RAQUEL LIBERMAN Y MARITA VERON

Los casos de Raquel Liberman y Marita Verón, con casi un siglo de diferencia, son paradigmático para comprender el funcionamiento de las redes de trata de personas con fines de explotación sexual y la complicidad con el poder político, la Justicia y la Policía. Ruchla Laja Liberman -mas tarde conocida como Raquel Liberman- nació en la ciudad industrial de Lodz, en Polonia, en el seno de una familia pobre de origen judío. Siendo muy joven conoció a Jaime Cissinger, quién se presentó como un próspero comerciante que se ofreció a llevarla a la Argentina con promesas de matrimonio. En realidad, Cissinger pertenecía a la Zwi Migdal, que bajo la apariencia de una Sociedad Judía de Socorros Mutuos, se dedicaba al reclutamiento de mujeres judías de Europa del Este en condiciones de pobreza para explotarlas sexualmente en Buenos Aires y otras ciudades del país (1). En septiembre de 1918, Raquel Liberman llegó a Buenos Aires y comprendió rápidamente la triste situación. Atrapada por la Red de Trata dirigida por la Zwi Migdal, fue recluida en diversos prostíbulos de la calle Junín, para ser explotada sexualmente y sufrió todo tipo de violencia por parte de los «caftenes» (tratantes judíos) para vencer su tímida resistencia. Según otras versiones, Raquel había llegado a la Argentina con sus pequeños hijos a consumar el matrimonio que había contraído en Europa, y se radicó en la localidad de Tapalqué, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Al morir su esposo, probó fortuna en la Ciudad de Buenos Aires donde fue secuestrada por la organización. Mas allá de cual sea la correcta de estas versiones, lo cierto es que durante diez años Raquel Liberman permaneció prisionera de las redes de trata. En ese tiempo logró ahorrar dinero a escondidas con el objetivo de comprar su libertad, hecho que pudo consumar gracias a la complicidad de un cliente que se apiadó de ella. El hermano de este ofreció "comprársela" a Cissinger, aduciendo que abriría un prostíbulo en Mendoza, lo que el rufián aceptó recibiendo mucho mas dinero del que esperaba. Raquel compró con sus ahorros sobrantes un local en la calle Callao 515, pero fue rápidamente detectada por la Zwi Migdal, que comenzó a acosarla, amenazarla y extorsionarla para que su "mal ejemplo" no se convirtiera en un camino para la libertad de otras víctimas. Finalmente enviaron al rufián José Salomón Korn, amigo de su anterior explotador, con la misión de "embaucar a la desertora" con promesas de matrimonio. El casamiento se llevó a cabo en el Registro Civil del distrito 11 y en la Sinagoga de la avenida Córdoba, que ella desconocía que funcionaba como una de las sedes de la tenebrosa organización que la había explotado durante diez años. Luego del casamiento, Korn le robó sus ahorros y la recluyó en el Burdel de Valentín Gómez 2888. Tras evadirse por segunda vez de sus explotadores, Raquel Liberman tomó contacto con el comisario Alsogaray, que había investigado a la Zwi Migdal, y el 31 de diciembre de 1929 radicó la denuncia que llevaría a la disolución de la organización criminal. A comienzos de 1930 se percibía la situación de inestabilidad creciente que llevaría al golpe militar del 6 de septiembre. El juez de instrucción en lo criminal Manuel Rodríguez Ocampo citó a Liberman para que ratificara sus declaraciones. De ella se desprenden los detalles siniestros de este negocio criminal: las víctimas eran trasladadas de modo forzoso de un lugar a otro, se aplicaban tormentos físicos y psíquicos a fin de doblegarlas, las mujeres que ingresaban voluntariamente maltrataban a las que llegaban engañadas y por la fuerza, y se aplicaban la amenaza para que ninguna se animara a denunciar la organización. El juez ordenó el allanamiento del local de la calle Córdoba, donde se supo que muchos rufianes explotaban otras actividades ilícitas como el juego clandestino y el tráfico de drogas como pantalla de su principal actividad. Finalmente Rodríguez Ocampo dictó la prisión preventiva de 108 miembros de la organización y ordenó la captura de 334 prófugos bajo los cargos de corrupción y asociación ilícita. Al falso esposo de Liberman, José Salomón Korn se le imputó el delito de extorsión y estafa. A lo largo de la investigación también se descubrió la complicidad de la División de Investigaciones de la Policía Federal, que había reducido al mínimo los antecedentes penales de los imputados, y del Personal Penitenciario que facilitaba la fuga de los detenidos. Tras el golpe del 6 de septiembre, el gobierno dictatorial impuso cambios en la cúpula policial pero sin afectar la División de Investigaciones, útil para la imposición del Estado de Sitio vigente en el país. El 26 de septiembre se concluyó el sumario con cuatro mil fojas de pruebas recolectadas y las declaraciones de los detenidos. Estos negaron pertenecer a una asociación ilícita y alegaron que solo se afiliaron a la organización por sus beneficios sociales, que se limitaban a un lugar en el cementerio. No obstante su presidente Brutkievich, no pudo justificar como había obtenido su patrimonio nada despreciable. El 4 de diciembre el comisario Alsogaray fue desplazado de su cargo, posiblemente por denunciar la complicidad de la Policía con las redes de trata. Pese a las valientes declaraciones de Raquel Liberman, el 27 de enero de 1931 la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, compuesta por los jueces Oribe, Ortiz de Rosas y Coll, solo confirmó la prisión preventiva para tres de los procesados, dejando libre a los restantes, en un acto que generó indignación de amplios sectores. La Cámara justificó su accionar en el hecho de que, a excepción de Raquel Liberman, ninguna de las víctimas restantes se atrevió a declarar, sin tener en cuenta las amenazas de los tratantes que pesaban sobre estas mujeres. Dos días antes del fallo, se había producido una reunión entre los Jueces de la Cámara y la Policía, cuyo contenido no trascendió. Sin embargo el juicio sirvió para la disolución de la Zwi Migdal, que venía siendo combatida desde su fundación no solo por movimientos feministas, anarquistas y socialistas, sino también en el interior de la comunidad judía por grupos de jóvenes que desde 1908 dictaban encendidos discursos en idish y en español, y crearon una organización contra la Trata de Blancas -como se denominaba entonces- (2). Además fue importante para que el conjunto de la sociedad conociera los entretelones de este negocio inhumano. Algo similar sucedería muchos años después con el caso de María de los Ángeles Verón -conocida como Marita Verón-, secuestrada en la provincia de Tucumán el 3 de abril de 2002, cuando salía de su domicilio para dirigirse a una consulta ginecológica con el objetivo de colocarse un DIU. Llamativamente, quienes arreglaron el turno en la Maternidad le pidieron que llevara su DNI. En el momento de su secuestro era madre de Micaela de tres años, y estaba en pareja con David Catalán. Al igual que la denuncia de Raquel Liberman, la investigación iniciada por Susana Trimarco -madre de la víctima- sirvió para visibilizar ante la sociedad el negocio de la trata de personas con fines de explotación sexual. Susana Trimarco realizó una denuncia ante la Comisaría local, pero estos le respondían que "se había ido seguro con un noviecito o con sus amigas. Después decían que no tenían papel para redactar la denuncia ni nafta para salir a buscarla en camioneta" (3). A partir de allí, su madre llevó adelante la tarea de investigación que no realizó la policía o la Justicia, llegando incluso a disfrazarse de Madame o propietaria de Cabaret a fin de liberar a otras jóvenes sometidas. En 2007 creó la Fundación María de los Ángeles Verón, que hasta el momento ha logrado liberar a más de 600 mujeres. Las investigaciones de Trimarco apuntaron contra el entonces gobernador Julio Miranda y varias personas de su entorno, entre ellos "la chancha" Ruben Alé, hombre ligado al futbol y la política provincial, y propietario de una flota de 600 remises. El gobierno había firmado un convenio con la Asociación de Remiseros Unidos de Tucumán (ARUT), en el que los declaraban custodios de la ciudad. Muchos testigos declararían más tarde que Marita fue subida en un remis rojo de esa compañía, y que la responsable de su secuestro fue María Jesús Rivero, propietaria de la firma y esposa de Alé. Rubén Ale también comandó la Barra Brava de San Miguel de Tucumán, resultando absuelto del asesinato de dos miembros de Los Gardelitos, que le disputaban la conducción de la hinchada, aunque luego cumplió una sentencia de cuatro años por intento de homicidio de otro de ellos. La firma ARUT fue montada en los noventa gracias a sus vínculos con el menemismo y el vicegobernador Fernando Juri, de quién fue ahijado político. En el 2002, en plena crisis post-convertibilidad, la Chancha ofreció hacerse cargo del plantel de San Martín: formó la empresa Gerenciadora del NOA y quedó a cargo de la conducción futbolística del club. En 2008, la Chancha encabezó la lista única que se presentó a elecciones y se convirtió en el presidente del club. Allí formó nuevamente grupos de choque llegando a ser detenido con un automóvil lleno de granadas, ametralladoras y una Itaca (4). Esto muestra sin duda los vínculos que los tratantes de personas mantienen con el poder político, a fin de poder llevar adelante su accionar criminal. El 8 de febrero de 2012 comenzó el juicio, que tuvo como acusados a 13 personas, entre los que se encontraban Rubén Alé y María Jesús Rivero, vinculados al secuestro y promoción de la prostitución. La investigación llegó también a los cabarets riojanos "Candy", "El Candilejas" y "El Desafío" (luego llamado "La Isla") que operaban como tapaderas de prostitución. La Cámara de Apelaciones de Tucumán los describió como "lugares destinados al ejercicio de la prostitución donde hay un sistema de reclutamiento de mujeres incluso mediante su privación de la libertad" (5). Pese a todas las pruebas aportadas por Susana Trimarco y más de 150 testigos, el 11 de diciembre de ese año los jueces de Tucumán Alberto Piedrahona, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, desecharon las evidencias y dictaron la absolución de todas las personas procesadas. El falló generó una fuerte indignación en la sociedad. Susana Trimarco declaró que "acá está metida la mafia de los Alé, quienes fueron protegidos desde la Casa de Gobierno. Ellos son los responsables del secuestro de Marita" (5). Apenas conocido el fallo de la senadora por Tucumán Beatriz Rojké, esposa del gobernador Alperovich, declaro que "la prostitución existe y va a seguir existiendo" (6), queriendo desligar las responsabilidades políticas. El 12 de diciembre una manifestación a la Casa de Tucumán en Buenos Aires que reclamaba la aparición con Vida de Marita Verón, el desmantelamiento de las redes de trata y el Juicio Político a los jueces de la Cámara, fue brutalmente reprimida por la Policía. Con casi un siglo de diferencia, los casos de Raquel Liberman y Marita Verón muestran un accionar similar de las redes de trata que, movidos por el interés de acceder a ganancias millonarias que le aporta la explotación de mujeres, niñas y niños, recurren a la captación sistemática de sus víctimas mediante el secuestro o promesas falsas, para su traslado a lugares donde serán sometidas a violencia sexual, física, psíquica y económica. Por la complejidad de este comercio humano que constituye la Esclavitud del Siglo XXI, es imposible llevarlo a cabo sin la complicidad de funcionarios políticos, el poder judicial y las fuerzas armadas o de seguridad de los países en donde operan. Además constituye un emergente de la sociedad machista y patriarcal, y de un sistema capitalista que considera a las mujeres, los niños y las niñas como sectores vulnerados en sus derechos hasta llegar a normalizar su explotación y comercialización. Por ello la lucha por el desmantelamiento de las redes de trata y prostitución, la liberación de todas sus víctimas y el castigo ejemplificador contra los tratantes, no puede ir separada de una lucha más amplia contra el sistema capitalista que facilita la impunidad y da sustento económico a estas redes, que constituyen una de las formas mas perversas de explotación del ser humano. Notas: 1) Para la historia de la Zwi Migdal se puede consultar: Schnabel, Raúl A.; "Historia de la trata de personas en la Argentina como persistencia de la esclavitud", artículo en: www.mseg.gba.gov.ar/trata/HISTORIA.pdf. De dicho material se extrajo también gran parte de la biografía de Raquel Liberman. 2) Kandel, Ester; "De la trata de blancas a la trata de personas (II)", en: Argenpress, www.argenpress.info, publicado el 22 de febrero de 2012. 3) Mazzini, Martín; "Caso Marita Verón: la lucha continúa", en: Revista Veintitrés, www.veintitres.infonews.com, 12 de diciembre de 2012. 4) Cosecha Roja; "El hombre detrás de la corrupción en el caso Marita Verón", en: Agencia Walsh, http://www.agenciawalsh.org/aw/index, 12 de diciembre de 2012. 5) Mazzini, Martín; "Caso Marita Verón...". 6) Diario Perfil, 15 de diciembre de 2012. 7) Diario Cronista.com, 12 de diciembre de 2012.

VIOLENCIA DE GENERO

ay algo de los debates y peleas televisivas acerca de la violencia de género que me pone incómoda o, como dicen ahora, "me hace ruido". Es que cuando se generalizan mucho los casos particulares se convierten en invisibles. Cuando cualquier famosa da su testimonio sobre un caso de violencia, es válido preguntarse si al ser parte de un espectáculo el conflicto presentado no pierde fuerza. No he sido ajena en las últimas semanas a estos entrecruces y no me quedé conforme: finalmente, no sé si terminamos promocionando una obra de teatro o el ego de un actor. O peor, si la discusión convertida en show no es otra cosa que un pretexto para lograr más audiencia. Cuando cualquier famosa da su testimonio sobre un caso de violencia, es válido preguntarse si al ser parte de un espectáculo el conflicto presentado no pierde fuerza Soy grande y recuerdo cuando en los inicios del gobierno de Raúl Alfonsín un grupo de mujeres ( la actriz Marta Bianchi, la socióloga Mabel Bianco,entre otras) trató de poner el tema en la agenda. Eran los tiempos (año 1985) en que apareció en televisión una publicidad de la bebida Piña Colada, creada por la agencia de Jorge Schussheim en la que, en una cama, una modelo, con un ojo negro, le pedía a alguien en condenable clave pseudo erótica "Dame una piña". Un grupo de mujeres, acompañado por algunos varones,(entre otros el entonces secretario de Cultura de la Nación,Carlos Gorostiza y también quien dirigía el Instituto de Cinematografía, Manuel Antín ) pedimos en una solicitada que levantaran esa publicidad por violenta. Recuerdo algo del texto: "Ya hemos padecido demasiados golpes en esta sociedad, no queremos más golpes. De ningún tipo. En esta publicidad se hace del golpe un elogio. No a los golpes. Y no a la violencia de género". Fue importante la colaboración del programa Ciudadanas que se emitía por Radio Belgrano conducido por Ana María Muchnik y Marta Merkin. Otro dato interesante que olvidan o desconocen muchos de los que ahora hablan de violencia de género es la labor inmensa realizada por Ana Goitía, cuando su marido, Antonio Cafiero, era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Las chicas de los setenta y en especial las muchachas peronistas sabemos muy bien que ese aporte fue un hito en esta lucha. Ana creó el Consejo Provincial de la Mujer y desde 1990, las Comisarías de la Mujer en la provincia de Buenos Aires pueden "tomar intervención en delitos de instancia privada y de acción pública cuando resultaren víctimas mujeres, menores e integrantes del grupo familiar". Ana Goitía y un equipo de mujeres encabezado por su hija Any Cafiero lo tenían clarísimo: estas comisarías debían estar atendidas por mujeres, un hecho revolucionario porque ni antes ni ahora los varones de las fuerzas de seguridad entienden demasiado en qué consiste la violencia de género. Ellos todavía creen, y en su fuero íntimo lo justifican, que,en algunos momentos, las mujeres se ponen tan molestas que merecen una golpiza o un correctivo. Ni antes ni ahora los varones de las fuerzas de seguridad entienden demasiado en qué consiste la violencia de género La gestión de Eduardo Duhalde y su esposa Chiche le quitó presencia al trabajo iniciado por los equipos de su antecesor Cafiero. Mas allá de tener mujeres en su gabinete y mostrarse rodeado por mujeres, Carlos Menem no promovió nada que tuviera que ver con los temas de la violencia de género. Cristina Kirchner impulsó la nueva ley de violencia de género. La consigna Sacale tarjeta roja al violento es muy fuerte. Es cierto que es más fácil que una mujer entienda del tema y no se confunda entre lo erótico y lo violento. Quien más quien menos ha tenido que decir basta en algún momento de su vida. No pudo decir basta Alicia Muñiz cuando en febrero de 1988 murió molida a golpes y arrojada desde un balcón por su pareja el boxeador Carlos Monzón. En esa oportunidad la sociedad se dividió en dos: por un lado los varones que defendían al ídolo del deporte mas allá de los límites y por el otro algunas mujeres que se animaron a levantar la voz en defensa de la víctima. Algo sucede porque la realidad nos enfrenta cada día al fracaso de las declaraciones políticas. Cada vez es mayor el número de mujeres, muchas de ellas muy jóvenes, violentadas e incluso quemadas, una modalidad representada en el trágico caso del músico de la banda Callejeros, Eduardo Vázquez que quemó y mató a su mujer Wanda Taddei y una vez condenado pudo festejar no se qué cosa arriba de un escenario. Pensemos más y mejores maneras de obtener mayores resultados en la prevención de la violencia de género. Todo en pos de los recuerdos de una chica de los setenta..

GANDHI - SU RECUERDO A 65 AÑOS DE SU MUERTE

Millones de indios acudieron hoy a plazas, templos, monumentos y otros sitios relacionados con Mohandas Gandhi, el padre de la patria, para rendirle homenaje en el 65 aniversario de su muerte. En Nueva Delhi, los principales dirigentes políticos del país desfilaron por el Raj Ghat, el sitio donde fue incinerado el Mahatma (Alma Grande), como lo llamó el Nobel de Literatura Rabindranath Tagore de manera tan feliz que pocos conocen su verdadero nombre. Desde las primeras luces del día, frente al mausoleo, miles de indios entonaron cánticos y depositaron flores sobre la pulida losa de mármol negro, en uno de cuyos extremos, protegida por una urna de cristal, arde una llama eterna. En el Archivo Nacional comenzó a mostrarse por primera vez una rara colección de cartas entre Gandhi y Herman Kallenbach, un culturista y arquitecto judío de origen alemán con quien mantuvo una estrecha relación durante los años que vivió en Suráfrica antes de volver a la India en 1914. Por estos días también recorren el país varias reliquias asociados al artífice de la independencia india, entre ellas un par de sus icónicas gafas redondas, un libro de oraciones, un reloj de bolsillo y un puñado de tierra y briznas de hierba ensangrentada tomadas del sitio donde cayó el 30 de octubre de 1948. Gandhi murió a manos de un extremista hindú que le disparó cuando realizaba su acostumbrada caminata nocturna en su casa del centro de Delhi, que convertida en museo también recibió hoy a cientos de visitantes. Sin altisonantes actos públicos, el Bapu (padre en guyaratí, idioma de la patria chica de Gandhi) fue reverenciado empero por millones de indios de todos los credos y partidos, a lo largo y ancho de la nación surasiática. Nacido el 2 de octubre de 1869 en el actual estado de Gujarat (oeste), Mohandas Karamchand Gandhi estudió Derecho en Inglaterra y vivió en Suráfrica antes de encabezar la lucha por la independencia de la India del Imperio Británico, finalmente alcanzada en 1947. Su estrategia de la "satyagraha" o desobediencia civil no violenta sigue teniendo una enorme influencia en los movimientos y líderes políticos indios. De 1937 a 1948, Gandhi fue nominado 12 veces al Premio Nobel de la Paz, pero por razones que el Comité del Nobel no ha aclarado, nunca se le otorgó la distinción. En el 2007, la ONU declaró al 2 de octubre Día Internacional de la No Violencia y lo señaló como una ocasión especial para "diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública". Gandhi también fue un firme defensor de la armonía interreligiosa y batió lanzas contra la injusticia del rígido sistema hindú de castas.

LA AGENDA PENDIENTE - POR MABEL BIANCO

Este fue un año con gran visibilidad de los temas principales de la agenda de las mujeres. La violencia contra mujeres y niñas y los femicidios fueron permanentes, tanto por la frecuencia de casos como por juicios muy sonados, como el de Vázquez por la muerte de Wanda Taddei o el del asesinato de Tomás, el niño que la ex pareja de su madre mató para “pegarle donde más le podía doler”. Entretanto, se aprobó la ley que agrava las penas para casos de femicidio. ¿Qué más falta? Nada menos que la implementación de la ley de violencia, aprobada hace casi cuatro años y que todavía no se pone en marcha. Si bien los casos de violencia crecen y también su gravedad, ni el Gobierno nacional ni los provinciales establecieron los programas de atención, y menos aun de prevención. Y seguimos sin tener datos. El convenio que firmó el Consejo Nacional de las Mujeres con el Indec recién empezará a funcionar en 2013 y el Observatorio que debe establecer los datos necesarios para las políticas y su evaluación no se constituyó. Otro tema fueron los abortos no punibles, o sea permitidos por la ley. En marzo la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo ejemplar con la interpretación del artículo 86 del Código Penal, recomendando qué debe hacer el Gobierno para garantizar a todas las mujeres este derecho. Si bien el caso que motivó el fallo se había resuelto, la Corte se pronunció para evitar los problemas que ocurrían. Pero el fallo no encontró eco en el Ministerio de Salud de la Nación, que no hizo nada para asegurar esta atención en todo el país. La inacción nacional hizo que cada provincia definiera un protocolo, por eso hoy las mujeres reciben distinta respuesta según dónde lo pidan. Falta una política nacional. Esto es grave porque muchas mujeres pobres enferman o mueren por abortos clandestinos. La judicialización que la Corte pidió evitar persiste y a veces con consecuencias dramáticas, como la mujer rescatada de la trata a quien en un hospital porteño se le negó y la Corte intervino para garantizárselo. La salud sexual y reproductiva no es una prioridad del Gobierno nacional, ejemplo de esto es la acefalía del Programa Nacional que se prolonga desde hace meses. Un tema tan sensible para la salud de las mujeres está sin conducción. Otro tema candente fue la trata de mujeres para explotación sexual. Al creciente número de adolescentes y jóvenes desaparecidas se sumó el juicio por la desaparición de Marita Verón. Este juicio desnudó cómo actúan los traficantes y el cerco de impunidad y corrupción con funcionarios públicos, policías y la Justicia. La declaración de inocencia de los 13 imputados y la indefensión de las mujeres rescatadas que declararon impactaron. Toda la población reaccionó, incluso la Presidenta, y se logró que se aprobara la modificación de la ley, proyecto que desde hacía un año y medio daba vueltas sin resolverse. Ahora viene lo más difícil: adoptar las políticas públicas que deberán enfrentar la corrupción. Si no se adoptan estas políticas para la violencia contra las mujeres, qué podemos esperar frente a la trata. La propuesta de reforma al Código Civil introdujo temas muy polémicos que impactan sobre las mujeres, como el del alquiler de vientres. En la audiencia pública dije que “las mujeres no somos envases para producir niños para permitir a otros tener hijos” y agregué: “Ni para darlos en adopción”, y por eso rechazamos la gestación por sustitución. Si se incluyera, deberá ser regulada para garantizar que la mujer sea debidamente informada, que dé su consentimiento ante un juez y que tenga asegurada la subsistencia y el cuidado médico desde el embarazo hasta un año después del parto. Estos recaudos son necesarios porque las mujeres que prestarán su vientre serán las más pobres, quienes en algunos casos no pueden decidir libremente debido a las necesidades económicas que soportan para asegurar la supervivencia de su familia. Estos son los temas pendientes de la agenda. ¡En 2013 tenemos que asumir el desafío de enfrentarlos! ¿Será capaz el Gobierno nacional de hacerlo? ¿Qué haremos nosotras? ¿Seguiremos aceptando que no se los resuelva? ¿Cuánto sufrimiento y muerte de mujeres será necesario? *Presidenta de FEIM.

LA VIOLENCIA INTERMINABLE

La muerte tras doce días agónicos de la joven violada y torturada por seis hombres a bordo de un autobús en la India obliga al gobierno local y a los organismos internacionales a adoptar políticas urgentes de reparación de derechos de las mujeres en esa región, donde los matrimonios infantiles, las violaciones colectivas y la violencia intrafamiliar son ejes de la tragedia cotidiana. Amanat”, en lengua urdu, uno de los veintitrés idiomas de la India, significa “tesoro”. Sólo por esta vez, como una prolongación de ese don invaluable, “Amanat” se cristalizó en “Hija de India”, desde la violación colectiva que una joven sufrió el 16 de diciembre y a través de la indignación nacional que significó su agonía y muerte en un hospital de Singapur, doce días después. El mundo entero recién parece desperezarse sobre la violencia enquistada que padecen niñas, mujeres y adolescentes en ese país. Las marchas masivas de condena al ataque de seis hombres, entre ellos un menor, a la chica de 23 años y a su amigo en un autobús que durante el día es rentado para estudiantes en un barrio de Nueva Delhi, obligaron a salir al ruedo al gobierno nacional “para que mujeres y niños se conviertan en la principal prioridad”. Lo dijo el ministro de Defensa, A. K. Antony, el mismo que declaró una base de ovnis en el Himalaya, y lo replicó la jefa de Gobierno de Nueva Delhi, Sheila Dikshit, en una movilización que impulsó esta semana bajo la consigna “Marcha por la dignidad de las mujeres”. La Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas (Acnudh), Navi Pillay, espera que el caso marque “un punto de inflexión” en el tratamiento de la violencia contra las mujeres. El lunes advirtió que “el pueblo está exigiendo una transformación de los sistemas que discriminan a las mujeres, a una cultura que respete su dignidad en la legislación y en la práctica”. El de Amanat fue el último de una serie de casos de violaciones colectivas que comenzaron a exigir respuestas al debate político. Según datos de la Oficina Nacional de Registro de Crímenes, cada 20 minutos una mujer es violada en la India, pero sólo en uno de cada cuatro casos el violador es condenado, debido a la “inmensa corrupción” presente en la fuerza policial. En las últimas cuatro décadas, los abusos sexuales aumentaron casi un 875 por ciento. Sólo en 2011 ocurrieron 24.206 violaciones. A las 11.15 de la noche del viernes 28 de diciembre de 2012, las autoridades del hospital Mount Elizabeth, de Singapur, comunicaron el fallecimiento de la joven india violada por un grupo de hombres en un autobús, con complicidad del conductor. Tras ser golpeada, violada, vejada con una barra de hierro y torturada, los agresores, que le reprocharon su conducta “liberal” por el hecho de salir cuando baja el sol y viajar en un transporte público, la arrojaron desnuda sobre la ruta e intentaron arrollarla con el vehículo, pero fue rescatada por su amigo, que también sufrió el ataque. Su tragedia se convirtió en el nuevo símbolo de resistencia de las mujeres indias, víctimas principales del segundo país más poblado del planeta. En octubre último, una adolescente de 16 años se inmoló después de sufrir una violación colectiva en Haryana. Dos policías del estado de Pendjab permanecen detenidos, acusados de retrasar la investigación por la violación colectiva de otra adolescente de 18 años, el 13 de noviembre pasado, durante la celebración de un festival tradicional. La chica se suicidó el 23 de diciembre. Antes difundió un video en el que desde una habitación y con el rostro tapado por una tela morada decía: “Dos chicos me violaron. Hice mucho ruido pero nadie me escuchó. Había una mujer a la que supliqué ayuda, pero en vez de hacerlo ayudó a los violadores. Me dijeron que si decía algo me matarían y dañarían a mi familia”. La víctima intentó presentar la denuncia, pero los policías la acosaron, la sometieron a un interrogatorio, la presionaron para que retirara la denuncia y por último le dijeron que lo mejor que podía hacer era casarse con uno de sus violadores. El diario Times of India de la semana del 17 de diciembre informó que una tercera joven, víctima de una violación colectiva en la región de Uttar Pradesh, volvió a ser violada dos veces más por los policías que debían tomar su denuncia. La joven envió una carta abierta al ministro del Interior, que se publicó en el diario, donde reclama con desesperación que el Estado abandone su desidia. Un estudio de la Fundación Thomson Reuters de junio de 2012 concluye que la India y Arabia Saudita son las regiones donde las mujeres reciben el peor trato en aspectos relacionados con la educación, el acceso a la salud, las oportunidades de trabajo y la violencia. El periodista especializado en temas de género, Nicholas Kristof, ironiza que “India es muy pobre; Arabia Saudita es muy rico. Pero hay un elemento común y es que a menos que tenga algún tipo de acceso especial a los privilegios, usted tiene un futuro muy diferente, dependiendo de si tiene un cromosoma X adicional o un cromosoma Y”. El trabajo de ese organismo resume que la situación en India es “deplorable” por la persistencia de prácticas como el matrimonio infantil, el infanticio y la esclavitud. Más del 44,5 por ciento de las mujeres se casan antes de los 18 años y durante 2010 se produjeron 56.000 muertes maternas. En este lugar del mundo las mujeres víctimas de violación siguen siendo sometidas a exámenes humillantes de médicos policiales, pese a que una enmienda de 2003 los prohíbe por su carácter inmoral, reveló la activista Aruna Kashyap, de Human Rights Watch India. Por caso, persiste la práctica de “la prueba del dedo”, que determina si la víctima de violación es “activa sexualmente” o, como formulan los forenses, “acostumbrada al contacto sexual”. El examen consiste en que un médico realice un examen táctil con uno o dos dedos en la vagina de la mujer violada, para determinar la presencia del himen y probar la elasticidad vaginal. Si puede introducir dos dedos, concluirá que la víctima tiene una “sexualidad activa”. Amanat fue condenada por estereotipos culturales arraigados en machismos recalcitrantes teñidos de mística religiosa. Es una más entre miles. “Las tachan de mujeres licenciosas”, manifestó Kashyap. “Y eso es una consecuencia seria y peligrosa” para las mujeres víctimas. “Ya existen muchos estereotipos y generalmente las víctimas ya son tratadas con bastante recelo, tanto por los médicos y la policía como por los jueces. Si se comienza a ponerles una etiqueta, se las puede dañar seriamente.”

VIOLENCIA DE GENERO

Miguel Angel López degolló a su ex pareja, Nélida Bustos, que lo había dejado hace dos meses, y a la niña Evelyn, de 10 años, hija de la mujer. Luego apareció ahorcado con un alambre, a 20 kilómetros del lugar. Nélida Rosana Bustos, de 34 años, murió luego de ser degollada por su ex pareja mientras dormía en su modesta vivienda de la ciudad bonaerense de Lincoln; su hija Evelyn, de 10, falleció minutos después, desangrada, pidiendo auxilio en la calle. Miguel Angel López, el agresor, estuvo prófugo por la mañana y por la tarde fue hallado ahorcado de un árbol, cerca de una localidad vecina del mismo partido. El comisario local, Roberto Peralta, señaló que López había sido denunciado por su anterior esposa por maltratos físicos “y otro tipo de artimañas, la molestaba en su domicilio y lugar de trabajo”. Por la tarde, fuentes policiales confirmaron que eran dos, en total, las ex parejas que lo habían denunciado por violencia intrafamiliar. Bustos no lo había hecho, dijeron. Según informó la policía, el ataque fue perpetrado cerca de la 1, en la calle Cerro Catedral 160, en el barrio Las Lomas, un complejo de viviendas sociales a 20 cuadras del centro. Esa casa fue adquirida por la víctima y su esposo, quien había fallecido electrocutado hace más dos años, y con quien tuvo dos hijos: Evelyn y su hermano, de 13 años, sobreviviente del ataque. Este joven, en estado de shock, dijo a los policías que el atacante fue la ex pareja de su madre, quien ya les había dicho cuando se fue de la casa que los iba a matar. Fue el hijo de la víctima quien puso a salvo a Irina, su media hermana de seis meses. Evelyn también escapó pero con profundas heridas en la zona del cuello. Intentó ir hasta la casa de su tía, a dos cuadras, y se desvaneció en la calle. Murió arriba de una ambulancia, según fuentes policiales, camino al hospital local. Su hermano debió ser atendido y contenido por su estado nervioso. En la vivienda no se encontró el arma homicida, solo el cadáver de la mujer en la cama matrimonial. “Actuó sin ningún tipo de planificación previa, más allá del conocimiento que tenía de la casa porque había vivido ahí”, dijo un investigador. Las fotos difundidas del agresor lo muestran sentado en un rincón junto a su beba, que acababa de tener con Bustos, de quien se separó dos meses atrás. Al mediodía, una fuente policial contó a Página/12 que era difícil que pudiera escapar muy lejos. “No tiene plata ni auto. Tiene una bicicleta pero la dejó en su casa. Estamos buscando en los 10 pueblos que rodean a Lincoln”, dijo. Por entonces ya se había sumado a la búsqueda requerida por el fiscal 3 de Junín, Carlos Colimedaglia, la Dirección de Investigaciones de esa ciudad y su Jefatura Departamental. Luego de buscar sin éxito también en los lugares que podía frecuentar el sospechoso, de 41 años, se dio aviso a las delegaciones de la Policía Bonaerense de las ciudades de Chivilcoy y General Villegas, por si había logrado tomar algún micro de larga distancia. Alrededor de las 18, su cuerpo apareció colgado con alambre de un árbol cerca de una tapera abandonada que pertenecía a un conocido suyo, a medio camino entre Lincoln y la localidad de Bayauca, a 20 kilómetros de la capital de ese partido. Las primeras pericias indican que se habría suicidado dos horas antes. “Lo conozco desde hace 25 años por lo menos. Antes trabajaba cargando equipos de música. Era alguien introvertido, callado y laburante”, describió el intendente de Lincoln, Jorge Fernández, quien regresó por la tarde al pueblo, luego de asistir al entierro de un empleado municipal que se suicidó. “Venimos de tragedia en tragedia, pero ésta es una sociedad integrada, con espacios de contención psicológica, como ocurre en la biblioteca popular, pero esencialmente para chicos”, dijo el intendente kirchnerista, al recordar el caso de Tomás Dameno, asesinado por su padrastro Adalbero Cuello, en noviembre de 2011. El intendente estimó que este tipo de crímenes “suceden en todos los estratos sociales porque tienen que ver con cuestiones que pasan puertas adentro”. Sin embargo, agregó, la existencia de denuncias previas de otras ex parejas de López ponen en cuestión “los funcionamientos de las estructuras judiciales”. Por su parte, el comisario de Lincoln, Roberto Peralta, estimó: “Nosotros no tenemos comisaría de la mujer pero les damos la importancia a las denuncias que les tenemos que dar, vemos la problemática en carne propia en situaciones inentendibles como ésta”. Poco trascendió ayer sobre la vida de las víctimas, más allá de los mensajes de Twitter por el año que empieza. Bustos había enviudado y rehecho su vida sentimental con López, quien además de cargar equipos, arreglaba computadoras y hacía instalaciones eléctricas. Las denuncias previas sobre él se tramitaron en comisarías y algunas llegaron a un juzgado de paz, se informó oficialmente. Fuentes del caso no descartaron que haya habido un especie de “efecto contagio”, tras la reciente condena a prisión perpetua contra Cuello. Los motivos del ataque aún son materia de investigación, y las denuncias previas por acoso también deberían serlo.

VIOLENCIA DOMESTICA

“En lo que va del año se recibieron más de 10 mil llamados de mujeres solicitando ayuda por la problemática de violencia de género a la línea 0800-666-8537”, declaró la ministra de Desarrollo Social porteña, Carolina Stanley. En la Capital cada vez había menos llamadas al 0800 local, pero no por una mejoría en la problemática sino por la falta de difusión del número de ayuda. La funcionaria aseguró que, ahora, “se duplicaron las consultas por los noviazgos violentos, que es una manera de prevenir la problemática de violencia”. En otro intento del Gobierno de la Ciudad para reforzar su línea de ayuda gratuita, se pidió la colaboración de figuras fashion poco identificadas con la temática como Mabby Autino (maquilladora), Flor Torrente (modelo), Dolores Barreiro (modelo y diseñadora), Belén Ortega (blogger), Cintia Garrido (modelo) y Connie Ansaldi (conductora). La agencia La Despensa Buenos Aires, con la colaboración de Tienda Doña, Building Motion Ideas, Dirección de Arte Pascual & Carbó y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentan la campaña contra la violencia de género: “No ocultemos el maltrato”. La polémica estuvo en que se trató como una moda dejar de ocultar los moretones para atreverse a hacer la denuncia. Y el acierto es poner la violencia machista en voces no tradicionales y llegar a mujeres de todas las clases sociales. Mientras que el Movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa) lanzó la campaña “Ponete la camiseta contra la violencia hacia las mujeres”, algunas de las personalidades que se sumaron y se han puesto la camiseta fueron los actores Germán Palacios, Tomás Fonzi y Nicolás Pauls; las actrices Dolores Fonzi, Julieta Cardinali, Marina Glezer y Julieta Díaz; la banda de rock uruguaya No Te Va Gustar, la esgrimista Belén Pérez Maurice y la conductora Carla Conte.

LA SORDERA PERVERSA - SONIA TESTA- ROXANA SANDA

Violencias El fallo absolutorio emitido esta semana por la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán para los trece imputados en el secuestro y promoción de la prostitución de Marita Verón revela de qué manera y por qué se acallan las voces de las mujeres víctimas de trata y tráfico para explotación sexual, cuando sus testimonios no alcanzan como prueba de un horror con múltiples complicidades que las atraviesa hasta hacerlas desaparecer, como le sucedió a la hija de Susana Trimarco. Recuperar la palabra es un camino difícil y personalísimo para cada mujer rescatada de una red de trata. Volver a hablar sin temor a los golpes, los traslados, las represalias. Salir a la calle libremente. Descansar. Elegir cuándo y con quién tener sexo. Para las personas que nunca estuvieron sometidas a servidumbre, es difícil imaginarlo. Para ellas, es trabajoso volver a ser libres. Decir lo que quieren. El miedo les queda pegado al cuerpo. Cualquier síntoma de descreimiento ajeno por lo que atravesaron en aislamiento y en carne propia resulta devastador. Es de suponer el esfuerzo increíble que significa entonces sentarse frente a jueces y juezas que investigan, muchas veces a su pesar, otras tantas con prejuicio y hasta molestia, las redes que las esclavizaron. En el juicio por el secuestro y promoción de la prostitución de María de los Angeles Verón, desde febrero de este año, desfilaron diez víctimas de trata que relataron sus padecimientos pero que declararon con precisión casi obsesiva dónde, en qué circunstancias y en qué estado habían visto a Marita. Lo hicieron delante de quienes señalaron como sus captores, sus violadores, delante de los proxenetas que, aseguraron, las mantuvieron cautivas durante años. Sin embargo, para los integrantes de la Sala II de la Cámara Penal Nº 2 de Tucumán esos testimonios fueron insuficientes para probar que la hija de Susana Trimarco había sido secuestrada para permanecer cautiva en los prostíbulos Candy, Candilejas y El Desafío, de La Rioja, para luego ser vendida en España, para insistir con que su rastro sólo pudo perderse en un destino de trata y tráfico para explotación sexual. Aquí lo que podría convertirse en verdad de perogrullo: si las únicas voces que pueden atestiguar lo que ocurre en los prostíbulos son borradas, el delito continuará impune. Y las mujeres esclavizadas seguirán generando dinero para proxenetas, policías, jueces y políticos de turno. “Intentamos explicarnos qué ocurrió en Tucumán. Es un juicio que llega muy tarde, en el que las víctimas son expuestas a relatar sus calvarios, y sus testimonios son desacreditados porque según los jueces no son prueba suficiente para juzgar a los acusados –dicen desde Sin Cautivas, la agrupación creada en Neuquén por las amigas de Florencia Penacchi, desaparecida desde el 16 de marzo de 2005–. El fallo de este tribunal es un monumento a la impunidad: ¿qué justicia pueden esperar las cientos de desaparecidas anónimas, provenientes de familias pobres, sin recursos ni acceso a medios y a abogados? Intentemos otra explicación: vivimos en un Estado proxeneta.” Susana Trimarco trazó un camino: acusó a los jueces por corrupción y recordó el anónimo que recibió, y remitió a la Cámara, advirtiendo sobre sobornos de Rubén “La Chancha” Alé. En su alegato del 1° de noviembre, uno de los abogados que representan a Trimarco, José D’Antona pidió, justamente, que se investigara a Alé por el secuestro de Marita. Alé no estaba imputado en esta causa, pese a haber sido uno de los propietarios de la remisería Cinco Estrellas, cuyo logo se vio en el Fiat Duna Rojo desde el que se llevaron a Marita. Alé fue dirigente del club San Martín, y está señalado como uno de los responsables de las redes de prostitución y narcotráfico en Tucumán. Hubo un punto recurrente durante el juicio oral y público que comenzó el 8 de febrero, y fue la complicidad política. La coordinadora nacional del Movimiento Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), Raquel Vivanco, lo señala: “Creemos que efectivamente el fallo de esta Justicia tiene que ver con una presión importante del poder político. Durante el proceso del juicio se cuestionó la participación del ex gobernador de Tucumán, Julio Miranda. No nos extraña que la Justicia no pueda pensar a la hora de emitir sentencia cuál es la situación que atraviesan las mujeres sometidas sexualmente víctimas de trata y tráfico, cuando la propia Justicia está atravesada por una mirada machista y patriarcal desde siempre. Para la Justicia y el poder político, las mujeres somos ciudadanas de segunda”. Por eso mismo, D’Antona pidió en el alegato de la querella que se reabriera la causa por el secuestro y desaparición de Marita Verón para investigar al ex gobernador Julio Miranda, al ex secretario de Seguridad Julio Díaz y al funcionario judicial Ernesto Baclini, además de a Alé. La psicóloga Patricia Gordon desmenuza la situación provocada por la absolución masiva desde una perspectiva concreta: “La trata o la explotación sexual tiene que ser analizada como un fenómeno multifacético. En primer lugar hay que tener en claro este eje o esta visión económica, donde lo más importante es el negocio, y si realmente se comprueban los delitos, hay cárcel y castigo, se termina un negocio para muchos, no sólo los proxenetas, sino muchas veces para políticos, policías y miembros del Poder Judicial que viven de este negocio”, apunta. D’Antona calculó con pesar que, tras el fallo adverso del tribunal, “retrocedimos diez años en la investigación de la causa de Marita, pero creo que la democracia argentina también retrocedió diez años”. Hasta Cristina Fernández de Kirchner acusó el cimbronazo cuando habló en cadena nacional de la necesidad de “democratizar la Justicia argentina”. Lo dijo doblemente con conocimiento de causa, por abogada y por ser una de las voces principales durante la Constituyente de 1994 en plantear la necesidad de reformular el sistema judicial. El caso de Marita puso puro presente sobre pasado en momentos en que sobre la Justicia repercuten serios cuestionamientos. Los casos de María Ovando en Misiones, de Carla Figueroa en La Pampa y de Tatiana Kolodziey en Chaco son las muestras más recientes del despropósito judicial de los últimos tiempos. Ese despropósito no es nuevo, pero hoy dejó de estar naturalizado. Por eso las marchas que se produjeron en todo el país para repudiar el veredicto. La coordinadora de la Coalición No a la Trata, Sara Torres, arguye que el veredicto de la Cámara es “inconstitucional, porque incumple el convenio internacional de 1949 contra la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, pero no se cumple”. Se trata, para ella, de “un problema grave para la democracia”. Desde Tucumán, y todavía conmocionada por lo vivido el martes a la noche, la presidenta de Cladem Argentina, la abogada Adriana Guerrero, señala el contenido “patriarcal y machista” de la Justicia de su provincia. Recordó que en junio del año pasado uno de los integrantes de la Corte Suprema provincial, René Mario Goane, fue denunciado en el Inadi por sus expresiones públicas. El ministro de la Corte consideró que en los tribunales las mujeres dedican “menos tiempo” a su trabajo y que ingresan a la Justicia “para tener la tarde libre”. Aunque sea de manera anecdótica, pinta un estado de cosas. “En el juicio ha quedado al descubierto la red de trata en Tucumán, en La Rioja, toda la conexión de trata y de movimiento de mujeres en el norte del país, encontramos ese vínculo y están todos afuera. Hubo durante estos diez meses muchísimas mujeres y personas que dieron testimonio, animándose a poner la cara y el cuerpo nuevamente en este juicio y hoy todas las personas que ellas se animaron a denunciar están libres, han sido absueltas, lo cual las deja en una situación de indefensión”, apuntó la abogada tucumana. No las sorprendió: “Hubo una serie de manejos sospechosos. La Corte declaró un asueto el día anterior en Tribunales, extrañísimo, por desinfección. Se generó un clima para tratar de desmovilizarnos. Hubo un operativo policial desproporcionado para la cantidad y el ánimo de las personas que estuvimos ahí. Todos llorábamos, a nadie se le ha ocurrido provocar una situación violenta”. Era de esperar que el fallo de la Cámara integrada por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano golpeara duramente a las organizaciones que trabajan en el rescate de víctimas de trata de mujeres para explotación sexual. Desde Villa María, en Córdoba, la coordinadora de Vínculos en Red, Alicia Peressutti, se sincera: “Estoy asustadísima. Porque si en este caso, que es tan emblemático y tan mediático, los absuelven a todos, imaginate en los juicios que tenemos nosotras, que son todos a diez años. Tenemos muchas causas iniciadas, con una o dos testigos. ¿Qué va a pasar ahora con ellas? Les pedimos que atestigüen y después quién las va a proteger de estos atorrantes que salen sueltos. Me da mucho miedo porque si ante este caso la Justicia falla de esta manera, imaginate qué esperanza podemos tener con las demás causas”. Vínculos en Red trabaja en el rescate de víctimas, el acompañamiento y la denuncia en la ruta de la soja, en Córdoba. Muchas causas son muchas. Parece una obviedad, pero debe recordarse la magnitud del “negocio”. En sólo nueve meses, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rescató a 572 víctimas en el país. Hasta marzo de 2008, cuando la novela Vidas robadas le dio carnadura a la historia de Marita Verón, la mayoría en la Argentina pensaba que la trata de personas era una fábula lejana. Fue Susana Trimarco quien escupió en la cara de la sociedad que había esclavitud sexual. Y sólo las víctimas pueden develarlo. Los dueños no se autoincriminarán, los clientes no preguntarán, no les importa o acaso les importa más su propio pellejo. No es cosa de jugar a los héroes con chinitas que nadie conoce, como muchas veces escucharon los fiscales por declaraciones en medio de allanamientos. Las víctimas son las únicas que pueden reconstruir la trama. Y la enorme mayoría, en algún momento del relato, alude a policías, jueces, políticos, que además de ser clientes protegen a los propietarios. Por eso, lo más tranquilizador es ignorarlas. La abogada Susana Chiarotti, experta consultora de la OEA en violencia de género, lo ve en esa perspectiva. “Las víctimas que testimoniaron haciendo un esfuerzo impresionante y superando el terror que les causa estar rodeadas de gente que puede ser cómplice de los proxenetas, van a quedar más desanimadas que nunca y va a ser más difícil después de este fallo conseguir testimonios, mujeres que se dispongan a perseguir proxenetas, que estén dispuestas a exponerse de la manera más brutal para después no conseguir nada”, reflexiona. La desmentida entra a jugar dentro del mecanismo perverso, habitual en otra forma de violencia de género como es el abuso sexual infantil. De eso se trató la reacción de la Cámara Penal para la psicóloga marplatense Patricia Gordon, que trabaja en el Dispositivo de Acompañamiento y Tratamiento a las víctimas. “Lo que los jueces sostienen lo ubico en el lugar de la desmentida, que es un mecanismo psíquico perverso por excelencia. Se desconoce una realidad. Porque Marita está desaparecida, y eso es una realidad. Y ellos descaradamente dicen que las pruebas no son suficientes. Por otra parte, están todas las pruebas que son los relatos de víctimas que han estado en contacto con ellas. Se reconoce que Marita está desaparecida, pero se niega la realidad porque concluyen que no hay pruebas”, reflexiona. Para la psicóloga, “lo esencial es que hay una cuestión de descreimiento, generalmente lo que se pone en duda es la palabra de la víctima, se invierte el sentido. Las víctimas pasan a ser victimarios y los victimarios pasan a ser acusados de algo que no cometieron”. Los efectos que provoca son duraderos. “Descreer intencionalmente u omitir lo que la víctima está diciendo conduce al mismo resultado, que es la perpetuación del delito”, subraya. Es que la voz de las mujeres, para la Justicia, sigue siendo inaudible. Más inaudible cuanto más pobres. Así lo analiza Alvaro Herrero, doctor en Ciencias Políticas y director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). “Este es un delito en el que las víctimas son mujeres, y para el sistema de Justicia, la condición de mujer y pobre es doble agravante, como ocurrió con el caso de María Ovando. La intersección de clase social con género también es un indicio preocupante. Susana Trimarco liberó 115 mujeres víctimas de trata. ¿Cuántas fueron liberadas producto de la intervención estatal en Tucumán?” “El género es un elemento subyacente a partir del cual se actúa de otra manera: es la selectividad de la política criminal”, plantea el especialista, para trazar una relación que, a priori, no es transparente. “Pasa algo similar con la problemática del aborto. El Estado sale con todas sus fuerzas a perseguir a aquellas que abortan. ¿Por qué se sale con mucho más nivel de represión cuando se trata de personas pobres y mujeres? Durante el juicio por el secuestro de Marita Verón, los testimonios de las víctimas pusieron en evidencia la existencia de redes de trata y prostitución. Entonces hay que mirar la foto grande y hacer un replanteo profundo del funcionamiento de la Justicia.” El martes próximo, cuando se lean los fundamentos de la sentencia que otorgó la absolución a los 13 imputados en la causa, un texto de 600 fojas que a entender de José D’Antona sólo se trata de una dilación absurda, le seguirán probablemente el pedido de juicio político contra los camaristas Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano, “pero remarco que no será por la sentencia que pronunciaron el martes”, señala el abogado, “sino por todas las actitudes que asumieron durante el juicio, que a mi entender han sido delictivas. Hay incontables ejemplos, como el maltrato de mujeres, el maltrato de víctimas, situaciones de violencia frente a las cuales el tribunal no hizo nada, amenazas a testigos incluso con actuaciones de la Policía Federal. Tengo serias dudas de que a partir del pedido de juicio político, Herrera Molina y Piedrabuena pidan que se les otorgue la jubilación, el refugio de los jueces para sacarle el cuerpo a posibles condenas. Y le doy otro detalle imperdible: la secretaria de la Cámara, Norma Díaz Volachec, no se quebró durante la lectura del fallo, como pareció verse en los canales de televisión. En verdad, cuando logramos entrar a la sala junto con otro colega, el doctor Varela, vimos a Díaz Volachec tomada del brazo con los defensores de los imputados y diciéndoles ‘Va a estar todo bien para ustedes’. Se emocionó, sí, pero por favorecer a esos delincuentes”. Susana Trimarco viajará la semana próxima a Buenos Aires para encontrarse con la Presidenta. Posiblemente las dos mujeres intentarán comprender cómo 55 expedientes, 140 testigos y 13 imputados pueden convertirse en polvo en cuestión de minutos. Ya se anunció que se apelará con un recurso elevado a la Cámara de Casación, aunque el intento siga su camino recién concluida la feria judicial, en los primeros días de febrero. Por ahora sólo queda soportar el hedor que dejó lo que muchas consideran "un fallo impresentable". Mabel Bianco es una de ellas. La titular de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (Feim) remarca que "ante el fallo vergonzoso que absolvió a todos los imputados de secuestrar y prostituir a Marita Verón no podemos quedarnos calladas y menos aceptarlo como algo normal. Este juicio permitió desnudar y hacer conocer a toda la población lo que muchas de nosotras sabemos sobre cómo operan estas redes de explotación en nuestro país. Sin embargo, no fue suficiente y este tribunal emitió este fallo declarando ‘no culpables’ a estos trece acusados y rechazando la propuesta de la fiscalía y también de la querella". Al fin, para Bianco quedó al desnudo que "el tribunal se expidió sin fundamentos dando muestras de cómo estos traficantes establecen redes corruptas con el poder y la justicia, cubriendo a los que bajo la apariencia de 'whiskerías' explotan a mujeres y niñas en forma impune. Este fallo es una muestra clara de la impunidad con que operan".

VIOLENCIA DE GENERO

En lo que va del año, sólo en la Asociación Civil “La Casa del Encuentro” brindaron asistencia a un promedio de cien mujeres por mes. “En el primer semestre de 2011 registramos 151 femicidios. No hay estadísticas oficiales, nosotros hacemos un relevamiento en las noticias publicadas en 120 medios de todo el país y agencias de noticias”, dice Fabiana Túñez, cofundadora de la Casa del Encuentro. Túñez explica que la violencia hacia las mujeres no son hechos aislados: “Es un fenómeno social y cultural. La violencia extrema es el femicidio. La falta de capacitación de algunos jueces lleva a dictar sentencias aterradoras”. Para Haydeé Birgin, presidenta del Equipo Interamericano de Justicia y Género (ELA), el primer problema es la falta de datos estadísticos oficiales para poder tener una dimensión más específica de la violencia contra las mujeres. “Los que circulan son los números de las ONGs, que los sacan de las publicaciones en los diarios. En la Capital, ni siquiera hay comisarías de la mujer”, dice a Clarín. En septiembre de 2008 se creó la Oficina de Violencia Doméstica, en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sus estadísticas –las únicas oficiales, y sólo de la Ciudad– son alarmantes: en dos años, el promedio de denuncias por violencia doméstica creció un 35%; en septiembre de 2009 habían atendido 522 casos, y en septiembre de 2011 fueron 708. “Hay más conciencia sobre la violencia contra las mujeres gracias a la visibilidad que se da en los medios”, dice Birgin. Pero por otra parte señala que “no funciona la articulación interinstitucional, entonces la justicia resuelve, pero luego no hay un seguimiento de los casos”. Hombres y mujeres no son tratados igual por los jueces en los casos de homicidios conyugales o de pareja. Esa es una de las conclusiones a la que llegaron la socióloga Silvia Chejter, del Centro de Encuentros, Cultura y Mujer, y la abogada Marcela Rodríguez, del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, quienes hicieron una investigación financiada por la UNIFEM. Analizaron 144 sentencias, con mujeres y hombres imputados de homicidios o tentativas de homicidio; 102 fallos fueron dictados por los 30 tribunales de la Capital entre 1993 y 2010: “Si bien hay más condenas contra varones, la tendencia se invierte a la hora de valorar la pena: a los hombres se los beneficia con más atenuantes”, explicó Chejter a Clarín en julio pasado, cuando se presentó el informe. Las investigadoras repararon también en que de 25 sentencias con varones imputados por homicidio de sus cónyuges, sólo en cuatro casos los jueces los condenaron a prisión perpetua. En cambio, en 11 casos con mujeres imputadas, en cinco las sentenciaron a la máxima pena. Malena Nisman, del Colectivo de Mujeres Juana Azurduy, explica que “hubo un efecto cadena luego del asesinato de Wanda Taddei. Analizamos este fenómeno como una nueva forma de impunidad y esta manera de matar y no deja huellas en la víctima. En el 95% de los casos las víctimas son mujeres o niñas. Es importante que existan estadísticas oficiales. Es difícil abordar un problema si no hay números concretos”, dice. Para Nisman, debería existir un abordaje integral de la violencia; según cuenta “en el presupuesto nacional de 2010, al Consejo Nacional de las Mujeres se le asignó el 0,0029% ”.

DEL MACHISMO Y OTRAS VERGUENZAS

Una mujer asesinada a manos de un hombre, su pareja; un tribunal que establece una condena de 17 años de cárcel para el asesino; una apelación y un resultado, cuanto menos, llamativo: otro tribunal reduce esa pena a 10 años y 3 meses alegando, en principio, “atenuantes” para la conducta del hombre. De acuerdo con sus dichos (los únicos dichos posibles, por otra parte, ya que no había testigos de la escena, y la mujer está muerta) ella, viéndolo llorar, habría hecho alusión a su poca hombría y, supuestamente, habría admitido tener un amante, jactándose de ello. La provocación, en apariencia, sería el argumento por el cual se reduce la condena del confeso asesino. No se pretende acá discutir cuestiones legales ni mucho menos. Se trata, en todo caso, de echar una mirada- más cerca del sentido común que del Derecho, por cierto- a las limitaciones que a veces tiene la ley frente a la complejidad de los conflictos humanos. El argumento del acusado -que remite a otra frase de triste memoria, aquella de “Conchita, podá la parra”, esgrimida por el odontólogo Barreda como disparador y atenuante del crimen de sus dos hijas, su mujer y su suegra- no puede ser confrontado, ni contrastado, con nada ni con nadie. ¿Y si la pretendida humillación jamás existió? ¿Y si la supuesta admisión del adulterio no fue en realidad en tono de provocación sino de confesión cargada de culpa? Y, aun si los dichos del hombre fueran ciertos, ¿una chicana verbal hace menos horrendo, y condenable, el asesinato de una mujer? ¿No parecería remitir eso también a otra frase de triste memoria, aquélla del “algo habrán hecho”? La violencia de género es, según las estadísticas, la principal causa de muerte o invalidez en mujeres de entre 15 y 44 años. En 2010 se registraron en Argentina 260 femicidios -tal el nombre que se da a este tipo de asesinatos- y se sabe ya que el porcentaje será mayor este año. Las bajas penas, o la mirada benevolente o cómplice que muchas veces se derrama sobre los asesinos, producto de un machismo que goza todavía de muy buena salud, sólo ayudan a perpetuar esa vergüenza.

VIOLENCIA DE GENERO

Casi la mitad de las mujeres que son víctimas de violencia de género convive con su agresor, quien casi siempre pertenece a su círculo íntimo. Son dos de las principales conclusiones de las estadísticas provisionales presentadas ayer por el Ministerio de Salud bonaerense, con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora mañana. El informe fue realizado por el Programa de Prevención de la Violencia Familiar y de Género, coordinado por Lidia Tundidor, y comprende 587 casos de violencia atendidos entre enero y octubre de este año en hospitales de la provincia. El registro estadístico se inició el año pasado, y en estos diez meses se aumentó en un 50% la cantidad de hospitales incluidos. En la actualidad se implementa en 9 de las 12 regiones sanitarias, 25 hospitales provinciales, 10 unidades sanitarias y tres ONGs. Queda aún por recoger la información sistemática del 50% de los hospitales. Las cifras del registro ampliado confirman la tendencia de 2011: en el 80% de los casos de violencia de género, la víctima tiene una relación estrecha con el victimario. El 90% de los casos de violencia familiar corresponden a mujeres, y tienen su pico entre los 15 y los 34 años (más del 50%). En su gran mayoría, las víctimas se acercan a los centros de salud para ser atendidas por violencia física, “pero es muy difícil que se registre sin violencia psicológica –señaló a Clarín Lidia Tundidor–. La violencia intrafamiliar siempre empieza por la violencia psicológica”. “No existe el golpeador que a su vez no esté amenazando, e imponiendo su dominación y su voluntad sobre la forma como la mujer debe vestirse, o los horarios que debe cumplir –agregó–; toda una manipulación que logra una enorme depresión de la autoestima de la mujer, y un corte de sus vínculos familiares y amistades, que la aísla, y que fortalece la idea de la víctima de que no es posible salir de esa situación de violencia”. Tundidor observó que “no es común que una mujer revele una situación de violencia psicológica en el consultorio de salud mental. Por eso, el equipo de salud debe hacer un trabajo de detección en otras consultas no asociadas, y hacerlo lo más precozmente posible”. El registro de violencia de género del Programa contempla cuatro tipos de violencia de género: la física, con un pico del 30% entre los 15 y los 24 años; la psicológica, con un pico del 29% en la misma franja etárea; la sexual, en un 19%; y la económica, con un 38% entre los 25 y los 34 años. De todos modos, Tundidor destaca que “las modalidades de violencia se combinan”. “El sistema sanitario es un lugar privilegiado para brindar una oferta de atención a las mujeres víctimas de las violencias basadas en género –indica–. El momento más oportuno es cuando se presenta el estallido de la violencia, porque es cuando la víctima está más disponible para que podamos hacer una intervención”. En el sitio del Ministerio de Salud Bonaerense, en la página http://www.ms.gba.gov.ar/regiones/regiones.html, se puede consultar el hospital más cercano; o bien llamar al Programa, 0221-429-2968, de lunes a viernes, de 8 a 17. “Nuestro lema es ‘Construir salud es comprometernos con el derecho a vivir una vida libre de violencias’ –subraya la coordinadora–. Apuntamos a la corresponsabilidad social: decir no a la violencia es un compromiso de todas y de todos”.

MUTILACION FEMENINA

Tenía siete años cuando fui mutilada. Aquello fue una fiesta, durante un mes me hicieron sentir como una princesa: todo el mundo me regalaba bombones, flores, juguetes. No te lo podrías imaginar... Luego, vino la pesadilla” (Najma Ahmed Abdi, Somalia). Najma es una de las 130 millones de mujeres en el mundo que hoy podrían contar el mismo horror. Ciento treinta millones de mujeres amputadas: les extirparon el clítoris a modo de “bienvenida” al universo femenino. Aunque parezca mentira, esta práctica tan ancestral como ultramachista sigue vigente en, al menos, 28 países del planeta. Principalmente, en África. Acaso estemos ante el mayor fracaso del feminismo en su siglo de lucha por la igualdad. Si el clítoris supone el símbolo más contundente de la liberación de la mujer, quien ha logrado apropiarse de su cuerpo, ejercer su sexualidad y buscar el placer sin culpas, la mutilación genital femenina (MGF) es la demostración más brutal de que el patriarcado sigue en las trincheras. ¿O tendremos que hablar directamente de fracaso de la civilización? Efua Dorkenoo no cree que sea tan así. “Es un mecanismo complejo para controlar la sexualidad femenina en algunas sociedades, lo que refleja sí una desigualdad profunda entre los sexos y constituye una forma extrema de discriminación contra la mujer. En mi experiencia, los extranjeros encuentran esta complejidad difícil de entender, pero no es más que un reflejo de la falta de poder de las mujeres en esas comunidades donde la supervivencia depende de estar casadas y, a su vez, la mutilación está vinculada al casamiento. Incluso las propias víctimas llegan a convertirse en defensoras de la práctica. La mayoría de las madres piensa que están haciendo lo mejor por sus hijas, y que de esa manera evitarán que las niñas sufran más adelante el rechazo social.” Esta ghanesa oriunda de Cape Coast, de 63 años, es una referente mundial en el tema. Se formó como médica, se especializó en salud pública y desde hace treinta años lucha para erradicar la ablación, hoy, como directora de un programa especial contra MGF desde la organización Equality Now, con sede en Londres. Entrevistarla es meterse en un pasadizo que te lleva a una edad de piedra en pleno siglo XXI, con un registro completamente distinto de lo que entendemos por cultura. El recorrido abarca mucho más que un puñado de pueblitos perdidos en el África profunda, Asia y Oriente Medio. Aunque resulte inverosímil, también en Europa y Estados Unidos se practica la mutilación como ritual de iniciación. “En la década de 1970 yo estaba haciendo un curso de obstetricia como parte del entrenamiento para ser enfermera, en una maternidad de Sheffield, Inglaterra, cuando una mujer somalí llegó para parir. Había sido sometida a la forma más radical de esta práctica, la infibulación, que es la escisión total de los genitales externos y la sutura de la abertura vaginal. No había espacio suficiente para el parto por vía vaginal. En aquel momento, los médicos británicos no tenían conocimiento de la mutilación femenina. No había protocolos clínicos y no estábamos preparados para un parto así. Al ser la única persona negra en la sala de partos en ese momento, mis colegas me miraron como pidiéndome explicaciones de qué era eso. Algunos pensaron que la mujer había tenido un accidente que le había causado esas cicatrices. Yo sabía que la clitoridectomía era practicada por algunos grupos étnicos de Ghana, pero no tenía ni idea de que existían formas tan radicales de la ablación genital. El dolor innecesario que atravesó esa mujer y la indignidad a la que fue sometida, rodeada de profesionales blancos, que la revisaban de manera insensible, la indagaban y traían equipos de estudiantes de medicina para mirar su vulva mutilada... Todo eso tuvo gran impacto en mí como africana y como mujer. Decidí aprender más sobre el tema y finalmente he dedicado mi vida a esto.” ¿Cómo explica esta práctica? ¿Es por razones culturales, religiosas? Al igual que otros comportamientos sociales, esto tiene que ver con un sistema de creencias muy variado y complejo. Por un lado está la expectativa de que los hombres se casan sólo con mujeres que han sido sometidas a la ablación; el deseo de un matrimonio, esencial para la seguridad económica y social de esas mujeres, así como para el cumplimiento de los ideales de feminidad, da cuenta de por qué persiste esta costumbre. Muchos la consideran una “buena tradición”, un requisito religioso o un rito necesario de pasaje a la adultez. Otros creen que garantiza la fidelidad de las mujeres, que aumenta el placer sexual masculino o suponen que evita la promiscuidad. También existe el mito de que si no se corta, el clítoris crecerá en forma excesiva. En cuanto a las religiones, se puede encontrar entre cristianos, judíos, musulmanes y también entre seguidores de las creencias indígenas. En una época en la que se reivindica a los pueblos originarios en el mundo entero y a sus culturas, ¿cómo se hace para tolerar semejante aberración? Depende de a quién se le esté hablando; en mi experiencia, la gente se pone a la defensiva si siente que la están atacando. Por lo tanto, se requiere un enfoque estratégico y un acercamiento basado en el respeto para hacer frente al problema. Yo empecé en esta lucha en los años 80; en aquellos días el tema era muy controvertido. Quienes suscribían a estas prácticas sostenían que se trataba de un derecho cultural. Y cualquier debate sobre la cuestión era recibido como imperialismo cultural o racismo. Mi primera tarea fue la de establecer vínculos con los indígenas defensores de los derechos humanos en los países que la practicaban, para dar voz a esa lucha a nivel internacional. ¿Y qué pasó desde entonces? ¿Alguna comunidad puso fin a la MGF? Hubo un cambio radical en la política sobre la mutilación genital desde la década del 80 hasta hoy. Muchos gobiernos han pasado de una posición de negación y política cero sobre el tema, a por lo menos aceptar que se trata de una cuestión de derechos humanos. En 1997, veintidós países africanos se unieron a la Organización Mundial de la Salud para poner en marcha un plan regional de acción para erradicar esta práctica. Y de ellos, actualmente diecisiete ya tienen leyes contra la ablación. Pero una cosa es que se prohíba y otra muy distinta es lograr que se termine definitivamente. Si bien las leyes son importantes, por lo general, no alcanzan para lograr un cambio real en los comportamientos. Hacen falta cambios estructurales y educativos. De acuerdo a las últimas estadísticas sobre MGF, la práctica está disminuyendo en África, pero muy lentamente. Todavía hay grupos étnicos con altísima prevalencia (en países como Sudan, Somalia, Sierra Leona, Guinea o Egipto llega al 90%). ¿La mutilación genital es una forma de esclavitud? Es importante tener en cuenta que la sexualidad femenina ha sido reprimida de formas variadas, en todas partes del mundo a lo largo de la historia y esto sigue aún hoy. Las esclavas en la antigua Roma tenían uno o más anillos puestos en los labios mayores de la vagina para evitar que quedaran embarazadas. Cinturones de castidad fueron traídos a Europa por los cruzados en el siglo XII. Hasta hace muy poco, la clitoridectomía se realizó como un remedio quirúrgico contra la masturbación en Europa y Estados Unidos y la cirugía genital innecesaria continúa hasta el día de hoy. ¿No cree que las religiones son cómplices silenciosas? Es una cuestión cultural más que religiosa. La ablación no está mencionada en el Corán y tampoco en la Biblia. Yo diría que tiene más que ver con la forma en que los textos religiosos han sido interpretados por líderes religiosos varones y socialmente conservadores. Además, creo que la práctica prospera en áreas donde las enseñanzas religiosas buscan subrayar el control de la sexualidad de las mujeres.

MUTILACION GENITAL - ONU

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado por primera vez una resolución que condena la mutilación genital femenina y pide a los Estados miembros medidas de castigo y educativas para frenarla. El texto urge a los estados miembros de la ONU para que tomen todas las medidas, incluyendo leyes que prohíban expresamente esta práctica, a fin de proteger a mujeres y niñas de "cualquier forma de violencia" y poner fin a la impunidad, ha señalado un comunicado. La Asamblea General pidió un esfuerzo para que las autoridades, servicios médicos y líderes religiosos y comunitarios redoblen sus esfuerzos para aumentar la concienciación y combatir las actitudes que aún defienden la ablación del clítoris femenino. También se acordó pedir que el 6 de febrero sea declarado el Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina. Tras la aprobación, el embajador italiano ante la ONU, Cesare Maria Ragaglini, que ha sido uno de los principales promotores, destacó que la resolución supone un instrumento para ayudar a "cambiar el destino" de mujeres y niñas de todo el mundo. Varios países africanos, como Kenia o Burkina Faso (que presentó el texto final a la Asamblea en nombre de un grupo de países de ese continente) destacaron la importancia del texto para intensificar la lucha internacional contra esta práctica.

FEMINICIDIOS - POR MARIANA CARBAJAL

Según un relevamiento del Observatorio de Femicidios en la Argentina, en el primer semestre hubo 119 homicidios de mujeres por violencia machista. En al menos 16 casos, habían llegado a hacer denuncias. Por estas muertes, 161 hijas e hijos perdieron a su madre. Gilda Mariana González tenía 33 años y vivía en Río Cuarto, Córdoba. El 1º de febrero fue baleada y agonizó varias horas hasta morir en un hospital. Su ex marido se entregó por el hecho a las 24 horas del ataque. Sobre él pesaba una orden de captura desde un par de días antes por una golpiza brutal que le había dado a la mujer. El de Gilda es uno de los 119 homicidios de mujeres por violencia de género que se registraron en los primeros seis meses del año, de acuerdo con el relevamiento que lleva adelante el Observatorio de Femicidios en la Argentina, coordinado por La Casa del Encuentro. La cifra significa que cada tres días dos mujeres fueron asesinadas en el país por el hecho de ser mujeres. En siete de cada diez casos, el presunto agresor resultó el marido o ex pareja de la víctima. Uno de los daños colaterales más dramáticos de los femicidios es la cantidad de chicos y chicas que quedan huérfanos brutalmente: 161 hijas e hijos perdieron a su madre como consecuencia de la violencia de género, de los cuales al menos casi un centenar son menores de edad. “Es necesario considerar a la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos, de esta forma se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata”, señaló a Página/12 Fabiana Tuñez, coordinadora de La Casa del Encuentro, al evaluar las estadísticas. Si se compara con el mismo período de los últimos dos años, se nota un descenso de los femicidios: 152, en 2011 y 126, en 2010, frente a 119, en 2012. Sin embargo, Ada Beatriz Rico, directora del Observatorio, aclaró a este diario que al sumar los casos que ya se han registrado en julio y lo que va de agosto, se diluye la diferencia y la cantidad se equipara. El año pasado hubo al menos 260 femicidios, según el relevamiento de la ONG. En los últimos días, la grabación del video que hizo Natalia Riquelme, la joven de Bahía Blanca, en el que registra la golpiza que le propina su ex marido, frente a su casa y delante de la hija pequeña de ambos, como recurso desesperado ante la inacción judicial tras 15 denuncias en contra del agresor, puso en primer plano la impunidad con la que pueden actuar perpetradores de violencia machista. Los femicidios son la expresión más extrema de ese problema social y la muestra más dramática de cómo el Estado no llega a proteger a tiempo a muchas de las víctimas. Al menos en 16 de los femicidios del primer semestre de este año, las mujeres habían hecho denuncias, de acuerdo con los datos recabados por La Casa del Encuentro. Es decir, estaban intentando salir del llamado “círculo de la violencia”. En seis, los agresores tenían una orden de exclusión del hogar o prohibición de acercarse a la víctima, dictada por la Justicia, pero la medida –quedó en evidencia– no fue suficiente para evitar que las volvieran a agredir hasta matarlas. De los 119 femicidios que contabilizó el Observatorio –sobre la base de los casos publicados en más de un centenar de medios–, en 59 hechos el presunto asesino fue el esposo o el novio, en 24, una ex pareja. Es decir, el grueso de los homicidios fue ejecutado por el marido o el ex. En los demás casos, las muertes fueron perpetradas aparentemente por otros familiares, vecinos o desconocidos. En cuanto al modo en que fueron ultimadas, el Observatorio registró 13 mujeres que murieron como consecuencias de graves quemaduras, como Wanda Taddei, la esposa del ex baterista de Callejeros, Eduardo Vásquez, condenado en junio a 18 años de prisión por el delito de homicidio agravado por el vínculo, con atenuantes. Pero no fueron las únicas mujeres a las que les prendieron fuego: otras 23 también fueron quemadas en el marco de situaciones de violencia de género, pero lograron sobrevivir a los ataques. La estadística muestra que de los 119 femicidios, 34 ocurrieron en la vivienda compartida con el femicida y 25 en la de la víctima, lo que significa que la propia casa puede resultar más peligrosa que la vía pública para muchas mujeres que se enfrentan al drama de la violencia doméstica. Otros 40 femicidios tuvieron lugar en la calle. La mayor parte de las mujeres muertas como consecuencia de la violencia machista tenían entre 19 y 50 años. La Casa del Encuentro empezó hace cinco años a relevar los femicidios publicados en los medios, ante la ausencia de registros oficiales y como una forma de llamar la atención de las autoridades y la opinión pública sobre la gravedad de la violencia hacia las mujeres. “Llevamos adelante el informe de los femicidios, pero al mismo tiempo recibimos a las mujeres que vienen a La Casa del Encuentro en busca de orientación y ahí tomamos dimensión de todo lo que no hay y falta para enfrentar el problema; por ejemplo, en las comisarías no les toman las denuncias por violencia psicológica, o los recursos no llegan a aquellas mujeres de los sectores más pobres. Hacer este informe para nosotras no es ver si el número sube o baja: son vidas, rostros, historias. Familias de las víctimas vienen a nuestra sede y piden justicia por ellas, las que tendrían que estar, por ellas, las que se podría haber evitado que fueran asesinadas”, comentó Rico. La directora del Observatorio cuestionó el hecho de que en la mayoría de las provincias no se destinen recursos para dar respuestas efectivas para proteger a las mujeres. “De la violencia se puede salir y eso lo sabemos y lo saben quienes pudieron salir, pero mientras sigan matando mujeres seguiremos reclamando hasta que el Estado y los estados provinciales decidan que este tema es una prioridad en política pública, sabiendo que por estas horas otra mujer ya no estará, y otra intentará que le crean y le tomen la denuncia”.

JUSTICIA MACHISTA - MARIANA CARBAJAL

La inacción judicial para proteger a mujeres víctimas de violencia de género quedó en el centro de la polémica luego de conocerse que la joven que grabó los golpes que le propinó su ex marido en la puerta de su casa y delante de su hija, en Bahía Blanca, había hecho quince denuncias en la policía y no había tenido eco. En otras jurisdicciones, sin embargo, hay magistrados que muestran otro compromiso para enfrentar el problema. Como en Bariloche, donde el juez de Instrucción en lo Penal Nº 2, Martín Lozada, conocido por su clara postura de defensa de los derechos humanos, ordenó la detención en las últimas semanas de tres hombres que maltrataban a sus esposas o ex parejas: uno llegó a quemarla con un hierro candente, otro la roció con nafta y el tercero pretendió prenderle fuego. En una entrevista con Página/12, Lozada analizó las herramientas y los límites de la Justicia para defender a las mujeres. “La matriz del sistema penal es de un manifiesto corte machista y patriarcal. De modo que no es esperable que el ámbito penal sea por sí mismo un campo de activismo en pos de la igualdad de trato y el respeto de los derechos de las mujeres víctimas”, afirmó Lozada. También reflexionó sobre el perfil de los perpetradores y la brutalidad de los ataques. –¿A qué adjudica tanta violencia de género? ¿Se está visibilizando más a partir de que las mujeres se atreven a denunciar situaciones que antes se silenciaban? –Tengo la impresión de que ese número cada vez mayor de mujeres que denuncian las violencias que padecen anima y estimula a las restantes víctimas a hacer lo mismo. Se trataría de una “naturalización positiva” de esas violencias, es decir, de un espacio de reconocimiento y de difusión de los mecanismos de sometimiento en vigencia. Otro punto, relativo a la escenificación violenta propia de quien echa mano a un bidón de combustible para rociar a su víctima o calienta un hierro para quemarla luego, podría estar vinculado con lo que Zygmunt Bauman llama la “sociedad sin-óptica”. En este modelo social, opuesto al panóptico de Jeremías Bentham, en donde pocos observaban el comportamiento y los gestos de muchos, somos multitud los que miramos de modo diario y acrítico la conducta y devenir de pocos. Me refiero, fundamentalmente, que a través de diversos dispositivos tecnológicos verificamos cotidianamente las formas precisas que van adoptando las manifestaciones de violencia en general, y de las violencias y ultrajes en contra de las mujeres en particular. Si actualmente las quemaduras con combustibles se propagan como manifestación violenta, acaso ello se deba al proceso de “copia” consciente, semiconsciente o, en su caso, inconsciente, por parte del perpetrador. Un perpetrador que ha aprendido, tal cual lo hacen los chicos, a través del proceso de imagen-refleja, cómo y a través de qué pasos se concreta un resultado. En este caso, un resultado negativo de violencia física y psicológica. –Una mujer en Bahía Blanca tiene que llegar al extremo de tener que grabar un video para hacer pública la violencia que sufre de parte de su ex marido luego de realizar quince denuncias y no recibir protección. Es también frecuente que mujeres que terminan asesinadas por parejas hayan hecho previamente varias denuncias contra el agresor. ¿Qué es lo que está funcionando mal? –También aquí se da una pluralidad de factores. Uno de ellos fuertemente afincado en el universo de las creencias personales, en relación con la posibilidad de poseer y controlar a nuestro antojo, sin límite intersubjetivo alguno, a la mujer que nos acompaña. Otro de naturaleza social, que sobredimensiona el alcance del universo masculino y lo coloca una y otra vez en una situación de supremacía por sobre el femenino. Si ésos son los patrones que ordenan el mundo en el que vivo, pues cualquier alteración de ese modelo de organización va a ser digno de respuesta. Y de respuesta violenta, por supuesto, pues se trata de volver las cosas al lugar de donde nunca debieron salir: el sojuzgamiento y la dominación de la mujer a través de cualquier dispositivo, aun aquellos llamados a ejercer dolor sobre su cuerpo y su espíritu. –¿Por qué hay operadores de la Justicia penal que minimizan la gravedad de una amenaza o golpes en situaciones de violencia doméstica? –Diría que la matriz del sistema penal es de un manifiesto corte machista y patriarcal. De modo que no es esperable que el ámbito penal sea por sí mismo un campo de activismo en pos de la igualdad de trato y el respeto de los derechos de las mujeres víctimas. Quienes operamos desde el sistema penal, a veces sin ser demasiados conscientes, solemos reproducir formas de desprecio por las asimetrías que rigen las relaciones de género en nuestra sociedad. Y esa indiferencia contamina el trabajo diario y hace de la mujer, en ocasiones, un ente cosificado. Llamado a reproducir actitudes y roles propios de una sociedad vertical y machista. –¿Qué puede hacer el Poder Judicial frente a un caso en el que la mujer denuncia a su pareja o ex pareja por violencia? –Afortunadamente los poderes judiciales vienen percibiendo las transformaciones sociales que se vienen operando en relación con los derechos de las minorías. A partir de ello se advierte un proceso de sensibilización o empatía para con quienes resultan sometidas por mecanismos de dominación tan estrictos como los expuestos por la violencia doméstica y de género. Si ello es así, entonces los poderes judiciales pueden servir no sólo para dar voz a las víctimas, sino también para visibilizar los procesos sociales que permiten tales formas de sojuzgamiento y violencia. Y más aún, para marcar un rumbo respecto de aquellas dimensiones de violencia que, ya sea en el ámbito familiar, en el trabajo o en la escuela, no resultan convenientes de ser toleradas. –Usted se enfrenta con frecuencia con un hombre que golpea a su esposa o ex pareja. ¿Qué características tienen? –Los perpetradores son miembros de una sociedad que, como sabemos, viene menospreciando de diversos modos la feminidad. Acaso ellos no lo manifiestan de modo elaborado y sofisticado, como otros que sí pueden hacerlo, y lo materialicen de modo bestial y altamente doloroso. Quiero decir con esto que no son seres de otro planeta y sociedad, sino personas que de modo íntimo o manifiesto tienen la creencia en torno de una cierta supremacía de lo varonil por sobre lo femenino. Sus actitudes, entonces, suelen oscilar entre el “negacionismo” y el “justificacionismo”. Entre la hipótesis de la invención victimizada por parte de la mujer delirante y el argumento de que esas cuotas de violencia eran indispensables para reencauzar una noción de orden por ellos imaginada. –¿Muestran arrepentimiento? ¿Cuentan por qué tienen esa conducta? –En mi caso particular, la aproximación al perpetrador se produce en un contexto que también se encuentra marcado por la violencia y la coerción. Me refiero a que para entonces se trata de un individuo que ha sido neutralizado por el poder punitivo del Estado, quien puede acaso encontrarse privado de su libertad, por lo que su reacción suele estar condicionada por la intención de mejorar su suerte en el proceso penal que se sigue en su contra. Sin embargo, también en ese escenario se suele producir una suerte de catarsis en la cual la persona expresa de modo definitivamente emocional su situación existencial. Y, en general, las historias de vida que presentan suelen estar marcadas también por la violencia sufrida o atestiguada.

RACISMO Y EXCLUSION

Las prácticas sociales que se erigen alrededor de la intolerancia y la exclusión presentan una historia y una genealogía. Ellas, en general, pretenden suprimir las condiciones que permiten una cierta igualdad de oportunidades para seres distintos, articulando discursos que privilegian a algunos grupos en particular en desmedro de los restantes.

A partir de la Revolución Francesa y su credo en torno a la igualdad intrínseca de todos los seres humanos, resultó cada vez más difícil reafirmar las diferencias basándose en la tradición, las costumbres o la historia. De modo que las diferencias requerían un fundamento más sólido si se quería que los hombres mantuviesen su superioridad sobre las mujeres, los blancos sobre los negros o los cristianos sobre los judíos.

Si lo que se pretendía era rebatir la condición de los derechos universales, iguales o naturales, debía entonces encontrarse una serie de explicaciones biológicas de la diferencia. Es decir, fundamentos científicos con los cuales sostener esas asimetrías.

El concepto de raza cumplió un perfecto rol en tal contexto. Su elaboración es relativamente moderna y se remonta a finales del siglo XVIII. A punto tal que antes de que los primeros europeos desembarcaran en las costas de América no parece que existiera el concepto de diferencia racial.

Desde principios de 1800 los investigadores trataron de dividir al conjunto de la humanidad en razas que pudieran diferenciarse científicamente en virtud de ciertos rasgos físicos invariables.

Dos corrientes aparecidas por aquel entonces se unieron en el siglo XIX: la primera bajo el argumento de que la historia había presenciado el avance sucesivo de los pueblos hacia la civilización, y los blancos eran quienes más habían progresado. La segunda radicaba en la idea de que características hereditarias permanentes dividían a los pueblos por razas.

El racismo como doctrina sistemática dependía de la conjunción de esas dos corrientes. Sin embargo, pese a las numerosas afirmaciones en sentido contrario, a principios del siglo XX los antropólogos no habían logrado establecer ningún criterio científico sólido para clasificar a la humanidad en razas.

El imperialismo agravó y extendió esas falsas categorías. Al tiempo en que abolían la esclavitud en sus colonias de plantaciones, las potencias europeas extendieron sus dominios en África y Asia. Los franceses invadieron Argelia en 1830 y acabaron incorporándola a Francia.

Los británicos anexionaron Singapur en 1819 y Nueva Zelanda en 1840 e incrementaron sin cesar su control en la India. En 1914, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Portugal, Bélgica y España ya se habían repartido el territorio africano.

En Europa se formó una relación simbiótica entre el imperialismo y la ciencia racial: el imperialismo de las "razas conquistadoras" dio mayor credibilidad a las pretensiones raciales, a la vez que la ciencia racial contribuía a justificar el imperialismo. En tal sentido, la historiadora Lynn Hunt señala que "el rasgo común de la mayor parte del pensamiento racista era una reacción visceral contra el concepto de igualdad".

Aunque el antisemitismo moderno se edificó sobre los estereotipos negativos que los cristianos y otros grupos mantenían desde hacía siglos respecto de los judíos, esa doctrina adquirió nuevas características a partir de 1870.

A diferencia de los negros, los judíos ya no representaban una etapa inferior de la evolución histórica como, por ejemplo, en el siglo XVIII. Ahora encarnaban las amenazas de la modernidad: el materialismo excesivo, la emancipación de grupos minoritarios y su participación en política y el cosmopolitismo "degenerado" y "desarraigado" de la vida urbana.

No sería extraño, entonces, que ya entrado el siglo XX se conjugasen en Europa el racismo, el antisemitismo y el nacionalismo para, de ese modo, dar lugar a uno de los experimentos criminales más trágicos de la historia del hombre y de los pueblos.

LA EXCUSA DE LA EMOCION VIOLENTA

Antes de ser condenado a 18 años de prisión por rociar con alcohol y prender fuego deliberadamente sobre el cuerpo de su pareja, Wanda Taddei, las palabras del ex baterista de Callejeros Eduardo Vásquez habrán sonado redentoras: "Soy una persona que no le haría daño a nadie". El filósofo Jean-Paul Sartre le replicaría que la condición humana no se conjuga en modo potencial, sino en el más prosaico indicativo: el hombre no es lo que haría, sino lo que hace. Si la vara para medir nuestros actos es la intención, en lo que a mí me toca escribiría el mejor ensayo jamás escrito. O tocaría un instrumento como Orfeo su lira. O jugaría al tenis como Sharapova. Pero no son las palabras, sino mis acciones las que me comprometen en lo que soy.

Por cierto, todo victimario corre con ventaja: mientras él se impone con su carnalidad rogando, llorando, lamentando incluso lo acontecido, el único testimonio que queda de la víctima es su ominosa y silenciosa ausencia. De allí que las palabras del ex baterista, redentoras o no, no fueron en vano: aunque nuestra doctrina se rige por el derecho penal de acto, los jueces integrantes del Tribunal Oral Criminal N° 20 consideraron un atenuante el afán piromaníaco del condenado ("sus hábitos laborales") y la compulsión a la repetición que signó la vida del agresor. Remedando un risueño ejemplo de falacia extraído de un célebre libro de lógica, el del parricida que antes del veredicto apelaba a la clemencia de los jueces por su condición de huérfano, esta vez fueron los propios jueces quienes invocaron el estrés postraumático sufrido por el victimario tras la tragedia de Cromagnon y "la pérdida de ambos progenitores", "su prolongado compromiso con las drogas y su esfuerzo para superarlo", por citar sólo algunos de los sorprendentes fundamentos alegados en el fallo.

Finalmente, el victimario fue declarado penalmente responsable del delito de "homicidio calificado por el vínculo, atenuado por el estado de emoción violenta", entendida como un estado afectivo en que una perturbación ha hecho perderle al sujeto el pleno dominio de su capacidad reflexiva y disminuir sus frenos inhibitorios, en respuesta a circunstancias externas no provocadas por el mismo sujeto y que lo hubiesen conducido a actuar como actuó.

Invocada en casos de violencia de género, la figura de la emoción violenta es un resabio de sociedades con códigos ancestrales salvajes, en cuyo marco ético-legal la lapidación de una mujer por infidelidad era -y todavía continúa siéndolo- plenamente legitimada por las costumbres que la destinaban como depositaria del honor familiar. En el Estado de Derecho de los países democráticos, esa figura ancestral se fue desligando del honor mancillado. Subsiste como una tipificación que no exonera al criminal de culpa y cargo, pero le atenúa significativamente la pena, atenuante explicable sólo porque persiste vigente aunque enmascarada la premisa de que la mujer es una propiedad del hombre.

De la justificación de la emoción violenta hasta la excusa exculpatoria de casi cualquier crimen puede mediar apenas un paso: a riesgo de justificar legalmente lo moralmente injustificable, el derecho ampara al victimario al disminuir la condena de un sujeto que, por haber actuado sin ser consciente de lo que hacía, es incapaz de recordar los acontecimientos y recién logra conferirles un significado una vez que se vuelve hacia lo que hizo y reflexiona sobre lo irreparable. Sin embargo, ni esa conmoción rayana en la locura ni el reconocimiento tardío signaron al victimario de Wanda, quien en sus primeras declaraciones relató pormenorizadamente su versión de la secuencia de los hechos en flagrante contradicción con las condiciones que justificarían la tipificación atenuada.

Lo más curioso, según señaló el abogado defensor Leonardo Rombolá Molina en una entrevista radial, es que el estado de "emoción violenta" no fue planteado durante el juicio ni por la defensa ni por el fiscal, apenas fue mencionado por la querella para dejar en claro que, precisamente, no se trató de una emoción violenta, sin sospechar que, en un eureka liberador, la exclusión de ese atenuante sería el hallazgo recogido por el tribunal. Pues dado que la pena no se podía mensurar, entonces se sacó de la galera la emoción violenta, refutada no sólo por el testimonio del victimario, sino incluso por las pericias realizadas en el lugar del crimen.

En nombre de la ley todopoderosa que no es, al fin y al cabo, sino una construcción humana que puede responder a intereses ajenos a sus fines, el atenuante desequilibra la balanza entre el daño provocado y la pena merecida: el principio incorporado por las religiones, la cultura y los códigos penales, el mismo que ordena "no matar", es depreciado toda vez que la respuesta a un homicidio es tan piadosa como injusta. Como si esa muerte fuera el desenlace desgraciado de cierta compulsión irrefrenable reprochable, pero, al fin de cuentas, presuntamente comprensible.

Pero no sólo juegan en contra del fallo las razones retributivas -la muerte de una mujer, además de la orfandad real y simbólica de sus hijos y la devastación de sus padres-. Según datos del Observatorio de Femicidios en la Argentina coordinado por La Casa del Encuentro, antes de la incineración de Wanda Taddei se informaban cinco o seis casos anuales, mientras que desde entonces, en dos años, se contabilizaron cincuenta y tres mujeres que murieron incineradas en manos de sus parejas o ex parejas. Hay quien alegará que la replicación del procedimiento letal es deudora de la irresponsabilidad mediática que privilegió la difusión del caso. Pero la contracara de este argumento descalificador es que, gracias a la difusión obtenida, las mujeres desnaturalizaron la práctica y comenzaron a denunciarla.

La directora del Programa de Estudios de Género y Subjetividad en la UCES, Mabel Burin, señaló que "en el femicidio no se trata de emociones: se trata de un sistema de pensamiento, un paradigma de dominio y posesión sobre la otra persona que configura una autorización interna para matar. Y en una cultura patriarcal, donde Ricardo Barreda pudo ser considerado un héroe por matar a todas las mujeres de su familia, un crimen como el de Vásquez se presta a la identificación de otros hombres, ya que «si él pudo hacerlo, yo también puedo»". Desconociendo las conductas miméticas de los victimarios, en lugar de hacer de la pena una pena ejemplar, los jueces invocaron una figura legal que, lejos de ejercer un papel disuasorio, es una invitación a la repetición.

Desde hace unos meses, en el Congreso se debate, como una agravante del homicidio, la figura del femicidio definido como el crimen hacia una mujer cuando hubiese sido cometido por un hombre y estuviese de por medio violencia de género. Pero el proyecto legislativo, de concretarse, no es suficiente. Se necesita, además, que los operadores jurídicos acompañen la sanción social con el firme propósito de que las reformas legales no sean meras declaraciones o letra muerta avasallada por interpretaciones arbitrarias.

Por cierto, los jueces, como representantes del Estado, resguardan su derecho a aplicar la pena jurídica por el delito, prerrogativa del Estado. Pero las víctimas, las víctimas colaterales y la sociedad toda, pueden reclamar el derecho a que sea impuesta la pena debida sin atenuantes tenuemente fundamentados. Y no se trata de un juego de palabras: ellas condensan la omnipotencia de una ley que, malabarismos mediante, todo lo puede.