martín tiene en la calle Corrientes 3271, en San Miguel de Tucumán. “María me rogaba que no la llamara porque Armando se enojaba muchísimo y ella sufría porque la castigaba”, siguió la madre. Unos 15 o 20 días después se separaron y María retornó a su hogar. Pero al poco tiempo la joven recibió un mensaje de texto en su celular de él que le decía: “Desde la oscuridad y el silencio te sigo amando”. El sms figura en el expediente judicial. María se sorprendió –dijo la mamá– y decidió ir a verlo para “despedirse”, relató Rut. Pero María no regresó a su casa. Una noche le mandó un sms a su mamá donde le dijo “que estaba dormido, que ya iba a volver pero no sabía cómo lo iba a hacer”. Como se había ido con ropa de verano y habían comenzado los primeros fríos, la madre la llamó para decirle que fuera a buscar un bolso con ropa más abrigada a su casa. María fue. Mientras él la esperaba afuera, llegó a decirle a su mamá y a su abuela que le había roto el celular contra una pared, tirándoselo, enojado, pero que después le había pedido perdón y le había dicho que le iba a comprar otro, relató Rut.



A los tres días de haberse llevado el bolso, Rut recibió un llamado anónimo de una mujer –no era la primera vez que esa misma voz llamaba anónimamente– que le gritó: “Tu hija está muerta”. Rut cortó y el teléfono volvió a sonar. “Me dijo que Armando la había llamado y que le había dicho que la había matado por amor a ella.” Esa voz anónima había llamado varias veces antes a Rut: la mujer siempre decía que la novia era ella y no María.



Rut llegó a la casa de Corrientes 3271 en un taxi con su madre, cuando todavía salía humo. También la acompañó un amigo. Desesperada le gritó a Martín que le entregara a su hija. El negó que estuviera. Le dijo que había un cortocircuito y se había incendiado una habitación. Rut llegó a ingresar a la vivienda, entró a la habitación, pero por el humo no pudo ver nada. El aire era irrespirable. “Estaba todo quemado, las ventanas tapiadas y lleno de escombros”, dice el expediente judicial. Los vecinos ya habían llamado a los bomberos y a la policía. Los agentes encontraron en el interior el cadáver de María, calcinado. Los peritajes forenses determinaron que había sufrido antes una brutal paliza que la había dejado inconsciente. Un informe de la Dirección General de Bomberos concluyó que el fuego se inició y desarrolló en el cuerpo de la víctima “descartándose que el mismo haya sido originado como consecuencia de un accidente eléctrico, determinándose además la existencia de recipientes con restos de nafta y fósforos en el lugar, indicios que demuestran la forma intencional de la combustión, y que sumados a los restantes, me permiten sostener que fue el imputado el autor del mismo”, escribió la fiscal Marta Mariana Rivadeneira, al requerir la prisión preventiva de Martín por “homicidio agravado por alevosía”.



Martín está detenido. Tuvo un intento de suicidio en prisión y fue trasladado a un hospital psiquiátrico, pero luego volvió a una celda en la cárcel de Villa Urquiza. “Todo este tiempo lloré. Entraba a la habitación de mi hija, me sentaba en la cama y olía su ropa, y seguía llorando. Mi madre me veía sufrir y me hizo entender que debía salir adelante. Hace unos días doné la ropa de mi hija y me levanté. Ahora estoy dispuesta a buscar justicia por mi hija”, dice Rut. Teme que Martín pueda ser declarado inimputable.

prostitucion - proyecto de penalizacion al consumidor

El 4 de mayo pasado, el diputado nacional Pablo Kosiner (FPV Salta) presentó un proyecto de ley para penalizar a quien paga por sexo. Se trata de agregar un párrafo al artículo 127 del Código Penal: “Se impondrá prisión de seis meses a dos años o multa de mil a noventa mil pesos, al que demandare u obtuviere una relación sexual a cambio de dinero, por compra de servicio sexual. Procederá la misma pena al pago realizado o prometido por una tercera persona”.
Los fundamentos de la iniciativa aluden a las “nuevas concepciones que plantean que a la trata hay que combatirla, además, atacando la responsabilidad del cliente, es decir, de quien consume este tipo de relación”.
Allí se menciona la ley sueca de 1999, que sanciona al consumidor de sexo pago, “definida como el primer intento de un país de dirigirse hacia la primer causal de la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual. Ello representa desterrar la concepción demandante de los hombres del derecho a comprar servicios sexuales, y continuar en la evolución de nuestra legislación hacia la construcción de una sociedad mucho más justa y solidaria”.
De todos modos, el proyecto contiene una contradicción: el término “servicios sexuales” es utilizado por las mujeres que consideran que, cuando se ejerce de manera independiente, la prostitución es “un trabajo digno”.

VADE RETRO CORTE- MARIANA CARBAJAL

LA ESTRATEGIA DE LA IGLESIA EN CONTRA DEL FALLO DEL MAXIMO TRIBUNAL DEL PAIS SOBRE LOS ABORTOS NO PUNIBLES

Vade retro, Corte Suprema de Justicia

En las provincias, los obispos buscan frenar la implementación de los protocolos hospitalarios. Y en el Congreso ya hay proyectos para obstaculizar los abortos no punibles. Hasta prevén subsidios a las mujeres que lleven adelante el embarazo en casos de violación.

La Iglesia Católica busca neutralizar el impacto del histórico fallo de la Corte Suprema sobre abortos no punibles. Por un lado, pretende frenar en las provincias la implementación de los protocolos hospitalarios para la atención de abortos en caso de violación. El principal frente eclesiástico se despliega en Tucumán, donde el arzobispo local, monseñor Alfredo Zecca, intenta presionar al gobernador José Alperovich (FpV) para que fije el procedimiento que debe seguirse a través de un decreto u otra normativa. Pero la estrategia tiene otra cara, que apunta paralelamente a impulsar leyes que obstaculicen la interrupción legal del embarazo y que promuevan que las mujeres sigan adelante con la gestación forzada a través de una violación –como si fueran meras incubadoras– y den luego en adopción la criatura. En la Cámara de Diputados ya se presentaron dos proyectos en ese sentido, que fueron girados a la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, donde está previsto que se empiecen a debatir, y que contemplan, incluso, darles un incentivo en dinero a cambio de llevar a término esos embarazos.

Una de las propuestas es un proyecto de Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de la Mujer Embarazada y del Niño por Nacer. Pero bajo el paraguas de una iniciativa para proteger a las mujeres durante el período gestacional, se busca introducir cláusulas “antiaborto”, para impedir la interrupción del embarazo incluso en las circunstancias permitidas por el artículo 86 del Código Penal.
En el primer artículo, la iniciativa establece que “se entiende por ‘niño por nacer’ a todo ser humano desde el momento de la concepción o fertilización del óvulo, hasta el de su efectivo nacimiento”. En el artículo cuarto, define que “el niño por nacer tiene derecho a la igualdad de oportunidades y a ser protegido contra cualquier tipo de discriminación o selección en razón de su patrimonio genético, etapa de su desarrollo, características físicas, biológicas o de cualquier otra índole. Tampoco lo será a causa de las circunstancias de su concepción o las cualidades o características de sus progenitores y familiares”. La ley considera particularmente agraviante, lesivo y discriminatorio que se califique a los niños por nacer como “deseados” o “no deseados”. Y más adelante, en el mismo artículo, establece que “cuando el embarazo proviniera de un delito contra la integridad sexual, la mujer será acreedora, desde el momento de la concepción y durante todo el período gestacional, a una asignación especial equivalente un sueldo de la categoría E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep). En caso de que la mujer decidiera asumir la crianza y educación del niño, la asignación se le continuará abonando hasta que éste cumpla los 18 años de edad. Si la mujer decidiera no tomar a su cargo la crianza y educación del niño luego del nacimiento, se proveerán de inmediato las medidas necesarias y urgentes para su protección, favoreciéndose su adopción o guarda por una familia, en cuyo caso la asignación será percibida por la familia adoptante o guardadora a partir del momento en el que se hiciere cargo del niño y hasta que éste cumpla los 18 años de edad”. En el artículo séptimo, establece que “se reputará como un caso paradigmático de violencia contra la mujer toda interferencia externa, sea estatal o particular, que tenga por objeto inducir o convencer a una mujer que cursa un embarazo, a interrumpir el curso de ese embarazo mediante la práctica de un aborto”.
El proyecto fue presentado el 23 de marzo, diez días después del fallo de la Corte sobre aborto no punible, con 15 firmas, de los exponentes más conservadores de distintos bloques, como los diputados Julio Ledesma (ex denarvaísta), de Corriente de Pensamiento Federal; el macrista salteño Alfredo Olmedo (el de la campera amarilla, conocido por sus expresiones homofóbicas), Graciela Camaño, del Peronismo Federal; el demócrata mendocino Omar de Marchi, la puntana del peronismo disidente Ivana Bianchi, la sanjuanina del Frente para la Victoria Margarita Ferra de Bartol, entre otros. Posteriormente, otros 13 diputados más también lo firmaron. Originalmente, esta propuesta había ingresado en 2010 en la Cámara de Diputados, pero perdió estado parlamentario en diciembre sin ser tratada. En realidad, se trata de una iniciativa promovida por la Red Federal de Familias, una alianza “antiderechos” de grupos católicos y evangélicos”, que repudió la sentencia de la Corte sobre los casos de aborto no punible y que desde la sanción del matrimonio igualitario está juntando firmas para presentar una iniciativa popular en el Congreso para derogarlo.
Integrantes de la red el año pasado presionaron en Misiones a la familia de una adolescente de 14 años, que había quedado embarazada cuando un tío la violó –en represalia porque había contando que él había abusado de su hermanita–, para que desistiera en su reclamo de la realización del aborto al que tenía derecho por ley. “No maten al niño, dénnoslo a nosotros” exigieron los “antiderechos” en un comunicado en aquel momento.
Hay otro proyecto en Diputados, que apunta en la misma línea. En abril, la diputada puntana Bianchi, también ferviente opositora al matrimonio igualitario y a la despenalización del aborto, presentó una iniciativa para promover la adopción de bebés concebidos en violaciones. También se camufla en una iniciativa de “asistencia integral a mujeres embarazadas víctimas de delitos contra la integridad sexual”. “En los últimos años, se han iniciado programas específicos de asistencia a víctimas de delitos sexuales en distintas ciudades del país; pero ninguno forma parte de un plan integral, que contemple la adopción”, dice Bianchi en los fundamentos. En su artículo tercero, la propuesta legislativa establece que “deberá agilizarse el registro de adoptantes, si la mujer victimizada por los delitos contra la integridad sexual y quedare embarazada, decide dar en adopción a su hijo al nacer; luego de un período de espera establecido”.
En el temario de la reunión del martes último de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara baja estaba previsto empezar a discutir los dos proyectos, pero la convocatoria finalmente fue suspendida.

LEY DE IDENTIDAD DE GENERO - SOLEDAD VALLEJOS

Alcanzaron dos horas y diez minutos para que el Senado aprobara el proyecto de Identidad de Género, que ya había recibido el mismo tratamiento en la Cámara de Diputados. Fueron 55 votos afirmativos, ninguno negativo, una abstención: con esos números, apenas habían dado las 9 y diez de la noche cuando quedaba convertida en ley la disposición según la cual el Estado argentino respeta la identidad que cada ciudadana y ciudadano concibe como propia. Una vez promulgada, bastará un trámite administrativo para modificar el nombre, la foto, el sexo en el DNI. También quedará garantizado el acceso a los tratamientos de salud que la persona requiera para modificar su cuerpo de acuerdo con el género autopercibido.

El texto aprobado define como “identidad de género” a la “vivencia interna e indidivual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”. Ello “puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”. Podrán modificar sus datos registrales las personas mayores de 18 años. Las prestaciones médicas contempladas en la ley formarán parte del Plan Médico Obligario.
Minutos antes de que el panel del recinto brillara con los números, el senador radical Ernesto Sanz pidió “una autorización especial”: que las y los activistas presentes en las barras pudieran expresar su alegría “si se consolida” la votación. El Senado estalló: desde las barras llovían los aplausos y vivas de activistas a quienes los discursos de la sesión rindieron homenaje una y otra vez. Poco después, los votos daban la razón a esa alegría, que se trasladó a la calle Entre Ríos, frente al Congreso, donde cientos habían seguido del debate en pantalla gigante.
Desde los balcones, la sesión fue presenciada por activistas LGBT, pero en realidad la jornada, en algunos casos, había comenzado bastante antes. “Desde las ocho estoy por acá”, contaba la líder trans Marcela Romero, a quien la Cámara de Diputados había reconocido como “Mujer del Año” en 2009, precisamente porque había logrado un DNI respetuoso de su identidad tras una década de lucha judicial. Presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (Attta), Romero concedió a este diario que sí, estaba “un poco ansiosa” desde temprano en la mañana y se había acercado al Congreso para paliar los nervios. Doce horas después, la ansiedad no menguaba. “Voy a tener que aprovechar que sancionaron muerte digna”, bromeaba desde el balcón que compartía con Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina LGBT (Falgbt), de la que Romero es secretaria general. Más allá, Lohana Berkins, presidenta de Alitt (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti), seguía atentamente cada discurso; la concentración, de hecho, le impedía comentar lo que sucedía.
Cuando caía la tarde sobre la plaza Congreso, un centenar de personas seguía la sesión en la pantalla gigante que el Inadi había aportado para acompañar a las organizaciones. Entre música dance, aroma a hamburguesas y personas que corrían colectivos, activistas LGBT bailaban para hacer más leve la espera, mientras se dejaban ver caras que habían sido protagonistas, hace dos años, del debate por el matrimonio igualitario, como José María Di Bello y Alex Freyre, Alejandro Vanelli y Ernesto Larrese, María Rachid. A metros del escenario, Julieta Calderón, altísima con sus 19 años y orgullosa trans militante en la Juventud de la Falgbt, decía a Página/12 que estaba ahí por ella, pero también por su sobrino de 9 años. “Si esto se aprueba, cualquiera sea su deseo, cualquiera su proyecto, la vida sería tan sencilla para él. Creo que esto es para las nuevas generaciones, porque ahora va a hacer falta un cambio cultural fuerte. Socialmente falta. No sé si mañana (por hoy) va a haber un cambio radical en todo, pero el reconocimiento legal a tu verdadera identidad es un cambio cotidiano.”
La sesión había empezado a las siete de la tarde, con una intervención, la de Ada Iturrez de Capellini (Frente Cívico por Santiago, presidenta de la Comisión de Legislación General), que anticipó la tónica predominante de las siguientes dos horas: la Cámara estaba dispuesta a “subsanar” la “deuda” que la democracia tenía con el colectivo trans, y agradecía y aplaudía la militancia de los activistas. La ley, que Iturrez de Capellini definió como “consecuencia de la ley de matrimonio igualitario”, recibió el respaldo de todos los bloques, cuyos representantes fueron ampliando, a su turno, el abanico de razones: es “un derecho humano básico para poder dignificarse”, señaló Eugenio Artaza (UCR); “tendría que haber sido sancionada mucho antes”, reflexionó Aníbal Fernández (FpV); permitirá “a la gente intentar ser más feliz”, aportó Miguel Angel Pichetto (FpV). Es “el primer paso para empezar a revertir esta realidad de discriminación y violación constante de los derechos humanos por razón de identidad de género”, destacó Rubén Giustiniani (PS), quien pidió, como otros de sus colegas, reconocer a la legisladora (MC) Silvia Augsburger, responsable de haber franqueado el paso de la demanda al Congreso.
Los discursos transcurrían sin sobresaltos, ante un recinto del que se habían ausentado dieciséis legisladores, entre ellos Teresita Negre de Alonso, quien dos años atrás se había opuesto férreamente al matrimonio igualitario. Sonia Escudero, que en 2010 votó en oposición a aquella ley, anunciaba, sirviéndose de cifras sobre la vulnerabilidad del colectivo trans, que votaría favorablemente; del mismo modo votó el salteño Juan Carlos Romero. En ese contexto, y trayendo a colación los reparos que la jerarquía católica expresa con respecto a la modificación del Código Civil, Marcelo Fuentes (FpV) cuestionó la “extorsión de la religión” y el “síndrome del púlpito”, puesto que es preciso reconocer “la secularización del derecho”. “No va a haber reconstrucción igualitaria en la Argentina si los responsables de llevarles tranquilidad a sus fieles no los preparan para un mundo que marcha a los cambios.”
Sólo la chubutense Graciela Di Perna (Frente por la Integración) puso una nota disruptiva al anunciar que se abstendría, entre otras cosas, porque “adulterar la partida de nacimiento es un delito”, habida cuenta de que “no se puede adulterar el genotipo del sexo de un individuo presente desde la concepción en cada célula del individuo”.
Aunque los reconocimientos a organizaciones y activistas fueron moneda corriente, un nombre reaparecía una y otra vez en la sesión: el de Claudia Pía Baudracco, la líder trans fallecida el 18 de marzo. La mencionó, tras recordar a “Ursula, una mujer encantadora que ha padecido las discriminaciones que hoy se terminan”, la chaqueña Elena Corregido (FpV); también la riojana Mirtha Luna, al contar que la había conocido en un acto por el Día de la Mujer: “Claudia Pía se me acercó y me pidió que le diéramos sanción al proyecto. Diez días después murió”. El nombre de Baudracco estuvo presente, también, en la plaza, junto con otros históricos, como el de Nadia Echazú. Faltaban minutos para que el cuerpo votara. Gerardo Morales (UCR) se congratuló porque la “ley convertirá a la comunidad trans en sujetos de derecho, como ocurre con el conjunto de la sociedad”.

LEY DE IDENTIDAD DE GENERO

Diversos especialistas analizaron el texto de la nueva Ley de Identidad de Género. Destacaron las particularidades que la hacen única en el mundo: no se considera patológica la identidad trans ni se requiere de autorización judicial para reasignar el sexo.

La Ley de Identidad de Género aprobada ayer es la mejor del mundo. Así la definieron cuatro especialistas consultados por este diario, quienes destacaron que la norma es la que más se acerca a la Declaración de Yakarta de 1997, sobre la Promoción de la Salud en el Siglo XXI, que fomenta la reducción de la inequidad en salud y el respeto por los derechos humanos. “A diferencia de las legislaciones pioneras, como la española o la sueca, que son bastante restrictivas, nuestra ley despatologiza las identidades trans, además de desjudicializarlas, descriminalizarlas y desestigmatizarlas”, evualó el abogado Emiliano Litardi, uno de los redactores de la ley. “La Organización Mundial de la Salud está revisando la clasificación internacional de las enfermedades y esta sanción sienta un precedente enorme para que no se pida, como en varios países, el aval de un diagnóstico psiquiátrico”, comentó el investigador y activista intersex Mauro Cabral.

Además de los países mencionados, también Sudáfrica, Holanda, Italia, Alemania, Suiza, Nueva Zelanda, Australia, Turquía, algunos estados de Estados Unidos, Uruguay, Colombia, Bélgica, Finlandia y Canadá tienen leyes de identidad de género. Todas estas legislaciones plantean restricciones para conceder gratuitamente, por ejemplo, una operación de reasignación sexual. “Esta ley quita de la esfera médica o humanística la decisión de esas operaciones y las lleva al plano de la decisión personal, respetando la autonomía corporal”, analizó la investigadora Paula Viturro.
El acceso pleno a la salud es otro de los logros de la ley, ya que obliga al sistema público y privado a proveer tratamientos hormonales y operaciones parciales o totales para desarrollar la identidad. “Y son gratis pero no obligatorios para quien tenga interés”, aclaró Viturro, abogada y coordinadora del área de Tecnologías del Género del Centro Cultural Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Por ley, los médicos no podían hacer operaciones mutilantes sin autorización de un juez y éste solía pedir peritajes psicológicos, psiquiátricos, clínicos y también testigos.
Esto impedía que muchas personas que deseaban una reasignación sexual tuvieran que victimizarse, algo corriente en los escritos judiciales. “Había que demostrar sufrimiento, decir que se estaba en el cuerpo equivocado, que de chiquita a esa persona le gustaba la decoración femenina o tenía sensación de odio hacia sus genitales. No se afirmaba que estaba ante una elección personal, sino ante una especie de error de la naturaleza, una fatalidad”, afirmó Viturro.
Otro inconveniente judicial en caso de requerir un documento acorde con la identidad de género autopercibida era la lógica esterilizante. Por muchos años, cuando una persona trans exigía judicialmente su DNI se le ponía como requisito una operación de reasignación sexual. Y no es un fenómeno argentino: 29 países de la Europa ponen este requisito en la actualidad. “Tuve un caso de este tipo en la Justicia nacional y esa postura fue admitida por la Cámara de Apelaciones. Al final, logramos conseguir el DNI sin operación concurriendo a un tribunal de la ciudad de Buenos Aires”, recordó Litardi, quien representó legalmente a 28 personas que pedían sus documentos desde 2004 a la fecha. “Hubo jueces porteños que estaban a favor y algunos plantearon que no debían judicializarse estos temas”, agregó.
En la norma sancionada ayer sólo se contempla la intervención judicial en el caso de personas menores de edad que deseen un nuevo DNI o realizarse un tratamiento hormonal o una operación parcial o total y cuyos padres están en contra. “La ley incorpora una figura novedosa, la del abogado del niño. Es algo muy bueno porque va en consonancia con la ley de protección de la niñez y la adolescencia. En estos casos, el rol de la Justicia es gestionar el conflicto entre hijos y padres”, comentó este integrante del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género.
Consultada al respecto, la antropóloga Josefina Fernández opinó que la norma es “movilizadora” y tendrá un impacto en la institución familiar. “Viene a desorganizar el ‘orden’, a romper muchos argumentos y a modificar la perspectiva de la Justicia sobre este tema, por eso me parece atractiva”, comentó Fernández, coordinadora junto a la activista travesti Lohana Berkins de “La gesta del nombre propio”, el primer estudio hecho sobre la población trans en la ciudad de Buenos Aires. “Además, muestra cómo el propio colectivo trans pasó de la victimización a la acción política”, agregó.
En este sentido, en el camino hacia la nueva ley, la estrategia del activismo por la diversidad sexual tuvo un gran acierto al poner el foco en la identidad más que en la sexualidad, aseguró el investigador Mauro Cabral. “En Argentina, el derecho a la identidad tiene un peso normativo importante. Es un derecho que no está en discusión”, afirmó. Para él, que las personas trans sean encasilladas como población vulnerable conspira contra su status de sujetos políticos y de derecho: “Teníamos algo que decir, más allá de la victimización”.
La implementación de la ley, advirtió Cabral, no va a ser fácil. “Como todos los temas relacionados con la sexualidad, éste choca contra el sistema médico y jurídico, que es conservador y autoritario. Este es el desafío que tenemos por delante”, observó.

MUTILACION GENITAL FEMENINA

egún Amnistía Internacional, casi 140 millones de mujeres en el mundo han sufrido la mutilación de sus genitales. Alrededor de 8 mil niñas y adolescentes al día y 3 millones al año. Razones culturales y religiosas son esgrimidas para esta práctica que desde sus orígenes tuvo como objetivo controlar la sexualidad femenina.
“Cuando supe cómo estaba, no pude entender por qué a mí. Cuando dejé mi país y comencé a compararme con otras mujeres, sentí rabia, indignación”. Ésta es la voz de una mujer africana que, aunque activista en contra de la mutilación genital, no quiere ser identificada. Se avergüenza de ser y sentirse “una mujer incompleta”.
Según UNICEF, “la ablación o mutilación genital femenina (MGF) es una forma de violación de los derechos humanos”. Se realiza en 28 países de África, en varios de Asia —como la India, Indonesia, Irak e Israel—, y entre algunos inmigrantes de estos países en Europa, América del Norte y Australia. En menor medida, también en Latinoamérica, entre algunas tribus amazónicas de Colombia y el Perú.
En el 2007 se detectaron casos en la selva colombiana, en la tribu de los emberá chami. Algunas niñas de esta etnia murieron debido a las infecciones contraídas por la falta de asepsia en las intervenciones.
Según declaraba el 2010 Esmeralda Ruiz, asesora de género y derechos del Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA), “luego de años de trabajo, los emberá chami entendieron que la ablación violaba los derechos
a la vida, la integridad y la salud de las mujeres y se han comprometido a dejar de practicarla”. Se estima que cada
año morían entre tres y cuatro niñas de esta tribu a causa de la extirpación del clítoris.
La renuncia de los emberá chami a la ablación está recogida en el documento Proyecto Emberá-Wera, elaborado
por el UNFPA, y pese a haber logrado que la etnia renuncie formalmente a esta práctica, el documento señala: “Aún falta camino por recorrer para garantizar que todas las niñas y mujeres Emberá, en el resto del país, gocen de la integridad de sus cuerpos y de su territorio”.
Mutilar para controlar
La ablación normalmente es realizada por mujeres de la comunidad que por generaciones se dedican a esta labor:
mutilan y luego cosen la vagina de las niñas y adolescentes para garantizar su virginidad hasta que sean dadas
en matrimonio. Cuando eso ocurra, otra de estas mujeres, o el propio marido, las abrirá con un cuchillo y les
dirá que tienen que tener relaciones sexuales inmediatamente para evitar que el orificio se vuelva a cerrar. Todas
estas intervenciones se hacen sin utilizar anestesia.
En las zonas donde se practica la MGF se aducen razones religiosas. La mayoría de países que la realizan son musulmanes y no se ha encontrado ningún texto del Corán en donde se hable de la ablación; lo que sí se ha hallado son momias egipcias del siglo II a. C. mutiladas, lo cual también hace dudar del origen religioso de la práctica, dado el escenario politeísta de esta cultura.
Según manifiesta nuestra activista, se mutila por razones más terrenales: “Nos mutilan por pura ignorancia y machismo. Según los mayores, esta práctica se comenzó a realizar cuando los hombres se iban a la guerra y hacían cortar el clítoris de sus esposas y coserlas para evitar infidelidades.”
La MGF es de cuatro tipos; la más leve comporta la amputación total o parcial del clítoris. Luego está la que, además, extirpa los labios menores. El tercer tipo es la infibulación, que es la más radical de las que usualmente se realizan, pues comporta la extirpación del clítoris, de los labios menores y mayores y de parte del útero; además, la obertura vaginal es cosida con fibras vegetales, alambre o hilo de pescar, dejando únicamente un orificio para que salga la sangre menstrual, pues la uretra también queda tapada por la costura.
El cuarto tipo es bastante inusual; consiste en la punción, perforación o incisión del clítoris y/o de los labios vaginales, estiramiento del clítoris y/o de los labios, cauterización del clítoris y del tejido circundante o corte de la vagina e introducción de sustancias y de hierbas corrosivas para causar el sangrado con la finalidad de empequeñecer el canal vaginal.
Consecuencias
Las mujeres mutiladas sufren, entre otras cosas, de constantes infecciones vaginales. Al ser obstruida la uretra, miccionan por segunda intención quedándoles siempre sedimentos de orina que les ocasionan constantes problemas de hongos. Si estas infecciones prosperan y llegan al útero, son causas de infertilidad irremediable. Recientes estadísticas clínicas demuestran que la MGF causa otros daños irreparables, como el contagio del VIH-sida, o la hepatitis.
“Hace 20 años comencé a toparme con niñas africanas, que venían a mi consulta con infecciones de orina. La primera que examiné tenía los genitales cosidos. Le pregunté a la madre qué le había pasado y me dijo que le habían cortado el clítoris y los labios menores, y que en su país hacían eso a las niñas para purificarlas, que era como circuncidarlas.”
Desde ese momento la pediatra catalana Inma Sau ha hecho un largo camino en el tema de la ablación, y sabe que no se trata de una circuncisión: “La ablación amputa parte de un órgano; la circuncisión corta un trozo de piel. En el primer caso la mujer mutilada pierde sensibilidad y su vida física y sexual se ve afectada; en el segundo, el hombre no pierde nada”.
Un estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha revelado que la MGF se asocia
además a una mayor probabilidad de sufrir problemas durante el parto y de perder al bebé.
Las mujeres mutiladas normalmente dan a luz mediante cesáreas. Por haber tenido los genitales cerrados durante años, tienen vaginas menos flexibles, lo cual las hace firmes candidatas a sufrir más episiotomías y hemorragias profusas posteriores al parto. La episiotomía es la realización de una incisión quirúrgica en la zona del perineo femenino que amplía la abertura vaginal para facilitar la salida del feto.
Asimismo, la tasa de mortalidad de los bebés de mujeres mutiladas es mucho mayor y el nivel de complicación  mortalidad aumenta según la extensión y la gravedad de la ablación. En el continente africano la práctica de la mutilación ocasiona entre 10 y 20 muertes más —de bebés— por cada 1.000 partos.
A partir del primer caso que atendió la pediatra Sau, trabajó prestando más atención al colectivo africano.  Cuando les preguntaba a las madres por qué mutilaban, decían que eso lo decidían los hombres; y cuando hablaba con los padres, decían que era cosa de mujeres.”
En los años 90, debido a la gran cantidad de inmigrantes africanos en Cataluña, los jefes religiosos musulmanes
de este colectivo llevaron hasta tierras mediterráneas a una mujer que se dedicó a recorrer todas las provincias de la comunidad autónoma mutilando a las niñas de familias africanas nacidas en territorio español.
“Dos niñas fueron ingresadas en los servicios de urgencias porque se desangraban. Los padres dijeron que las había mutilado una mujer que había venido de su país. Fue identificada pero huyó antes de que la pudieran capturar. El mal que hizo fue terrible, pero también nos empujó a trabajar por lograr una legislación que protegiese a las posibles víctimas”, manifiesta la doctora Sau.
Cuándo y cómo
La MGF se practica desde los primeros días de vida hasta la adolescencia. Siempre marca el paso ritual de una etapa a otra de la vida; a las recién nacidas se hace como parte del rito del bautizo, y cuando son adolescentes representa el paso de la niña a la mujer que ya es apta para casarse, entre los 13 y los 15 años de edad.
En el último caso las niñas son aisladas de su comunidad y les cortan el cabello; así, cuando vuelvan a sus casas sus familiares y amigos sabrán que son nuevas personas. Luego son preparadas para la ceremonia especial: “la mutilación”.
“Yo estudié en un internado en Kenia hasta los 14 años. El día que volví a casa, en mi comunidad celebraban una fiesta. La gente cantaba, bailaba, bebía y comía por las calles. Le pregunté a mi madre qué pasaba y me dijo: ‘Celebran que vas a convertirte en mujer’.”
Para Agnes, la vuelta a casa iniciada con ilusión acabó de forma brutal en menos de 24 horas: “Crecí odiando la mutilación. El dolor es inimaginable y no se cura al cicatrizar la herida.”
A la niña que volvía del internado la bañaron al amanecer; entre dos mujeres la cogieron una por cada pierna mientras le aplastaban el vientre para inmovilizarla. Luego, sin anestesia, la matrona cogió su cuchilla y le cortó el clítoris y los labios menores. Le dijeron que la sangre que manó de su cuerpo era impura. La limpiaron con su propia orina y la cosieron.
En algunas etnias, la MGF representa la purificación. Otros grupos creen que las mujeres nacen endemoniadas y
les cortan el clítoris para extirparles “el mal”. También están los que afirman que cuando una mujer da a luz, si la criatura toca el clítoris de la madre morirá en el acto. La mujer solo tiene valor en tanto esposa y reproductora.
Las etnias que practican la MGF también creen que las mujeres que no están mutiladas son sucias, y se les prohíbe la manipulación del agua y de los alimentos. En África, también se realiza esta práctica por motivos estéticos, ya que consideran los genitales femeninos muy voluminosos y carentes de belleza.

Según los mayores, esta práctica se comenzó a realizar cuando los hombres se iban a la guerra y hacían cortar el clítoris de sus esposas y coserlas para evitar infidelidades.

Delito de lesiones
Desde el año 2003 Cataluña es la primera comunidad en España y Europa en la que el tema de la MGF es abordado mediante un protocolo de trabajo conjunto entre varios sectores (Salud, Educación y Justicia); el objetivo es evitar que se mutile a las niñas africanas residentes en territorio español. Además, desde el 2005 se ha logrado que la práctica sea perseguida extraterritorialmente.
Desde los servicios de salud y los colegios se trabaja en estrecha colaboración: en cuanto alguna niña se encuentra en peligro potencial, los padres son citados e informados de las nefastas secuelas de la ablación y de las consecuencias legales que sufrirán en caso de que sus hijas sean mutiladas.
La MGF está considerada en Cataluña como un delito de lesiones, pues un ataque contra la integridad física de la persona y se castiga con penas que van de 6 a12 años de prisión”. Esta condena también puede ir acompañada de “[…] 10 años de inhabilitación para el ejercicio de la potestad, la tutela o la guarda de la menor”.
En noviembre del 2011 fueron condenados a 6 y 2 años de prisión los padres de una niña a la que sacaron de territorio español y la mutilaron en Gambia. Esta pareja es la primera que cumple condena por esta práctica, si bien es cierto hay denuncias realizadas en la década de los 90. En ese momento los padres aducían causas culturales: se trataba de familias acabadas de inmigrar y que por falta de información no eran conscientes del mal que les infligían. 
Si non è vero è ben trovato
Este protocolo tiene origen en un papel lleno de sellos que en 1992 la doctora Sau se inventó para evitar la utilación de tres niñas. “A mi consulta vino una madre africana. Yo trataba a sus tres hijas. La mujer me comunicó que se iban a África porque las niñas tenían que ser mutiladas. Le expliqué lo que eso comportaba y ella me contestó que no podía hacer nada, que era su marido quien decidía.”
La pediatra citó al marido y él le explicó que en cuanto llegaran a su país, su madre, la abuela de las niñas, las
haría mutilar y él por sí solo no podría hacer nada. “Así que me fui por todo el hospital y recolecté todos los sellos
que pude, los estampé en un papel membretado y escribí una nota en la que decía que esas niñas salían intactas del territorio español y debían regresar igual, si no el padre sufriría consecuencias legales.”
Un mes después las niñas estaban de vuelta en España, y luego de revisarlas la doctora Sau comprobó que no las habían mutilado. Al ver el efecto positivo del seudodocumento, la pediatra realizó sendas cartas selladas para todo aquel que abandonaba el país rumbo a África llevándose a sus hijas.
Yo no era una mujer completa
Tiene 41 años de edad, se llama Aisa y es de Senegal. La mutiló su abuela a los 7 días de vida, cuando celebraban
su bautizo. Es la segunda de 8 hermanas, 4 de las cuales están mutiladas. Las más pequeñas se salvaron porque
sus padres se informaron sobre el tema y se dieron cuenta de que eso no era bueno para sus hijas.
“Hace 15 años que la ablación no se practica oficialmente en mi país. Hay solo dos clases de personas que la continúan realizando: los ignorantes y las mujeres que siempre se han ganado la vida de esa manera y siguen
asustando a las familias con el demonio para que continúen mutilando a sus hijas y no quedarse sin trabajo.”
Aisa no era consciente de que ella hubiera sido mutilada. “Un día fui a visitar a una amiga y en su casa hacían una fiesta. Yo no sabía por qué. Cuando le pregunté qué celebraban, me dijo que la habían mutilado. Sentí mucha pena y lloré por ella. Aún no sabía que yo estaba igual.”
Cuando llegó a la adolescencia, Aisa comenzó a descubrir que algo no iba bien: “Una compañera del colegio me dijo que le picaban los labios de la vulva, y yo pensaba qué labios, de qué habla. Y fue así como comencé a investigar por mi cuenta; busqué respuestas en los libros de Anatomía y me vi diferente”.
Los padres de Aisa nunca le explicaron lo que le habían hecho de pequeña. “Yo no he hablado nunca del tema con
nadie de mi familia. El tema del sexo en África es tabú, y más con la familia.” A los 14 años Aisa tuvo su primer periodo menstrual y comenzó a sufrir más infecciones provocadas por la orina. Fue a la ginecóloga y ella le confirmó sus sospechas: “Fue un periodo muy duro y me di por vencida; no luché porque vi que las demás mujeres estaban igual y sobrevivían”.
Con 31 años de edad, Aisa abandonó Senegal en busca de nuevos horizontes. Llegó a Madrid y allí tuvo que ir al médico por otra de sus constantes infecciones de las vías urinarias. Cuando la ginecóloga la vio, llamó a otra doctora: “Ambas se pusieron a cuchichear mientras me miraban los genitales y yo me sentía como un monstruo”.
Cuando comenzó a tener una vida sexual activa, Aisa sentía vergüenza: “Lo hacía a oscuras. No quería que me vieran. Y como me habían mutilado de muy pequeña, era casi imperceptible. A veces disfrutaba y a veces fingía, pero sobre todo quería que me percibieran como una mujer normal”.
Según Aisa, los hombres tienen relaciones sexuales placenteras con una mujer mutilada porque “las encuentran
más cerradas, pero muchas de las mujeres son absolutamente insensibles y cada vez que tenemos sexo sufrimos dolor, así que a la larga los hombres se van con una que no está mutilada, porque llegan a aburrirse de estar con una mujer que no siente nada”.
Hace tres años Aisa se trasladó a vivir a Barcelona y tuvo otra infección de orina. En la consulta del ginecólogo se desmontó: explicó su necesidad de ser ‘normal’, de sentirse ‘completa’, y dijo que estaba a punto de viajar a Francia para ver si la podían operar.
El ginecólogo le informó que, en Barcelona, un médico de la clínica universitaria Dexeus realizaba reconstrucciones de clítoris. “Me dieron el número de teléfono de la primera mujer que se había sometido a
la intervención. Ella me explicó que sus genitales habían quedado como si no hubiera pasado por la mutilación,
y que funcionalmente sentía como una mujer ‘normal’.”
Después de un mes Aisa fue operada y, según sus propias palabras, ahora es una mujer feliz. “He recuperado toda la sensibilidad. Disfruto plenamente del sexo y me siento una persona normal, completa; ahora me siento absolutamente segura como mujer.”
Pero hay mujeres que luego de la operación manifiestan que aunque sus genitales han recuperado su apariencia, ellas están igual que antes. A esas mujeres no solo les cerraron la vulva, dice Aisa: “Además, les han cerrado la libido”.
Siempre hay esperanza
Reconstruir la vida de una mujer mutilada no es tarea fácil. Por eso el responsable del Programa de Reconstrucción Genital Post Ablación de la Fundación Dexeus, el doctor Pere Barri Soldevilla, dice que ésta es una tarea que no acaba con la cirugía.
En el 90% de los casos los genitales femeninos recobran su aspecto original. “Luego de confrontarse con la mujer occidental, la mujer africana sometida a la mutilación sufre un golpe letal en su autoestima. La recuperación de sus genitales las ayuda a recuperarla.”
La intervención es gratuita y la financia la Fundación Dexeus, que se nutre del apoyo económico de entidades y particulares. Dura una hora y las mujeres solo pasan una noche en la clínica, así que muchas de ellas —para evitar el rechazo familiar— se operan in informarlo.
“La cirugía es una técnica adaptada de la que se aplica para el alargamiento del pene. El clítoris es un órgano de unos 10 cm de largo, la mayor parte de los cuales se encuentran en el interior de la vagina. Lo que hacemos es coger lo que queda del clítoris y desinsertarlo del ligamento que se ancla al hueso y dejarlo lo más externamente posible”, explica el doctor Barri.
La reconstrucción del clítoris, además de recuperar el aspecto estético, ayuda a que la mujer recupere la funcionalidad sexual en un porcentaje muy elevado. Según las cifras del equipo médico comandado por el doctor Barri, luego de operadas el 75% de las mujeres recuperan la capacidad objetiva de excitarse; de éstas, el 40% llega a tener orgasmos siempre que quiere, y un 30% los tiene parcialmente, es decir, no siempre que lo desea.
Lamentablemente, esta técnica aún es irrealizable en los países donde se practica la MGF. Los cirujanos que se han arriesgado a hacerlo han visto sus vidas amenazadas; además, la mayoría de mujeres que se han sometido a la reconstrucción han sido luego rechazadas por sus familias.
Epílogo
En el siglo XIX, en Europa también se mutilaba a las mujeres que padecían de histeria o de enfermedades nerviosas. Desde el principio de los tiempos el dominio sobre la mujer se ha ejercido de diferentes maneras
y unas han sido más brutales que otras. Lo que nadie sabe a ciencia cierta es desde cuándo mutilar a las mujeres
se convirtió en una costumbre normalizada por algunas sociedades.

EL FEMINICIDIO YA TIENE MEDIA SANCION

La incorporación al Código Penal de los delitos en los que media la violencia de género y los crímenes de odio contra gays, lesbianas y personas trans obtuvo ayer media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa consiguió un respaldo total, 204 votos a favor y una abstención, y plantea agravantes que llevan las penas a prisión o reclusión perpetua a homicidios que solían atribuirse “a los celos y se definían como crímenes pasionales o de emoción violenta”, remarcó la diputada oficialista Silvia Risko. Durante el debate hubo coincidencia sobre la necesidad de acciones preventivas desde el Estado porque la respuesta penal llega siempre tarde, cuando ya ocurrió la muerte. “Lo que sigue es quitarles la patria potestad a los hombres que hayan matado a sus parejas”, propuso la diputada radical María Luisa Storani.

La iniciativa comenzó a tratarse ayer a las 19, luego de una peleada sesión por el articulado de la ley de reforma política. El diputado del Frente para la Victoria y titular de la Comisión de Legislación Penal, Oscar Albrieu, arrancó el debate marcando tres tipos de “femicidios”, aunque esa palabra no aparece en el proyecto: el íntimo o perpetrado por un conocido; el público, en el caso del asesinato motivado por el género, y el vincular, cuando “se mata a un familiar para castigar a la mujer”.
En el primer caso, se pena con perpetua “al que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, o a la persona con quien mantenga, haya mantenido, o haya infructuosamente pretendido iniciar una relación de pareja”. Hubo, tras la votación, un intento del diputado del PRO Federico Pinedo de incluir la palabra “estable” cuando se habla de pareja y fue descartado con abucheos. Tampoco se toma en cuenta si hubo o no convivencia al imponer la pena. Además, se incluyen como agravantes: “Placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”.
El tipo penal es amplio en el segundo caso descripto por Albrieu, ya que se considera “un crimen hacia una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”. El asesinato de un familiar “para causar daño psicológico” a una pareja o ex pareja también se considera agravante. Había sólo 79 presentes cuando este diputado terminó su exposición. “Es evidente que algunas reformas son más atractivas que otras para algunos legisladores, aunque ameriten nuestra atención”, dijo al respecto Risko, en medio de los aplausos de los pocos presentes.
“La mujer no es propiedad de nadie, de ningún hombre. Puede que a cualquier víctima la haya matado la última trompada, pero seguramente antes vivía en la indiferencia. Por eso es necesario que se implementen recursos para las políticas de prevención”, exigió esta diputada, titular de la otra la comisión que intervino: Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. La diputada del Frente Amplio Progresista Victoria Donda coincidió con el diagnóstico y sumó otra crítica: “Cada vez que hablamos de problemática de género nos dan un minuto y medio para exponer, no me parece casual”.
El poco tiempo se debió a la rigidez del nuevo presidente de la Cámara, Julián Domínguez: el debate anterior había durado seis horas. Donda leyó las cifras obtenidas de la prensa por la Asociación Casa del Encuentro: “En 2009 hubo 231 femicidios, 68 eran ex parejas, novios o esposos y existía denuncia policial previa. En 2010 fueron 260 muertes y 282 en 2011”. El diputado del GEN Gerardo Milman, uno de los autores de los 15 proyectos que se presentaron en comisiones, señaló que esta reforma va a permitir hacer estadísticas con casos “que antes eran invisibles para la Justicia”. Laura Alonso, del PRO, evaluó que la inclusión del femicidio es un reflejo de la desigualdad imperante. “Voy a celebrar el día en que deroguemos esto porque habrán triunfado el respeto por la mujer y las libertades individuales”, dijo. Durante el debate se mencionó la cosificación sexual palpable en la televisión y la tardía incorporación de la posibilidad del ligamiento de trompas de Falopio, recién en 2006, como signos de la opresión sobre el cuerpo de las mujeres. “Y también hay que discutir otra violencia, la de la prohibición del aborto”, arrimó Jorge Cardelli, de Proyecto Sur.
Por otra parte, varios legisladores oficialistas y de la oposición reclamaron fondos para implementar el Plan Nacional integral para la erradicación de la violencia de género, aprobado en 2009. También hubo un reconocimiento de Carlos Comi, diputado de la Coalición Cívica, a las organizaciones sociales que impulsaron el debate. “Ojalá los diarios y la televisión nos den tanto espacio como a los hechos de violencia que ocurren a las mujeres, como el caso de Wanda Taddei”, agregó.
Luego de dos horas de debate, a las 21, hubo quórum. El clima era de tanto acuerdo que el jefe de la bancada oficialista, Agustín Rossi, consiguió media hora después que se votara el proyecto en general y en particular de una sola vez.