Por Coalicion Argentina contra la Trata y Tráfico de Personas
Ante los graves hechos ocurridos en General Villegas (una niña abusada por tres adultos y una manifestación con el lema “Abuso sí, violación no”, en respaldo a los imputados por violencia sexual) manifiesta lo siguiente:
–Es una regla básica del derecho y del sentido común que la víctima debe ser escuchada y, en principio, su relato creído. En modo alguno quienes han sido víctimas pueden ser culpabilizadas. Las mujeres mayores de edad que han sufrido delitos sexuales no pueden ser culpabilizadas por su forma de vestir, bailar, hablar, relacionarse, etc. Y, si son menores, no tienen la madurez ni la preparación para consentir, por lo tanto no pueden ser responsabilizadas por estos actos. Los infantes y adolescentes no son adultos/as pequeños.
–Los adultos son los responsables de sus actos y deben cuidar a los niños/as y adolescentes y decir no ante la posibilidad de una relación sexual con ellos/as.
–Debemos tener en claro que, en General Villegas, hay tres mayores denunciados como abusadores y una menor víctima.
–Esta es la situación que se conoce ahora porque hay otros responsables de presunta negligencia en sus deberes que la Justicia debe investigar (si se comprueba que este hecho no es el único) ante las públicas denuncias que realizan a los medios de comunicación los ciudadanos/as de General Villegas.
–Por eso, creemos que se debe investigar a las autoridades de la escuela donde concurre la menor y su gabinete psicopedagógico; a los encargados del Balneario Municipal y autoridades de Turismo municipal; al intendente, abogado, constituyente y legislador mandato cumplido por las declaraciones adjetivadas, ambiguas, confusas a la prensa, que no llevan claridad a la población y por no haber ordenado la contención de la menor en su municipio.
–También se debe investigar a los organizadores/as y participantes de la marcha por los “buenos muchachos” (en defensa de los acusados), por la posibilidad de que estén incurriendo en el delito de apología del delito y para saber si tuvieron conocimiento, con anterioridad, del hecho (que ahora sale a la luz), lo que podría implicarles una denuncia por encubrimiento.
–Al juez y al fiscal les solicitamos celeridad en las resoluciones. Y que sus decisiones sean mensajes claros a la sociedad y no se transformen, por el contrario, en una metáfora disciplinadora para que las víctimas no vuelvan a denunciar.
–También pedimos que se investigue la distribución de pornografía infantil y se enjuicie a todos los involucrados en este delito.
–Además repudiamos los hechos protagonizados por tres adultos de General Villegas y acercamos toda nuestra solidaridad a la niña y su familia.
miércoles, 26 de mayo de 2010
viernes, 21 de mayo de 2010
VIOLENCIA LABORAL
Qué es la violencia laboral?
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer “Convención de Belem do Para” (1994) establece en su Artículo 2:
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica :
a. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
b. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo , así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
c. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.
Se considera violencia laboral a toda conducta –activa u pasiva- ejercida en el ámbito laboral por funcionarios/as o empleados/as públicos/as y privados/as que, valiéndose de su posición jerárquica o de circunstancias vinculadas con su función, constituya un manifiesto abuso de poder , materializado mediante amenaza, intimidación, inequidad salarial fundada en razones de género, acoso, maltrato físico, psicológico y/o social u ofensa que atente contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o social del trabajador o trabajadora.
Las manifestaciones de la violencia laboral son múltiples: las conductas autoritarias, la fuerza, la coerción, las arbitrariedades, los excesos, la amenaza explícita o velada, la discriminación, la burla o la humillación así como las actitudes denigratorias, la subvaloración, el acoso moral, acciones vejatorias y el acoso sexual.
Acoso sexual
El acoso o mobbing , como suele denominarse en inglés– puede definirse como el trato desfavorable que reiteradamente recibe en el sitio de trabajo una persona por parte de otra/s basado en el sexo, la edad, discapacidad, circunstancias familiares, orientación sexual, etnia, color, idioma, religión, creencias u opiniones políticas, sindicales u otras, origen nacional o social, asociación con una minoría, propiedad, nacimiento o cualquier otra condición. Incluye toda conducta que atemoriza, ofende, degrada o humilla al trabajador o la trabajadora y puede ocurrir en privado, ante la presencia de compañeros/as de trabajo o frente a clientes/as.
El acoso sexual es todo acto, comentario reiterado o conducta con connotación sexual, sexista u homofóbica no consentida por quien la recibe y que perjudique su cumplimiento o desempeño laboral, educativo, político o sindical, o su bienestar personal. El acoso sexual también puede ser ambiental, cuando se trate de “todo acto de naturaleza sexual, sexista u homofóbica, que sin estar dirigido a una persona en particular, cree un clima de intimidación, humillación u hostilidad."
El acoso puede tener connotación sexual si "tiene por fin inducir a la víctima a acceder a requerimientos sexuales no deseados"; sexista "cuando su contenido discrimina, excluye, subordina, subvalora o estereotipa a las personas en razón de su sexo"; finalmente, homofóbica "cuando su contenido implica rechazo o discriminación de la persona en razón de su orientación o identidad sexual".
Consecuencias
El acoso sexual puede ocasionar que una mujer deje su empleo para no afrontar el problema, si bien debido a la situación socioeconómica lo más probable es que calle y se someta para no perder su ingreso. Puede ser despedida o perder sus perspectivas de promoción por no haber accedido a las sugerencias que le fueron hechas. La mujer acosada tiene siempre una sensación de culpabilidad generada por la carga social y cultural que, ante estos hechos, ve a la mujer como una "provocadora".
Las víctimas sufren de tensión nerviosa, irritabilidad y ansiedad, que a menudo pueden dar lugar a depresión, insomnios y otros trastornos psicosomáticos como jaquecas, problemas digestivos, cutáneos, etc.
La denuncia es la herramienta para detener el abuso. Hasta tanto no se obtenga asesoramiento, es conveniente no relatar los hechos a las jefaturas ya que puede existir solidaridad jerárquica. La denuncia debe realizarse ente la organización sindical, que es la garante necesaria para el tratamiento del tema en los máximos niveles, salvaguardando la identidad de la víctima.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer “Convención de Belem do Para” (1994) establece en su Artículo 2:
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica :
a. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
b. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo , así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
c. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.
Se considera violencia laboral a toda conducta –activa u pasiva- ejercida en el ámbito laboral por funcionarios/as o empleados/as públicos/as y privados/as que, valiéndose de su posición jerárquica o de circunstancias vinculadas con su función, constituya un manifiesto abuso de poder , materializado mediante amenaza, intimidación, inequidad salarial fundada en razones de género, acoso, maltrato físico, psicológico y/o social u ofensa que atente contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o social del trabajador o trabajadora.
Las manifestaciones de la violencia laboral son múltiples: las conductas autoritarias, la fuerza, la coerción, las arbitrariedades, los excesos, la amenaza explícita o velada, la discriminación, la burla o la humillación así como las actitudes denigratorias, la subvaloración, el acoso moral, acciones vejatorias y el acoso sexual.
Acoso sexual
El acoso o mobbing , como suele denominarse en inglés– puede definirse como el trato desfavorable que reiteradamente recibe en el sitio de trabajo una persona por parte de otra/s basado en el sexo, la edad, discapacidad, circunstancias familiares, orientación sexual, etnia, color, idioma, religión, creencias u opiniones políticas, sindicales u otras, origen nacional o social, asociación con una minoría, propiedad, nacimiento o cualquier otra condición. Incluye toda conducta que atemoriza, ofende, degrada o humilla al trabajador o la trabajadora y puede ocurrir en privado, ante la presencia de compañeros/as de trabajo o frente a clientes/as.
El acoso sexual es todo acto, comentario reiterado o conducta con connotación sexual, sexista u homofóbica no consentida por quien la recibe y que perjudique su cumplimiento o desempeño laboral, educativo, político o sindical, o su bienestar personal. El acoso sexual también puede ser ambiental, cuando se trate de “todo acto de naturaleza sexual, sexista u homofóbica, que sin estar dirigido a una persona en particular, cree un clima de intimidación, humillación u hostilidad."
El acoso puede tener connotación sexual si "tiene por fin inducir a la víctima a acceder a requerimientos sexuales no deseados"; sexista "cuando su contenido discrimina, excluye, subordina, subvalora o estereotipa a las personas en razón de su sexo"; finalmente, homofóbica "cuando su contenido implica rechazo o discriminación de la persona en razón de su orientación o identidad sexual".
Consecuencias
El acoso sexual puede ocasionar que una mujer deje su empleo para no afrontar el problema, si bien debido a la situación socioeconómica lo más probable es que calle y se someta para no perder su ingreso. Puede ser despedida o perder sus perspectivas de promoción por no haber accedido a las sugerencias que le fueron hechas. La mujer acosada tiene siempre una sensación de culpabilidad generada por la carga social y cultural que, ante estos hechos, ve a la mujer como una "provocadora".
Las víctimas sufren de tensión nerviosa, irritabilidad y ansiedad, que a menudo pueden dar lugar a depresión, insomnios y otros trastornos psicosomáticos como jaquecas, problemas digestivos, cutáneos, etc.
La denuncia es la herramienta para detener el abuso. Hasta tanto no se obtenga asesoramiento, es conveniente no relatar los hechos a las jefaturas ya que puede existir solidaridad jerárquica. La denuncia debe realizarse ente la organización sindical, que es la garante necesaria para el tratamiento del tema en los máximos niveles, salvaguardando la identidad de la víctima.
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
El concepto de Salud Sexual y Reproductiva implica el derecho al desarrollo de una sexualidad gratificante, sin coerción, sin temor a infecciones o a embarazos no deseados; implica la posibilidad de poder regular la fecundidad, el derecho a un parto seguro y sin riesgos, el derecho a dar a luz y a criar niños y niñas saludables. Busca promover en varones y mujeres el desarrollo de una vida sexual sana, placentera y segura, a lo largo de toda la vida. Estos derechos son considerados fundamentales para mantener y mejorar la salud, practicar el auto-cuidado y el cuidado del/la otro/a.
Por tanto, podemos decir que la salud sexual y reproductiva se refiere al estado de bienestar físico, mental y social de la persona en todo lo relativo al aparato genital y sus funciones. Va más allá de la ausencia de enfermedades; consiste en la posibilidad de llevar una vida sexual satisfactoria. Va más allá de la planificación familiar al considerar los distintos factores que determinan los comportamientos sexuales, tales como las relaciones de poder entre los géneros o el papel de las instituciones en las estrategias de reproducción.
En los últimos años, la Argentina ha sancionado y reglamentado leyes de Salud Sexual y Reproductiva y de educación sexual con programas para habilitarlas, aunque lamentablemente su funcionamiento en la práctica no es el esperado, ni muchos menos el necesario. Su importancia radica en los siguientes derechos:
El derecho a la salud sexual y reproductiva como componente de la salud general a lo largo de la vida.
El derecho a adoptar decisiones con respecto a la procreación, que incluye la elección voluntaria del cónyuge, la formación de una familia y la determinación del número y espaciamiento de los hijos.:: El derecho a condiciones de igualdad y equidad de varones y mujeres, para el ejercicio de opciones libres de discriminación por motivos de género.
El derecho a la seguridad sexual y reproductiva, es decir a una vida libre de violencia y coacción sexual y con derecho a la privacidad.
De la misma manera, estos derechos se encuentran respaldados por el Artículo 75 de la Constitución Nacional que asegura la protección de la madre durante el embarazo, así como también, condiciones de igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a servicios de atención médica. El programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de La Nación, que data del año 2003 y nace a partir de la Ley 25.673, aclara que el derecho a la Salud comprende la Salud Sexual, y que ésta incluye la posibilidad de desarrollar una vida sexual gratificante y sin coerción, así como prevenir embarazos no deseados.
Se basa en la autonomía de todas las personas para elegir individual y libremente, de acuerdo a sus convicciones y a partir de la información y el asesoramiento, un método anticonceptivo adecuado, reversible, no abortivo y transitorio, para poder definir la posibilidad de tener hijos, cuantos hijos tener, cuándo tenerlos, y el intervalo entre ellos. Por eso, promueve la posibilidad de acceder gratuitamente a un asesoramiento de calidad que contribuya a la autonomía y a la toma de decisiones en materia de salud sexual y reproductiva. Al mismo tiempo, favorece la detección oportuna de enfermedades genitales y mamarias, contribuyendo a la prevención y detección temprana de infecciones y VIH/SIDA.
Por tanto, podemos decir que la salud sexual y reproductiva se refiere al estado de bienestar físico, mental y social de la persona en todo lo relativo al aparato genital y sus funciones. Va más allá de la ausencia de enfermedades; consiste en la posibilidad de llevar una vida sexual satisfactoria. Va más allá de la planificación familiar al considerar los distintos factores que determinan los comportamientos sexuales, tales como las relaciones de poder entre los géneros o el papel de las instituciones en las estrategias de reproducción.
En los últimos años, la Argentina ha sancionado y reglamentado leyes de Salud Sexual y Reproductiva y de educación sexual con programas para habilitarlas, aunque lamentablemente su funcionamiento en la práctica no es el esperado, ni muchos menos el necesario. Su importancia radica en los siguientes derechos:
El derecho a la salud sexual y reproductiva como componente de la salud general a lo largo de la vida.
El derecho a adoptar decisiones con respecto a la procreación, que incluye la elección voluntaria del cónyuge, la formación de una familia y la determinación del número y espaciamiento de los hijos.:: El derecho a condiciones de igualdad y equidad de varones y mujeres, para el ejercicio de opciones libres de discriminación por motivos de género.
El derecho a la seguridad sexual y reproductiva, es decir a una vida libre de violencia y coacción sexual y con derecho a la privacidad.
De la misma manera, estos derechos se encuentran respaldados por el Artículo 75 de la Constitución Nacional que asegura la protección de la madre durante el embarazo, así como también, condiciones de igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a servicios de atención médica. El programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de La Nación, que data del año 2003 y nace a partir de la Ley 25.673, aclara que el derecho a la Salud comprende la Salud Sexual, y que ésta incluye la posibilidad de desarrollar una vida sexual gratificante y sin coerción, así como prevenir embarazos no deseados.
Se basa en la autonomía de todas las personas para elegir individual y libremente, de acuerdo a sus convicciones y a partir de la información y el asesoramiento, un método anticonceptivo adecuado, reversible, no abortivo y transitorio, para poder definir la posibilidad de tener hijos, cuantos hijos tener, cuándo tenerlos, y el intervalo entre ellos. Por eso, promueve la posibilidad de acceder gratuitamente a un asesoramiento de calidad que contribuya a la autonomía y a la toma de decisiones en materia de salud sexual y reproductiva. Al mismo tiempo, favorece la detección oportuna de enfermedades genitales y mamarias, contribuyendo a la prevención y detección temprana de infecciones y VIH/SIDA.
HOMENAJE A ALFREDO BRAVO
Graduado de maestro normal nacional, inició sus tareas como docente rural en una escuela pequeña en el Chaco Santafecino.
De regreso a Buenos Aires, el joven Alfredo comenzó el derrotero que lo iba a marcar significativamente para el resto de su vida: la militancia gremial y su adhesión al socialismo.
Así, el 11 de septiembre de 1973, este simple maestro de grado que sin descanso transitaba del aula a las reuniones gremiales y de allí nuevamente a las aulas, coparticipó de la fundación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), una de las conquistas más preciadas de los educadores argentinos.
Su compromiso docente, su dedicación al trabajo pedagógico y sus ideales a favor de una sociedad más justa y solidaria, iban a convertirlo en miembro de la mesa ejecutiva de la flamante CTERA.
Aquellos fueron años de cambios. Los niños que crecieron al calor de Mafalda serían los jóvenes idealistas de los años ’70. Aunque militaban en un espectro de manifestaciones polìticas diversas, todos pertenecieron a una generación que querìa cambiar la Argentina. Todo iba a concluir con la dictadura del proceso de reorganización nacional y con el profundo silencio que sucedió a la represión.
Hacia fines de 1975, la Triple A y otros grupos parapoliciales y paramilitares, comenzaron acciones que resultaron precursoras de la represión que se desataría poco después con el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Fue en aquellos momentos de violencia inusitada que Alfredo Bravo y un pequeño grupo de personas de distintas vertientes ideológico - políticas dieron vida a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Desde ese ámbito, el maestro Bravo atacó la violencia gubernamental y el oscurantismo ideológico que la sustentaba
Unos meses después, el Golpe Militar se propuso acabar de cuajo con la convulsividad crítica de la sociedad. Pero volver al pasado, sólo era posible reprimiendo brutalmente toda manifestación político - cultural progresista.
La Dictadura Militar (1976-1983) produjo decenas de miles de muertos, desaparecidos, presos políticos y exiliados. La figura del desaparecido pasó a ocupar un lugar siniestro en el imaginario cultural de los argentinos. A la vez, el Proceso de Reorganización Nacional, consideró a la educación como un campo fértil en el que habían madurado las “nuevas ideas”. En consecuencia, se propuso arrasar con toda expresión cultural alternativa y en buena medida, lo logró: Se intervinieron las universidades, se quemaron libros, se censuraron autores, los intelectuales fueron perseguidos, se criminalizó la disidencia y los educadores comprometidos con la educación pública, popular y la igualdad de oportunidades y posibilidades fueron desaparecidos.
En este cruento escenario histórico, Alfredo Bravo fue secuestrado por un grupo de tareas, el 8 de septiembre de 1977, mientras daba clases en una escuela para adultos. Permaneció desaparecido hasta el 20 de septiembre y recién fue liberado dos años después, en 1979. Torturado brutalmente durante su cautiverio, Bravo sostuvo dignamente su condición de militante solidario: jamás delató a nadie ni dio información respecto de las organizaciones en las que participaba.
Reinstaurada la democracia en diciembre de 1983, fue designado por el gobierno constitucional, Subsecretario de la Actividad Profesional Docente del Ministerio de Educación. Al asumir su nuevo cargo, renunció como Secretario General de la CTERA.
La sanción de las leyes de obediencia debida y punto final, lo posicionaron en un lugar crítico. Frente a tamaño retroceso, frente a la expiración de toda voluntad de justicia, Alfredo Bravo renunció a su cargo en el Ministerio de Educación de la Nación.
En 1991 fue electo diputado nacional, cargo para el que fue reelegido en 1995.
Murió sin haberse podido sentar en la banca de senador por la Capital Federal que legítimamente obtuvo en los comicios de octubre de 2001.
Fue un educador libertario, un extraordinario luchador y garante de la educación pública, laica, popular y universal. Fue un militante sindical democrático, honesto, transparente, un trabajador sin privilegios y un defensor inclaudicable de los derechos humanos.
Nos heredó su humanismo, su obstinada coherencia política, su compromiso con la escuela pública y la defensa de la vida; nos heredó también su coraje cívico, su integridad moral y su trabajo cotidiano a favor de los que más sufren.
jueves, 20 de mayo de 2010
STRESS LABORAL
Un tribunal reconoció el “stress laboral” generado por el corralito financiero de finales de 2001 y principios de 2002, en el marco de un juicio por despido de un trabajador de un banco privado.
La Sala Octava de la Cámara laboral, con las firmas de los jueces Juan Carlos Morando, Gabriela Vazquez y Luis Alberto Catardo, revocaron la decisión en primera instancia e hicieron lugar al reclamo de una indemnización por despido formulada por un empleado contra el Banco de Boston.
A partir de este tipo de fallos no queda duda alguna que las empresas deberán adoptar medidas de control más excesivas.
En ese sentido se deberán adoptar principalmente nuevas políticas en recursos humanos, a los fines de evitar cualquier tipo de injerencia extraña que pudiera perjudicar a los empleados..
Para los jueces Vázquez y Catardo, en cambio, no quedan dudas que la entidad no pudo dejar de prever que si omitía concretar algún tipo de medida preventiva orientada, al menos, a amortiguar semejantes niveles de violencia en el entorno de situación laboral propia de la actividad bancaria, algún trabajador podría contraer alguna dolencia psiquiátrica o desajuste psíquico.
Por lo tanto, los magistrados sostuvieron que la omisión de la entidad financiera empleadora era, sin duda, por sí misma, apta para provocar el daño según el curso ordinario de las cosas, y concluyeron que hubo culpa omisiva.
Este fallo demuestra que el deber de previsión o prevención del empleador debe ser activo y no se agota con el mero cumplimiento de las condiciones que determina la normativa sobre higiene y seguridad, sino que abarca todo tipo de acciones tendientes a preservar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores.
Qué es el estrés laboral"El estrés laboral es, básicamente, la respuesta de nuestro organismo a los desequilibrios entre las demandas del trabajo y nuestros recursos para hacerles frente, aunque también influyen otras circunstancias como el salario percibido o la relación con los compañeros", según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Los síntomas físicos que advierten un caso de estrés son "cansancio, agotamiento e insomnio", mientras que los emocionales o psíquicos "son bastante más complejos: nerviosismo, irritabilidad, dificultad de concentración e indiferencia, entre otros".
La Sala Octava de la Cámara laboral, con las firmas de los jueces Juan Carlos Morando, Gabriela Vazquez y Luis Alberto Catardo, revocaron la decisión en primera instancia e hicieron lugar al reclamo de una indemnización por despido formulada por un empleado contra el Banco de Boston.
A partir de este tipo de fallos no queda duda alguna que las empresas deberán adoptar medidas de control más excesivas.
En ese sentido se deberán adoptar principalmente nuevas políticas en recursos humanos, a los fines de evitar cualquier tipo de injerencia extraña que pudiera perjudicar a los empleados..
Para los jueces Vázquez y Catardo, en cambio, no quedan dudas que la entidad no pudo dejar de prever que si omitía concretar algún tipo de medida preventiva orientada, al menos, a amortiguar semejantes niveles de violencia en el entorno de situación laboral propia de la actividad bancaria, algún trabajador podría contraer alguna dolencia psiquiátrica o desajuste psíquico.
Por lo tanto, los magistrados sostuvieron que la omisión de la entidad financiera empleadora era, sin duda, por sí misma, apta para provocar el daño según el curso ordinario de las cosas, y concluyeron que hubo culpa omisiva.
Este fallo demuestra que el deber de previsión o prevención del empleador debe ser activo y no se agota con el mero cumplimiento de las condiciones que determina la normativa sobre higiene y seguridad, sino que abarca todo tipo de acciones tendientes a preservar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores.
Qué es el estrés laboral"El estrés laboral es, básicamente, la respuesta de nuestro organismo a los desequilibrios entre las demandas del trabajo y nuestros recursos para hacerles frente, aunque también influyen otras circunstancias como el salario percibido o la relación con los compañeros", según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Los síntomas físicos que advierten un caso de estrés son "cansancio, agotamiento e insomnio", mientras que los emocionales o psíquicos "son bastante más complejos: nerviosismo, irritabilidad, dificultad de concentración e indiferencia, entre otros".
MOBBING LABORAL
No era un simple compañero de trabajo y tampoco era sólo su jefe, sino que se encontraba en lo más alto de la escala de autoridad dentro de la línea aérea peruana TACA en la Argentina. Él fijaba hasta los horarios que ella debía cumplir, pero lo más importante era que de él dependía su permanencia en el puesto.
Por este simple factor, la Cámara laboral decidió que los comentarios groseros que día a día le prodigaba respecto de sus atributos físicos, que en general despachaba entre sus pares tanto masculinos como femeninos, le provocaron una “lesión en sus sentimientos por el sufrimiento y el dolor que tuvo que soportar”.
En esta ocasión, la Sala IV dio por probado que el jefe de la trabajadora compartía habitualmente acotaciones “respecto del tamaño de su busto y sus caderas" entre los dependientes y hasta con ella y, por eso, consideró apropiado indemnizarla por daño moral y condenó a TACA (la demanda no apuntó al gerente) a desembolsar más de $33.000.
La defensa de la empleada no llegó a probar el acoso sexual, pero sí pudo corroborar el daño moral en el fallo Este es uno de los tantos casos en que la Justicia vuelve a aplicar la figura de mobbing para condena a una compañía
En el caso mencionado, no hubo acoso sexual sino burlas y comentarios hacia los atributos físicos de la empleada, que no es lo mismo que pretender de ella favores sexuales haciendo valer una posición jerárquica y adoptando represalias o condicionamientos laborales.
Las figuras de acoso o violencia laboral son muy recientes en la Justicia argentina y surgieron de la propia doctrina de los magistrados, ya que actualmente no están reguladas en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).
Esto motivó que en noviembre de 2007, Diputados diera media sanción a un proyecto que reglamenta el mobbing en el ambiente laboral, aunque de momento su discusión se encuentra estancada en la Cámara de Senadores.
La doctrina del fallo enseña que si bien no se ha verificado la existencia de acoso sexual, el empleador resulta responsable por los hechos cometidos por sus dependientes cuando los mismos se presentan reprochables, injuriantes o aptos para causar daño moral o lesión en los sentimientos.
Por este simple factor, la Cámara laboral decidió que los comentarios groseros que día a día le prodigaba respecto de sus atributos físicos, que en general despachaba entre sus pares tanto masculinos como femeninos, le provocaron una “lesión en sus sentimientos por el sufrimiento y el dolor que tuvo que soportar”.
En esta ocasión, la Sala IV dio por probado que el jefe de la trabajadora compartía habitualmente acotaciones “respecto del tamaño de su busto y sus caderas" entre los dependientes y hasta con ella y, por eso, consideró apropiado indemnizarla por daño moral y condenó a TACA (la demanda no apuntó al gerente) a desembolsar más de $33.000.
La defensa de la empleada no llegó a probar el acoso sexual, pero sí pudo corroborar el daño moral en el fallo Este es uno de los tantos casos en que la Justicia vuelve a aplicar la figura de mobbing para condena a una compañía
En el caso mencionado, no hubo acoso sexual sino burlas y comentarios hacia los atributos físicos de la empleada, que no es lo mismo que pretender de ella favores sexuales haciendo valer una posición jerárquica y adoptando represalias o condicionamientos laborales.
Las figuras de acoso o violencia laboral son muy recientes en la Justicia argentina y surgieron de la propia doctrina de los magistrados, ya que actualmente no están reguladas en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).
Esto motivó que en noviembre de 2007, Diputados diera media sanción a un proyecto que reglamenta el mobbing en el ambiente laboral, aunque de momento su discusión se encuentra estancada en la Cámara de Senadores.
La doctrina del fallo enseña que si bien no se ha verificado la existencia de acoso sexual, el empleador resulta responsable por los hechos cometidos por sus dependientes cuando los mismos se presentan reprochables, injuriantes o aptos para causar daño moral o lesión en los sentimientos.
Un grupo de sacerdotes cordobeses, a favor del matrimonio homosexual
Emitieron un documento que dice que "Jesús jamás condenó la homosexualidad" y que los legisladores pueden "actuar distinto a lo que propone la jerarquía eclesial". Los curas son del movimiento tercermundista "Enrique Angelelli".
Ante la posibilidad de una ley que permita a personas del mismo sexo ser 'matrimonio' y vivir profundamente el amor y la sexualidad, entendemos que aprobarla, acompañarla y profundizarla nos pone en el camino del Evangelio de Jesús", arranca el documento, que está llamado a provocar polémica en el seno de la Iglesia que formalmente cuestiona el matrimonio homosexual.
El documento se titula "aportes al debate sobre las modificaciones a la ley de matrimonio civil" y fue redactado por Nicolás Alessio, un sacerdote cordobés de 52 años, miembro de un grupo de sacerdotes tercermundistas llamado Enrique Angelelli. El texto fue respaldado por otros quince sacerdotes en ejercicio.
El texto dice que "Jesús jamás condenó ni mencionó la homosexualidad, sí se enfrentó a los soberbios, a los que se creían puros, a los que tenían el poder opresor, a los que esclavizaban, a los que humillaban (...) siempre puso la Ley al servicio de una mayor humanización (...) y sobre todo, los proscriptos, los olvidados, los últimos".
Siempre en plural, el documento afirma: "Entendemos la homosexualidad como una manera distinta, diferente, diversa de vivir la sexualidad y el amor (...) Citar la 'ley natural' para oponerse a esta legislación es sólo una posición fijista, dura, congelada, de la realidad pretendida como 'natural', sin entender los complejos procesos naturales. Entendemos que un legislador, puede profesar profundamente su fe cristiana y católica, y, a la vez, con total libertad de conciencia, pensar definir y actuar distinto a lo que propone la jerarquía eclesial".
Consultado por Clarín, Alessio, quien es el cura párroco de la iglesia San Cayetano, en el barrio Altamira, dijo que "la Iglesia tiene derecho a oponerse a un matrimonio eclesial, pero aquí se habla de casarse por civil". En esa dirección, el sacerdote apuntó: "Claro, cómo van a aceptar esto, si ni siquiera aceptan el divorcio vincular, excomulgan a los que se casan en segundas nupcias y, si vamos al caso, tampoco aceptan el matrimonio civil entre heterosexuales, ya que si no pasan por el matrimonio religioso, para la Iglesia dos personas no están casadas realmente".
Para el cura, "el punto clave está en que en el fondo ellos consideran a la homosexualidad como una enfermedad, y no como una manera diversa de relacionarse".
Ante la posibilidad de una ley que permita a personas del mismo sexo ser 'matrimonio' y vivir profundamente el amor y la sexualidad, entendemos que aprobarla, acompañarla y profundizarla nos pone en el camino del Evangelio de Jesús", arranca el documento, que está llamado a provocar polémica en el seno de la Iglesia que formalmente cuestiona el matrimonio homosexual.
El documento se titula "aportes al debate sobre las modificaciones a la ley de matrimonio civil" y fue redactado por Nicolás Alessio, un sacerdote cordobés de 52 años, miembro de un grupo de sacerdotes tercermundistas llamado Enrique Angelelli. El texto fue respaldado por otros quince sacerdotes en ejercicio.
El texto dice que "Jesús jamás condenó ni mencionó la homosexualidad, sí se enfrentó a los soberbios, a los que se creían puros, a los que tenían el poder opresor, a los que esclavizaban, a los que humillaban (...) siempre puso la Ley al servicio de una mayor humanización (...) y sobre todo, los proscriptos, los olvidados, los últimos".
Siempre en plural, el documento afirma: "Entendemos la homosexualidad como una manera distinta, diferente, diversa de vivir la sexualidad y el amor (...) Citar la 'ley natural' para oponerse a esta legislación es sólo una posición fijista, dura, congelada, de la realidad pretendida como 'natural', sin entender los complejos procesos naturales. Entendemos que un legislador, puede profesar profundamente su fe cristiana y católica, y, a la vez, con total libertad de conciencia, pensar definir y actuar distinto a lo que propone la jerarquía eclesial".
Consultado por Clarín, Alessio, quien es el cura párroco de la iglesia San Cayetano, en el barrio Altamira, dijo que "la Iglesia tiene derecho a oponerse a un matrimonio eclesial, pero aquí se habla de casarse por civil". En esa dirección, el sacerdote apuntó: "Claro, cómo van a aceptar esto, si ni siquiera aceptan el divorcio vincular, excomulgan a los que se casan en segundas nupcias y, si vamos al caso, tampoco aceptan el matrimonio civil entre heterosexuales, ya que si no pasan por el matrimonio religioso, para la Iglesia dos personas no están casadas realmente".
Para el cura, "el punto clave está en que en el fondo ellos consideran a la homosexualidad como una enfermedad, y no como una manera diversa de relacionarse".
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Es violencia contra la mujer, "todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada".
La diferencia entre este tipo de violencia y otras formas de agresión y coerción estriba en que en este caso el factor de riesgo o vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer. La violencia dentro de la pareja es la forma más común de violencia experimentada por las mujeres en todo el mundo y es la primera causa de muerte y de minusvalía para mujeres de 16 a 44 años de edad, por encima del cáncer, la guerra y los accidentes de tráfico. La tolerancia social, el silencio, y la impunidad acompañan con frecuencia a este tipo de violencia.
Es necesario señalar la diferencia entre agresividad, agresión y violencia. En términos generales la agresividad se relaciona con el empuje vital de cada persona, con su carácter; la agresión se define en términos defensivos, la defensa de lo propio, del alimento, de los hijos, etc, y la violencia como el acto que busca dañar al otro. Así, la agresión siempre es espontánea, y la violencia es planeada, intencionada.
La conducta violenta puede ser:
:: Violencia física: empujones, cachetadas, ataques con objetos o armas, tirones de pelo, rasguños, golpes.
:: Violencia sexual: comentarios y gestos no deseados, exigencias sexuales bajo presión o amenaza, burlas acerca del cuerpo de la mujer, agresiones sexuales con armas u objetos.
:: Violencia emocional: amenazas, insultos, burlas, gritos, sobrenombres descalificadores, humillaciones, interrogaciones, sustracción de dinero, amenazas de herir o atacar a seres queridos, destrucción de objetos importantes, autoritarismo o cualquier otro comportamiento que mantenga al otro miembro de la pareja en permanente tensión.
miércoles, 19 de mayo de 2010
EL RECUERDO DE UNA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION RACIAL
Aunque te parezca increible, hasta la década de los 60 existían en Estados Unidos leyes de segregación racial que obligaban a que las personas blancas y negras estuvieran separadas en determinados lugares y servicios públicos. Así, entre otras cosas, existían lavabos, mesas en los restaurantes y escuelas.
El caso de los autobuses era especial. La parte delantera estaba reservada a los blancos y la trasera era exlusiva para negros, mientras que los asientos del medio, en teoría, podían ser usados por ambos. En la práctica, lo que habitualmente ocurría era que las personas de raza negra debían cambiarse de asientos.
Así, hasta que un 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks se negó a ceder el suyo a un hombre blanco en la ciudad estadounidense de Montgomery.
Con serenidad, Rosa se limitó a contestar serenamente un simple no; una negativa que detrás llevaba el rechazo a años de desprecios y humillación.
Su detención provocó un boicot durante meses al servicio público de autobuses de Montgomery y una movilización que culminó con un avance muy importante: el reconocimiento de la ilegalidad de la segregación en los transportes por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1956. Era un primer paso fundamental.
Cuando Rosa Parks se negó a ceder su asiento en aquel autobús, una voz muy especial se encargó de recoger su testigo de resistencia pacífica para convertir la protesta en un clamor. Se trataba de Martin Luther King, por aquel entonces un pastor de la Iglesia Baptista que acababa de llegar a aquella pequeña ciudad estadounidense y el hombre que se convertiría en el principal impulsor del reconocimiento de los derechos civiles en Estados Unidos.
En 1955, Martin Luther King fue uno de los primeros en llamar al boicot contra la compañía de autobuses de Montgomery, extendiendo el movimiento a todo el país sin descanso. Después de que el Tribunal Supremo condenara el sistema de segregación en los transportes públicos, continuó con el llamamiento. La sentencia del tribunal había sido un avance, pero la situación de discriminación racial en Estados Unidos continuaba siendo una realidad.
En 1963, ante las 200.000 personas que habían acudido a Washington reclamando el reconocimiento de los derechos civiles, pronunció su famoso discurso en el que “soñaba” con que la igualdad entre los hombres fuera pronto una realidad. Un año después, La Ley de Derechos Civiles acababa con la segregación racial en locales públicos y la discriminación educativa y laboral y Luther King recibía el Nobel de la Paz. Tras lograr también el derecho al voto, su lucha pacífica continuó incansable hasta su asesinato en 1968.
El caso de los autobuses era especial. La parte delantera estaba reservada a los blancos y la trasera era exlusiva para negros, mientras que los asientos del medio, en teoría, podían ser usados por ambos. En la práctica, lo que habitualmente ocurría era que las personas de raza negra debían cambiarse de asientos.
Así, hasta que un 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks se negó a ceder el suyo a un hombre blanco en la ciudad estadounidense de Montgomery.
Con serenidad, Rosa se limitó a contestar serenamente un simple no; una negativa que detrás llevaba el rechazo a años de desprecios y humillación.
Su detención provocó un boicot durante meses al servicio público de autobuses de Montgomery y una movilización que culminó con un avance muy importante: el reconocimiento de la ilegalidad de la segregación en los transportes por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1956. Era un primer paso fundamental.
Cuando Rosa Parks se negó a ceder su asiento en aquel autobús, una voz muy especial se encargó de recoger su testigo de resistencia pacífica para convertir la protesta en un clamor. Se trataba de Martin Luther King, por aquel entonces un pastor de la Iglesia Baptista que acababa de llegar a aquella pequeña ciudad estadounidense y el hombre que se convertiría en el principal impulsor del reconocimiento de los derechos civiles en Estados Unidos.
En 1955, Martin Luther King fue uno de los primeros en llamar al boicot contra la compañía de autobuses de Montgomery, extendiendo el movimiento a todo el país sin descanso. Después de que el Tribunal Supremo condenara el sistema de segregación en los transportes públicos, continuó con el llamamiento. La sentencia del tribunal había sido un avance, pero la situación de discriminación racial en Estados Unidos continuaba siendo una realidad.
En 1963, ante las 200.000 personas que habían acudido a Washington reclamando el reconocimiento de los derechos civiles, pronunció su famoso discurso en el que “soñaba” con que la igualdad entre los hombres fuera pronto una realidad. Un año después, La Ley de Derechos Civiles acababa con la segregación racial en locales públicos y la discriminación educativa y laboral y Luther King recibía el Nobel de la Paz. Tras lograr también el derecho al voto, su lucha pacífica continuó incansable hasta su asesinato en 1968.
Voces contra el abuso en Villegas
Voces contra el abuso en Villegas
18.5.2010
El Consejo Nacional de las Mujeres y diversas organizaciones y redes sociales se manifestaron en contra de las expresiones que culpabilizan a la niña abusada en General Villegas y sobre el tratamiento que algunos medios hicieron del caso.
Consejo Nacional de las Mujeres
Ante el debate público que se ha dado en torno al caso de la niña abusada en General Villegas, el Consejo Nacional de las Mujeres considera importante expresar su m¦ás en¦érgico repudio hacia las expresiones que ponen en duda si hubo consentimiento por parte de la ni¦ña, al tratamiento mediático que se ha dado al caso y a las manifestaciones a favor de los acusados.
Respecto del primer punto, huelga aclarar que en tanto se trata de una niña, el consentimiento prestado para tener relaciones sexuales no resulta válido a efectos legales, presumiéndose violencia o abuso por parte del que fuere mayor de edad.
Además del delito configurado, en el marco de la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar, Y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos donde Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, se ha incurrido en violencia mediática y psicológica, en tanto los hechos a los que fue y es sometida la ni¦ña, y la exposición pública del caso que han hecho los medios de comunicación, causan un daño emocional y una disminución de la autoestima que perjudica el pleno desarrollo emocional de la niña.
Por otra parte, las marchas y manifestaciones a favor de los acusados a las que ha asistido parte del pueblo de Villegas constituyen, en t¦érminos de la mencionada ley, violencia simbólica para con la niña y para con las mujeres en general. Estas manifestaciones públicas dan cuenta de la persistencia de la dominación masculina en nuestra sociedad, en la que se pone a una niña en el lugar de 'pecadora' y de 'inmoral' y con esto se justifica el abuso y se naturaliza la violencia.
Coalición Argentina contra la trata y tráfico de personas
La Coalición Argentina contra la Trata y Tráfico de Personas (CATW Ar.), perteneciente a la Red NO a la Trata ante los graves hechos ocurridos en Gral. Villegas, que son de público conocimiento, manifiesta lo siguiente:
Es una regla básica del derecho y del sentido común que la víctima debe ser escuchada y en principio su relato creído. En modo alguno quienes han sido víctimas pueden ser culpabilizadas, las mayores que han sufrido delitos sexuales no pueden ser culpabilizadas por su forma de vestir, bailar, hablar, relacionarse, etc., y si son menores no tienen la madurez, ni la preparación para consentir, por lo tanto no pueden ser responsabilizadas. Los infantes y adolescentes, no son adultos/as pequeños
Los adultos son los responsables de sus actos y deben cuidar a los niños/as
y adolescentes, y en su caso decir no, ante la posibilidad de una relación sexual con ellos/as.
Por lo tanto debemos tener en claro que hay tres mayores denunciados como
abusadores y una menor víctima hasta ahora.
Decimos hasta ahora porque hay otros responsables de presunta negligencia en
sus deberes, que la justicia debe investigar, si se comprueba que este hecho no es el único, ante las públicas denuncias que hacen a los medios de comunicación los ciudadanos/as de Gral. Villegas, Se debe investigar a:
* Las autoridades de la escuela donde concurre la menor y su gabinete psicopedagógico.
* A los encargados del Balneario Municipal y autoridades de turismo municipal.
* Al Intendente, abogado, constituyente y legislador mandato cumplido, por las declaraciones adjetivadas, ambiguas, confusas a la prensa, que no llevan claridad a la población y por no haber ordenado la contención de la menor en su municipio.
* A los organizadores y participantes de la marcha por los 'buenos muchachos', por la posibilidad que estén incursos en el delito de apología del delito y en caso de haber tenido conocimiento con anterioridad del hecho por encubrimiento.
Al señor Juez, al Fiscal le solicitamos celeridad en las resoluciones y que estas sean mensajes claros a la sociedad y no se transforme en disciplinador para que las víctimas no vuelvan a denunciar.
También se investigue la distribución de pornografía infantil y se enjuicie a todos los involucrados
Por último repudiamos los hechos protagonizados por tres adultos de Gral. Villegas y acercamos toda nuestra solidaridad a la niña y su familia.
Sara Torres, Susana Pastor, Alberto Ilieff
Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista
(...) es saludable recordar (como prescribe nuestro Decálogo) que la profusión de imágenes y notas a los victimarios o sus allegados, en cualquier caso de violencia contra una mujer, sólo contribuyen a una doble victimización de ésta. En el caso que nos ocupa, el agregado de términos como 'video hot' para calificar a la principal prueba del delito, y la mención de supuestos 'comportamientos precoces' de la niña abusada, son ejemplos ilustrativos de cómo por desconocimiento u omisión, algunos medios vuelven a agredir a la víctima y contribuyen a su escarnio.
Por sobre todo, la Red PAR recomienda a las y los editores que asesoren a quienes están encargados de coberturas de este tipo, bajo riesgo de terminar colaborando directamente con los presuntos delincuentes. El que diversos medios se hayan planteado dudas sobre si un supuesto 'consentimiento' de la víctima podría absolver a los abusadores, apunta a disculpar a los imputados desde el desconocimiento, ya que tratándose de una menor de edad, el 'consentimiento' como atenuante no debe tener lugar, precisamente porque lo que se tutela en estos casos, es la indefensión e inmadurez de niños y niñas para consentir cualquier tipo agresiones provenientes de sus mayores.
Ni el 'consentimiento' ni la 'precocidad' existen; se trata de una niña de 14 años con aparentes problemas psicológicos, lo que agravaría su indefensión. Lo que sí existe, es un caso de presunto abuso sexual agravado por haber sido cometido por más de dos varones, y por haber configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. Ni más, ni menos
Red No a la Trata
Al Señor Intendente de General Villegas, a los medios de comunicación y a las autoridades intervinientes:
Desde la Red No a la Trata hacemos llegar nuestra preocupación y nuestro más enérgico repudio debido a la reciente manifestación que en defensa de los acusados de los delitos de abuso sexual agravado, corrupción de menores y distribución de material pornográfico, se ha realizado en General Villegas.
Creemos que este hecho constituye un claro atentado contra los derechos de la menor y a su vez, reproduce en ella, sus familiares y toda la sociedad efectos de descreimiento, discriminación y violencia de género.
La marcha aludida representa un gran retroceso en relación a todos los avances que día a día se producen en materia de abuso sexual y al cuidado que se debería tener hacia los seres vulnerados en su integridad psicofísica.
Es evidente que aún con todos los logros producidos en referencia a esta temática, persisten aquellos prejuicios en torno al género que se reproducen en declaraciones poco felices en las que, en una clara inversión de sentido, la víctima pasa a ocupar el lugar de victimaria.
Nos resulta inadmisible esta revictimización y es por eso que apelamos a la conciencia de las autoridades y de toda la sociedad para que se logre ubicar en su justo lugar a víctimas y victimarios.
Solo así y en espera de resoluciones judiciales a la altura de la gravedad de los hechos, sabemos que al menos, se logrará el camino hacia la reparación del padecimiento y la exclusión social de quien hoy, no solo es víctima de uno de los peores crímenes, también de una comunidad que ha preferido la connivencia con la crueldad.
18.5.2010
El Consejo Nacional de las Mujeres y diversas organizaciones y redes sociales se manifestaron en contra de las expresiones que culpabilizan a la niña abusada en General Villegas y sobre el tratamiento que algunos medios hicieron del caso.
Consejo Nacional de las Mujeres
Ante el debate público que se ha dado en torno al caso de la niña abusada en General Villegas, el Consejo Nacional de las Mujeres considera importante expresar su m¦ás en¦érgico repudio hacia las expresiones que ponen en duda si hubo consentimiento por parte de la ni¦ña, al tratamiento mediático que se ha dado al caso y a las manifestaciones a favor de los acusados.
Respecto del primer punto, huelga aclarar que en tanto se trata de una niña, el consentimiento prestado para tener relaciones sexuales no resulta válido a efectos legales, presumiéndose violencia o abuso por parte del que fuere mayor de edad.
Además del delito configurado, en el marco de la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar, Y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos donde Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, se ha incurrido en violencia mediática y psicológica, en tanto los hechos a los que fue y es sometida la ni¦ña, y la exposición pública del caso que han hecho los medios de comunicación, causan un daño emocional y una disminución de la autoestima que perjudica el pleno desarrollo emocional de la niña.
Por otra parte, las marchas y manifestaciones a favor de los acusados a las que ha asistido parte del pueblo de Villegas constituyen, en t¦érminos de la mencionada ley, violencia simbólica para con la niña y para con las mujeres en general. Estas manifestaciones públicas dan cuenta de la persistencia de la dominación masculina en nuestra sociedad, en la que se pone a una niña en el lugar de 'pecadora' y de 'inmoral' y con esto se justifica el abuso y se naturaliza la violencia.
Coalición Argentina contra la trata y tráfico de personas
La Coalición Argentina contra la Trata y Tráfico de Personas (CATW Ar.), perteneciente a la Red NO a la Trata ante los graves hechos ocurridos en Gral. Villegas, que son de público conocimiento, manifiesta lo siguiente:
Es una regla básica del derecho y del sentido común que la víctima debe ser escuchada y en principio su relato creído. En modo alguno quienes han sido víctimas pueden ser culpabilizadas, las mayores que han sufrido delitos sexuales no pueden ser culpabilizadas por su forma de vestir, bailar, hablar, relacionarse, etc., y si son menores no tienen la madurez, ni la preparación para consentir, por lo tanto no pueden ser responsabilizadas. Los infantes y adolescentes, no son adultos/as pequeños
Los adultos son los responsables de sus actos y deben cuidar a los niños/as
y adolescentes, y en su caso decir no, ante la posibilidad de una relación sexual con ellos/as.
Por lo tanto debemos tener en claro que hay tres mayores denunciados como
abusadores y una menor víctima hasta ahora.
Decimos hasta ahora porque hay otros responsables de presunta negligencia en
sus deberes, que la justicia debe investigar, si se comprueba que este hecho no es el único, ante las públicas denuncias que hacen a los medios de comunicación los ciudadanos/as de Gral. Villegas, Se debe investigar a:
* Las autoridades de la escuela donde concurre la menor y su gabinete psicopedagógico.
* A los encargados del Balneario Municipal y autoridades de turismo municipal.
* Al Intendente, abogado, constituyente y legislador mandato cumplido, por las declaraciones adjetivadas, ambiguas, confusas a la prensa, que no llevan claridad a la población y por no haber ordenado la contención de la menor en su municipio.
* A los organizadores y participantes de la marcha por los 'buenos muchachos', por la posibilidad que estén incursos en el delito de apología del delito y en caso de haber tenido conocimiento con anterioridad del hecho por encubrimiento.
Al señor Juez, al Fiscal le solicitamos celeridad en las resoluciones y que estas sean mensajes claros a la sociedad y no se transforme en disciplinador para que las víctimas no vuelvan a denunciar.
También se investigue la distribución de pornografía infantil y se enjuicie a todos los involucrados
Por último repudiamos los hechos protagonizados por tres adultos de Gral. Villegas y acercamos toda nuestra solidaridad a la niña y su familia.
Sara Torres, Susana Pastor, Alberto Ilieff
Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista
(...) es saludable recordar (como prescribe nuestro Decálogo) que la profusión de imágenes y notas a los victimarios o sus allegados, en cualquier caso de violencia contra una mujer, sólo contribuyen a una doble victimización de ésta. En el caso que nos ocupa, el agregado de términos como 'video hot' para calificar a la principal prueba del delito, y la mención de supuestos 'comportamientos precoces' de la niña abusada, son ejemplos ilustrativos de cómo por desconocimiento u omisión, algunos medios vuelven a agredir a la víctima y contribuyen a su escarnio.
Por sobre todo, la Red PAR recomienda a las y los editores que asesoren a quienes están encargados de coberturas de este tipo, bajo riesgo de terminar colaborando directamente con los presuntos delincuentes. El que diversos medios se hayan planteado dudas sobre si un supuesto 'consentimiento' de la víctima podría absolver a los abusadores, apunta a disculpar a los imputados desde el desconocimiento, ya que tratándose de una menor de edad, el 'consentimiento' como atenuante no debe tener lugar, precisamente porque lo que se tutela en estos casos, es la indefensión e inmadurez de niños y niñas para consentir cualquier tipo agresiones provenientes de sus mayores.
Ni el 'consentimiento' ni la 'precocidad' existen; se trata de una niña de 14 años con aparentes problemas psicológicos, lo que agravaría su indefensión. Lo que sí existe, es un caso de presunto abuso sexual agravado por haber sido cometido por más de dos varones, y por haber configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. Ni más, ni menos
Red No a la Trata
Al Señor Intendente de General Villegas, a los medios de comunicación y a las autoridades intervinientes:
Desde la Red No a la Trata hacemos llegar nuestra preocupación y nuestro más enérgico repudio debido a la reciente manifestación que en defensa de los acusados de los delitos de abuso sexual agravado, corrupción de menores y distribución de material pornográfico, se ha realizado en General Villegas.
Creemos que este hecho constituye un claro atentado contra los derechos de la menor y a su vez, reproduce en ella, sus familiares y toda la sociedad efectos de descreimiento, discriminación y violencia de género.
La marcha aludida representa un gran retroceso en relación a todos los avances que día a día se producen en materia de abuso sexual y al cuidado que se debería tener hacia los seres vulnerados en su integridad psicofísica.
Es evidente que aún con todos los logros producidos en referencia a esta temática, persisten aquellos prejuicios en torno al género que se reproducen en declaraciones poco felices en las que, en una clara inversión de sentido, la víctima pasa a ocupar el lugar de victimaria.
Nos resulta inadmisible esta revictimización y es por eso que apelamos a la conciencia de las autoridades y de toda la sociedad para que se logre ubicar en su justo lugar a víctimas y victimarios.
Solo así y en espera de resoluciones judiciales a la altura de la gravedad de los hechos, sabemos que al menos, se logrará el camino hacia la reparación del padecimiento y la exclusión social de quien hoy, no solo es víctima de uno de los peores crímenes, también de una comunidad que ha preferido la connivencia con la crueldad.
martes, 18 de mayo de 2010
TRABAJO ESCLAVO
No olvidamos. Justicia para las víctimas del incendio", decía una leyenda sobre las paredes del ex taller textil clandestino de Luis Viale 1269, en la ciudad de Buenos Aires. Al cumplirse cuatro años del fatídico incendio, los pedidos de justicia por sus víctimas continúan en vigor. El trabajo esclavo, un fenómeno actual que es imprescindible erradicar, se sucede permanentemente, y la necesidad de combatirlo requiere el compromiso y la concientización de todas las instancias estatales y sociales. Esta es la única manera de superar fallos lamentables, como el del juzgado federal a cargo del juez Oyarbide, que sobreseyó a los dueños acusados de estos delitos argumentando que había que entender a los explotadores porque "las costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del altiplano boliviano, de donde proviene la mayoría", admiten esa forma de vida.
La vigencia universal de los derechos humanos nos debe ahorrar el padecimiento de esta dudosa clase de relativismo cultural.
La Asamblea de 1813 se pronunció contra la tortura y el tráfico de personas y en favor de la libertad de los hijos de las esclavas. La Constitución de 1853 sostuvo esas premisas y la reforma de 1994 consolidó con fuerza el compromiso con los derechos humanos.
Sin embargo, aún persisten prácticas condenables que someten a personas a situaciones de cuasi esclavitud. La reducción a servidumbre y el tráfico de personas, especialmente de mujeres menores de edad, son prácticas de explotación que irrumpen doscientos años después de Mayo. El trabajo esclavo es un flagelo que se hace imprescindible combatir.
En el incendio mencionado de Luis Viale 1269, cinco de los seis muertos eran niños. Vivían encerrados junto con otras 50 personas en una propiedad en la que funcionaba un depósito de telas. Las conexiones eléctricas eran tan precarias como todo lo que allí existía. El terrible episodio generó una reformulación de las políticas institucionales en todo el país.
Son más de cien las empresas que han sido denunciadas y también las clausuras que se han producido desde aquel incendio.
A pesar del esfuerzo, se calcula que en la región metropolitana continúan funcionando clandestinamente unos cuatro mil talleres ilegales.
Desde las instituciones, la primera tarea consiste en construir buenas herramientas de intervención. El gobierno de la ciudad, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de trabajadores vienen denunciando estas prácticas que están saliendo a la luz y generan rechazo en la ciudadanía.
Tampoco se puede admitir el argumento de quienes tercerizan gran parte de su producción y se desentienden de la calidad del proceso productivo por comprar las prendas terminadas, ya que el derecho del trabajo establece que son solidariamente responsables.
Además de valores comunes, los derechos humanos son normas. Y si existen derechos positivos que prohíben determinadas situaciones, la opinión subjetiva y las comparaciones deben correrse a un costado.
Lo mismo ocurre con las cuestiones ambientales. Cada vez que se plantea el cuidado de la naturaleza o el ambiente, se pretende hacer entrar esa protección en franca contradicción con la necesidad de generar y conservar el empleo. Como si hubiera que elegir con un criterio de suma cero: o una cosa o la otra. No podemos darnos el lujo de abandonar ninguna de las dos tareas. Si podemos orientar las instituciones para que cumplan con estas dos misiones, ¿por qué restar?
Sin embargo, existen avances. Las investigaciones y denuncias continúan llegando a la Justicia. Por caso, la Sala I de la Cámara en lo Criminal Federal, integrada por los jueces Ballestero, Freiler y Farah, confirmó el procesamiento de dos personas acusadas por el delito de reducción a servidumbre de trabajadores textiles.
El derecho es una alquimia entre normas, hechos y valores. Nada ni nadie pueden estar por encima de la ley. La existencia de esta alquimia es sólo el comienzo para dar por tierra con una realidad que padecen hoy hombres, mujeres y niños. Por ello, es necesario que, ante hechos de tamaña gravedad, la ciudadanía se concentre y comprometa para luchar contra el trabajo esclavo.
La vigencia universal de los derechos humanos nos debe ahorrar el padecimiento de esta dudosa clase de relativismo cultural.
La Asamblea de 1813 se pronunció contra la tortura y el tráfico de personas y en favor de la libertad de los hijos de las esclavas. La Constitución de 1853 sostuvo esas premisas y la reforma de 1994 consolidó con fuerza el compromiso con los derechos humanos.
Sin embargo, aún persisten prácticas condenables que someten a personas a situaciones de cuasi esclavitud. La reducción a servidumbre y el tráfico de personas, especialmente de mujeres menores de edad, son prácticas de explotación que irrumpen doscientos años después de Mayo. El trabajo esclavo es un flagelo que se hace imprescindible combatir.
En el incendio mencionado de Luis Viale 1269, cinco de los seis muertos eran niños. Vivían encerrados junto con otras 50 personas en una propiedad en la que funcionaba un depósito de telas. Las conexiones eléctricas eran tan precarias como todo lo que allí existía. El terrible episodio generó una reformulación de las políticas institucionales en todo el país.
Son más de cien las empresas que han sido denunciadas y también las clausuras que se han producido desde aquel incendio.
A pesar del esfuerzo, se calcula que en la región metropolitana continúan funcionando clandestinamente unos cuatro mil talleres ilegales.
Desde las instituciones, la primera tarea consiste en construir buenas herramientas de intervención. El gobierno de la ciudad, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de trabajadores vienen denunciando estas prácticas que están saliendo a la luz y generan rechazo en la ciudadanía.
Tampoco se puede admitir el argumento de quienes tercerizan gran parte de su producción y se desentienden de la calidad del proceso productivo por comprar las prendas terminadas, ya que el derecho del trabajo establece que son solidariamente responsables.
Además de valores comunes, los derechos humanos son normas. Y si existen derechos positivos que prohíben determinadas situaciones, la opinión subjetiva y las comparaciones deben correrse a un costado.
Lo mismo ocurre con las cuestiones ambientales. Cada vez que se plantea el cuidado de la naturaleza o el ambiente, se pretende hacer entrar esa protección en franca contradicción con la necesidad de generar y conservar el empleo. Como si hubiera que elegir con un criterio de suma cero: o una cosa o la otra. No podemos darnos el lujo de abandonar ninguna de las dos tareas. Si podemos orientar las instituciones para que cumplan con estas dos misiones, ¿por qué restar?
Sin embargo, existen avances. Las investigaciones y denuncias continúan llegando a la Justicia. Por caso, la Sala I de la Cámara en lo Criminal Federal, integrada por los jueces Ballestero, Freiler y Farah, confirmó el procesamiento de dos personas acusadas por el delito de reducción a servidumbre de trabajadores textiles.
El derecho es una alquimia entre normas, hechos y valores. Nada ni nadie pueden estar por encima de la ley. La existencia de esta alquimia es sólo el comienzo para dar por tierra con una realidad que padecen hoy hombres, mujeres y niños. Por ello, es necesario que, ante hechos de tamaña gravedad, la ciudadanía se concentre y comprometa para luchar contra el trabajo esclavo.
lunes, 17 de mayo de 2010
LA HOMOSEXUALIDAD CRIMINALIZADA
Existen 76 países alrededor del mundo que todavía consideran la homosexualidad como ilegal, cinco de ellos castigan los actos homosexuales con la muerte.
Estos ultimos son: Irán, Mauritania, Arabia Saudita, Sudán y Yemen (más algunas partes de Nigeria y Somalia).
En Arabia Saudita no existe un Código Penal documentado. En su lugar, el país aplica la estricta ley islámica de la Sharia. De acuerdo con su interpretación, la sodomía está castigada. Para un varón casado, la pena es la muerte por lapidación, mientras que la pena para un soltero es de 100 azotes así como el destierro por un año. Para un no-musulmán, que cometa sodomía con un musulmán, la pena es la muerte por lapidación.
Estos ultimos son: Irán, Mauritania, Arabia Saudita, Sudán y Yemen (más algunas partes de Nigeria y Somalia).
En Arabia Saudita no existe un Código Penal documentado. En su lugar, el país aplica la estricta ley islámica de la Sharia. De acuerdo con su interpretación, la sodomía está castigada. Para un varón casado, la pena es la muerte por lapidación, mientras que la pena para un soltero es de 100 azotes así como el destierro por un año. Para un no-musulmán, que cometa sodomía con un musulmán, la pena es la muerte por lapidación.
viernes, 14 de mayo de 2010
LAS HERMANAS MIRABAL
Las hermanas Mirabal (Patria Mirabal, Minerva Mirabal y María Teresa Mirabal) fueron dominicanas que se opusieron fervientemente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Una cuarta hermana, Bélgica Adela "Dedé" Mirabal, no tuvo un rol activo en las actividades hechas contra el dictador. Cabe destacar que Patria Mercedes no tenía el mismo nivel de actividad política que sus otras hermanas. Ella las apoyaba, incluso prestaba su casa para guardar armamentos y herramientas de los luchadores, pero quienes siempre dieron la cara fueron Minerva y María Teresa. Esta última se une al ver el ejemplo de sus hermanas.
Las hermanas Mirabal crecieron en un hogar rural acomodado de la Sección Ojo de Agua en el municipio de Salcedo (hoy municipio cabecera de la provincia que hoy lleva el nombre de Hnas. Mirabal). Estudiaron como internas en el prestigioso Colegio Inmaculada Concepción de La Vega, dirigido por monjas españolas de la Orden Terciarias Franciscanas de Jesús y María donde, tanto Minerva como María Teresa, destacaron por su inteligencia e interés en el estudio
Cuando Trujillo llegó al poder, su familia perdió casi toda su fortuna. Las Mirabal creían que Trujillo llevaría al país al caos y por ello entraron a formar parte de un grupo de oposición al régimen, conocido como la Agrupación política 14 de junio. Dentro de este grupo eran conocidas como Las Mariposas. Fueron encarceladas y torturadas en varias ocasiones. A pesar de estas situaciones, continuaron en su lucha por terminar con la dictadura. Después de varios encarcelamientos, Trujillo decidió terminar con las hermanas.
El 25 de noviembre de 1960, Trujillo envió a varios hombres a interceptar a las tres mujeres tras la visita a sus maridos en prisión. Las hermanas, totalmente desarmadas, fueron llevadas a unas plantaciones de caña, donde fueron asesinadas a palos por unos miembros de la SIM.
El motivo que llevó a la República Dominicana a solicitar este día fue por el macabro asesinato de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas dominicanas, hecho que tuvo lugar el 25 de noviembre de 1960, por órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.
En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, recordando el asesinato de las hermanas Mirabal.
En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se definió la "violencia contra la mujer" como
todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la vía privada.
Trujillo creyó en el momento que había eliminado un gran problema. Sin embargo, el asesinato le trajo muchos inconvenientes y fue el principio de su desgracia. La muerte de las Mirabal causó gran repercusión en la República Dominicana. La publicidad resultante provocó que el pueblo dominicano se mostrara cada vez más proclive a apoyar a las Mirabal y sus ideales.
Las hermanas Mirabal crecieron en un hogar rural acomodado de la Sección Ojo de Agua en el municipio de Salcedo (hoy municipio cabecera de la provincia que hoy lleva el nombre de Hnas. Mirabal). Estudiaron como internas en el prestigioso Colegio Inmaculada Concepción de La Vega, dirigido por monjas españolas de la Orden Terciarias Franciscanas de Jesús y María donde, tanto Minerva como María Teresa, destacaron por su inteligencia e interés en el estudio
Cuando Trujillo llegó al poder, su familia perdió casi toda su fortuna. Las Mirabal creían que Trujillo llevaría al país al caos y por ello entraron a formar parte de un grupo de oposición al régimen, conocido como la Agrupación política 14 de junio. Dentro de este grupo eran conocidas como Las Mariposas. Fueron encarceladas y torturadas en varias ocasiones. A pesar de estas situaciones, continuaron en su lucha por terminar con la dictadura. Después de varios encarcelamientos, Trujillo decidió terminar con las hermanas.
El 25 de noviembre de 1960, Trujillo envió a varios hombres a interceptar a las tres mujeres tras la visita a sus maridos en prisión. Las hermanas, totalmente desarmadas, fueron llevadas a unas plantaciones de caña, donde fueron asesinadas a palos por unos miembros de la SIM.
El motivo que llevó a la República Dominicana a solicitar este día fue por el macabro asesinato de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas dominicanas, hecho que tuvo lugar el 25 de noviembre de 1960, por órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.
En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, recordando el asesinato de las hermanas Mirabal.
En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se definió la "violencia contra la mujer" como
todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la vía privada.
Trujillo creyó en el momento que había eliminado un gran problema. Sin embargo, el asesinato le trajo muchos inconvenientes y fue el principio de su desgracia. La muerte de las Mirabal causó gran repercusión en la República Dominicana. La publicidad resultante provocó que el pueblo dominicano se mostrara cada vez más proclive a apoyar a las Mirabal y sus ideales.
VIOLENCIA DOMESTICA
VIOLENCIA DOMESTICA
Dónde denunciar
En la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Atención las 24 horas todos los días del año incluídos fines de semana y feriados.
Lavalle 1250, planta baja, Ciudad de Buenos Aires. Teléfonos: 4370-4600 internos 4510 al 4514. Correo electrónico: ovd@csjn.gov.ar.
Pionera en el mundo, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que depende del Poder Judicial de la Nación, recibe numerosas denuncias diarias sobre casos de violencia domestica, que van desde la presión psicológica hasta los golpes y la violación sexual.
De allí también que se haya abierto esta oficina, que por sus características (abre las 24 horas los 365 días del año y depende de uno de los tres poderes máximos) es casi única en el mundo
Esta Oficina de Violencia Doméstica se ha sumado a otros sitios donde se pueden hacer denuncias, como las comisarías, los juzgados o fiscalías que están de turno o directamente la Cámara Civil. La ventaja de esta oficina es que atiende todos los días las 24 horas con personal especializado que a su vez deriva las causas a fuero civil, penal, a servicios de salud o que quedan en asesoramiento jurídico, todo gratis, por supuesto.
Dónde denunciar
En la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Atención las 24 horas todos los días del año incluídos fines de semana y feriados.
Lavalle 1250, planta baja, Ciudad de Buenos Aires. Teléfonos: 4370-4600 internos 4510 al 4514. Correo electrónico: ovd@csjn.gov.ar.
Pionera en el mundo, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que depende del Poder Judicial de la Nación, recibe numerosas denuncias diarias sobre casos de violencia domestica, que van desde la presión psicológica hasta los golpes y la violación sexual.
De allí también que se haya abierto esta oficina, que por sus características (abre las 24 horas los 365 días del año y depende de uno de los tres poderes máximos) es casi única en el mundo
Esta Oficina de Violencia Doméstica se ha sumado a otros sitios donde se pueden hacer denuncias, como las comisarías, los juzgados o fiscalías que están de turno o directamente la Cámara Civil. La ventaja de esta oficina es que atiende todos los días las 24 horas con personal especializado que a su vez deriva las causas a fuero civil, penal, a servicios de salud o que quedan en asesoramiento jurídico, todo gratis, por supuesto.
maternidad frente al bicentenario
Madres en la Argentina: ¿Qué cambió en el umbral del Bicentenario?
Por Carina Culpina y Gisell Cogliandro
En los últimos veinte años se han acelerado y profundizado cambios en la significación y vivencias de la maternidad que acompañan procesos históricos y sociales más largos y abarcativos. Esta nueva configuración impone retos a las agendas y políticas (legislaciones y programas) públicas y privadas del Bicentenario.
1. La maternidad vulnerada
Existe una maternidad vulnerada en la Argentina del Bicentenario, ya que un tercio de madres se encuentran en situación de pobreza, cinco de cada diez tienen bajos niveles educativos (no completaron el secundario), e incluso más de trescientas mueren al año por falta de acciones de prevención y control, y una adecuada atención en el embarazo y el parto.
• Entre las madres, los niveles de pobreza e indigencia crecieron de 24,8% a 39,9%, y 7,4% a 14,8%, respectivamente, entre principios de los 90 (1991-1994) y mediados de 2000 (2003-2006). Como consecuencia, en la actualidad el 28,6% es pobre y el 9,1% indigente, y conforman un conjunto de alta vulnerabilidad incluso entre las mujeres.
Basta mencionar que las madres tienen en promedio prácticamente cuatro veces más probabilidad de padecer pobreza que las mujeres que no tienen hijos.
• Respecto a su nivel educativo, en las dos últimas décadas mejoró como resultado de la dinámica en los extremos de la pirámide educativa: hoy una proporción menor de madres tiene el ciclo primario incompleto de estudios y son más las que toman parte en estudios terciarios y universitarios. Sin embargo, existe un desafío pendiente importante ya que el 48,7% de las madres no terminó el nivel secundario de estudios pese a que es obligatorio en nuestro país. Adicionalmente, se encuentran en desventaja en relación con a las mujeres sin descendencia para continuar sus estudios: por cada madre que ingresa o finaliza los estudios superiores, tres mujeres sin hijos lo hace.
• Acerca del estado sanitario, si bien la tasa de mortalidad materna disminuyó en las dos últimas décadas y media (de 7,0 defunciones por 10.000 nacidos vivos en 1980 a 4,4 en 2007), en el presente 334 mujeres mueren al año por causas vinculadas a su maternidad. En el 50% de los casos, las muertes son injustificadas, es decir, son reductibles mediante acciones de prevención y control, y una adecuada atención en el embarazo y el parto.
2. Las brechas sociales de la maternidad
En los últimos veinte años se profundizó la brecha en la vivencia de la maternidad -edad a la que las mujeres tienen hijos y cantidad de hijos que procrean- según la situación socioeconómica y, en especial, el nivel educativo de las mujeres.
• La edad promedio de las madres primerizas o recientes se pospuso un año en los últimos veinte años, pasó de 27 años en 1984 a 28,1 años en 20062. Pero, este promedio esconde profundas diferencias según el nivel socioeconómico y educativo de las mujeres, las que han ido aumentando en el tiempo. Mientras que las mujeres que logran finalizar la universidad son madres a los 27,2 años, las que terminaron el secundario lo hacen cuatro años antes (a los 23,3 años), y las que solo completaron el primario seis años antes (a los 21,3 años).
• En lo referido a la fecundidad, las madres de menores recursos económicos tienen en promedio dos hijos más que las no pobres. Además, esta brecha se profundizó en los últimos veinte años: mientras las madres indigentes incrementaron casi en uno el número promedio de hijos que tienen (de 3 hijos en 1988 a 3,7 en 2006), las madres no pobres lo redujeron en proporción similar: pasaron de tener 2,9 hijos a 2 hijos.
3. Mujeres, madres y trabajadoras
La mayoría de las mujeres en edad fértil son madres y tienen un trabajo extradoméstico, aunque a causa de su maternidad muchas de ellas sufren desventajas en comparación con las mujeres sin hijos en el ámbito productivo. Asimismo, si bien con sus ingresos aportan a la par de sus cónyuges al sostenimiento económico de sus hogares, e incluso sus aportes constituyen
el ingreso principal en momentos de crisis o en las familias vulnerables, estos son insuficientes para revertir la situación de pobreza en la que vive un tercio de ellas.
• Seis de cada diez mujeres entre 14 y 49 años de edad son madres en la Argentina, y el 61,2% de ellas participan del mercado laboral, ya se porque trabajan (el 55,7%), o porque están desocupadas (5,5%). Por tanto, actualmente la mayoría de las mujeres en edad fértil son madres y tienen o pretenden tener un trabajo extradoméstico remunerado.
• En el ámbito productivo, la concurrencia de las madres aumentó de manera significativa en la Argentina durante los últimos veinte años: de 37,7% entre 1984-1987 a 62,8% entre 2003-2006.
• No obstante, se profundizaron las diferencias en las trayectorias laborales en perjuicio de las madres en situación de pobreza, con menores años de educación formal, y mayor cantidad de hijos. Así, las madres no pobres aumentaron más su participación que las pobres (en 17,5 y 7,4 puntos porcentuales, respectivamente, entre 1998 y 2006), mientras que el desarrollo laboral es diferente según el máximo nivel de estudios alcanzado por ellas: entre las que tienen estudios superiores completos la participación laboral es alta y constante, mientras que, entre las que tienen menos de doce años de estudios, la participación crece de forma escalonada, con incorporaciones masivas en los períodos de crisis. A su vez, entre aquellas que completaron el secundario pero no ingresan a la universidad la participación es irregular, porque ingresan al mercado de trabajo en momentos de necesidad para luego retirarse en épocas de crecimiento o estabilidad económica.
Esto puede indicar que mientras las madres universitarias trabajan para desarrollarse profesionalmente, las con nivel secundario completo lo hacen por necesidad y se retiran en momentos de bonanza, mientras que las de menores niveles educativos trabajan cada vez más porque son las principales aportantes de ingresos a sus hogares.
• Respecto a las madres más prolíficas, a pesar de que en los últimos veinte años su participación laboral creció más que entre las con menos hijos (la participación de las madres con más de cuatro hijos aumentó un 72,9% contra el 20,9% entre las que tienen menos de dos hijos), esta aún es menor: en el período más reciente (2003-2006) toma parte laboralmente el 65,7% de las madres con menos de dos hijos, el 59,6% de las que tienen entre tres y cuatro, y el 51,8% entre las que tienen más de cuatro hijos.
• En cuanto al nivel de remuneraciones, las madres que trabajan de forma remunerada fuera de sus hogares aportan prácticamente la mitad del ingreso total del hogar (ITH) (47,6%), e incluso se constituyeron en las principales responsables del sostén económico de sus familias en la crisis de 2002 (aportaron en promedio el 55,1% del ITH).
• Pese a que las madres más pobres, las indigentes, son el principal sostén económico de sus familias ya que aportan hasta el 72,5% del ITH, sus ingresos representan apenas una quinta parte del que generan las madres no pobres ($ 218 vs. $1.112, respectivamente).
La causa de esta diferencia es la mayor inserción de las primeras en trabajos más
precarios y que requieren menor calificación que las segundas, mientras que la
consecuencia de los ingresos escasos es la imposibilidad de superar las condiciones de pobreza de sus hogares.
4. Los cambios en el contexto familiar
La maternidad se produce en un contexto familiar dinámico, heterogéneo y más complejo que un cuarto de siglo atrás. Así lo demuestra tanto el aumento de la consensualidad y disolución del vínculo conyugal, de las familias monoparentales, de los hogares con dos proveedores o con jefatura femenina, como la disminución del tamaño de los hogares multipersonales. Tales realidades, sumadas al replanteo sobre el rol de los géneros, ponen de manifiesto la necesidad de modificar el ejercicio de las funciones maternas y paternas desarrolladas hasta el presente.
• En lo que atañe a la conyugalidad, se verifica un incremento de probabilidades de que la maternidad se produzca en vínculos menos formales o inexistentes. Así, de cada diez madres, cinco están casadas, tres conviven en vínculos informales, y dos están solas (son solteras, separadas o divorciadas), a diferencia de veinte años atrás donde ocho de cada diez madres estaban casadas, una unida y otra separada, divorciada o sola.
• Por otra parte, la morfología de las familias ha cambiado significativamente pues hay un crecimiento de: a) los hogares monoparentales (en una de cada cinco familias se registra hoy la ausencia de uno de los cónyuges, generalmente el varón), b) las familias con jefatura femenina (el 27% de los hogares del país estaban a cargo de mujeres en 2001), y c) los hogares con dos proveedores (pasaron del 25,5% al 46,3% entre 1980 y 2001 en el Área Metropolitana de Buenos Aires).
• Esa casi revolución en la estructura de los hogares implica modificaciones en la
significación, dinámica y roles de sus miembros. Hoy la mayoría de las madres tienen un trabajo extradoméstico pero continúan siendo las principales responsables de las tareas del hogar y de cuidado, lo cual acarrea tensiones al interior de los hogares: doble jornada de trabajo entre las mujeres, limitaciones para su desarrollo laboral o profesional, presión sobre los hombres para que asuman una paternidad más comprometida, entre otras.
• Todo ello, en un contexto de resignificación social de la maternidad y la paternidad y del ejercicio de las funciones maternas y paternas. En la actualidad, la maternidad dejó de ser concebida como un hecho natural y biológico que le otorga identidad femenina a la mujer para convertirse en una experiencia elegida u opcional y condicionada por pautas sociales, culturales y económicas de la sociedad en la cual se produce. Entre otras cosas, esto significa que el proyecto de vida de las mujeres ya no está centrado solamente en ser madre sino que su educación, profesión y desarrollo personal adquieren otra importancia.
Por su parte, la imagen del buen padre también se modificó. Al menos desde los
discursos, hoy se valora más la afectividad y la participación comprometida del varón con el crecimiento y desarrollo de los hijos, que con la autoridad y la provisión económica del hogar.
• Aunque en el presente los cambios en los roles y prácticas de los géneros no se han producido, o al menos no a la velocidad esperada ni de forma homogénea en los distintos sectores sociales, hombres y mujeres son más conscientes de la necesidad de redefinir el contrato social que sostiene la clásica división sexual del trabajo, que coloca al varón como trabajador y a la mujer como única responsable de las tareas del hogar y de cuidado.
Por Carina Culpina y Gisell Cogliandro
En los últimos veinte años se han acelerado y profundizado cambios en la significación y vivencias de la maternidad que acompañan procesos históricos y sociales más largos y abarcativos. Esta nueva configuración impone retos a las agendas y políticas (legislaciones y programas) públicas y privadas del Bicentenario.
1. La maternidad vulnerada
Existe una maternidad vulnerada en la Argentina del Bicentenario, ya que un tercio de madres se encuentran en situación de pobreza, cinco de cada diez tienen bajos niveles educativos (no completaron el secundario), e incluso más de trescientas mueren al año por falta de acciones de prevención y control, y una adecuada atención en el embarazo y el parto.
• Entre las madres, los niveles de pobreza e indigencia crecieron de 24,8% a 39,9%, y 7,4% a 14,8%, respectivamente, entre principios de los 90 (1991-1994) y mediados de 2000 (2003-2006). Como consecuencia, en la actualidad el 28,6% es pobre y el 9,1% indigente, y conforman un conjunto de alta vulnerabilidad incluso entre las mujeres.
Basta mencionar que las madres tienen en promedio prácticamente cuatro veces más probabilidad de padecer pobreza que las mujeres que no tienen hijos.
• Respecto a su nivel educativo, en las dos últimas décadas mejoró como resultado de la dinámica en los extremos de la pirámide educativa: hoy una proporción menor de madres tiene el ciclo primario incompleto de estudios y son más las que toman parte en estudios terciarios y universitarios. Sin embargo, existe un desafío pendiente importante ya que el 48,7% de las madres no terminó el nivel secundario de estudios pese a que es obligatorio en nuestro país. Adicionalmente, se encuentran en desventaja en relación con a las mujeres sin descendencia para continuar sus estudios: por cada madre que ingresa o finaliza los estudios superiores, tres mujeres sin hijos lo hace.
• Acerca del estado sanitario, si bien la tasa de mortalidad materna disminuyó en las dos últimas décadas y media (de 7,0 defunciones por 10.000 nacidos vivos en 1980 a 4,4 en 2007), en el presente 334 mujeres mueren al año por causas vinculadas a su maternidad. En el 50% de los casos, las muertes son injustificadas, es decir, son reductibles mediante acciones de prevención y control, y una adecuada atención en el embarazo y el parto.
2. Las brechas sociales de la maternidad
En los últimos veinte años se profundizó la brecha en la vivencia de la maternidad -edad a la que las mujeres tienen hijos y cantidad de hijos que procrean- según la situación socioeconómica y, en especial, el nivel educativo de las mujeres.
• La edad promedio de las madres primerizas o recientes se pospuso un año en los últimos veinte años, pasó de 27 años en 1984 a 28,1 años en 20062. Pero, este promedio esconde profundas diferencias según el nivel socioeconómico y educativo de las mujeres, las que han ido aumentando en el tiempo. Mientras que las mujeres que logran finalizar la universidad son madres a los 27,2 años, las que terminaron el secundario lo hacen cuatro años antes (a los 23,3 años), y las que solo completaron el primario seis años antes (a los 21,3 años).
• En lo referido a la fecundidad, las madres de menores recursos económicos tienen en promedio dos hijos más que las no pobres. Además, esta brecha se profundizó en los últimos veinte años: mientras las madres indigentes incrementaron casi en uno el número promedio de hijos que tienen (de 3 hijos en 1988 a 3,7 en 2006), las madres no pobres lo redujeron en proporción similar: pasaron de tener 2,9 hijos a 2 hijos.
3. Mujeres, madres y trabajadoras
La mayoría de las mujeres en edad fértil son madres y tienen un trabajo extradoméstico, aunque a causa de su maternidad muchas de ellas sufren desventajas en comparación con las mujeres sin hijos en el ámbito productivo. Asimismo, si bien con sus ingresos aportan a la par de sus cónyuges al sostenimiento económico de sus hogares, e incluso sus aportes constituyen
el ingreso principal en momentos de crisis o en las familias vulnerables, estos son insuficientes para revertir la situación de pobreza en la que vive un tercio de ellas.
• Seis de cada diez mujeres entre 14 y 49 años de edad son madres en la Argentina, y el 61,2% de ellas participan del mercado laboral, ya se porque trabajan (el 55,7%), o porque están desocupadas (5,5%). Por tanto, actualmente la mayoría de las mujeres en edad fértil son madres y tienen o pretenden tener un trabajo extradoméstico remunerado.
• En el ámbito productivo, la concurrencia de las madres aumentó de manera significativa en la Argentina durante los últimos veinte años: de 37,7% entre 1984-1987 a 62,8% entre 2003-2006.
• No obstante, se profundizaron las diferencias en las trayectorias laborales en perjuicio de las madres en situación de pobreza, con menores años de educación formal, y mayor cantidad de hijos. Así, las madres no pobres aumentaron más su participación que las pobres (en 17,5 y 7,4 puntos porcentuales, respectivamente, entre 1998 y 2006), mientras que el desarrollo laboral es diferente según el máximo nivel de estudios alcanzado por ellas: entre las que tienen estudios superiores completos la participación laboral es alta y constante, mientras que, entre las que tienen menos de doce años de estudios, la participación crece de forma escalonada, con incorporaciones masivas en los períodos de crisis. A su vez, entre aquellas que completaron el secundario pero no ingresan a la universidad la participación es irregular, porque ingresan al mercado de trabajo en momentos de necesidad para luego retirarse en épocas de crecimiento o estabilidad económica.
Esto puede indicar que mientras las madres universitarias trabajan para desarrollarse profesionalmente, las con nivel secundario completo lo hacen por necesidad y se retiran en momentos de bonanza, mientras que las de menores niveles educativos trabajan cada vez más porque son las principales aportantes de ingresos a sus hogares.
• Respecto a las madres más prolíficas, a pesar de que en los últimos veinte años su participación laboral creció más que entre las con menos hijos (la participación de las madres con más de cuatro hijos aumentó un 72,9% contra el 20,9% entre las que tienen menos de dos hijos), esta aún es menor: en el período más reciente (2003-2006) toma parte laboralmente el 65,7% de las madres con menos de dos hijos, el 59,6% de las que tienen entre tres y cuatro, y el 51,8% entre las que tienen más de cuatro hijos.
• En cuanto al nivel de remuneraciones, las madres que trabajan de forma remunerada fuera de sus hogares aportan prácticamente la mitad del ingreso total del hogar (ITH) (47,6%), e incluso se constituyeron en las principales responsables del sostén económico de sus familias en la crisis de 2002 (aportaron en promedio el 55,1% del ITH).
• Pese a que las madres más pobres, las indigentes, son el principal sostén económico de sus familias ya que aportan hasta el 72,5% del ITH, sus ingresos representan apenas una quinta parte del que generan las madres no pobres ($ 218 vs. $1.112, respectivamente).
La causa de esta diferencia es la mayor inserción de las primeras en trabajos más
precarios y que requieren menor calificación que las segundas, mientras que la
consecuencia de los ingresos escasos es la imposibilidad de superar las condiciones de pobreza de sus hogares.
4. Los cambios en el contexto familiar
La maternidad se produce en un contexto familiar dinámico, heterogéneo y más complejo que un cuarto de siglo atrás. Así lo demuestra tanto el aumento de la consensualidad y disolución del vínculo conyugal, de las familias monoparentales, de los hogares con dos proveedores o con jefatura femenina, como la disminución del tamaño de los hogares multipersonales. Tales realidades, sumadas al replanteo sobre el rol de los géneros, ponen de manifiesto la necesidad de modificar el ejercicio de las funciones maternas y paternas desarrolladas hasta el presente.
• En lo que atañe a la conyugalidad, se verifica un incremento de probabilidades de que la maternidad se produzca en vínculos menos formales o inexistentes. Así, de cada diez madres, cinco están casadas, tres conviven en vínculos informales, y dos están solas (son solteras, separadas o divorciadas), a diferencia de veinte años atrás donde ocho de cada diez madres estaban casadas, una unida y otra separada, divorciada o sola.
• Por otra parte, la morfología de las familias ha cambiado significativamente pues hay un crecimiento de: a) los hogares monoparentales (en una de cada cinco familias se registra hoy la ausencia de uno de los cónyuges, generalmente el varón), b) las familias con jefatura femenina (el 27% de los hogares del país estaban a cargo de mujeres en 2001), y c) los hogares con dos proveedores (pasaron del 25,5% al 46,3% entre 1980 y 2001 en el Área Metropolitana de Buenos Aires).
• Esa casi revolución en la estructura de los hogares implica modificaciones en la
significación, dinámica y roles de sus miembros. Hoy la mayoría de las madres tienen un trabajo extradoméstico pero continúan siendo las principales responsables de las tareas del hogar y de cuidado, lo cual acarrea tensiones al interior de los hogares: doble jornada de trabajo entre las mujeres, limitaciones para su desarrollo laboral o profesional, presión sobre los hombres para que asuman una paternidad más comprometida, entre otras.
• Todo ello, en un contexto de resignificación social de la maternidad y la paternidad y del ejercicio de las funciones maternas y paternas. En la actualidad, la maternidad dejó de ser concebida como un hecho natural y biológico que le otorga identidad femenina a la mujer para convertirse en una experiencia elegida u opcional y condicionada por pautas sociales, culturales y económicas de la sociedad en la cual se produce. Entre otras cosas, esto significa que el proyecto de vida de las mujeres ya no está centrado solamente en ser madre sino que su educación, profesión y desarrollo personal adquieren otra importancia.
Por su parte, la imagen del buen padre también se modificó. Al menos desde los
discursos, hoy se valora más la afectividad y la participación comprometida del varón con el crecimiento y desarrollo de los hijos, que con la autoridad y la provisión económica del hogar.
• Aunque en el presente los cambios en los roles y prácticas de los géneros no se han producido, o al menos no a la velocidad esperada ni de forma homogénea en los distintos sectores sociales, hombres y mujeres son más conscientes de la necesidad de redefinir el contrato social que sostiene la clásica división sexual del trabajo, que coloca al varón como trabajador y a la mujer como única responsable de las tareas del hogar y de cuidado.
CONCIENTIZAR SOBRE LOS DERECHOS
En la Argentina todavía no hay una conciencia clara sobre el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como humanos, incluido el derecho de las mujeres a no morir por la interrupción del embarazo.
El Código Penal, sancionado en 1922, reconoce excepciones por las cuales la interrupción del embarazo está permitida: cuando hay riesgo para la vida y la salud de las mujeres y cuando hubo una violación. Pero una modificación de 1984 permitió que se interprete que el aborto autorizado en casos de violación sea sólo para mujer con discapacidad mental. Por esto, algunos jueces hacen interpretaciones muy restrictivas. Y no permiten que las mujeres violadas, sin discapacidad mental, puedan acceder al aborto. Es urgente que el Congreso clarifique la situación.
Hay malformaciones congénitas que se pueden detectar tempranamente durante el embarazo. Las mujeres con un diagnóstico temprano de estas malformaciones podrían decidir la interrupción del embarazo.
También hay una responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación, que debería explicar a los profesionales de la salud que deben atender los pedidos de abortos no punibles en los hospitales públicos y no necesitan consultar a los jueces.
Un caso que debe ayudar a eliminar esta resistencia es el juicio que se está desarrollando en Santa Fe por la muerte de la joven Ana María Acevedo. Esta mujer de 20 años estaba embarazada y sufría cáncer. El embarazo ponía en riesgo su vida, pero los médicos le negaron el derecho al aborto no punible estipulado en el artículo 86 del Código Penal.
El Código Penal, sancionado en 1922, reconoce excepciones por las cuales la interrupción del embarazo está permitida: cuando hay riesgo para la vida y la salud de las mujeres y cuando hubo una violación. Pero una modificación de 1984 permitió que se interprete que el aborto autorizado en casos de violación sea sólo para mujer con discapacidad mental. Por esto, algunos jueces hacen interpretaciones muy restrictivas. Y no permiten que las mujeres violadas, sin discapacidad mental, puedan acceder al aborto. Es urgente que el Congreso clarifique la situación.
Hay malformaciones congénitas que se pueden detectar tempranamente durante el embarazo. Las mujeres con un diagnóstico temprano de estas malformaciones podrían decidir la interrupción del embarazo.
También hay una responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación, que debería explicar a los profesionales de la salud que deben atender los pedidos de abortos no punibles en los hospitales públicos y no necesitan consultar a los jueces.
Un caso que debe ayudar a eliminar esta resistencia es el juicio que se está desarrollando en Santa Fe por la muerte de la joven Ana María Acevedo. Esta mujer de 20 años estaba embarazada y sufría cáncer. El embarazo ponía en riesgo su vida, pero los médicos le negaron el derecho al aborto no punible estipulado en el artículo 86 del Código Penal.
CON LAS MUJERES POR SUS DERECHOS
Con las mujeres, por sus derechos
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
Por Alicia Pierini*
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una institución de derechos y garantías. En su rol de promotora del fortalecimiento de la ciudadanía establece mecanismos y herramientas que permiten difundir y promover derechos, consolidar la conciencia ciudadana sobre su exigencia y exigibilidad y orientar sobre la forma de ejercerlos y garantizarlos.
En tanto organismo de defensa de los derechos humanos y las garantías ciudadanas, se manifiesta como un espacio propicio para proteger y promover los derechos de las mujeres de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asumiendo su compromiso contra la injusticia y la desigualdad.
Desde nuestra institución desarrollamos diferentes acciones relacionadas con el acceso a la información pública como derecho ciudadano. Creemos que el acceso a la justicia tiene un paso previo: el acceso a la información, que no sólo es un fin en sí mismo, sino también un medio para el ejercicio de otros derechos.
Al poner al alcance de las mujeres el derecho existente a través de esta herramienta que informa, promociona y difunde las leyes que las protegen para acceder al ejercicio efectivo de sus derechos y asegurar su pleno desarrollo y adelanto, estamos seguros de que estaremos contribuyendo a que ellas accedan a la justicia, es decir, a que ejerzan un derecho humano fundamental que coloca a las personas en condiciones de igualdad ante la ley.
Así, las mujeres porteñas estarán más y mejor informadas y ese conocimiento les servirá de instrumento para demandar y ejercer los derechos que la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Tratados Internacionales y las leyes les reconocen.
Con estos propósitos hemos elaborado el presente trabajo que contiene la legislación nacional, local e internacional en materia de derechos humanos de las mujeres y una guía de servicios y recursos disponibles en la Ciudad.
Creemos que la difusión de esta guía entre el colectivo de mujeres, las organizaciones de la sociedad civil y los funcionarios y funcionarias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, permitirá realizar un importante aporte al ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres y a la conquista de sus derechos para construir sociedades más justas y relaciones de género más igualitarias.
*Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
Por Alicia Pierini*
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una institución de derechos y garantías. En su rol de promotora del fortalecimiento de la ciudadanía establece mecanismos y herramientas que permiten difundir y promover derechos, consolidar la conciencia ciudadana sobre su exigencia y exigibilidad y orientar sobre la forma de ejercerlos y garantizarlos.
En tanto organismo de defensa de los derechos humanos y las garantías ciudadanas, se manifiesta como un espacio propicio para proteger y promover los derechos de las mujeres de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asumiendo su compromiso contra la injusticia y la desigualdad.
Desde nuestra institución desarrollamos diferentes acciones relacionadas con el acceso a la información pública como derecho ciudadano. Creemos que el acceso a la justicia tiene un paso previo: el acceso a la información, que no sólo es un fin en sí mismo, sino también un medio para el ejercicio de otros derechos.
Al poner al alcance de las mujeres el derecho existente a través de esta herramienta que informa, promociona y difunde las leyes que las protegen para acceder al ejercicio efectivo de sus derechos y asegurar su pleno desarrollo y adelanto, estamos seguros de que estaremos contribuyendo a que ellas accedan a la justicia, es decir, a que ejerzan un derecho humano fundamental que coloca a las personas en condiciones de igualdad ante la ley.
Así, las mujeres porteñas estarán más y mejor informadas y ese conocimiento les servirá de instrumento para demandar y ejercer los derechos que la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Tratados Internacionales y las leyes les reconocen.
Con estos propósitos hemos elaborado el presente trabajo que contiene la legislación nacional, local e internacional en materia de derechos humanos de las mujeres y una guía de servicios y recursos disponibles en la Ciudad.
Creemos que la difusión de esta guía entre el colectivo de mujeres, las organizaciones de la sociedad civil y los funcionarios y funcionarias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, permitirá realizar un importante aporte al ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres y a la conquista de sus derechos para construir sociedades más justas y relaciones de género más igualitarias.
*Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NECESIDADES JURIDICAS INSATISFECHAS
Si uno en sus caminatas por tribunales, detiene su paso y observa, vera mucha gente que arrastrando a sus críos, concurre a juzgados y mesas de entradas a tratar de obtener por si sola soluciones, respuestas a sus problemáticas y necesidades.
Consultorios jurídicos gratuitos atiborrados, defensorias colapsadas, es un panorama real de una inmensa cantidad de argentinos con necesidades jurídicas insatisfechas.
Este panorama ya duro en la Capital es mas palpable y sensiblemente mayor en el conurbano.
Mujeres victimas de violencia domestica, de ex esposos y padres de sus hijos abandonicos, madres de detenidos sin sentencia ni fecha de juicio oral, ahorristas estafados, victimas de obras sociales medicas que no cubren sus necesidades de salud, discapacitados, niños judicializados, gente que alquilo piezas a usurpadores y son desalojados de un día para otro, ancianos hacinados y privados de su patrimonio.
Los grupos más pobres y tradicionalmente más desaventajados de nuestra sociedad, padecen la vulneración de sus derechos a diario (salud, alimentación, vivienda, etc.).
Además, carecen de acceso efectivo a vías institucionales que les permitan combatir esta dramática situación. Esa falta de acceso a la justicia, y el escaso uso de instancias institucionales de participación ciudadana, termina debilitando el Estado de derecho y el sistema democrático.
Una reflexión en el día del abogado, somos quienes a diario podemos hacer mucho para que la justicia sea mas justa, y no el panorama vergonzante de los Carrascosa por un lado y los paupérrimos detenidos sin sentencia en comisarías del conurbano en condiciones infrahumanas por el otro.Más allá de una profesión, es una vocación y un deber frente a una sociedad doliente.Que mas alla de legitimos ejercicios liberales de nuestra profesion, volvamos todos los dias en pequeños instantes a sentir esos brios de justicia que teniamos en nuestrashorasde estudiantina.Feliz día, colegas
Consultorios jurídicos gratuitos atiborrados, defensorias colapsadas, es un panorama real de una inmensa cantidad de argentinos con necesidades jurídicas insatisfechas.
Este panorama ya duro en la Capital es mas palpable y sensiblemente mayor en el conurbano.
Mujeres victimas de violencia domestica, de ex esposos y padres de sus hijos abandonicos, madres de detenidos sin sentencia ni fecha de juicio oral, ahorristas estafados, victimas de obras sociales medicas que no cubren sus necesidades de salud, discapacitados, niños judicializados, gente que alquilo piezas a usurpadores y son desalojados de un día para otro, ancianos hacinados y privados de su patrimonio.
Los grupos más pobres y tradicionalmente más desaventajados de nuestra sociedad, padecen la vulneración de sus derechos a diario (salud, alimentación, vivienda, etc.).
Además, carecen de acceso efectivo a vías institucionales que les permitan combatir esta dramática situación. Esa falta de acceso a la justicia, y el escaso uso de instancias institucionales de participación ciudadana, termina debilitando el Estado de derecho y el sistema democrático.
Una reflexión en el día del abogado, somos quienes a diario podemos hacer mucho para que la justicia sea mas justa, y no el panorama vergonzante de los Carrascosa por un lado y los paupérrimos detenidos sin sentencia en comisarías del conurbano en condiciones infrahumanas por el otro.Más allá de una profesión, es una vocación y un deber frente a una sociedad doliente.Que mas alla de legitimos ejercicios liberales de nuestra profesion, volvamos todos los dias en pequeños instantes a sentir esos brios de justicia que teniamos en nuestrashorasde estudiantina.Feliz día, colegas
CUESTIONES DE GENERO
En Amancio Alcorta y Perito Moreno chicas entre 12 y 15 años cobran entre 3 y 5 pesos y cada noche ofrecen sexo a camioneros y automovilistas en plena calle para comprar “paco.
De cada diez chicas que ingresen a la escuela, tres van a ir al secundario y sólo media irá a la universidad. ¿Para pensar no?
La violencia ejercida por el hombre en el ámbito familiar es la primera causa en el mundo de muerte o invalidez permanente entre mujeres jóvenes y adultas, por encima de las producidas por cáncer, accidentes de tránsito o guerra.
En lo que se refiere a embarazo adolescente el índice de nacimientos en menores de 19 años en nuestro país es mayor entre seis y diez veces a los registrados en España, Italia, Francia, Alemania y Canadá.
Según datos oficiales, los embarazos adolescentes en jóvenes de bajos recursos se dan en una proporción de 17 a 1 respecto a los de más altos ingresos.
Otra de las consecuencias del embarazo adolescente, es el abandono de la escolaridad, cuando las chicas quedan embarazadas deben asumir responsabilidades tempranamente, que, por lo general, no pueden compartir con el estudio, o se les dificulta notablemente por lo que optan por tener a sus chicos y abandonar la escuela.
En los países desarrollados la mortalidad materna ronda un caso de cada mil, pero el promedio de la Argentina prácticamente cuadruplica ese valor.
Se debe exigir el cumplimiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y que se garantice el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos.
Cuantas muertes provoca entre mujeres pobres el aborto septico?
Las llamadas cuestiones de genero, no deben ser patrimonio exclusivo de atención y de militancia de las mujeres, son flagelos sociales, que deben ser agenda diaria de quienes militamos y soñamos con una sociedad mas justa y equilibrada.
De cada diez chicas que ingresen a la escuela, tres van a ir al secundario y sólo media irá a la universidad. ¿Para pensar no?
La violencia ejercida por el hombre en el ámbito familiar es la primera causa en el mundo de muerte o invalidez permanente entre mujeres jóvenes y adultas, por encima de las producidas por cáncer, accidentes de tránsito o guerra.
En lo que se refiere a embarazo adolescente el índice de nacimientos en menores de 19 años en nuestro país es mayor entre seis y diez veces a los registrados en España, Italia, Francia, Alemania y Canadá.
Según datos oficiales, los embarazos adolescentes en jóvenes de bajos recursos se dan en una proporción de 17 a 1 respecto a los de más altos ingresos.
Otra de las consecuencias del embarazo adolescente, es el abandono de la escolaridad, cuando las chicas quedan embarazadas deben asumir responsabilidades tempranamente, que, por lo general, no pueden compartir con el estudio, o se les dificulta notablemente por lo que optan por tener a sus chicos y abandonar la escuela.
En los países desarrollados la mortalidad materna ronda un caso de cada mil, pero el promedio de la Argentina prácticamente cuadruplica ese valor.
Se debe exigir el cumplimiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y que se garantice el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos.
Cuantas muertes provoca entre mujeres pobres el aborto septico?
Las llamadas cuestiones de genero, no deben ser patrimonio exclusivo de atención y de militancia de las mujeres, son flagelos sociales, que deben ser agenda diaria de quienes militamos y soñamos con una sociedad mas justa y equilibrada.
LAS CUOTAS ALIMENTARIAS
LAS CUOTA ALIMENTARIAS
Las cuotas alimentarias nunca son definitivas
Hayan sido fijadas por sentencia o por homologación de acuerdo entre las partes, siempre existe la posibilidad de solicitar un reajuste, en más o en menos.
Son fundamentos para pedir aumento de cuota: a) la mayor edad de los hijos, respecto a la fecha en se fijó la inicial. b) el aumento de los ingresos del alimentante.
También existe la posibilidad de reclamar alimentos extraordinarios ante un hecho puntual que requiere la erogación de una suma importante de dinero, como por ej. una intervención quirúrgica del alimentado.
Son fundamentos para pedir disminución de cuota alimentaria:
a) la disminución de los ingresos del alimentante o la pérdida del trabajo (que igualmente no libera de la obligación alimentaria)b) el nacimiento de nuevos hijos, es decir, el aumento de las obligaciones alimentarias del alimentante. Este tema era bastante discutido en la jurisprudencia. Hace unos años se decía que el nacimiento de hijos extramatrimoniales no era motivo para disminuir la cuota alimentaria a los hijos matrimoniales.
Hoy en día, con los múltiples matrimonio e hijos de distintas uniones de hecho que tienen muchos hombres, sumado a la situación económica, los jueces son más proclives a repartir con un criterio más parejo y sin discriminar unos u otros hijos.
El aumento o disminución de cuota alimentaria es un juicio que tramita como incidente y requiere previamente mediación obligatoria.
Hasta tanto se dicte sentencia en uno u otro juicio, sigue vigente la cuota inicial
Las cuotas alimentarias nunca son definitivas
Hayan sido fijadas por sentencia o por homologación de acuerdo entre las partes, siempre existe la posibilidad de solicitar un reajuste, en más o en menos.
Son fundamentos para pedir aumento de cuota: a) la mayor edad de los hijos, respecto a la fecha en se fijó la inicial. b) el aumento de los ingresos del alimentante.
También existe la posibilidad de reclamar alimentos extraordinarios ante un hecho puntual que requiere la erogación de una suma importante de dinero, como por ej. una intervención quirúrgica del alimentado.
Son fundamentos para pedir disminución de cuota alimentaria:
a) la disminución de los ingresos del alimentante o la pérdida del trabajo (que igualmente no libera de la obligación alimentaria)b) el nacimiento de nuevos hijos, es decir, el aumento de las obligaciones alimentarias del alimentante. Este tema era bastante discutido en la jurisprudencia. Hace unos años se decía que el nacimiento de hijos extramatrimoniales no era motivo para disminuir la cuota alimentaria a los hijos matrimoniales.
Hoy en día, con los múltiples matrimonio e hijos de distintas uniones de hecho que tienen muchos hombres, sumado a la situación económica, los jueces son más proclives a repartir con un criterio más parejo y sin discriminar unos u otros hijos.
El aumento o disminución de cuota alimentaria es un juicio que tramita como incidente y requiere previamente mediación obligatoria.
Hasta tanto se dicte sentencia en uno u otro juicio, sigue vigente la cuota inicial
jueves, 13 de mayo de 2010
Violencia de género y las estructuras patriarcales
El episodio dramático ocurrido en la pareja conformada por Eduardo Vázquez, baterista de Callejeros, y Wanda Taddei evidencia la persistencia de dificultades y resistencias para reflexionar sobre la agresividad y la violencia de género. Existe una íntima imbricación entre las estructuras sociales y psíquicas pensadas desde la construcción de un orden de género patriarcal y las relaciones de género construidas sobre la base de la desigualdad, la jerarquía y la asimetría entre los géneros.
En otros términos, se vuelve recurrente la pregunta acerca del modo mediante el cual las estructuras sociales inciden e interactúan con las estructuras psíquicas de hombres y mujeres para que se desarrollen y sostengan relaciones de género marcadas por la violencia.
De la mano de esta perspectiva parece imprescindible superar la visión explicativa marcada por el episodio individual de desborde afectivo o pasional de un hombre trastornado o enfermo para pensar en términos de violencia patriarcal, esto es, violencia contra las mujeres enraizada en un sistema de dominación que ideológicamente vuelva inteligible al fenómeno.
Esta mirada puede contribuir a analizar en otra clave el episodio. De manera inmediata han emergido, como soporte a la idea del accidente, argumentos de defensa por parte de alguno de los allegados al marido de Taddei relativos al ser de Eduardo Vázquez -como una persona no violenta- y al modo en que éste ejercería su paternidad -su condición de padre increíble- como si esto último, de ser así, constituyera una garantía para la no agresión de una mujer por parte de su pareja.
Dicho de otro modo, las formas que puede adoptar la violencia contra una mujer por su condición de tal recorren un espectro que va desde la descalificación, la desvalorización o el amedrentamiento hasta el maltrato verbal y físico explícito, cuya expresión más extrema es el feminicidio.
En este contexto, los procesos de desnaturalización y deslegitimación de la violencia de género se enfrentan de modo sistemático a un entramado sinuoso de múltiples silencios, sospechas y oscuridades que conspiran contra la imprescindible recuperación de la voz de estas mujeres en la defensa de sus derechos humanos
En otros términos, se vuelve recurrente la pregunta acerca del modo mediante el cual las estructuras sociales inciden e interactúan con las estructuras psíquicas de hombres y mujeres para que se desarrollen y sostengan relaciones de género marcadas por la violencia.
De la mano de esta perspectiva parece imprescindible superar la visión explicativa marcada por el episodio individual de desborde afectivo o pasional de un hombre trastornado o enfermo para pensar en términos de violencia patriarcal, esto es, violencia contra las mujeres enraizada en un sistema de dominación que ideológicamente vuelva inteligible al fenómeno.
Esta mirada puede contribuir a analizar en otra clave el episodio. De manera inmediata han emergido, como soporte a la idea del accidente, argumentos de defensa por parte de alguno de los allegados al marido de Taddei relativos al ser de Eduardo Vázquez -como una persona no violenta- y al modo en que éste ejercería su paternidad -su condición de padre increíble- como si esto último, de ser así, constituyera una garantía para la no agresión de una mujer por parte de su pareja.
Dicho de otro modo, las formas que puede adoptar la violencia contra una mujer por su condición de tal recorren un espectro que va desde la descalificación, la desvalorización o el amedrentamiento hasta el maltrato verbal y físico explícito, cuya expresión más extrema es el feminicidio.
En este contexto, los procesos de desnaturalización y deslegitimación de la violencia de género se enfrentan de modo sistemático a un entramado sinuoso de múltiples silencios, sospechas y oscuridades que conspiran contra la imprescindible recuperación de la voz de estas mujeres en la defensa de sus derechos humanos
miércoles, 12 de mayo de 2010
DISCRIMINACION Y REDES SOCIALES
Es todo un tema la proliferación de sitios en redes sociales que promueven el odio y el racismo.
Un estudio de la Fundación Wiesenthal dice que hay 10 mil sitios que fomentan el odio en redes sociales, por ejemplo en Facebook.
Cuando veo un negro cabeza (sic) me dan ganas de matarlo, escupirlo, pisotearlo... Es que en realidad, ¿No sería ideal hacerlo? Porque no sirven para nada, la mayoría tiene la cabeza quemada por tanta droga barata, y si no es eso... roban". Son las palabras de una tal Nati, una chica que dejó este fraserío al paso en el muro del grupo de Facebook "Yo también mataría a un villero si me dicen que nadie se entera", un sitio de 2.111 seguidores, y uno más entre los tantos que ocupa –y preocupa– Internet.
En el INADI evalúan armar un observatorio que se dedique a rastrear actos de discriminación en la Web, aunque, aclararon, no proponen la regulación de las redes sociales. "Nos contactamos con las compañías porque queremos ser usuarios privilegiados, que cuando denunciamos un sitio se tomen acciones pertinentes", adelantó a este medio Claudio Morgado, titular del INADI.
La Agencia Judía de Noticias, anunció que el organismo tiene previsto presentar una denuNcia contra el grupo de Facebook "Yo también odio a los judíos" que contiene mensajes ofensivos para el judaísmo.
Un estudio de la Fundación Wiesenthal dice que hay 10 mil sitios que fomentan el odio en redes sociales, por ejemplo en Facebook.
Cuando veo un negro cabeza (sic) me dan ganas de matarlo, escupirlo, pisotearlo... Es que en realidad, ¿No sería ideal hacerlo? Porque no sirven para nada, la mayoría tiene la cabeza quemada por tanta droga barata, y si no es eso... roban". Son las palabras de una tal Nati, una chica que dejó este fraserío al paso en el muro del grupo de Facebook "Yo también mataría a un villero si me dicen que nadie se entera", un sitio de 2.111 seguidores, y uno más entre los tantos que ocupa –y preocupa– Internet.
En el INADI evalúan armar un observatorio que se dedique a rastrear actos de discriminación en la Web, aunque, aclararon, no proponen la regulación de las redes sociales. "Nos contactamos con las compañías porque queremos ser usuarios privilegiados, que cuando denunciamos un sitio se tomen acciones pertinentes", adelantó a este medio Claudio Morgado, titular del INADI.
La Agencia Judía de Noticias, anunció que el organismo tiene previsto presentar una denuNcia contra el grupo de Facebook "Yo también odio a los judíos" que contiene mensajes ofensivos para el judaísmo.
sucesiones conflictivas
Las herencias, en el podio de los conflictos familiares
Cuando hay bienes relevantes, 7 de cada 10
Debe haber pocas familias que no tengan una triste historia de éstas para contar: hermanos que se declararon la guerra en nombre de lo que les corresponde después de la muerte de los padres, hijos que enloquecen cuando alguno de sus padres vuelve a formar pareja y corren el riesgo de que quiera incluirla en el reparto de bienes, familias que implosionan cuando nueras y yernos meten la cola para defender su tajada.
No importa si el botín es una herencia millonaria o un anillito de bijouterie: según abogados expertos en Derecho de Familia y psicólogos especializados en vínculos familiares, las peleas por el reparto de bienes están en el podio de los conflictos familiares.
Osvaldo Ortemberg, abogado especialista en Derecho de Familia, aseguró a Clarín que cuando hay bienes relevantes en juego (una empresa familiar o más de 4 propiedades a heredar), 7 de cada 10 sucesiones que se inician son conflictivas. En los casos en que hay menos bienes para repartir (menos de 2 propiedades), el 35% acarrea algún conflicto.
Por su parte, Mirta Núñez, abogada especialista en Derecho de Familia, psicóloga social y consultora en Planificación personal, patrimonial y sucesoria, coincide y agrega: "Siempre hay conflictividad explícita o implícita. Cuando se trata de familias ensambladas, es decir, hombres y mujeres con hijos que se separaron o quedaron viudos y volvieron a formar pareja, diría que todos acarrean conflicto".
Se estima que sólo en la Ciudad de Buenos Aires, hay más de 35 mil familias de este tipo."La repartición de bienes es uno de los principales motivos de conflictos familiares entre adultos", dice Miguel Espeche, psicólogo y coordinador del Programa de Salud Mental del Hospital Pirovano.
El podio lo completan la conducción y las libertades de los adolescentes y la educación de los hijos de padres separados. Florencia Menéndez, jefa de Terapia Familiar y de Pareja del Departamento de Salud Mental del Hospital de Clínicas, agrega: "Así como por la inseguridad se acentuaron los conflictos por las libertades de los hijos adolescentes, tal vez la inestabilidad económica y la dificultad de comprarse una casa propia esté generando familias que están más pendientes de lo material".
"Hay familias que, a partir de la muerte de un familiar al que heredan, quedan distanciadas para siempre. Porque no se están peleando sólo por plata, es el momento donde se libran las batallas de poder según el lugar que cada uno ocupó en la familia históricamente.
Las peleas por una herencia, rara vez se superan.
Insisto: no se pelean por el presente, sino por el pasado", dice Núñez. Espeche coincide: "Aparece un quebranto a partir de problemas que estaban larvados, viejos agravios, competencia entre hermanos, sensación de haber sido más o menos queridos por los padres.
El conflicto es con el fallecido pero se traslada, por ejemplo, al hermano". Menéndez opina: "Ese 'yo necesito más porque tuve menos' se expresa en formas materiales, como un modo de ponerle precio a la atención que no se tuvo. Las relaciones más cercanas son más primitivas, irracionales, de alto voltaje emocional, por eso son blanco o negro. Además, no siempre se pelean por un botín millonario, a veces, esa irracionalidad se materializa en algo que no tiene valor, como una guerra por un anillo.
Se pelea como una forma de obtener una indemnización por lo que no se tuvo".
La cuerda se tensa todavía más cuando una parte siente que tiene más derecho que la otra porque se ocupó más de quien murió o porque el otro está en una mejor posición económica: "Yo lo cuidé mientras estaba enfermo y vos no apareciste" y "Vos tenés tu casa y yo alquilo, ¿cómo nos va a tocar lo mismo?", son dos argumentos clásicos.
"Hay un punto objetivo que es lo que dice la ley, pero sobre esa matriz aparecen las particulares nociones de justicia de cada uno: esa idea de que 'porque tengo menos me corresponde más'", dice Espeche. Y completa: "También implosiona la familia cuando aparecen los parientes políticos, esas variables que no estaban dentro del ecosistema original.
Nueras, yernos, suegros empiezan a sumar opiniones y perspectivas cuando creen que esa persona no tiene verdadera ambición de pelear por lo que corresponde. Empieza la danza de los derechos; lo que no empieza es la danza de la de las obligaciones".
Así, después de que los reclamos dejan en la superficie tanto lo que se consiguió en buena ley como las miserias más tristes, algunos vínculos se emparchan y sobreviven pendiendo de un hilo; otros saturados de rencores, que parecían cosa del pasado, se pudren y se caen de la rama.
"La conveniencia de que las sucesiones se planifiquen en vida es doble. Por un lado evitan en gran medida las guerras entre los herederos después de muertos, ya que lo habitual es que se requiera la conformidad de los futuros herederos.
Y si hay una empresa familiar, hay más garantías de que la empresa continúe si se planifica la sucesión", explica Ortemberg. Y agrega: "Que se planifiquen las sucesiones no significa necesariamente dar las herencias en vida.
Es una posibilidad, pero otra es planificarla, algo que puede hacerse incluso por medio de un testamento".En familias ensambladas "suele suceder que herede la última esposa y los hijos de los distintos matrimonios del fallecido.
Si hay una sola vivienda, la esposa tiene derecho de uso y goce gratuito y vitalicio y los hijos del primer matrimonio no pueden pedir la división de la herencia mientras viva la viuda.
A la vez, los hijos del segundo matrimonio a veces tienen más acceso a la información de los movimientos económicos o financieros del padre y los del primer matrimonio ignoran hasta qué bienes tiene o si tenía dinero en el exterior, dónde", explica Núñez.
Cuando hay bienes relevantes, 7 de cada 10
Debe haber pocas familias que no tengan una triste historia de éstas para contar: hermanos que se declararon la guerra en nombre de lo que les corresponde después de la muerte de los padres, hijos que enloquecen cuando alguno de sus padres vuelve a formar pareja y corren el riesgo de que quiera incluirla en el reparto de bienes, familias que implosionan cuando nueras y yernos meten la cola para defender su tajada.
No importa si el botín es una herencia millonaria o un anillito de bijouterie: según abogados expertos en Derecho de Familia y psicólogos especializados en vínculos familiares, las peleas por el reparto de bienes están en el podio de los conflictos familiares.
Osvaldo Ortemberg, abogado especialista en Derecho de Familia, aseguró a Clarín que cuando hay bienes relevantes en juego (una empresa familiar o más de 4 propiedades a heredar), 7 de cada 10 sucesiones que se inician son conflictivas. En los casos en que hay menos bienes para repartir (menos de 2 propiedades), el 35% acarrea algún conflicto.
Por su parte, Mirta Núñez, abogada especialista en Derecho de Familia, psicóloga social y consultora en Planificación personal, patrimonial y sucesoria, coincide y agrega: "Siempre hay conflictividad explícita o implícita. Cuando se trata de familias ensambladas, es decir, hombres y mujeres con hijos que se separaron o quedaron viudos y volvieron a formar pareja, diría que todos acarrean conflicto".
Se estima que sólo en la Ciudad de Buenos Aires, hay más de 35 mil familias de este tipo."La repartición de bienes es uno de los principales motivos de conflictos familiares entre adultos", dice Miguel Espeche, psicólogo y coordinador del Programa de Salud Mental del Hospital Pirovano.
El podio lo completan la conducción y las libertades de los adolescentes y la educación de los hijos de padres separados. Florencia Menéndez, jefa de Terapia Familiar y de Pareja del Departamento de Salud Mental del Hospital de Clínicas, agrega: "Así como por la inseguridad se acentuaron los conflictos por las libertades de los hijos adolescentes, tal vez la inestabilidad económica y la dificultad de comprarse una casa propia esté generando familias que están más pendientes de lo material".
"Hay familias que, a partir de la muerte de un familiar al que heredan, quedan distanciadas para siempre. Porque no se están peleando sólo por plata, es el momento donde se libran las batallas de poder según el lugar que cada uno ocupó en la familia históricamente.
Las peleas por una herencia, rara vez se superan.
Insisto: no se pelean por el presente, sino por el pasado", dice Núñez. Espeche coincide: "Aparece un quebranto a partir de problemas que estaban larvados, viejos agravios, competencia entre hermanos, sensación de haber sido más o menos queridos por los padres.
El conflicto es con el fallecido pero se traslada, por ejemplo, al hermano". Menéndez opina: "Ese 'yo necesito más porque tuve menos' se expresa en formas materiales, como un modo de ponerle precio a la atención que no se tuvo. Las relaciones más cercanas son más primitivas, irracionales, de alto voltaje emocional, por eso son blanco o negro. Además, no siempre se pelean por un botín millonario, a veces, esa irracionalidad se materializa en algo que no tiene valor, como una guerra por un anillo.
Se pelea como una forma de obtener una indemnización por lo que no se tuvo".
La cuerda se tensa todavía más cuando una parte siente que tiene más derecho que la otra porque se ocupó más de quien murió o porque el otro está en una mejor posición económica: "Yo lo cuidé mientras estaba enfermo y vos no apareciste" y "Vos tenés tu casa y yo alquilo, ¿cómo nos va a tocar lo mismo?", son dos argumentos clásicos.
"Hay un punto objetivo que es lo que dice la ley, pero sobre esa matriz aparecen las particulares nociones de justicia de cada uno: esa idea de que 'porque tengo menos me corresponde más'", dice Espeche. Y completa: "También implosiona la familia cuando aparecen los parientes políticos, esas variables que no estaban dentro del ecosistema original.
Nueras, yernos, suegros empiezan a sumar opiniones y perspectivas cuando creen que esa persona no tiene verdadera ambición de pelear por lo que corresponde. Empieza la danza de los derechos; lo que no empieza es la danza de la de las obligaciones".
Así, después de que los reclamos dejan en la superficie tanto lo que se consiguió en buena ley como las miserias más tristes, algunos vínculos se emparchan y sobreviven pendiendo de un hilo; otros saturados de rencores, que parecían cosa del pasado, se pudren y se caen de la rama.
"La conveniencia de que las sucesiones se planifiquen en vida es doble. Por un lado evitan en gran medida las guerras entre los herederos después de muertos, ya que lo habitual es que se requiera la conformidad de los futuros herederos.
Y si hay una empresa familiar, hay más garantías de que la empresa continúe si se planifica la sucesión", explica Ortemberg. Y agrega: "Que se planifiquen las sucesiones no significa necesariamente dar las herencias en vida.
Es una posibilidad, pero otra es planificarla, algo que puede hacerse incluso por medio de un testamento".En familias ensambladas "suele suceder que herede la última esposa y los hijos de los distintos matrimonios del fallecido.
Si hay una sola vivienda, la esposa tiene derecho de uso y goce gratuito y vitalicio y los hijos del primer matrimonio no pueden pedir la división de la herencia mientras viva la viuda.
A la vez, los hijos del segundo matrimonio a veces tienen más acceso a la información de los movimientos económicos o financieros del padre y los del primer matrimonio ignoran hasta qué bienes tiene o si tenía dinero en el exterior, dónde", explica Núñez.
sábado, 1 de mayo de 2010
el flagelo de la prostitucion infantil
Se calcula que en todo el mundo se obliga anualmente a más de un millón de niños a prostituirse, se les compra y vende con fines sexuales o se les emplea en la industria de la pornografía infantil. Es una industria multimillonaria donde los niños ingresan por la fuerza o mediante engaños, se les priva de sus derechos, de su dignidad y de su infancia.
La explotación sexual comercial condena a los niños a una de las formas más peligrosas de trabajo infantil, amenaza su salud mental y física, y atenta contra todos los aspectos de su desarrollo
Dicha prostitución nunca es voluntaria y va acompañada del miedo, al hambre, las drogas y multitud de circunstancias más, que pueden convertir la existencia tanto de un menor como de un adulto en un auténtico infierno que siempre sobrepasará nuestra imaginación.
¿De dónde salen las niñas y niños explotados en la prostitución? Fundamentalmente se obtienen de: los cinturones periféricos y las zonas marginales de las grandes ciudades; o de los menores escapados de sus casas.
Las organizaciones de prostitución utilizan pisos y /o burdeles para retener a los menores. Una vez que han caído en uno de ellos comienza el verdadero calvario. Las niñas son encerradas, golpeadas y violadas por sus proxenetas durante varios días.
En ningún momento dejan de ser vigiladas y no pueden salir a la calle. Normalmente son obligadas a drogarse para aumentar su rendimiento o para doblegarlas, convertirlas en drogadictas y hacerlas así dependientes totalmente
Los menores que caen en manos de estas redes tienen pocas posibilidades de escapar. Si no son liberados por la policía pueden terminar siendo vendidos en el extranjero y no regresar jamás, o trasladadas dentro del país a puntos totalmente distantes de sus domicilios y sus familias originarias.
Una niña/o pre adolescente que ha pasado por esto tiene muchas probabilidades de no recuperarse nunca totalmente de los traumas psíquicos y físicos sufridos a una edad en la que el ser humano es tremendamente vulnerable mientras intenta moldear su personalidad.
Algunas provincias como Tucumana se han convertido o en un atractivo para las redes mafiosas, por ejemplo existen aproximadamente 40 prostíbulos que funcionan con menores y se descubrieron domicilios de Tucumán donde se estarían entregando a turistas a nenas de entre 3 y 7 años.Turismo sexual, trata de personas y prostitución infantil son tres negocios que se complementan e interrelacionan.
Las nenas y nenes explotados sexualmente muchas veces son desarraigados de sus ciudades o pueblos por redes de "trata" que los colocan donde más redituables son.Se habla de nenas misioneras que son cruzadas a hoteles de Foz para que tengan sexo con turistas europeos.
El tipo de cambio es un atractivo por el cual nuestro país parece haberse posicionado en la ruta del "turismo sexual". Pero no es el único. La pobreza y la exclusión social ayudan a fomentar este "negocio". Sólo en la ciudad de Buenos Aires unos 3.500 chicos viven en situación de peligro en la calle.
Según cifras oficiales, en el último año las defensorías barriales de Buenos Aires atendieron 52 casos de chicos víctimas del negocio de la prostitución.La prostitución infantil exige, en consecuencia, un enérgico combate en dos frentes.
En primerísimo lugar, se requiere la puesta en marcha de políticas de prevención y represión policial extremadamente severas, destinadas a identificar y desbaratar a las bandas criminales que condenan a niños y adolescentes al "infierno" de la prostitución.
Por otro lado, es imperioso desarrollar planes sociales que eliminen progresivamente los factores que llevan a tantas familias a situaciones de extrema exclusión social, creando los contextos de miseria y abandono en los cuales prospera este monstruoso comercio.
La explotación sexual comercial condena a los niños a una de las formas más peligrosas de trabajo infantil, amenaza su salud mental y física, y atenta contra todos los aspectos de su desarrollo
Dicha prostitución nunca es voluntaria y va acompañada del miedo, al hambre, las drogas y multitud de circunstancias más, que pueden convertir la existencia tanto de un menor como de un adulto en un auténtico infierno que siempre sobrepasará nuestra imaginación.
¿De dónde salen las niñas y niños explotados en la prostitución? Fundamentalmente se obtienen de: los cinturones periféricos y las zonas marginales de las grandes ciudades; o de los menores escapados de sus casas.
Las organizaciones de prostitución utilizan pisos y /o burdeles para retener a los menores. Una vez que han caído en uno de ellos comienza el verdadero calvario. Las niñas son encerradas, golpeadas y violadas por sus proxenetas durante varios días.
En ningún momento dejan de ser vigiladas y no pueden salir a la calle. Normalmente son obligadas a drogarse para aumentar su rendimiento o para doblegarlas, convertirlas en drogadictas y hacerlas así dependientes totalmente
Los menores que caen en manos de estas redes tienen pocas posibilidades de escapar. Si no son liberados por la policía pueden terminar siendo vendidos en el extranjero y no regresar jamás, o trasladadas dentro del país a puntos totalmente distantes de sus domicilios y sus familias originarias.
Una niña/o pre adolescente que ha pasado por esto tiene muchas probabilidades de no recuperarse nunca totalmente de los traumas psíquicos y físicos sufridos a una edad en la que el ser humano es tremendamente vulnerable mientras intenta moldear su personalidad.
Algunas provincias como Tucumana se han convertido o en un atractivo para las redes mafiosas, por ejemplo existen aproximadamente 40 prostíbulos que funcionan con menores y se descubrieron domicilios de Tucumán donde se estarían entregando a turistas a nenas de entre 3 y 7 años.Turismo sexual, trata de personas y prostitución infantil son tres negocios que se complementan e interrelacionan.
Las nenas y nenes explotados sexualmente muchas veces son desarraigados de sus ciudades o pueblos por redes de "trata" que los colocan donde más redituables son.Se habla de nenas misioneras que son cruzadas a hoteles de Foz para que tengan sexo con turistas europeos.
El tipo de cambio es un atractivo por el cual nuestro país parece haberse posicionado en la ruta del "turismo sexual". Pero no es el único. La pobreza y la exclusión social ayudan a fomentar este "negocio". Sólo en la ciudad de Buenos Aires unos 3.500 chicos viven en situación de peligro en la calle.
Según cifras oficiales, en el último año las defensorías barriales de Buenos Aires atendieron 52 casos de chicos víctimas del negocio de la prostitución.La prostitución infantil exige, en consecuencia, un enérgico combate en dos frentes.
En primerísimo lugar, se requiere la puesta en marcha de políticas de prevención y represión policial extremadamente severas, destinadas a identificar y desbaratar a las bandas criminales que condenan a niños y adolescentes al "infierno" de la prostitución.
Por otro lado, es imperioso desarrollar planes sociales que eliminen progresivamente los factores que llevan a tantas familias a situaciones de extrema exclusión social, creando los contextos de miseria y abandono en los cuales prospera este monstruoso comercio.
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