lunes, 25 de junio de 2012

OVD- OFICINA DE VIOLENCIA DOMESTICA

La directora de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Tucumán me dijo que no podían hacer nada, que la mujer en problemas tenía que ir a pedir ayuda y no su madre, que tenía que esperar a que tocara fondo”, contó con bronca Rut Tomatis. Este diario se comunicó con la titular de la OVD de Tucumán, Martha Palazzo. Pero la funcionaria dio otra versión de los hechos: dijo que le había dado la alternativa de que la madre presentara una denuncia contra el novio de su hija. Sin embargo, Tomatis lo niega rotundamente: “Si yo había ido justamente a denunciar y no me tomaron la denuncia. Si me hubiera dado esa alternativa, la hubiera hecho. No es cierto lo que dice”, afirmó la mamá de María Medina. Palazzo reconoció que la atendió. La recuerda. Tomatis llegó a la OVD recomendada por una psiquiatra amiga de la directora del organismo. “Me dijo que me la iba a mandar para que la orientara, por eso no tuvo entrada en los registros de la oficina”, argumentó Palazzo.




Consultada por este diario, la titular de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, Analía Monferrer, explicó los mecanismos que prevé la ley para actuar en casos como el de María Medina, cuando la víctima no toma conciencia de que está en pareja con un hombre violento. “Lo más apropiado es que la propia mujer pueda reconocerse como víctima de hechos de violencia doméstica para poder sostener luego, en su caso, la denuncia policial o judicial que decidiera hacer. Pero, para que esto suceda, en general, se necesita tiempo. Y muchas veces es tal la gravedad de los hechos que ese tiempo no existe. A partir de la vigencia de la Ley nacional 26.485 –contra la violencia hacia las mujeres–, cualquier persona puede denunciar la ocurrencia de hechos de violencia cometidos contra una mujer adulta. Luego la autoridad judicial debe citar a esa mujer para que ratifiqueesos hechos. En cualquier ámbito previsto para recepción de denuncias, la que hace una tercera persona (familiar, vecino, etc.) puede ser tomada sin ningún problema”, aclaró Monferrer.



–¿Qué medidas de protección se pueden tomar?



–Las medidas son las herramientas de las que disponen juezas y jueces para evitar hechos posteriores. Lamentablemente, en casos incluso que han cobrado notoriedad –por lo menos los que fueron atendidos en la OVD de la CSJN– aun con medidas de protección vigentes y sentencias condenatorias dictadas, hechos de violencia posteriores a los que originaron los trámites judiciales ocurrieron. Esto demuestra que el Poder Judicial solo no puede eliminar los hechos de violencia. No está el sistema preparado para facilitar una custodia personal a cada víctima.



–¿Podría obligarse al violento a usar pulseras con GPS para controlar que no se acerque al domicilio de quien fuera su víctima?



–Las pulseras con GPS podrían utilizarse. Se trataría de un método, creo, más fácil de controlar. Al igual que los botones antipánico. Actualmente, estos últimos están siendo entregados por la Policía Metropolitana, ante la orden de fiscales y jueces. No hemos recibido informes aún, oficiales, acerca de su uso, pero tengo entendido que están funcionando bien y que se han evitado nuevos hechos de violencia.

VIOLENCIA DE GENERO

Fue un noviazgo de pocos meses. María Medina terminó golpeada e incendiada. Ocurrió en Tucumán. Antes, su madre había recorrido comisarías y ámbitos judiciales. Pero no fue escuchada.




María Medina tenía 32 años y se ganaba la vida dando clases particulares de inglés en su casa y haciendo traducciones de artículos científicos a una médica psiquiatra. Vivía en el barrio Ciudadela, de San Miguel de Tucumán, con su madre y su abuela, y las ayudaba también a ellas con su negocio de helados y postres artesanales. En noviembre comenzó a noviar con Armando Antonio Martín, también de 32 años, tío de uno de sus alumnos. Desde el inicio de la relación, la mamá de María, Rut Tomatis, percibió que se trataba de un hombre violento y trató de advertirle a su hija, pero ella no quiso escucharla. Rut fue a pedir ayuda durante el verano a comisarías e incluso, apenas terminó la feria judicial de enero, recurrió a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Tucumán, pero le dijeron que no podían hacer nada para proteger a su hija, porque era una mujer adulta; había que esperar hasta que ella “tocara fondo” y fuera por su cuenta a denunciarlo. Poco más de un mes después, María fue brutalmente golpeada y quemada viva en la casa de su novio. Y murió. Hacía apenas cinco meses que estaban saliendo. Martín es el principal acusado y único detenido por el femicidio: está procesado con prisión preventiva por “homicidio agravado por alevosía”. El caso muestra con crudeza la inacción del sistema judicial y policial para intentar salvar a una joven de la violencia machista y el desesperado derrotero de una madre, que pudo ver con claridad que la vida de su hija estaba en riesgo y no pudo salvarla. Especialistas consultados por Página/12 advirtieron sobre cómo se debe actuar cuando la propia víctima no se da cuenta de que está en una relación violenta, qué dice la ley y qué pueden hacer los familiares y los organismos del Estado para protegerla (ver aparte).



Martín vivía a pocas cuadras de la casa de María. Empezó a ir a buscar a su sobrino cuando terminaba las clases de inglés que le daba ella. Así se conocieron. En noviembre se pusieron de novios. Al principio, Rut se puso muy contenta porque la veía contenta a su hija. Pero pronto, dice, empezó a observar algunas actitudes que no le gustaron. A Martín le molestaban sus preguntas. Contestaba mal.



Hubo un hecho que le pareció demasiado raro. “Sonó el celular de mi hija y atendió él. Yo me sorprendí –recordó la madre–, la miré a mi hija, pero ella bajó la cabeza.” Rut aseguró que aquella vez desconfió de él. “Al cortar la llamada le hice un comentario de por qué atendía el celular de mi hija y él me respondió que no tenía que meterme en la relación de ellos.”



“María era una chica tímida. Había tenido un novio hacía unos cinco años y alguna relación más. Y lo que más quería era estar de novia. Era muy pegada a mí. No tenía la experiencia que tienen las mujeres a su edad”, la describe su mamá. Antes de que conociera a Martín, dice Rut, charlaba mucho con ella y con su abuela, se reían juntas. Pero después, diferencia, su actitud cambió. Se empezó a distanciar de su madre y su abuela. Estaba más callada. Dice que su hija era una mujer muy sensible, que escribía poesías, que le gustaba la música de Pedro Aznar. “Esa era mi hija. Pero él la cambió”, reafirmó Rut.



Rut reconoce que ella era muy sobreprotectora con su hija, y también sabe que a los 32 años era una mujer adulta para decidir sobre su vida. Pero distintas actitudes del novio le empezaron a preocupar. Con el tiempo se fue enterando de que “Martín era jugador de las máquinas y del casino y les pedía plata a mujeres luego de seducirlas”, según quedó plasmado en el expediente judicial, en el pedido de Rut para constituirse en querellante en la causa que investiga el homicidio de su hija.



“Un día, como otros, María llegó llorando a casa y cuando la abuela la estaba consolando, sonó el teléfono y era Graciela, una de las hermanas de Armando, que le dijo que fuera a su casa, que él le quería pedir perdón”, contó Rut. Ella le pidió que cortara pero la volvió a llamar y se fue a la casa de la cuñada y no volvió durante cuatro días. Un día la madre la vio con un moretón en la cara. Ella le dijo que se había golpeado sola.



“El 2 de enero, sorpresivamente, se presentaron María y Armando en casa y él me dijo que se irían de vacaciones, ella no hablaba, sólo lo miraba. Esa semana no tuve ninguna noticia de ellos”, contó Rut. Después supo que habían ido a las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Rut empezó a temer por la seguridad de su hija y fue a varias comisarías de la zona a pedir ayuda. “Me decían que no podían hacer nada. Que mi hija tenía que hacer la denuncia, que era mayor de edad”, recordó la mujer. Después de la feria judicial de enero fue a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Tucumán y la atendió la propia directora del organismo, Marta Palazzo. Fue por la recomendación de una psiquiatra amiga. “En la Oficina de Violencia Doméstica me dijeron que tenía que concurrir mi hija a hacer la denuncia, que ya tocaría fondo. Sólo anotaron los nombres míos, de mi hija y de Armando en un papel, pero no quedó nada registrado” (ver aparte).



Durante el mes de enero las llamadas de María a su familia eran cada vez más esporádicas. Con el tiempo, su mamá y su abuela supieron que al regresar de las Termas de Río Hondo se instalaron en la casa que la familia Martín tiene en la calle Corrientes 3271, en San Miguel de Tucumán. “María me rogaba que no la llamara porque Armando se enojaba muchísimo y ella sufría porque la castigaba”, siguió la madre. Unos 15 o 20 días después se separaron y María retornó a su hogar. Pero al poco tiempo la joven recibió un mensaje de texto en su celular de él que le decía: “Desde la oscuridad y el silencio te sigo amando”. El sms figura en el expediente judicial. María se sorprendió –dijo la mamá– y decidió ir a verlo para “despedirse”, relató Rut. Pero María no regresó a su casa. Una noche le mandó un sms a su mamá donde le dijo “que estaba dormido, que ya iba a volver pero no sabía cómo lo iba a hacer”. Como se había ido con ropa de verano y habían comenzado los primeros fríos, la madre la llamó para decirle que fuera a buscar un bolso con ropa más abrigada a su casa. María fue. Mientras él la esperaba afuera, llegó a decirle a su mamá y a su abuela que le había roto el celular contra una pared, tirándoselo, enojado, pero que después le había pedido perdón y le había dicho que le iba a comprar otro, relató Rut.



A los tres días de haberse llevado el bolso, Rut recibió un llamado anónimo de una mujer –no era la primera vez que esa misma voz llamaba anónimamente– que le gritó: “Tu hija está muerta”. Rut cortó y el teléfono volvió a sonar. “Me dijo que Armando la había llamado y que le había dicho que la había matado por amor a ella.” Esa voz anónima había llamado varias veces antes a Rut: la mujer siempre decía que la novia era ella y no María.



Rut llegó a la casa de Corrientes 3271 en un taxi con su madre, cuando todavía salía humo. También la acompañó un amigo. Desesperada le gritó a Martín que le entregara a su hija. El negó que estuviera. Le dijo que había un cortocircuito y se había incendiado una habitación. Rut llegó a ingresar a la vivienda, entró a la habitación, pero por el humo no pudo ver nada. El aire era irrespirable. “Estaba todo quemado, las ventanas tapiadas y lleno de escombros”, dice el expediente judicial. Los vecinos ya habían llamado a los bomberos y a la policía. Los agentes encontraron en el interior el cadáver de María, calcinado. Los peritajes forenses determinaron que había sufrido antes una brutal paliza que la había dejado inconsciente. Un informe de la Dirección General de Bomberos concluyó que el fuego se inició y desarrolló en el cuerpo de la víctima “descartándose que el mismo haya sido originado como consecuencia de un accidente eléctrico, determinándose además la existencia de recipientes con restos de nafta y fósforos en el lugar, indicios que demuestran la forma intencional de la combustión, y que sumados a los restantes, me permiten sostener que fue el imputado el autor del mismo”, escribió la fiscal Marta Mariana Rivadeneira, al requerir la prisión preventiva de Martín por “homicidio agravado por alevosía”.



Martín está detenido. Tuvo un intento de suicidio en prisión y fue trasladado a un hospital psiquiátrico, pero luego volvió a una celda en la cárcel de Villa Urquiza. “Todo este tiempo lloré. Entraba a la habitación de mi hija, me sentaba en la cama y olía su ropa, y seguía llorando. Mi madre me veía sufrir y me hizo entender que debía salir adelante. Hace unos días doné la ropa de mi hija y me levanté. Ahora estoy dispuesta a buscar justicia por mi hija”, dice Rut. Teme que Martín pueda ser declarado inimputable.

martes, 5 de junio de 2012

prostitucion - proyecto de penalizacion al consumidor

El 4 de mayo pasado, el diputado nacional Pablo Kosiner (FPV Salta) presentó un proyecto de ley para penalizar a quien paga por sexo. Se trata de agregar un párrafo al artículo 127 del Código Penal: “Se impondrá prisión de seis meses a dos años o multa de mil a noventa mil pesos, al que demandare u obtuviere una relación sexual a cambio de dinero, por compra de servicio sexual. Procederá la misma pena al pago realizado o prometido por una tercera persona”.
Los fundamentos de la iniciativa aluden a las “nuevas concepciones que plantean que a la trata hay que combatirla, además, atacando la responsabilidad del cliente, es decir, de quien consume este tipo de relación”.
Allí se menciona la ley sueca de 1999, que sanciona al consumidor de sexo pago, “definida como el primer intento de un país de dirigirse hacia la primer causal de la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual. Ello representa desterrar la concepción demandante de los hombres del derecho a comprar servicios sexuales, y continuar en la evolución de nuestra legislación hacia la construcción de una sociedad mucho más justa y solidaria”.
De todos modos, el proyecto contiene una contradicción: el término “servicios sexuales” es utilizado por las mujeres que consideran que, cuando se ejerce de manera independiente, la prostitución es “un trabajo digno”.