VIOLENCIA DOMESTICA

“En lo que va del año se recibieron más de 10 mil llamados de mujeres solicitando ayuda por la problemática de violencia de género a la línea 0800-666-8537”, declaró la ministra de Desarrollo Social porteña, Carolina Stanley. En la Capital cada vez había menos llamadas al 0800 local, pero no por una mejoría en la problemática sino por la falta de difusión del número de ayuda. La funcionaria aseguró que, ahora, “se duplicaron las consultas por los noviazgos violentos, que es una manera de prevenir la problemática de violencia”. En otro intento del Gobierno de la Ciudad para reforzar su línea de ayuda gratuita, se pidió la colaboración de figuras fashion poco identificadas con la temática como Mabby Autino (maquilladora), Flor Torrente (modelo), Dolores Barreiro (modelo y diseñadora), Belén Ortega (blogger), Cintia Garrido (modelo) y Connie Ansaldi (conductora). La agencia La Despensa Buenos Aires, con la colaboración de Tienda Doña, Building Motion Ideas, Dirección de Arte Pascual & Carbó y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentan la campaña contra la violencia de género: “No ocultemos el maltrato”. La polémica estuvo en que se trató como una moda dejar de ocultar los moretones para atreverse a hacer la denuncia. Y el acierto es poner la violencia machista en voces no tradicionales y llegar a mujeres de todas las clases sociales. Mientras que el Movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa) lanzó la campaña “Ponete la camiseta contra la violencia hacia las mujeres”, algunas de las personalidades que se sumaron y se han puesto la camiseta fueron los actores Germán Palacios, Tomás Fonzi y Nicolás Pauls; las actrices Dolores Fonzi, Julieta Cardinali, Marina Glezer y Julieta Díaz; la banda de rock uruguaya No Te Va Gustar, la esgrimista Belén Pérez Maurice y la conductora Carla Conte.

LA SORDERA PERVERSA - SONIA TESTA- ROXANA SANDA

Violencias El fallo absolutorio emitido esta semana por la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán para los trece imputados en el secuestro y promoción de la prostitución de Marita Verón revela de qué manera y por qué se acallan las voces de las mujeres víctimas de trata y tráfico para explotación sexual, cuando sus testimonios no alcanzan como prueba de un horror con múltiples complicidades que las atraviesa hasta hacerlas desaparecer, como le sucedió a la hija de Susana Trimarco. Recuperar la palabra es un camino difícil y personalísimo para cada mujer rescatada de una red de trata. Volver a hablar sin temor a los golpes, los traslados, las represalias. Salir a la calle libremente. Descansar. Elegir cuándo y con quién tener sexo. Para las personas que nunca estuvieron sometidas a servidumbre, es difícil imaginarlo. Para ellas, es trabajoso volver a ser libres. Decir lo que quieren. El miedo les queda pegado al cuerpo. Cualquier síntoma de descreimiento ajeno por lo que atravesaron en aislamiento y en carne propia resulta devastador. Es de suponer el esfuerzo increíble que significa entonces sentarse frente a jueces y juezas que investigan, muchas veces a su pesar, otras tantas con prejuicio y hasta molestia, las redes que las esclavizaron. En el juicio por el secuestro y promoción de la prostitución de María de los Angeles Verón, desde febrero de este año, desfilaron diez víctimas de trata que relataron sus padecimientos pero que declararon con precisión casi obsesiva dónde, en qué circunstancias y en qué estado habían visto a Marita. Lo hicieron delante de quienes señalaron como sus captores, sus violadores, delante de los proxenetas que, aseguraron, las mantuvieron cautivas durante años. Sin embargo, para los integrantes de la Sala II de la Cámara Penal Nº 2 de Tucumán esos testimonios fueron insuficientes para probar que la hija de Susana Trimarco había sido secuestrada para permanecer cautiva en los prostíbulos Candy, Candilejas y El Desafío, de La Rioja, para luego ser vendida en España, para insistir con que su rastro sólo pudo perderse en un destino de trata y tráfico para explotación sexual. Aquí lo que podría convertirse en verdad de perogrullo: si las únicas voces que pueden atestiguar lo que ocurre en los prostíbulos son borradas, el delito continuará impune. Y las mujeres esclavizadas seguirán generando dinero para proxenetas, policías, jueces y políticos de turno. “Intentamos explicarnos qué ocurrió en Tucumán. Es un juicio que llega muy tarde, en el que las víctimas son expuestas a relatar sus calvarios, y sus testimonios son desacreditados porque según los jueces no son prueba suficiente para juzgar a los acusados –dicen desde Sin Cautivas, la agrupación creada en Neuquén por las amigas de Florencia Penacchi, desaparecida desde el 16 de marzo de 2005–. El fallo de este tribunal es un monumento a la impunidad: ¿qué justicia pueden esperar las cientos de desaparecidas anónimas, provenientes de familias pobres, sin recursos ni acceso a medios y a abogados? Intentemos otra explicación: vivimos en un Estado proxeneta.” Susana Trimarco trazó un camino: acusó a los jueces por corrupción y recordó el anónimo que recibió, y remitió a la Cámara, advirtiendo sobre sobornos de Rubén “La Chancha” Alé. En su alegato del 1° de noviembre, uno de los abogados que representan a Trimarco, José D’Antona pidió, justamente, que se investigara a Alé por el secuestro de Marita. Alé no estaba imputado en esta causa, pese a haber sido uno de los propietarios de la remisería Cinco Estrellas, cuyo logo se vio en el Fiat Duna Rojo desde el que se llevaron a Marita. Alé fue dirigente del club San Martín, y está señalado como uno de los responsables de las redes de prostitución y narcotráfico en Tucumán. Hubo un punto recurrente durante el juicio oral y público que comenzó el 8 de febrero, y fue la complicidad política. La coordinadora nacional del Movimiento Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), Raquel Vivanco, lo señala: “Creemos que efectivamente el fallo de esta Justicia tiene que ver con una presión importante del poder político. Durante el proceso del juicio se cuestionó la participación del ex gobernador de Tucumán, Julio Miranda. No nos extraña que la Justicia no pueda pensar a la hora de emitir sentencia cuál es la situación que atraviesan las mujeres sometidas sexualmente víctimas de trata y tráfico, cuando la propia Justicia está atravesada por una mirada machista y patriarcal desde siempre. Para la Justicia y el poder político, las mujeres somos ciudadanas de segunda”. Por eso mismo, D’Antona pidió en el alegato de la querella que se reabriera la causa por el secuestro y desaparición de Marita Verón para investigar al ex gobernador Julio Miranda, al ex secretario de Seguridad Julio Díaz y al funcionario judicial Ernesto Baclini, además de a Alé. La psicóloga Patricia Gordon desmenuza la situación provocada por la absolución masiva desde una perspectiva concreta: “La trata o la explotación sexual tiene que ser analizada como un fenómeno multifacético. En primer lugar hay que tener en claro este eje o esta visión económica, donde lo más importante es el negocio, y si realmente se comprueban los delitos, hay cárcel y castigo, se termina un negocio para muchos, no sólo los proxenetas, sino muchas veces para políticos, policías y miembros del Poder Judicial que viven de este negocio”, apunta. D’Antona calculó con pesar que, tras el fallo adverso del tribunal, “retrocedimos diez años en la investigación de la causa de Marita, pero creo que la democracia argentina también retrocedió diez años”. Hasta Cristina Fernández de Kirchner acusó el cimbronazo cuando habló en cadena nacional de la necesidad de “democratizar la Justicia argentina”. Lo dijo doblemente con conocimiento de causa, por abogada y por ser una de las voces principales durante la Constituyente de 1994 en plantear la necesidad de reformular el sistema judicial. El caso de Marita puso puro presente sobre pasado en momentos en que sobre la Justicia repercuten serios cuestionamientos. Los casos de María Ovando en Misiones, de Carla Figueroa en La Pampa y de Tatiana Kolodziey en Chaco son las muestras más recientes del despropósito judicial de los últimos tiempos. Ese despropósito no es nuevo, pero hoy dejó de estar naturalizado. Por eso las marchas que se produjeron en todo el país para repudiar el veredicto. La coordinadora de la Coalición No a la Trata, Sara Torres, arguye que el veredicto de la Cámara es “inconstitucional, porque incumple el convenio internacional de 1949 contra la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, pero no se cumple”. Se trata, para ella, de “un problema grave para la democracia”. Desde Tucumán, y todavía conmocionada por lo vivido el martes a la noche, la presidenta de Cladem Argentina, la abogada Adriana Guerrero, señala el contenido “patriarcal y machista” de la Justicia de su provincia. Recordó que en junio del año pasado uno de los integrantes de la Corte Suprema provincial, René Mario Goane, fue denunciado en el Inadi por sus expresiones públicas. El ministro de la Corte consideró que en los tribunales las mujeres dedican “menos tiempo” a su trabajo y que ingresan a la Justicia “para tener la tarde libre”. Aunque sea de manera anecdótica, pinta un estado de cosas. “En el juicio ha quedado al descubierto la red de trata en Tucumán, en La Rioja, toda la conexión de trata y de movimiento de mujeres en el norte del país, encontramos ese vínculo y están todos afuera. Hubo durante estos diez meses muchísimas mujeres y personas que dieron testimonio, animándose a poner la cara y el cuerpo nuevamente en este juicio y hoy todas las personas que ellas se animaron a denunciar están libres, han sido absueltas, lo cual las deja en una situación de indefensión”, apuntó la abogada tucumana. No las sorprendió: “Hubo una serie de manejos sospechosos. La Corte declaró un asueto el día anterior en Tribunales, extrañísimo, por desinfección. Se generó un clima para tratar de desmovilizarnos. Hubo un operativo policial desproporcionado para la cantidad y el ánimo de las personas que estuvimos ahí. Todos llorábamos, a nadie se le ha ocurrido provocar una situación violenta”. Era de esperar que el fallo de la Cámara integrada por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano golpeara duramente a las organizaciones que trabajan en el rescate de víctimas de trata de mujeres para explotación sexual. Desde Villa María, en Córdoba, la coordinadora de Vínculos en Red, Alicia Peressutti, se sincera: “Estoy asustadísima. Porque si en este caso, que es tan emblemático y tan mediático, los absuelven a todos, imaginate en los juicios que tenemos nosotras, que son todos a diez años. Tenemos muchas causas iniciadas, con una o dos testigos. ¿Qué va a pasar ahora con ellas? Les pedimos que atestigüen y después quién las va a proteger de estos atorrantes que salen sueltos. Me da mucho miedo porque si ante este caso la Justicia falla de esta manera, imaginate qué esperanza podemos tener con las demás causas”. Vínculos en Red trabaja en el rescate de víctimas, el acompañamiento y la denuncia en la ruta de la soja, en Córdoba. Muchas causas son muchas. Parece una obviedad, pero debe recordarse la magnitud del “negocio”. En sólo nueve meses, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rescató a 572 víctimas en el país. Hasta marzo de 2008, cuando la novela Vidas robadas le dio carnadura a la historia de Marita Verón, la mayoría en la Argentina pensaba que la trata de personas era una fábula lejana. Fue Susana Trimarco quien escupió en la cara de la sociedad que había esclavitud sexual. Y sólo las víctimas pueden develarlo. Los dueños no se autoincriminarán, los clientes no preguntarán, no les importa o acaso les importa más su propio pellejo. No es cosa de jugar a los héroes con chinitas que nadie conoce, como muchas veces escucharon los fiscales por declaraciones en medio de allanamientos. Las víctimas son las únicas que pueden reconstruir la trama. Y la enorme mayoría, en algún momento del relato, alude a policías, jueces, políticos, que además de ser clientes protegen a los propietarios. Por eso, lo más tranquilizador es ignorarlas. La abogada Susana Chiarotti, experta consultora de la OEA en violencia de género, lo ve en esa perspectiva. “Las víctimas que testimoniaron haciendo un esfuerzo impresionante y superando el terror que les causa estar rodeadas de gente que puede ser cómplice de los proxenetas, van a quedar más desanimadas que nunca y va a ser más difícil después de este fallo conseguir testimonios, mujeres que se dispongan a perseguir proxenetas, que estén dispuestas a exponerse de la manera más brutal para después no conseguir nada”, reflexiona. La desmentida entra a jugar dentro del mecanismo perverso, habitual en otra forma de violencia de género como es el abuso sexual infantil. De eso se trató la reacción de la Cámara Penal para la psicóloga marplatense Patricia Gordon, que trabaja en el Dispositivo de Acompañamiento y Tratamiento a las víctimas. “Lo que los jueces sostienen lo ubico en el lugar de la desmentida, que es un mecanismo psíquico perverso por excelencia. Se desconoce una realidad. Porque Marita está desaparecida, y eso es una realidad. Y ellos descaradamente dicen que las pruebas no son suficientes. Por otra parte, están todas las pruebas que son los relatos de víctimas que han estado en contacto con ellas. Se reconoce que Marita está desaparecida, pero se niega la realidad porque concluyen que no hay pruebas”, reflexiona. Para la psicóloga, “lo esencial es que hay una cuestión de descreimiento, generalmente lo que se pone en duda es la palabra de la víctima, se invierte el sentido. Las víctimas pasan a ser victimarios y los victimarios pasan a ser acusados de algo que no cometieron”. Los efectos que provoca son duraderos. “Descreer intencionalmente u omitir lo que la víctima está diciendo conduce al mismo resultado, que es la perpetuación del delito”, subraya. Es que la voz de las mujeres, para la Justicia, sigue siendo inaudible. Más inaudible cuanto más pobres. Así lo analiza Alvaro Herrero, doctor en Ciencias Políticas y director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). “Este es un delito en el que las víctimas son mujeres, y para el sistema de Justicia, la condición de mujer y pobre es doble agravante, como ocurrió con el caso de María Ovando. La intersección de clase social con género también es un indicio preocupante. Susana Trimarco liberó 115 mujeres víctimas de trata. ¿Cuántas fueron liberadas producto de la intervención estatal en Tucumán?” “El género es un elemento subyacente a partir del cual se actúa de otra manera: es la selectividad de la política criminal”, plantea el especialista, para trazar una relación que, a priori, no es transparente. “Pasa algo similar con la problemática del aborto. El Estado sale con todas sus fuerzas a perseguir a aquellas que abortan. ¿Por qué se sale con mucho más nivel de represión cuando se trata de personas pobres y mujeres? Durante el juicio por el secuestro de Marita Verón, los testimonios de las víctimas pusieron en evidencia la existencia de redes de trata y prostitución. Entonces hay que mirar la foto grande y hacer un replanteo profundo del funcionamiento de la Justicia.” El martes próximo, cuando se lean los fundamentos de la sentencia que otorgó la absolución a los 13 imputados en la causa, un texto de 600 fojas que a entender de José D’Antona sólo se trata de una dilación absurda, le seguirán probablemente el pedido de juicio político contra los camaristas Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano, “pero remarco que no será por la sentencia que pronunciaron el martes”, señala el abogado, “sino por todas las actitudes que asumieron durante el juicio, que a mi entender han sido delictivas. Hay incontables ejemplos, como el maltrato de mujeres, el maltrato de víctimas, situaciones de violencia frente a las cuales el tribunal no hizo nada, amenazas a testigos incluso con actuaciones de la Policía Federal. Tengo serias dudas de que a partir del pedido de juicio político, Herrera Molina y Piedrabuena pidan que se les otorgue la jubilación, el refugio de los jueces para sacarle el cuerpo a posibles condenas. Y le doy otro detalle imperdible: la secretaria de la Cámara, Norma Díaz Volachec, no se quebró durante la lectura del fallo, como pareció verse en los canales de televisión. En verdad, cuando logramos entrar a la sala junto con otro colega, el doctor Varela, vimos a Díaz Volachec tomada del brazo con los defensores de los imputados y diciéndoles ‘Va a estar todo bien para ustedes’. Se emocionó, sí, pero por favorecer a esos delincuentes”. Susana Trimarco viajará la semana próxima a Buenos Aires para encontrarse con la Presidenta. Posiblemente las dos mujeres intentarán comprender cómo 55 expedientes, 140 testigos y 13 imputados pueden convertirse en polvo en cuestión de minutos. Ya se anunció que se apelará con un recurso elevado a la Cámara de Casación, aunque el intento siga su camino recién concluida la feria judicial, en los primeros días de febrero. Por ahora sólo queda soportar el hedor que dejó lo que muchas consideran "un fallo impresentable". Mabel Bianco es una de ellas. La titular de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (Feim) remarca que "ante el fallo vergonzoso que absolvió a todos los imputados de secuestrar y prostituir a Marita Verón no podemos quedarnos calladas y menos aceptarlo como algo normal. Este juicio permitió desnudar y hacer conocer a toda la población lo que muchas de nosotras sabemos sobre cómo operan estas redes de explotación en nuestro país. Sin embargo, no fue suficiente y este tribunal emitió este fallo declarando ‘no culpables’ a estos trece acusados y rechazando la propuesta de la fiscalía y también de la querella". Al fin, para Bianco quedó al desnudo que "el tribunal se expidió sin fundamentos dando muestras de cómo estos traficantes establecen redes corruptas con el poder y la justicia, cubriendo a los que bajo la apariencia de 'whiskerías' explotan a mujeres y niñas en forma impune. Este fallo es una muestra clara de la impunidad con que operan".

VIOLENCIA DE GENERO

En lo que va del año, sólo en la Asociación Civil “La Casa del Encuentro” brindaron asistencia a un promedio de cien mujeres por mes. “En el primer semestre de 2011 registramos 151 femicidios. No hay estadísticas oficiales, nosotros hacemos un relevamiento en las noticias publicadas en 120 medios de todo el país y agencias de noticias”, dice Fabiana Túñez, cofundadora de la Casa del Encuentro. Túñez explica que la violencia hacia las mujeres no son hechos aislados: “Es un fenómeno social y cultural. La violencia extrema es el femicidio. La falta de capacitación de algunos jueces lleva a dictar sentencias aterradoras”. Para Haydeé Birgin, presidenta del Equipo Interamericano de Justicia y Género (ELA), el primer problema es la falta de datos estadísticos oficiales para poder tener una dimensión más específica de la violencia contra las mujeres. “Los que circulan son los números de las ONGs, que los sacan de las publicaciones en los diarios. En la Capital, ni siquiera hay comisarías de la mujer”, dice a Clarín. En septiembre de 2008 se creó la Oficina de Violencia Doméstica, en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sus estadísticas –las únicas oficiales, y sólo de la Ciudad– son alarmantes: en dos años, el promedio de denuncias por violencia doméstica creció un 35%; en septiembre de 2009 habían atendido 522 casos, y en septiembre de 2011 fueron 708. “Hay más conciencia sobre la violencia contra las mujeres gracias a la visibilidad que se da en los medios”, dice Birgin. Pero por otra parte señala que “no funciona la articulación interinstitucional, entonces la justicia resuelve, pero luego no hay un seguimiento de los casos”. Hombres y mujeres no son tratados igual por los jueces en los casos de homicidios conyugales o de pareja. Esa es una de las conclusiones a la que llegaron la socióloga Silvia Chejter, del Centro de Encuentros, Cultura y Mujer, y la abogada Marcela Rodríguez, del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, quienes hicieron una investigación financiada por la UNIFEM. Analizaron 144 sentencias, con mujeres y hombres imputados de homicidios o tentativas de homicidio; 102 fallos fueron dictados por los 30 tribunales de la Capital entre 1993 y 2010: “Si bien hay más condenas contra varones, la tendencia se invierte a la hora de valorar la pena: a los hombres se los beneficia con más atenuantes”, explicó Chejter a Clarín en julio pasado, cuando se presentó el informe. Las investigadoras repararon también en que de 25 sentencias con varones imputados por homicidio de sus cónyuges, sólo en cuatro casos los jueces los condenaron a prisión perpetua. En cambio, en 11 casos con mujeres imputadas, en cinco las sentenciaron a la máxima pena. Malena Nisman, del Colectivo de Mujeres Juana Azurduy, explica que “hubo un efecto cadena luego del asesinato de Wanda Taddei. Analizamos este fenómeno como una nueva forma de impunidad y esta manera de matar y no deja huellas en la víctima. En el 95% de los casos las víctimas son mujeres o niñas. Es importante que existan estadísticas oficiales. Es difícil abordar un problema si no hay números concretos”, dice. Para Nisman, debería existir un abordaje integral de la violencia; según cuenta “en el presupuesto nacional de 2010, al Consejo Nacional de las Mujeres se le asignó el 0,0029% ”.

DEL MACHISMO Y OTRAS VERGUENZAS

Una mujer asesinada a manos de un hombre, su pareja; un tribunal que establece una condena de 17 años de cárcel para el asesino; una apelación y un resultado, cuanto menos, llamativo: otro tribunal reduce esa pena a 10 años y 3 meses alegando, en principio, “atenuantes” para la conducta del hombre. De acuerdo con sus dichos (los únicos dichos posibles, por otra parte, ya que no había testigos de la escena, y la mujer está muerta) ella, viéndolo llorar, habría hecho alusión a su poca hombría y, supuestamente, habría admitido tener un amante, jactándose de ello. La provocación, en apariencia, sería el argumento por el cual se reduce la condena del confeso asesino. No se pretende acá discutir cuestiones legales ni mucho menos. Se trata, en todo caso, de echar una mirada- más cerca del sentido común que del Derecho, por cierto- a las limitaciones que a veces tiene la ley frente a la complejidad de los conflictos humanos. El argumento del acusado -que remite a otra frase de triste memoria, aquella de “Conchita, podá la parra”, esgrimida por el odontólogo Barreda como disparador y atenuante del crimen de sus dos hijas, su mujer y su suegra- no puede ser confrontado, ni contrastado, con nada ni con nadie. ¿Y si la pretendida humillación jamás existió? ¿Y si la supuesta admisión del adulterio no fue en realidad en tono de provocación sino de confesión cargada de culpa? Y, aun si los dichos del hombre fueran ciertos, ¿una chicana verbal hace menos horrendo, y condenable, el asesinato de una mujer? ¿No parecería remitir eso también a otra frase de triste memoria, aquélla del “algo habrán hecho”? La violencia de género es, según las estadísticas, la principal causa de muerte o invalidez en mujeres de entre 15 y 44 años. En 2010 se registraron en Argentina 260 femicidios -tal el nombre que se da a este tipo de asesinatos- y se sabe ya que el porcentaje será mayor este año. Las bajas penas, o la mirada benevolente o cómplice que muchas veces se derrama sobre los asesinos, producto de un machismo que goza todavía de muy buena salud, sólo ayudan a perpetuar esa vergüenza.

VIOLENCIA DE GENERO

Casi la mitad de las mujeres que son víctimas de violencia de género convive con su agresor, quien casi siempre pertenece a su círculo íntimo. Son dos de las principales conclusiones de las estadísticas provisionales presentadas ayer por el Ministerio de Salud bonaerense, con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora mañana. El informe fue realizado por el Programa de Prevención de la Violencia Familiar y de Género, coordinado por Lidia Tundidor, y comprende 587 casos de violencia atendidos entre enero y octubre de este año en hospitales de la provincia. El registro estadístico se inició el año pasado, y en estos diez meses se aumentó en un 50% la cantidad de hospitales incluidos. En la actualidad se implementa en 9 de las 12 regiones sanitarias, 25 hospitales provinciales, 10 unidades sanitarias y tres ONGs. Queda aún por recoger la información sistemática del 50% de los hospitales. Las cifras del registro ampliado confirman la tendencia de 2011: en el 80% de los casos de violencia de género, la víctima tiene una relación estrecha con el victimario. El 90% de los casos de violencia familiar corresponden a mujeres, y tienen su pico entre los 15 y los 34 años (más del 50%). En su gran mayoría, las víctimas se acercan a los centros de salud para ser atendidas por violencia física, “pero es muy difícil que se registre sin violencia psicológica –señaló a Clarín Lidia Tundidor–. La violencia intrafamiliar siempre empieza por la violencia psicológica”. “No existe el golpeador que a su vez no esté amenazando, e imponiendo su dominación y su voluntad sobre la forma como la mujer debe vestirse, o los horarios que debe cumplir –agregó–; toda una manipulación que logra una enorme depresión de la autoestima de la mujer, y un corte de sus vínculos familiares y amistades, que la aísla, y que fortalece la idea de la víctima de que no es posible salir de esa situación de violencia”. Tundidor observó que “no es común que una mujer revele una situación de violencia psicológica en el consultorio de salud mental. Por eso, el equipo de salud debe hacer un trabajo de detección en otras consultas no asociadas, y hacerlo lo más precozmente posible”. El registro de violencia de género del Programa contempla cuatro tipos de violencia de género: la física, con un pico del 30% entre los 15 y los 24 años; la psicológica, con un pico del 29% en la misma franja etárea; la sexual, en un 19%; y la económica, con un 38% entre los 25 y los 34 años. De todos modos, Tundidor destaca que “las modalidades de violencia se combinan”. “El sistema sanitario es un lugar privilegiado para brindar una oferta de atención a las mujeres víctimas de las violencias basadas en género –indica–. El momento más oportuno es cuando se presenta el estallido de la violencia, porque es cuando la víctima está más disponible para que podamos hacer una intervención”. En el sitio del Ministerio de Salud Bonaerense, en la página http://www.ms.gba.gov.ar/regiones/regiones.html, se puede consultar el hospital más cercano; o bien llamar al Programa, 0221-429-2968, de lunes a viernes, de 8 a 17. “Nuestro lema es ‘Construir salud es comprometernos con el derecho a vivir una vida libre de violencias’ –subraya la coordinadora–. Apuntamos a la corresponsabilidad social: decir no a la violencia es un compromiso de todas y de todos”.

MUTILACION FEMENINA

Tenía siete años cuando fui mutilada. Aquello fue una fiesta, durante un mes me hicieron sentir como una princesa: todo el mundo me regalaba bombones, flores, juguetes. No te lo podrías imaginar... Luego, vino la pesadilla” (Najma Ahmed Abdi, Somalia). Najma es una de las 130 millones de mujeres en el mundo que hoy podrían contar el mismo horror. Ciento treinta millones de mujeres amputadas: les extirparon el clítoris a modo de “bienvenida” al universo femenino. Aunque parezca mentira, esta práctica tan ancestral como ultramachista sigue vigente en, al menos, 28 países del planeta. Principalmente, en África. Acaso estemos ante el mayor fracaso del feminismo en su siglo de lucha por la igualdad. Si el clítoris supone el símbolo más contundente de la liberación de la mujer, quien ha logrado apropiarse de su cuerpo, ejercer su sexualidad y buscar el placer sin culpas, la mutilación genital femenina (MGF) es la demostración más brutal de que el patriarcado sigue en las trincheras. ¿O tendremos que hablar directamente de fracaso de la civilización? Efua Dorkenoo no cree que sea tan así. “Es un mecanismo complejo para controlar la sexualidad femenina en algunas sociedades, lo que refleja sí una desigualdad profunda entre los sexos y constituye una forma extrema de discriminación contra la mujer. En mi experiencia, los extranjeros encuentran esta complejidad difícil de entender, pero no es más que un reflejo de la falta de poder de las mujeres en esas comunidades donde la supervivencia depende de estar casadas y, a su vez, la mutilación está vinculada al casamiento. Incluso las propias víctimas llegan a convertirse en defensoras de la práctica. La mayoría de las madres piensa que están haciendo lo mejor por sus hijas, y que de esa manera evitarán que las niñas sufran más adelante el rechazo social.” Esta ghanesa oriunda de Cape Coast, de 63 años, es una referente mundial en el tema. Se formó como médica, se especializó en salud pública y desde hace treinta años lucha para erradicar la ablación, hoy, como directora de un programa especial contra MGF desde la organización Equality Now, con sede en Londres. Entrevistarla es meterse en un pasadizo que te lleva a una edad de piedra en pleno siglo XXI, con un registro completamente distinto de lo que entendemos por cultura. El recorrido abarca mucho más que un puñado de pueblitos perdidos en el África profunda, Asia y Oriente Medio. Aunque resulte inverosímil, también en Europa y Estados Unidos se practica la mutilación como ritual de iniciación. “En la década de 1970 yo estaba haciendo un curso de obstetricia como parte del entrenamiento para ser enfermera, en una maternidad de Sheffield, Inglaterra, cuando una mujer somalí llegó para parir. Había sido sometida a la forma más radical de esta práctica, la infibulación, que es la escisión total de los genitales externos y la sutura de la abertura vaginal. No había espacio suficiente para el parto por vía vaginal. En aquel momento, los médicos británicos no tenían conocimiento de la mutilación femenina. No había protocolos clínicos y no estábamos preparados para un parto así. Al ser la única persona negra en la sala de partos en ese momento, mis colegas me miraron como pidiéndome explicaciones de qué era eso. Algunos pensaron que la mujer había tenido un accidente que le había causado esas cicatrices. Yo sabía que la clitoridectomía era practicada por algunos grupos étnicos de Ghana, pero no tenía ni idea de que existían formas tan radicales de la ablación genital. El dolor innecesario que atravesó esa mujer y la indignidad a la que fue sometida, rodeada de profesionales blancos, que la revisaban de manera insensible, la indagaban y traían equipos de estudiantes de medicina para mirar su vulva mutilada... Todo eso tuvo gran impacto en mí como africana y como mujer. Decidí aprender más sobre el tema y finalmente he dedicado mi vida a esto.” ¿Cómo explica esta práctica? ¿Es por razones culturales, religiosas? Al igual que otros comportamientos sociales, esto tiene que ver con un sistema de creencias muy variado y complejo. Por un lado está la expectativa de que los hombres se casan sólo con mujeres que han sido sometidas a la ablación; el deseo de un matrimonio, esencial para la seguridad económica y social de esas mujeres, así como para el cumplimiento de los ideales de feminidad, da cuenta de por qué persiste esta costumbre. Muchos la consideran una “buena tradición”, un requisito religioso o un rito necesario de pasaje a la adultez. Otros creen que garantiza la fidelidad de las mujeres, que aumenta el placer sexual masculino o suponen que evita la promiscuidad. También existe el mito de que si no se corta, el clítoris crecerá en forma excesiva. En cuanto a las religiones, se puede encontrar entre cristianos, judíos, musulmanes y también entre seguidores de las creencias indígenas. En una época en la que se reivindica a los pueblos originarios en el mundo entero y a sus culturas, ¿cómo se hace para tolerar semejante aberración? Depende de a quién se le esté hablando; en mi experiencia, la gente se pone a la defensiva si siente que la están atacando. Por lo tanto, se requiere un enfoque estratégico y un acercamiento basado en el respeto para hacer frente al problema. Yo empecé en esta lucha en los años 80; en aquellos días el tema era muy controvertido. Quienes suscribían a estas prácticas sostenían que se trataba de un derecho cultural. Y cualquier debate sobre la cuestión era recibido como imperialismo cultural o racismo. Mi primera tarea fue la de establecer vínculos con los indígenas defensores de los derechos humanos en los países que la practicaban, para dar voz a esa lucha a nivel internacional. ¿Y qué pasó desde entonces? ¿Alguna comunidad puso fin a la MGF? Hubo un cambio radical en la política sobre la mutilación genital desde la década del 80 hasta hoy. Muchos gobiernos han pasado de una posición de negación y política cero sobre el tema, a por lo menos aceptar que se trata de una cuestión de derechos humanos. En 1997, veintidós países africanos se unieron a la Organización Mundial de la Salud para poner en marcha un plan regional de acción para erradicar esta práctica. Y de ellos, actualmente diecisiete ya tienen leyes contra la ablación. Pero una cosa es que se prohíba y otra muy distinta es lograr que se termine definitivamente. Si bien las leyes son importantes, por lo general, no alcanzan para lograr un cambio real en los comportamientos. Hacen falta cambios estructurales y educativos. De acuerdo a las últimas estadísticas sobre MGF, la práctica está disminuyendo en África, pero muy lentamente. Todavía hay grupos étnicos con altísima prevalencia (en países como Sudan, Somalia, Sierra Leona, Guinea o Egipto llega al 90%). ¿La mutilación genital es una forma de esclavitud? Es importante tener en cuenta que la sexualidad femenina ha sido reprimida de formas variadas, en todas partes del mundo a lo largo de la historia y esto sigue aún hoy. Las esclavas en la antigua Roma tenían uno o más anillos puestos en los labios mayores de la vagina para evitar que quedaran embarazadas. Cinturones de castidad fueron traídos a Europa por los cruzados en el siglo XII. Hasta hace muy poco, la clitoridectomía se realizó como un remedio quirúrgico contra la masturbación en Europa y Estados Unidos y la cirugía genital innecesaria continúa hasta el día de hoy. ¿No cree que las religiones son cómplices silenciosas? Es una cuestión cultural más que religiosa. La ablación no está mencionada en el Corán y tampoco en la Biblia. Yo diría que tiene más que ver con la forma en que los textos religiosos han sido interpretados por líderes religiosos varones y socialmente conservadores. Además, creo que la práctica prospera en áreas donde las enseñanzas religiosas buscan subrayar el control de la sexualidad de las mujeres.

MUTILACION GENITAL - ONU

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado por primera vez una resolución que condena la mutilación genital femenina y pide a los Estados miembros medidas de castigo y educativas para frenarla. El texto urge a los estados miembros de la ONU para que tomen todas las medidas, incluyendo leyes que prohíban expresamente esta práctica, a fin de proteger a mujeres y niñas de "cualquier forma de violencia" y poner fin a la impunidad, ha señalado un comunicado. La Asamblea General pidió un esfuerzo para que las autoridades, servicios médicos y líderes religiosos y comunitarios redoblen sus esfuerzos para aumentar la concienciación y combatir las actitudes que aún defienden la ablación del clítoris femenino. También se acordó pedir que el 6 de febrero sea declarado el Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina. Tras la aprobación, el embajador italiano ante la ONU, Cesare Maria Ragaglini, que ha sido uno de los principales promotores, destacó que la resolución supone un instrumento para ayudar a "cambiar el destino" de mujeres y niñas de todo el mundo. Varios países africanos, como Kenia o Burkina Faso (que presentó el texto final a la Asamblea en nombre de un grupo de países de ese continente) destacaron la importancia del texto para intensificar la lucha internacional contra esta práctica.

FEMINICIDIOS - POR MARIANA CARBAJAL

Según un relevamiento del Observatorio de Femicidios en la Argentina, en el primer semestre hubo 119 homicidios de mujeres por violencia machista. En al menos 16 casos, habían llegado a hacer denuncias. Por estas muertes, 161 hijas e hijos perdieron a su madre. Gilda Mariana González tenía 33 años y vivía en Río Cuarto, Córdoba. El 1º de febrero fue baleada y agonizó varias horas hasta morir en un hospital. Su ex marido se entregó por el hecho a las 24 horas del ataque. Sobre él pesaba una orden de captura desde un par de días antes por una golpiza brutal que le había dado a la mujer. El de Gilda es uno de los 119 homicidios de mujeres por violencia de género que se registraron en los primeros seis meses del año, de acuerdo con el relevamiento que lleva adelante el Observatorio de Femicidios en la Argentina, coordinado por La Casa del Encuentro. La cifra significa que cada tres días dos mujeres fueron asesinadas en el país por el hecho de ser mujeres. En siete de cada diez casos, el presunto agresor resultó el marido o ex pareja de la víctima. Uno de los daños colaterales más dramáticos de los femicidios es la cantidad de chicos y chicas que quedan huérfanos brutalmente: 161 hijas e hijos perdieron a su madre como consecuencia de la violencia de género, de los cuales al menos casi un centenar son menores de edad. “Es necesario considerar a la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos, de esta forma se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata”, señaló a Página/12 Fabiana Tuñez, coordinadora de La Casa del Encuentro, al evaluar las estadísticas. Si se compara con el mismo período de los últimos dos años, se nota un descenso de los femicidios: 152, en 2011 y 126, en 2010, frente a 119, en 2012. Sin embargo, Ada Beatriz Rico, directora del Observatorio, aclaró a este diario que al sumar los casos que ya se han registrado en julio y lo que va de agosto, se diluye la diferencia y la cantidad se equipara. El año pasado hubo al menos 260 femicidios, según el relevamiento de la ONG. En los últimos días, la grabación del video que hizo Natalia Riquelme, la joven de Bahía Blanca, en el que registra la golpiza que le propina su ex marido, frente a su casa y delante de la hija pequeña de ambos, como recurso desesperado ante la inacción judicial tras 15 denuncias en contra del agresor, puso en primer plano la impunidad con la que pueden actuar perpetradores de violencia machista. Los femicidios son la expresión más extrema de ese problema social y la muestra más dramática de cómo el Estado no llega a proteger a tiempo a muchas de las víctimas. Al menos en 16 de los femicidios del primer semestre de este año, las mujeres habían hecho denuncias, de acuerdo con los datos recabados por La Casa del Encuentro. Es decir, estaban intentando salir del llamado “círculo de la violencia”. En seis, los agresores tenían una orden de exclusión del hogar o prohibición de acercarse a la víctima, dictada por la Justicia, pero la medida –quedó en evidencia– no fue suficiente para evitar que las volvieran a agredir hasta matarlas. De los 119 femicidios que contabilizó el Observatorio –sobre la base de los casos publicados en más de un centenar de medios–, en 59 hechos el presunto asesino fue el esposo o el novio, en 24, una ex pareja. Es decir, el grueso de los homicidios fue ejecutado por el marido o el ex. En los demás casos, las muertes fueron perpetradas aparentemente por otros familiares, vecinos o desconocidos. En cuanto al modo en que fueron ultimadas, el Observatorio registró 13 mujeres que murieron como consecuencias de graves quemaduras, como Wanda Taddei, la esposa del ex baterista de Callejeros, Eduardo Vásquez, condenado en junio a 18 años de prisión por el delito de homicidio agravado por el vínculo, con atenuantes. Pero no fueron las únicas mujeres a las que les prendieron fuego: otras 23 también fueron quemadas en el marco de situaciones de violencia de género, pero lograron sobrevivir a los ataques. La estadística muestra que de los 119 femicidios, 34 ocurrieron en la vivienda compartida con el femicida y 25 en la de la víctima, lo que significa que la propia casa puede resultar más peligrosa que la vía pública para muchas mujeres que se enfrentan al drama de la violencia doméstica. Otros 40 femicidios tuvieron lugar en la calle. La mayor parte de las mujeres muertas como consecuencia de la violencia machista tenían entre 19 y 50 años. La Casa del Encuentro empezó hace cinco años a relevar los femicidios publicados en los medios, ante la ausencia de registros oficiales y como una forma de llamar la atención de las autoridades y la opinión pública sobre la gravedad de la violencia hacia las mujeres. “Llevamos adelante el informe de los femicidios, pero al mismo tiempo recibimos a las mujeres que vienen a La Casa del Encuentro en busca de orientación y ahí tomamos dimensión de todo lo que no hay y falta para enfrentar el problema; por ejemplo, en las comisarías no les toman las denuncias por violencia psicológica, o los recursos no llegan a aquellas mujeres de los sectores más pobres. Hacer este informe para nosotras no es ver si el número sube o baja: son vidas, rostros, historias. Familias de las víctimas vienen a nuestra sede y piden justicia por ellas, las que tendrían que estar, por ellas, las que se podría haber evitado que fueran asesinadas”, comentó Rico. La directora del Observatorio cuestionó el hecho de que en la mayoría de las provincias no se destinen recursos para dar respuestas efectivas para proteger a las mujeres. “De la violencia se puede salir y eso lo sabemos y lo saben quienes pudieron salir, pero mientras sigan matando mujeres seguiremos reclamando hasta que el Estado y los estados provinciales decidan que este tema es una prioridad en política pública, sabiendo que por estas horas otra mujer ya no estará, y otra intentará que le crean y le tomen la denuncia”.

JUSTICIA MACHISTA - MARIANA CARBAJAL

La inacción judicial para proteger a mujeres víctimas de violencia de género quedó en el centro de la polémica luego de conocerse que la joven que grabó los golpes que le propinó su ex marido en la puerta de su casa y delante de su hija, en Bahía Blanca, había hecho quince denuncias en la policía y no había tenido eco. En otras jurisdicciones, sin embargo, hay magistrados que muestran otro compromiso para enfrentar el problema. Como en Bariloche, donde el juez de Instrucción en lo Penal Nº 2, Martín Lozada, conocido por su clara postura de defensa de los derechos humanos, ordenó la detención en las últimas semanas de tres hombres que maltrataban a sus esposas o ex parejas: uno llegó a quemarla con un hierro candente, otro la roció con nafta y el tercero pretendió prenderle fuego. En una entrevista con Página/12, Lozada analizó las herramientas y los límites de la Justicia para defender a las mujeres. “La matriz del sistema penal es de un manifiesto corte machista y patriarcal. De modo que no es esperable que el ámbito penal sea por sí mismo un campo de activismo en pos de la igualdad de trato y el respeto de los derechos de las mujeres víctimas”, afirmó Lozada. También reflexionó sobre el perfil de los perpetradores y la brutalidad de los ataques. –¿A qué adjudica tanta violencia de género? ¿Se está visibilizando más a partir de que las mujeres se atreven a denunciar situaciones que antes se silenciaban? –Tengo la impresión de que ese número cada vez mayor de mujeres que denuncian las violencias que padecen anima y estimula a las restantes víctimas a hacer lo mismo. Se trataría de una “naturalización positiva” de esas violencias, es decir, de un espacio de reconocimiento y de difusión de los mecanismos de sometimiento en vigencia. Otro punto, relativo a la escenificación violenta propia de quien echa mano a un bidón de combustible para rociar a su víctima o calienta un hierro para quemarla luego, podría estar vinculado con lo que Zygmunt Bauman llama la “sociedad sin-óptica”. En este modelo social, opuesto al panóptico de Jeremías Bentham, en donde pocos observaban el comportamiento y los gestos de muchos, somos multitud los que miramos de modo diario y acrítico la conducta y devenir de pocos. Me refiero, fundamentalmente, que a través de diversos dispositivos tecnológicos verificamos cotidianamente las formas precisas que van adoptando las manifestaciones de violencia en general, y de las violencias y ultrajes en contra de las mujeres en particular. Si actualmente las quemaduras con combustibles se propagan como manifestación violenta, acaso ello se deba al proceso de “copia” consciente, semiconsciente o, en su caso, inconsciente, por parte del perpetrador. Un perpetrador que ha aprendido, tal cual lo hacen los chicos, a través del proceso de imagen-refleja, cómo y a través de qué pasos se concreta un resultado. En este caso, un resultado negativo de violencia física y psicológica. –Una mujer en Bahía Blanca tiene que llegar al extremo de tener que grabar un video para hacer pública la violencia que sufre de parte de su ex marido luego de realizar quince denuncias y no recibir protección. Es también frecuente que mujeres que terminan asesinadas por parejas hayan hecho previamente varias denuncias contra el agresor. ¿Qué es lo que está funcionando mal? –También aquí se da una pluralidad de factores. Uno de ellos fuertemente afincado en el universo de las creencias personales, en relación con la posibilidad de poseer y controlar a nuestro antojo, sin límite intersubjetivo alguno, a la mujer que nos acompaña. Otro de naturaleza social, que sobredimensiona el alcance del universo masculino y lo coloca una y otra vez en una situación de supremacía por sobre el femenino. Si ésos son los patrones que ordenan el mundo en el que vivo, pues cualquier alteración de ese modelo de organización va a ser digno de respuesta. Y de respuesta violenta, por supuesto, pues se trata de volver las cosas al lugar de donde nunca debieron salir: el sojuzgamiento y la dominación de la mujer a través de cualquier dispositivo, aun aquellos llamados a ejercer dolor sobre su cuerpo y su espíritu. –¿Por qué hay operadores de la Justicia penal que minimizan la gravedad de una amenaza o golpes en situaciones de violencia doméstica? –Diría que la matriz del sistema penal es de un manifiesto corte machista y patriarcal. De modo que no es esperable que el ámbito penal sea por sí mismo un campo de activismo en pos de la igualdad de trato y el respeto de los derechos de las mujeres víctimas. Quienes operamos desde el sistema penal, a veces sin ser demasiados conscientes, solemos reproducir formas de desprecio por las asimetrías que rigen las relaciones de género en nuestra sociedad. Y esa indiferencia contamina el trabajo diario y hace de la mujer, en ocasiones, un ente cosificado. Llamado a reproducir actitudes y roles propios de una sociedad vertical y machista. –¿Qué puede hacer el Poder Judicial frente a un caso en el que la mujer denuncia a su pareja o ex pareja por violencia? –Afortunadamente los poderes judiciales vienen percibiendo las transformaciones sociales que se vienen operando en relación con los derechos de las minorías. A partir de ello se advierte un proceso de sensibilización o empatía para con quienes resultan sometidas por mecanismos de dominación tan estrictos como los expuestos por la violencia doméstica y de género. Si ello es así, entonces los poderes judiciales pueden servir no sólo para dar voz a las víctimas, sino también para visibilizar los procesos sociales que permiten tales formas de sojuzgamiento y violencia. Y más aún, para marcar un rumbo respecto de aquellas dimensiones de violencia que, ya sea en el ámbito familiar, en el trabajo o en la escuela, no resultan convenientes de ser toleradas. –Usted se enfrenta con frecuencia con un hombre que golpea a su esposa o ex pareja. ¿Qué características tienen? –Los perpetradores son miembros de una sociedad que, como sabemos, viene menospreciando de diversos modos la feminidad. Acaso ellos no lo manifiestan de modo elaborado y sofisticado, como otros que sí pueden hacerlo, y lo materialicen de modo bestial y altamente doloroso. Quiero decir con esto que no son seres de otro planeta y sociedad, sino personas que de modo íntimo o manifiesto tienen la creencia en torno de una cierta supremacía de lo varonil por sobre lo femenino. Sus actitudes, entonces, suelen oscilar entre el “negacionismo” y el “justificacionismo”. Entre la hipótesis de la invención victimizada por parte de la mujer delirante y el argumento de que esas cuotas de violencia eran indispensables para reencauzar una noción de orden por ellos imaginada. –¿Muestran arrepentimiento? ¿Cuentan por qué tienen esa conducta? –En mi caso particular, la aproximación al perpetrador se produce en un contexto que también se encuentra marcado por la violencia y la coerción. Me refiero a que para entonces se trata de un individuo que ha sido neutralizado por el poder punitivo del Estado, quien puede acaso encontrarse privado de su libertad, por lo que su reacción suele estar condicionada por la intención de mejorar su suerte en el proceso penal que se sigue en su contra. Sin embargo, también en ese escenario se suele producir una suerte de catarsis en la cual la persona expresa de modo definitivamente emocional su situación existencial. Y, en general, las historias de vida que presentan suelen estar marcadas también por la violencia sufrida o atestiguada.

RACISMO Y EXCLUSION

Las prácticas sociales que se erigen alrededor de la intolerancia y la exclusión presentan una historia y una genealogía. Ellas, en general, pretenden suprimir las condiciones que permiten una cierta igualdad de oportunidades para seres distintos, articulando discursos que privilegian a algunos grupos en particular en desmedro de los restantes.

A partir de la Revolución Francesa y su credo en torno a la igualdad intrínseca de todos los seres humanos, resultó cada vez más difícil reafirmar las diferencias basándose en la tradición, las costumbres o la historia. De modo que las diferencias requerían un fundamento más sólido si se quería que los hombres mantuviesen su superioridad sobre las mujeres, los blancos sobre los negros o los cristianos sobre los judíos.

Si lo que se pretendía era rebatir la condición de los derechos universales, iguales o naturales, debía entonces encontrarse una serie de explicaciones biológicas de la diferencia. Es decir, fundamentos científicos con los cuales sostener esas asimetrías.

El concepto de raza cumplió un perfecto rol en tal contexto. Su elaboración es relativamente moderna y se remonta a finales del siglo XVIII. A punto tal que antes de que los primeros europeos desembarcaran en las costas de América no parece que existiera el concepto de diferencia racial.

Desde principios de 1800 los investigadores trataron de dividir al conjunto de la humanidad en razas que pudieran diferenciarse científicamente en virtud de ciertos rasgos físicos invariables.

Dos corrientes aparecidas por aquel entonces se unieron en el siglo XIX: la primera bajo el argumento de que la historia había presenciado el avance sucesivo de los pueblos hacia la civilización, y los blancos eran quienes más habían progresado. La segunda radicaba en la idea de que características hereditarias permanentes dividían a los pueblos por razas.

El racismo como doctrina sistemática dependía de la conjunción de esas dos corrientes. Sin embargo, pese a las numerosas afirmaciones en sentido contrario, a principios del siglo XX los antropólogos no habían logrado establecer ningún criterio científico sólido para clasificar a la humanidad en razas.

El imperialismo agravó y extendió esas falsas categorías. Al tiempo en que abolían la esclavitud en sus colonias de plantaciones, las potencias europeas extendieron sus dominios en África y Asia. Los franceses invadieron Argelia en 1830 y acabaron incorporándola a Francia.

Los británicos anexionaron Singapur en 1819 y Nueva Zelanda en 1840 e incrementaron sin cesar su control en la India. En 1914, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Portugal, Bélgica y España ya se habían repartido el territorio africano.

En Europa se formó una relación simbiótica entre el imperialismo y la ciencia racial: el imperialismo de las "razas conquistadoras" dio mayor credibilidad a las pretensiones raciales, a la vez que la ciencia racial contribuía a justificar el imperialismo. En tal sentido, la historiadora Lynn Hunt señala que "el rasgo común de la mayor parte del pensamiento racista era una reacción visceral contra el concepto de igualdad".

Aunque el antisemitismo moderno se edificó sobre los estereotipos negativos que los cristianos y otros grupos mantenían desde hacía siglos respecto de los judíos, esa doctrina adquirió nuevas características a partir de 1870.

A diferencia de los negros, los judíos ya no representaban una etapa inferior de la evolución histórica como, por ejemplo, en el siglo XVIII. Ahora encarnaban las amenazas de la modernidad: el materialismo excesivo, la emancipación de grupos minoritarios y su participación en política y el cosmopolitismo "degenerado" y "desarraigado" de la vida urbana.

No sería extraño, entonces, que ya entrado el siglo XX se conjugasen en Europa el racismo, el antisemitismo y el nacionalismo para, de ese modo, dar lugar a uno de los experimentos criminales más trágicos de la historia del hombre y de los pueblos.

LA EXCUSA DE LA EMOCION VIOLENTA

Antes de ser condenado a 18 años de prisión por rociar con alcohol y prender fuego deliberadamente sobre el cuerpo de su pareja, Wanda Taddei, las palabras del ex baterista de Callejeros Eduardo Vásquez habrán sonado redentoras: "Soy una persona que no le haría daño a nadie". El filósofo Jean-Paul Sartre le replicaría que la condición humana no se conjuga en modo potencial, sino en el más prosaico indicativo: el hombre no es lo que haría, sino lo que hace. Si la vara para medir nuestros actos es la intención, en lo que a mí me toca escribiría el mejor ensayo jamás escrito. O tocaría un instrumento como Orfeo su lira. O jugaría al tenis como Sharapova. Pero no son las palabras, sino mis acciones las que me comprometen en lo que soy.

Por cierto, todo victimario corre con ventaja: mientras él se impone con su carnalidad rogando, llorando, lamentando incluso lo acontecido, el único testimonio que queda de la víctima es su ominosa y silenciosa ausencia. De allí que las palabras del ex baterista, redentoras o no, no fueron en vano: aunque nuestra doctrina se rige por el derecho penal de acto, los jueces integrantes del Tribunal Oral Criminal N° 20 consideraron un atenuante el afán piromaníaco del condenado ("sus hábitos laborales") y la compulsión a la repetición que signó la vida del agresor. Remedando un risueño ejemplo de falacia extraído de un célebre libro de lógica, el del parricida que antes del veredicto apelaba a la clemencia de los jueces por su condición de huérfano, esta vez fueron los propios jueces quienes invocaron el estrés postraumático sufrido por el victimario tras la tragedia de Cromagnon y "la pérdida de ambos progenitores", "su prolongado compromiso con las drogas y su esfuerzo para superarlo", por citar sólo algunos de los sorprendentes fundamentos alegados en el fallo.

Finalmente, el victimario fue declarado penalmente responsable del delito de "homicidio calificado por el vínculo, atenuado por el estado de emoción violenta", entendida como un estado afectivo en que una perturbación ha hecho perderle al sujeto el pleno dominio de su capacidad reflexiva y disminuir sus frenos inhibitorios, en respuesta a circunstancias externas no provocadas por el mismo sujeto y que lo hubiesen conducido a actuar como actuó.

Invocada en casos de violencia de género, la figura de la emoción violenta es un resabio de sociedades con códigos ancestrales salvajes, en cuyo marco ético-legal la lapidación de una mujer por infidelidad era -y todavía continúa siéndolo- plenamente legitimada por las costumbres que la destinaban como depositaria del honor familiar. En el Estado de Derecho de los países democráticos, esa figura ancestral se fue desligando del honor mancillado. Subsiste como una tipificación que no exonera al criminal de culpa y cargo, pero le atenúa significativamente la pena, atenuante explicable sólo porque persiste vigente aunque enmascarada la premisa de que la mujer es una propiedad del hombre.

De la justificación de la emoción violenta hasta la excusa exculpatoria de casi cualquier crimen puede mediar apenas un paso: a riesgo de justificar legalmente lo moralmente injustificable, el derecho ampara al victimario al disminuir la condena de un sujeto que, por haber actuado sin ser consciente de lo que hacía, es incapaz de recordar los acontecimientos y recién logra conferirles un significado una vez que se vuelve hacia lo que hizo y reflexiona sobre lo irreparable. Sin embargo, ni esa conmoción rayana en la locura ni el reconocimiento tardío signaron al victimario de Wanda, quien en sus primeras declaraciones relató pormenorizadamente su versión de la secuencia de los hechos en flagrante contradicción con las condiciones que justificarían la tipificación atenuada.

Lo más curioso, según señaló el abogado defensor Leonardo Rombolá Molina en una entrevista radial, es que el estado de "emoción violenta" no fue planteado durante el juicio ni por la defensa ni por el fiscal, apenas fue mencionado por la querella para dejar en claro que, precisamente, no se trató de una emoción violenta, sin sospechar que, en un eureka liberador, la exclusión de ese atenuante sería el hallazgo recogido por el tribunal. Pues dado que la pena no se podía mensurar, entonces se sacó de la galera la emoción violenta, refutada no sólo por el testimonio del victimario, sino incluso por las pericias realizadas en el lugar del crimen.

En nombre de la ley todopoderosa que no es, al fin y al cabo, sino una construcción humana que puede responder a intereses ajenos a sus fines, el atenuante desequilibra la balanza entre el daño provocado y la pena merecida: el principio incorporado por las religiones, la cultura y los códigos penales, el mismo que ordena "no matar", es depreciado toda vez que la respuesta a un homicidio es tan piadosa como injusta. Como si esa muerte fuera el desenlace desgraciado de cierta compulsión irrefrenable reprochable, pero, al fin de cuentas, presuntamente comprensible.

Pero no sólo juegan en contra del fallo las razones retributivas -la muerte de una mujer, además de la orfandad real y simbólica de sus hijos y la devastación de sus padres-. Según datos del Observatorio de Femicidios en la Argentina coordinado por La Casa del Encuentro, antes de la incineración de Wanda Taddei se informaban cinco o seis casos anuales, mientras que desde entonces, en dos años, se contabilizaron cincuenta y tres mujeres que murieron incineradas en manos de sus parejas o ex parejas. Hay quien alegará que la replicación del procedimiento letal es deudora de la irresponsabilidad mediática que privilegió la difusión del caso. Pero la contracara de este argumento descalificador es que, gracias a la difusión obtenida, las mujeres desnaturalizaron la práctica y comenzaron a denunciarla.

La directora del Programa de Estudios de Género y Subjetividad en la UCES, Mabel Burin, señaló que "en el femicidio no se trata de emociones: se trata de un sistema de pensamiento, un paradigma de dominio y posesión sobre la otra persona que configura una autorización interna para matar. Y en una cultura patriarcal, donde Ricardo Barreda pudo ser considerado un héroe por matar a todas las mujeres de su familia, un crimen como el de Vásquez se presta a la identificación de otros hombres, ya que «si él pudo hacerlo, yo también puedo»". Desconociendo las conductas miméticas de los victimarios, en lugar de hacer de la pena una pena ejemplar, los jueces invocaron una figura legal que, lejos de ejercer un papel disuasorio, es una invitación a la repetición.

Desde hace unos meses, en el Congreso se debate, como una agravante del homicidio, la figura del femicidio definido como el crimen hacia una mujer cuando hubiese sido cometido por un hombre y estuviese de por medio violencia de género. Pero el proyecto legislativo, de concretarse, no es suficiente. Se necesita, además, que los operadores jurídicos acompañen la sanción social con el firme propósito de que las reformas legales no sean meras declaraciones o letra muerta avasallada por interpretaciones arbitrarias.

Por cierto, los jueces, como representantes del Estado, resguardan su derecho a aplicar la pena jurídica por el delito, prerrogativa del Estado. Pero las víctimas, las víctimas colaterales y la sociedad toda, pueden reclamar el derecho a que sea impuesta la pena debida sin atenuantes tenuemente fundamentados. Y no se trata de un juego de palabras: ellas condensan la omnipotencia de una ley que, malabarismos mediante, todo lo puede.

FEMINICIDIOS

La Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (Consavig) impulsa el debate del proyecto de ley sobre el femicidio que se elaboró desde el organismo nacional, ya que aseguraron a AIM que la figura autónoma “daría una visibilidad al problema y un alerta a las funcionarias y funcionarios judiciales”. El año pasado 280 mujeres fueron asesinadas por cuestiónes de género.

En el Código Penal argentino no se nombra a las mujeres ni cuando se las mata, aseguró a esta Agencia la jefa de Abordaje Territorial del organismo nacional, Claudia Perugino, quien explicó que desde la Consavig se elaboró un proyecto de ley sobre femicidios, que es la muerte de parte de un hombre a una mujer por su condición, como el caso más extremo de violencia.

La creación de la figura autónoma de femicidio “daría una visibilidad a la problemática y una alerta a las funcionarias y funcionarios judiciales de poner un oído atento para que cuando una mujer llega a una instancia legal sea escuchada, porque se sabe que el 90 por ciento de las mujeres muertas en caso de femicidio recurrieron entre siete y nueve veces a la justicia”, dijo la funcionaria nacional.

La abogada recordó que “el año pasado 280 mujeres fueron asesinadas por cuestión de género, por ser mujeres”. En ese contexto, aclaró  desde la Comisión se realizan en todo el país instancias de enseñanza y aprendizaje donde se difunde la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres “como una herramienta de protección integral que ayudará a hacer valer los derechos de las mujeres”, y se escucha “atentamente a las mujeres de todo el país para saber qué demandas tienen y qué aportes y problemáticas puntuales le preocupan, ya que la comisión está enfocada a generar nuevas sanciones, porque la 26485 reconoce nuevos tipos y modalidades de violencia”.

DEBATE EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA: CONTROVERSIA CON DIPUTADOS

La asesora legal de la comisión, Daniela Arcuri, detalló que en el Senado de la Nación hay 13 proyectos y una media sanción de Diputados sobre el femicidio, pero aclaró que la iniciativa impulsada desde el organismo nacional presenta importantes diferencias con la propuesta de los diputados.”

La abogada indicó: “Nosotras no estamos de acuerdo con el proyecto de diputados, porque se podría avanzar más”. En ese sentido, precisó que el proyecto de la Consavig “reconoce la creación del femicidio como delito autónomo, es decir que impulsa que exista una figura  legal como el homicidio y las lesiones, no que sea un agravante del homicidio, que es lo que salió en diputados”.

PROMOCIÓN DE DERECHOS EN PARANÁ

Para formar agentes que sepan cómo intervenir ante conductas, acciones u omisiones que de manera directa o indirecta afecten la vida de las mujeres en su libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial y fortalecer las redes ante la violencia de género, la Consavig dictó un taller en el Centro Comunitario municipal Uno, La Floresta.

Perugino, explicó que en la instancia de enseñanza y aprendizaje se pretendió, por un lado, dar difusión de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres  “como una herramienta de protección integral que ayudará a hacer valer los derechos de las mujeres”, y, por el otro, “escuchar atentamente a las mujeres de todo el país para saber qué demandas tienen y qué aportes y problemáticas puntuales le preocupan, ya que la comisión está enfocada a generar nuevas sanciones, porque la 26485 reconoce nuevos tipos y modalidades de violencia”.

Daniela Arcuri, apuntó que  la difusión de la Ley “permite visibilizar la problemática, empoderar a las mujeres y generar redes que puedan dar contención para todos los tipos y modalidades de violencia”.

“La existencia y creación de vínculos que puedan informar y replicar la información y hacer valer sus derechos traerá aparejado cierta modificación en las conductas en el ejercicio de derechos”, aseguró la abogada.

En el encuentro no sólo se abordó la Ley, sino que también se trabajó “entre las y los participantes sobre qué le pasa a una mujer en situación de violencia, es decir, en qué estado está o cómo está su autoestima, porque a veces quienes acompañan a una mujer en vez de ayudarla la revictimizan y no se le da la herramienta para que salga del lugar en el que se encuentra”.

Además, se desnaturalizaron “los prejuicios sobre la violencia que culturalmente están instalados” y se dialogó sobre la necesidad de fortalecer “las redes, porque muchas veces en la misma ciudad hay varias personas que trabajan la violencia de género de forma desarticulada y en estos espacios se buscan establecer nexos para que todos y todas sepan con qué herramientas concretas cuenta la comunidad, porque de esta salimos unidas y organizadas”, aseguró Perugino.

LA COMISIÓN

La Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (Consavig) fue creada el 21 de febrero de 2011 con el objetivo de formular las sanciones a la violencia de género establecidas por la ley Nº 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales” en sus diferentes tipos y modalidades.

OVD- OFICINA DE VIOLENCIA DOMESTICA

La directora de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Tucumán me dijo que no podían hacer nada, que la mujer en problemas tenía que ir a pedir ayuda y no su madre, que tenía que esperar a que tocara fondo”, contó con bronca Rut Tomatis. Este diario se comunicó con la titular de la OVD de Tucumán, Martha Palazzo. Pero la funcionaria dio otra versión de los hechos: dijo que le había dado la alternativa de que la madre presentara una denuncia contra el novio de su hija. Sin embargo, Tomatis lo niega rotundamente: “Si yo había ido justamente a denunciar y no me tomaron la denuncia. Si me hubiera dado esa alternativa, la hubiera hecho. No es cierto lo que dice”, afirmó la mamá de María Medina. Palazzo reconoció que la atendió. La recuerda. Tomatis llegó a la OVD recomendada por una psiquiatra amiga de la directora del organismo. “Me dijo que me la iba a mandar para que la orientara, por eso no tuvo entrada en los registros de la oficina”, argumentó Palazzo.




Consultada por este diario, la titular de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, Analía Monferrer, explicó los mecanismos que prevé la ley para actuar en casos como el de María Medina, cuando la víctima no toma conciencia de que está en pareja con un hombre violento. “Lo más apropiado es que la propia mujer pueda reconocerse como víctima de hechos de violencia doméstica para poder sostener luego, en su caso, la denuncia policial o judicial que decidiera hacer. Pero, para que esto suceda, en general, se necesita tiempo. Y muchas veces es tal la gravedad de los hechos que ese tiempo no existe. A partir de la vigencia de la Ley nacional 26.485 –contra la violencia hacia las mujeres–, cualquier persona puede denunciar la ocurrencia de hechos de violencia cometidos contra una mujer adulta. Luego la autoridad judicial debe citar a esa mujer para que ratifiqueesos hechos. En cualquier ámbito previsto para recepción de denuncias, la que hace una tercera persona (familiar, vecino, etc.) puede ser tomada sin ningún problema”, aclaró Monferrer.



–¿Qué medidas de protección se pueden tomar?



–Las medidas son las herramientas de las que disponen juezas y jueces para evitar hechos posteriores. Lamentablemente, en casos incluso que han cobrado notoriedad –por lo menos los que fueron atendidos en la OVD de la CSJN– aun con medidas de protección vigentes y sentencias condenatorias dictadas, hechos de violencia posteriores a los que originaron los trámites judiciales ocurrieron. Esto demuestra que el Poder Judicial solo no puede eliminar los hechos de violencia. No está el sistema preparado para facilitar una custodia personal a cada víctima.



–¿Podría obligarse al violento a usar pulseras con GPS para controlar que no se acerque al domicilio de quien fuera su víctima?



–Las pulseras con GPS podrían utilizarse. Se trataría de un método, creo, más fácil de controlar. Al igual que los botones antipánico. Actualmente, estos últimos están siendo entregados por la Policía Metropolitana, ante la orden de fiscales y jueces. No hemos recibido informes aún, oficiales, acerca de su uso, pero tengo entendido que están funcionando bien y que se han evitado nuevos hechos de violencia.

VIOLENCIA DE GENERO

Fue un noviazgo de pocos meses. María Medina terminó golpeada e incendiada. Ocurrió en Tucumán. Antes, su madre había recorrido comisarías y ámbitos judiciales. Pero no fue escuchada.




María Medina tenía 32 años y se ganaba la vida dando clases particulares de inglés en su casa y haciendo traducciones de artículos científicos a una médica psiquiatra. Vivía en el barrio Ciudadela, de San Miguel de Tucumán, con su madre y su abuela, y las ayudaba también a ellas con su negocio de helados y postres artesanales. En noviembre comenzó a noviar con Armando Antonio Martín, también de 32 años, tío de uno de sus alumnos. Desde el inicio de la relación, la mamá de María, Rut Tomatis, percibió que se trataba de un hombre violento y trató de advertirle a su hija, pero ella no quiso escucharla. Rut fue a pedir ayuda durante el verano a comisarías e incluso, apenas terminó la feria judicial de enero, recurrió a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Tucumán, pero le dijeron que no podían hacer nada para proteger a su hija, porque era una mujer adulta; había que esperar hasta que ella “tocara fondo” y fuera por su cuenta a denunciarlo. Poco más de un mes después, María fue brutalmente golpeada y quemada viva en la casa de su novio. Y murió. Hacía apenas cinco meses que estaban saliendo. Martín es el principal acusado y único detenido por el femicidio: está procesado con prisión preventiva por “homicidio agravado por alevosía”. El caso muestra con crudeza la inacción del sistema judicial y policial para intentar salvar a una joven de la violencia machista y el desesperado derrotero de una madre, que pudo ver con claridad que la vida de su hija estaba en riesgo y no pudo salvarla. Especialistas consultados por Página/12 advirtieron sobre cómo se debe actuar cuando la propia víctima no se da cuenta de que está en una relación violenta, qué dice la ley y qué pueden hacer los familiares y los organismos del Estado para protegerla (ver aparte).



Martín vivía a pocas cuadras de la casa de María. Empezó a ir a buscar a su sobrino cuando terminaba las clases de inglés que le daba ella. Así se conocieron. En noviembre se pusieron de novios. Al principio, Rut se puso muy contenta porque la veía contenta a su hija. Pero pronto, dice, empezó a observar algunas actitudes que no le gustaron. A Martín le molestaban sus preguntas. Contestaba mal.



Hubo un hecho que le pareció demasiado raro. “Sonó el celular de mi hija y atendió él. Yo me sorprendí –recordó la madre–, la miré a mi hija, pero ella bajó la cabeza.” Rut aseguró que aquella vez desconfió de él. “Al cortar la llamada le hice un comentario de por qué atendía el celular de mi hija y él me respondió que no tenía que meterme en la relación de ellos.”



“María era una chica tímida. Había tenido un novio hacía unos cinco años y alguna relación más. Y lo que más quería era estar de novia. Era muy pegada a mí. No tenía la experiencia que tienen las mujeres a su edad”, la describe su mamá. Antes de que conociera a Martín, dice Rut, charlaba mucho con ella y con su abuela, se reían juntas. Pero después, diferencia, su actitud cambió. Se empezó a distanciar de su madre y su abuela. Estaba más callada. Dice que su hija era una mujer muy sensible, que escribía poesías, que le gustaba la música de Pedro Aznar. “Esa era mi hija. Pero él la cambió”, reafirmó Rut.



Rut reconoce que ella era muy sobreprotectora con su hija, y también sabe que a los 32 años era una mujer adulta para decidir sobre su vida. Pero distintas actitudes del novio le empezaron a preocupar. Con el tiempo se fue enterando de que “Martín era jugador de las máquinas y del casino y les pedía plata a mujeres luego de seducirlas”, según quedó plasmado en el expediente judicial, en el pedido de Rut para constituirse en querellante en la causa que investiga el homicidio de su hija.



“Un día, como otros, María llegó llorando a casa y cuando la abuela la estaba consolando, sonó el teléfono y era Graciela, una de las hermanas de Armando, que le dijo que fuera a su casa, que él le quería pedir perdón”, contó Rut. Ella le pidió que cortara pero la volvió a llamar y se fue a la casa de la cuñada y no volvió durante cuatro días. Un día la madre la vio con un moretón en la cara. Ella le dijo que se había golpeado sola.



“El 2 de enero, sorpresivamente, se presentaron María y Armando en casa y él me dijo que se irían de vacaciones, ella no hablaba, sólo lo miraba. Esa semana no tuve ninguna noticia de ellos”, contó Rut. Después supo que habían ido a las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Rut empezó a temer por la seguridad de su hija y fue a varias comisarías de la zona a pedir ayuda. “Me decían que no podían hacer nada. Que mi hija tenía que hacer la denuncia, que era mayor de edad”, recordó la mujer. Después de la feria judicial de enero fue a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Tucumán y la atendió la propia directora del organismo, Marta Palazzo. Fue por la recomendación de una psiquiatra amiga. “En la Oficina de Violencia Doméstica me dijeron que tenía que concurrir mi hija a hacer la denuncia, que ya tocaría fondo. Sólo anotaron los nombres míos, de mi hija y de Armando en un papel, pero no quedó nada registrado” (ver aparte).



Durante el mes de enero las llamadas de María a su familia eran cada vez más esporádicas. Con el tiempo, su mamá y su abuela supieron que al regresar de las Termas de Río Hondo se instalaron en la casa que la familia Martín tiene en la calle Corrientes 3271, en San Miguel de Tucumán. “María me rogaba que no la llamara porque Armando se enojaba muchísimo y ella sufría porque la castigaba”, siguió la madre. Unos 15 o 20 días después se separaron y María retornó a su hogar. Pero al poco tiempo la joven recibió un mensaje de texto en su celular de él que le decía: “Desde la oscuridad y el silencio te sigo amando”. El sms figura en el expediente judicial. María se sorprendió –dijo la mamá– y decidió ir a verlo para “despedirse”, relató Rut. Pero María no regresó a su casa. Una noche le mandó un sms a su mamá donde le dijo “que estaba dormido, que ya iba a volver pero no sabía cómo lo iba a hacer”. Como se había ido con ropa de verano y habían comenzado los primeros fríos, la madre la llamó para decirle que fuera a buscar un bolso con ropa más abrigada a su casa. María fue. Mientras él la esperaba afuera, llegó a decirle a su mamá y a su abuela que le había roto el celular contra una pared, tirándoselo, enojado, pero que después le había pedido perdón y le había dicho que le iba a comprar otro, relató Rut.



A los tres días de haberse llevado el bolso, Rut recibió un llamado anónimo de una mujer –no era la primera vez que esa misma voz llamaba anónimamente– que le gritó: “Tu hija está muerta”. Rut cortó y el teléfono volvió a sonar. “Me dijo que Armando la había llamado y que le había dicho que la había matado por amor a ella.” Esa voz anónima había llamado varias veces antes a Rut: la mujer siempre decía que la novia era ella y no María.



Rut llegó a la casa de Corrientes 3271 en un taxi con su madre, cuando todavía salía humo. También la acompañó un amigo. Desesperada le gritó a Martín que le entregara a su hija. El negó que estuviera. Le dijo que había un cortocircuito y se había incendiado una habitación. Rut llegó a ingresar a la vivienda, entró a la habitación, pero por el humo no pudo ver nada. El aire era irrespirable. “Estaba todo quemado, las ventanas tapiadas y lleno de escombros”, dice el expediente judicial. Los vecinos ya habían llamado a los bomberos y a la policía. Los agentes encontraron en el interior el cadáver de María, calcinado. Los peritajes forenses determinaron que había sufrido antes una brutal paliza que la había dejado inconsciente. Un informe de la Dirección General de Bomberos concluyó que el fuego se inició y desarrolló en el cuerpo de la víctima “descartándose que el mismo haya sido originado como consecuencia de un accidente eléctrico, determinándose además la existencia de recipientes con restos de nafta y fósforos en el lugar, indicios que demuestran la forma intencional de la combustión, y que sumados a los restantes, me permiten sostener que fue el imputado el autor del mismo”, escribió la fiscal Marta Mariana Rivadeneira, al requerir la prisión preventiva de Martín por “homicidio agravado por alevosía”.



Martín está detenido. Tuvo un intento de suicidio en prisión y fue trasladado a un hospital psiquiátrico, pero luego volvió a una celda en la cárcel de Villa Urquiza. “Todo este tiempo lloré. Entraba a la habitación de mi hija, me sentaba en la cama y olía su ropa, y seguía llorando. Mi madre me veía sufrir y me hizo entender que debía salir adelante. Hace unos días doné la ropa de mi hija y me levanté. Ahora estoy dispuesta a buscar justicia por mi hija”, dice Rut. Teme que Martín pueda ser declarado inimputable.

prostitucion - proyecto de penalizacion al consumidor

El 4 de mayo pasado, el diputado nacional Pablo Kosiner (FPV Salta) presentó un proyecto de ley para penalizar a quien paga por sexo. Se trata de agregar un párrafo al artículo 127 del Código Penal: “Se impondrá prisión de seis meses a dos años o multa de mil a noventa mil pesos, al que demandare u obtuviere una relación sexual a cambio de dinero, por compra de servicio sexual. Procederá la misma pena al pago realizado o prometido por una tercera persona”.
Los fundamentos de la iniciativa aluden a las “nuevas concepciones que plantean que a la trata hay que combatirla, además, atacando la responsabilidad del cliente, es decir, de quien consume este tipo de relación”.
Allí se menciona la ley sueca de 1999, que sanciona al consumidor de sexo pago, “definida como el primer intento de un país de dirigirse hacia la primer causal de la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual. Ello representa desterrar la concepción demandante de los hombres del derecho a comprar servicios sexuales, y continuar en la evolución de nuestra legislación hacia la construcción de una sociedad mucho más justa y solidaria”.
De todos modos, el proyecto contiene una contradicción: el término “servicios sexuales” es utilizado por las mujeres que consideran que, cuando se ejerce de manera independiente, la prostitución es “un trabajo digno”.

VADE RETRO CORTE- MARIANA CARBAJAL

LA ESTRATEGIA DE LA IGLESIA EN CONTRA DEL FALLO DEL MAXIMO TRIBUNAL DEL PAIS SOBRE LOS ABORTOS NO PUNIBLES

Vade retro, Corte Suprema de Justicia

En las provincias, los obispos buscan frenar la implementación de los protocolos hospitalarios. Y en el Congreso ya hay proyectos para obstaculizar los abortos no punibles. Hasta prevén subsidios a las mujeres que lleven adelante el embarazo en casos de violación.

La Iglesia Católica busca neutralizar el impacto del histórico fallo de la Corte Suprema sobre abortos no punibles. Por un lado, pretende frenar en las provincias la implementación de los protocolos hospitalarios para la atención de abortos en caso de violación. El principal frente eclesiástico se despliega en Tucumán, donde el arzobispo local, monseñor Alfredo Zecca, intenta presionar al gobernador José Alperovich (FpV) para que fije el procedimiento que debe seguirse a través de un decreto u otra normativa. Pero la estrategia tiene otra cara, que apunta paralelamente a impulsar leyes que obstaculicen la interrupción legal del embarazo y que promuevan que las mujeres sigan adelante con la gestación forzada a través de una violación –como si fueran meras incubadoras– y den luego en adopción la criatura. En la Cámara de Diputados ya se presentaron dos proyectos en ese sentido, que fueron girados a la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, donde está previsto que se empiecen a debatir, y que contemplan, incluso, darles un incentivo en dinero a cambio de llevar a término esos embarazos.

Una de las propuestas es un proyecto de Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de la Mujer Embarazada y del Niño por Nacer. Pero bajo el paraguas de una iniciativa para proteger a las mujeres durante el período gestacional, se busca introducir cláusulas “antiaborto”, para impedir la interrupción del embarazo incluso en las circunstancias permitidas por el artículo 86 del Código Penal.
En el primer artículo, la iniciativa establece que “se entiende por ‘niño por nacer’ a todo ser humano desde el momento de la concepción o fertilización del óvulo, hasta el de su efectivo nacimiento”. En el artículo cuarto, define que “el niño por nacer tiene derecho a la igualdad de oportunidades y a ser protegido contra cualquier tipo de discriminación o selección en razón de su patrimonio genético, etapa de su desarrollo, características físicas, biológicas o de cualquier otra índole. Tampoco lo será a causa de las circunstancias de su concepción o las cualidades o características de sus progenitores y familiares”. La ley considera particularmente agraviante, lesivo y discriminatorio que se califique a los niños por nacer como “deseados” o “no deseados”. Y más adelante, en el mismo artículo, establece que “cuando el embarazo proviniera de un delito contra la integridad sexual, la mujer será acreedora, desde el momento de la concepción y durante todo el período gestacional, a una asignación especial equivalente un sueldo de la categoría E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep). En caso de que la mujer decidiera asumir la crianza y educación del niño, la asignación se le continuará abonando hasta que éste cumpla los 18 años de edad. Si la mujer decidiera no tomar a su cargo la crianza y educación del niño luego del nacimiento, se proveerán de inmediato las medidas necesarias y urgentes para su protección, favoreciéndose su adopción o guarda por una familia, en cuyo caso la asignación será percibida por la familia adoptante o guardadora a partir del momento en el que se hiciere cargo del niño y hasta que éste cumpla los 18 años de edad”. En el artículo séptimo, establece que “se reputará como un caso paradigmático de violencia contra la mujer toda interferencia externa, sea estatal o particular, que tenga por objeto inducir o convencer a una mujer que cursa un embarazo, a interrumpir el curso de ese embarazo mediante la práctica de un aborto”.
El proyecto fue presentado el 23 de marzo, diez días después del fallo de la Corte sobre aborto no punible, con 15 firmas, de los exponentes más conservadores de distintos bloques, como los diputados Julio Ledesma (ex denarvaísta), de Corriente de Pensamiento Federal; el macrista salteño Alfredo Olmedo (el de la campera amarilla, conocido por sus expresiones homofóbicas), Graciela Camaño, del Peronismo Federal; el demócrata mendocino Omar de Marchi, la puntana del peronismo disidente Ivana Bianchi, la sanjuanina del Frente para la Victoria Margarita Ferra de Bartol, entre otros. Posteriormente, otros 13 diputados más también lo firmaron. Originalmente, esta propuesta había ingresado en 2010 en la Cámara de Diputados, pero perdió estado parlamentario en diciembre sin ser tratada. En realidad, se trata de una iniciativa promovida por la Red Federal de Familias, una alianza “antiderechos” de grupos católicos y evangélicos”, que repudió la sentencia de la Corte sobre los casos de aborto no punible y que desde la sanción del matrimonio igualitario está juntando firmas para presentar una iniciativa popular en el Congreso para derogarlo.
Integrantes de la red el año pasado presionaron en Misiones a la familia de una adolescente de 14 años, que había quedado embarazada cuando un tío la violó –en represalia porque había contando que él había abusado de su hermanita–, para que desistiera en su reclamo de la realización del aborto al que tenía derecho por ley. “No maten al niño, dénnoslo a nosotros” exigieron los “antiderechos” en un comunicado en aquel momento.
Hay otro proyecto en Diputados, que apunta en la misma línea. En abril, la diputada puntana Bianchi, también ferviente opositora al matrimonio igualitario y a la despenalización del aborto, presentó una iniciativa para promover la adopción de bebés concebidos en violaciones. También se camufla en una iniciativa de “asistencia integral a mujeres embarazadas víctimas de delitos contra la integridad sexual”. “En los últimos años, se han iniciado programas específicos de asistencia a víctimas de delitos sexuales en distintas ciudades del país; pero ninguno forma parte de un plan integral, que contemple la adopción”, dice Bianchi en los fundamentos. En su artículo tercero, la propuesta legislativa establece que “deberá agilizarse el registro de adoptantes, si la mujer victimizada por los delitos contra la integridad sexual y quedare embarazada, decide dar en adopción a su hijo al nacer; luego de un período de espera establecido”.
En el temario de la reunión del martes último de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara baja estaba previsto empezar a discutir los dos proyectos, pero la convocatoria finalmente fue suspendida.

LEY DE IDENTIDAD DE GENERO - SOLEDAD VALLEJOS

Alcanzaron dos horas y diez minutos para que el Senado aprobara el proyecto de Identidad de Género, que ya había recibido el mismo tratamiento en la Cámara de Diputados. Fueron 55 votos afirmativos, ninguno negativo, una abstención: con esos números, apenas habían dado las 9 y diez de la noche cuando quedaba convertida en ley la disposición según la cual el Estado argentino respeta la identidad que cada ciudadana y ciudadano concibe como propia. Una vez promulgada, bastará un trámite administrativo para modificar el nombre, la foto, el sexo en el DNI. También quedará garantizado el acceso a los tratamientos de salud que la persona requiera para modificar su cuerpo de acuerdo con el género autopercibido.

El texto aprobado define como “identidad de género” a la “vivencia interna e indidivual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”. Ello “puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”. Podrán modificar sus datos registrales las personas mayores de 18 años. Las prestaciones médicas contempladas en la ley formarán parte del Plan Médico Obligario.
Minutos antes de que el panel del recinto brillara con los números, el senador radical Ernesto Sanz pidió “una autorización especial”: que las y los activistas presentes en las barras pudieran expresar su alegría “si se consolida” la votación. El Senado estalló: desde las barras llovían los aplausos y vivas de activistas a quienes los discursos de la sesión rindieron homenaje una y otra vez. Poco después, los votos daban la razón a esa alegría, que se trasladó a la calle Entre Ríos, frente al Congreso, donde cientos habían seguido del debate en pantalla gigante.
Desde los balcones, la sesión fue presenciada por activistas LGBT, pero en realidad la jornada, en algunos casos, había comenzado bastante antes. “Desde las ocho estoy por acá”, contaba la líder trans Marcela Romero, a quien la Cámara de Diputados había reconocido como “Mujer del Año” en 2009, precisamente porque había logrado un DNI respetuoso de su identidad tras una década de lucha judicial. Presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (Attta), Romero concedió a este diario que sí, estaba “un poco ansiosa” desde temprano en la mañana y se había acercado al Congreso para paliar los nervios. Doce horas después, la ansiedad no menguaba. “Voy a tener que aprovechar que sancionaron muerte digna”, bromeaba desde el balcón que compartía con Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina LGBT (Falgbt), de la que Romero es secretaria general. Más allá, Lohana Berkins, presidenta de Alitt (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti), seguía atentamente cada discurso; la concentración, de hecho, le impedía comentar lo que sucedía.
Cuando caía la tarde sobre la plaza Congreso, un centenar de personas seguía la sesión en la pantalla gigante que el Inadi había aportado para acompañar a las organizaciones. Entre música dance, aroma a hamburguesas y personas que corrían colectivos, activistas LGBT bailaban para hacer más leve la espera, mientras se dejaban ver caras que habían sido protagonistas, hace dos años, del debate por el matrimonio igualitario, como José María Di Bello y Alex Freyre, Alejandro Vanelli y Ernesto Larrese, María Rachid. A metros del escenario, Julieta Calderón, altísima con sus 19 años y orgullosa trans militante en la Juventud de la Falgbt, decía a Página/12 que estaba ahí por ella, pero también por su sobrino de 9 años. “Si esto se aprueba, cualquiera sea su deseo, cualquiera su proyecto, la vida sería tan sencilla para él. Creo que esto es para las nuevas generaciones, porque ahora va a hacer falta un cambio cultural fuerte. Socialmente falta. No sé si mañana (por hoy) va a haber un cambio radical en todo, pero el reconocimiento legal a tu verdadera identidad es un cambio cotidiano.”
La sesión había empezado a las siete de la tarde, con una intervención, la de Ada Iturrez de Capellini (Frente Cívico por Santiago, presidenta de la Comisión de Legislación General), que anticipó la tónica predominante de las siguientes dos horas: la Cámara estaba dispuesta a “subsanar” la “deuda” que la democracia tenía con el colectivo trans, y agradecía y aplaudía la militancia de los activistas. La ley, que Iturrez de Capellini definió como “consecuencia de la ley de matrimonio igualitario”, recibió el respaldo de todos los bloques, cuyos representantes fueron ampliando, a su turno, el abanico de razones: es “un derecho humano básico para poder dignificarse”, señaló Eugenio Artaza (UCR); “tendría que haber sido sancionada mucho antes”, reflexionó Aníbal Fernández (FpV); permitirá “a la gente intentar ser más feliz”, aportó Miguel Angel Pichetto (FpV). Es “el primer paso para empezar a revertir esta realidad de discriminación y violación constante de los derechos humanos por razón de identidad de género”, destacó Rubén Giustiniani (PS), quien pidió, como otros de sus colegas, reconocer a la legisladora (MC) Silvia Augsburger, responsable de haber franqueado el paso de la demanda al Congreso.
Los discursos transcurrían sin sobresaltos, ante un recinto del que se habían ausentado dieciséis legisladores, entre ellos Teresita Negre de Alonso, quien dos años atrás se había opuesto férreamente al matrimonio igualitario. Sonia Escudero, que en 2010 votó en oposición a aquella ley, anunciaba, sirviéndose de cifras sobre la vulnerabilidad del colectivo trans, que votaría favorablemente; del mismo modo votó el salteño Juan Carlos Romero. En ese contexto, y trayendo a colación los reparos que la jerarquía católica expresa con respecto a la modificación del Código Civil, Marcelo Fuentes (FpV) cuestionó la “extorsión de la religión” y el “síndrome del púlpito”, puesto que es preciso reconocer “la secularización del derecho”. “No va a haber reconstrucción igualitaria en la Argentina si los responsables de llevarles tranquilidad a sus fieles no los preparan para un mundo que marcha a los cambios.”
Sólo la chubutense Graciela Di Perna (Frente por la Integración) puso una nota disruptiva al anunciar que se abstendría, entre otras cosas, porque “adulterar la partida de nacimiento es un delito”, habida cuenta de que “no se puede adulterar el genotipo del sexo de un individuo presente desde la concepción en cada célula del individuo”.
Aunque los reconocimientos a organizaciones y activistas fueron moneda corriente, un nombre reaparecía una y otra vez en la sesión: el de Claudia Pía Baudracco, la líder trans fallecida el 18 de marzo. La mencionó, tras recordar a “Ursula, una mujer encantadora que ha padecido las discriminaciones que hoy se terminan”, la chaqueña Elena Corregido (FpV); también la riojana Mirtha Luna, al contar que la había conocido en un acto por el Día de la Mujer: “Claudia Pía se me acercó y me pidió que le diéramos sanción al proyecto. Diez días después murió”. El nombre de Baudracco estuvo presente, también, en la plaza, junto con otros históricos, como el de Nadia Echazú. Faltaban minutos para que el cuerpo votara. Gerardo Morales (UCR) se congratuló porque la “ley convertirá a la comunidad trans en sujetos de derecho, como ocurre con el conjunto de la sociedad”.