Cuatro mujeres fueron aniquiladas por un varón cercano a la familia en La Plata y un femicidio en La Pampa visibilizó la gravedad de que operadores judiciales no tengan formación en género. La repercusión mediática de estos casos reanimó el reclamo de incrementar las penas en los crímenes de odio contra las mujeres y eliminar la figura de avenimiento. Un grupo de legisladoras atendió este reclamo y dará el debate sobre modificar el Código Penal el año próximo.
Las personas y organizaciones involucradas en la lucha contra la violencia de género coinciden en que un femicida debe recibir una pena ejemplar. Y en que prevenir un femicidio implica que la víctima consiga protección judicial efectiva a tiempo y asistencia médica, legal, piscológica y económica (acceso a una vivienda, estudios, trabajo). Este es el marco en que se debe debatir la incorporación del femicidio al Código Penal y fue estipulado el 29 de noviembre en la primera reunión que convocó la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado Sonia Escudero, del Bloque Justicialista 8 de Octubre. Los próximos encuentros se desarrollarán durante el primer semestre de 2012 y el objetivo es discutir unas seis iniciativas sobre la mejor forma de sancionar la violencia machista extrema. Cuatro proyectos son de legisladores nacionales y otros dos de organismos provinciales.
La concurrencia de parlamentarias a la primera reunión fue baja y la mayoría representaba a la Banca de la Mujer. De los siete senadores que integran la Comisión de Justicia y Asuntos Penales ninguno se sumó al debate. Quienes participaron destacaron igualmente que es importante empezar a discutir la reforma del Código Penal para combatir el femicidio, puesto que ya suman 243 las víctimas fatales de esta violencia. El Observatorio de Femicidios en Argentina 'Adriana Marisel Zambrano', de la Casa del Encuentro, en el marco del Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer informó que entre enero y octubre de este año hubo 237 casos. La cifra creció un 10% respecto de 2010. En noviembre y diciembre de este año se produjeron la masacre en La Plata y los femicidios de Carla Figueroa en La Pampa y María Ramos en Salta.
La convocatoria de la senadora Escudero fue una respuesta a estas espeluznantes cifras y a la matanza que conmovió al barrio platense La Loma el 27 de noviembre. Cuatro mujeres fueron masacradas y el único imputado es Osvaldo Emir Martínez (27) por el asesinato de su pareja Bárbara Santos, de 29 años. Las otras víctimas fueron la hija de Bárbara Micaela Galle (11), la madre Susana De Barttole (63) y su amiga Marisol Pereyra (35). Los padres de Micaela y Marisol, Daniel Galle y Miguel Pereyra encabezaron el domingo pasado una protesta en Plaza Moreno para reclamar a la justicia una pena ejemplar. Volverán a marchar el domingo 18.
De acuerdo a la legislación penal vigente, existe la posibilidad de encerrar al femicida hasta unos 25 años, que es la pena máxima en caso de homicidio. Es verdad que puede no considerase el vínculo que el femicida tenía con la víctima como agravante porque el artículo 80 del Código Penal excluye a ex conyugues, concubinos, ex concubinos, novios, ex novios, tíos, vecinos. Pero por otro lado puede endurecerse la condena si se consideran las circunstancias, es decir que el femicida acuchilló y apaleó a conciencia a Micaela, Bárbara, Marisol y Susana.
En este contexto considerar al femicidio un delito penal requiere una discusión exhaustiva y las organizaciones de derechos humanos que reclaman este debate celebran que las parlamentarias tomaran la posta. Uno de los proyectos presentados en el Congreso pertenece al Centro de la Mujer de Vicente López (Buenos Aires), que tiene más de 20 años de experiencia en la temática. En representación del Centro, la abogada penalista Silvia Paola Viqueira explicó que el objetivo es modificar el artículo 80 para tipificar el delito de femicidio como agravante. 'Nosotros proponemos incluir el delito de femicidio agregando el agravante de género. Creemos que si una mujer es asesinada por el sólo hecho de serlo el castigo debe ser mayor, por eso incluimos un inciso sobre un nuevo tipo penal que es por el solo hecho de ser mujer. También agregamos como sujeto al concubino y a cualquier relación de pareja, ya sea presente o pasada para que no haya una discriminación en función al vínculo', detalló la especialista en temas de violencia familiar.
Por su parte, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) apoya la inclusión de más personas en el agravante sobre la relación entre el agresor y la víctima. La directora ejecutiva de ELA Natalia Gherardi explicó que también es posible contener como agravante el crimen de odio al género u orientación sexual. Cabe señalar que estas dos mejoras de la legislación penal fueron planteadas con anterioridad por la diputada nacional Marcela Rodríguez y sin embargo tuvieron que ocurrir más de 400 muertes brutales entre 2010 y 2011 para que el tema finalmente se incluyera en la agenda del Congreso nacional.
Sobre los proyectos que proponen agravar la pena en casos de femicidio, Gherardi advirtió: 'El problema es la constitucionalidad de la figura penal, esto es la descripción de la conducta que es un delito. Tiene que estar claramente determinada. Actualmente el tipo penal es el que matare a otro. Este delito es claro, hay un perpetrador y una víctima. Si incluimos el que mata a una mujer por el hecho de ser mujer en el marco de una relación desigual de poder tendremos que probarlo. Todo lo que una alega tiene que ser probado ya que es una garantía fundamental del derecho penal. ¿Cómo probás las asimetrías de poder? Creo que el problema es la utilización en el derecho penal de una categoría política y de análisis sociológico. Es un salto muy difícil, si no logramos sostenerlo teóricamente corremos el riesgo de erosionar el reclamo legítimo de que a las mujeres las están matando'. Otra preocupación de la directora de ELA es que la tipificación del femicidio en el Código Penal sea una respuesta fácil al problema fatal de la violencia de género, que básicamente requiere de políticas públicas integrales. Esta inquietud también fue planteada en el documento Contribuciones al Debate sobre la Tipificación Penal del Feminicidio/Femicidio de CLADEM.
Según estos testimonios hay posturas diferentes sobre crear una figura penal de femicidio, pero las personas e instituciones involucradas en la discusión insisten en darla porque el silencio es el peor de los escenarios. Especialistas en género como Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, señalan justamente que es importante que la tragedia del femicidio se visibilice. 'A veces leyes muy penalizadoras tienen un impacto contrario al deseado, pero eso no nos libera de hablar y discutir su inclusión en el código penal abiertamente. El silencio o una decisión rápida sin una buena discusión pueden llevarnos a un cambio legal que termine siendo peor o nos obligue a arreglar lo hecho. Abramos el debate y demostremos que el feminicidio es algo específico. Las mujeres son asesinadas en mayor número y son sus parejas o ex parejas quienes las matan con saña', precisó.
miércoles, 21 de diciembre de 2011
vIOLENCIA DE GENERO - CONDENA EFECTIVA
En su mano izquierda lleva tatuada la inicial del nombre de su ex marido: Walter Asis (36). Mariela Santa Cruz (38) se lo hizo hace 15 años cuando estaba enamorada de ese hombre alto y morocho, con la que tuvo dos hijos y que ahora esta en la cárcel de Ezeiza. El lunes fue condenado, en un fallo inédito para la Ciudad de Buenos Aires, por el delito de amenazas agravadas por el uso de armas contra Mariela, y amenazas y maltrato físico contra sus hijos. Pasará los próximos dos años y seis meses preso. Ahora, en el barrio Illia, sus vecinos la felicitan porque se animó.
El 5 de julio de 2010 Mariela fue abuela. Cuando llegó del hospital fue a la casa de su mamá. Enseguida, Walter se asomó por una de las cinco ventanas de la casa y apuntándola con un arma, le gritó “¡Te voy a matar, yo no tengo nada que perder”. Mariela hizo la denuncia penal pero luego retiró los cargos.
El 13 de octubre, mientras Mariela trabajaba, su hijo Sebastián de siete años hacía los deberes en su pieza. Walter entró a la habitación de su hijo: –¡Puto, ¿dónde dejaste el lápiz que mamá te compró ayer? Buscalo porque si no te voy a pegar. Te voy a matar!, gritó Walter.
La hermana de Sebastían, Soledad, escuchó su llanto y llamó a su mamá. “Ese día dije ‘hasta acá llegué’. El límite son mis hijos. Mi hija me llamó llorando y salí del trabajo rápido y llamamos a Gendarmería”, dice a Clarín Mariela.
Cuando lo fueron a detener, Walter se refugió en la casa del padre de Mariela “Mi papá me pegó mucho cuando era chica. A mi mamá también le pegaba. Con Walter se entendían, se llevaban muy bien. Cuando Gendarmería le preguntó a mi papá por él, respodió ‘acá no esta’”, dice.
Mariela cuenta que durante cinco años estuvieron bien; Walter ayudaba a sus hijos a hacer los deberes o les revisaba la cabeza para encontrarle piojos. Cayó preso por robo y cuando salió de la cárcel era otra persona: “Adicto al paco y alcohólico”. Walter no trabajaba y se pasaba gran parte del día consunmiendo pasta base. Pasó 10 años tremendos cargados de violencia física y verbal. Lo único que le regalaba a ella eran bombachas: sabía cuántas tenía y si una desaparecía le pegaba. En la casa de Mariela funciona un jardín comunitario: todos los días comen y toman la leche unos 15 chicos. No recibe ninguna ayuda del Gobierno de la Ciudad. También en su casa da talleres para mujeres que sufren violencia doméstica. Trabaja haciendo matenimiento en el Centro de Primera Infancia la Hormiguita Viajera. “Necesito ayuda de profesionales para el apoyo de las chicas. Y comida para el jardín”, cuenta. Mariela, ahora, se conforma con lo cotidiano: volvió a desayunar con sus hijos y a dejar su billetera arriba de la mesa sin temor a que él le robe la plata.
El 5 de julio de 2010 Mariela fue abuela. Cuando llegó del hospital fue a la casa de su mamá. Enseguida, Walter se asomó por una de las cinco ventanas de la casa y apuntándola con un arma, le gritó “¡Te voy a matar, yo no tengo nada que perder”. Mariela hizo la denuncia penal pero luego retiró los cargos.
El 13 de octubre, mientras Mariela trabajaba, su hijo Sebastián de siete años hacía los deberes en su pieza. Walter entró a la habitación de su hijo: –¡Puto, ¿dónde dejaste el lápiz que mamá te compró ayer? Buscalo porque si no te voy a pegar. Te voy a matar!, gritó Walter.
La hermana de Sebastían, Soledad, escuchó su llanto y llamó a su mamá. “Ese día dije ‘hasta acá llegué’. El límite son mis hijos. Mi hija me llamó llorando y salí del trabajo rápido y llamamos a Gendarmería”, dice a Clarín Mariela.
Cuando lo fueron a detener, Walter se refugió en la casa del padre de Mariela “Mi papá me pegó mucho cuando era chica. A mi mamá también le pegaba. Con Walter se entendían, se llevaban muy bien. Cuando Gendarmería le preguntó a mi papá por él, respodió ‘acá no esta’”, dice.
Mariela cuenta que durante cinco años estuvieron bien; Walter ayudaba a sus hijos a hacer los deberes o les revisaba la cabeza para encontrarle piojos. Cayó preso por robo y cuando salió de la cárcel era otra persona: “Adicto al paco y alcohólico”. Walter no trabajaba y se pasaba gran parte del día consunmiendo pasta base. Pasó 10 años tremendos cargados de violencia física y verbal. Lo único que le regalaba a ella eran bombachas: sabía cuántas tenía y si una desaparecía le pegaba. En la casa de Mariela funciona un jardín comunitario: todos los días comen y toman la leche unos 15 chicos. No recibe ninguna ayuda del Gobierno de la Ciudad. También en su casa da talleres para mujeres que sufren violencia doméstica. Trabaja haciendo matenimiento en el Centro de Primera Infancia la Hormiguita Viajera. “Necesito ayuda de profesionales para el apoyo de las chicas. Y comida para el jardín”, cuenta. Mariela, ahora, se conforma con lo cotidiano: volvió a desayunar con sus hijos y a dejar su billetera arriba de la mesa sin temor a que él le robe la plata.
jueves, 10 de noviembre de 2011
UNC - Universidad libre de discriminacion
Fue una sesión histórica y la sala de reunión del Honorable Consejo Superior estaba, como pocas veces, repleta. Muchos rostros eran familiares: activistas, militantes, amigxs, conocidxs, profesorxs, compañerxs, las altas autoridades universitarias y lxs principales punteros políticos de La Docta, personajes de esos que sólo se ven por la tele (y es que cámaras tampoco faltaron, por supuesto). Tal es así que hasta me pareció ver a Lux montada en unos tacos con plataforma y tomando notas en su agendita de bolsillo en la otra punta del recinto. No era para menos: asuntos importantes integraban la agenda del día.
La primera resolución en salir fue la facultarización de la Escuela de Artes y con ella salieron también la mitad de las personas que poblaban el salón, todxs celebraban afuera esta medida que otorgaba a la academia artística independencia institucional respecto de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Como alumno de la licenciatura en pintura que soy, me retiré a festejar unos instantes y entre risas y abrazos me di con varios profesores que me decían lo mismo: “Ahora es el turno del tema de ustedes, suerte con eso”.* * *
El pasado martes 18 de octubre, la Universidad Nacional de Córdoba fue declarada “una institución libre de discriminación por expresión e identidad de género”, estableciendo que “todas las dependencias académicas y administrativas de la misma deberán, en toda circunstancia, reconocer la identidad de género adoptada y autopercibida de cualquier persona a su solo requerimiento, cuando ésta no coincida con su nombre y sexo registrales”.
Esta resolución que funda sus antecedentes en ordenanzas de similar tenor como los proyectos aprobados por el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (julio 2010. Res. 680), el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Comodoro Rivadavia San Juan Bosco (junio 2011. Res. 53/11) y la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata (Res. 25/2008), “entiende como una necesidad de la Universidad Nacional de Córdoba avanzar en políticas no discriminatorias, inclusivas y de respeto de la identidad de género”.
Para ello se pusieron en consideración diversos tratados, pronunciamientos y convenciones internacionales sobre derechos humanos, entre los que se destacaron los Principios de Yogyakarta y la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre DD.HH., orientación sexual e identidad de género, como así también distintos instrumentos y disposiciones legales nacionales que iban desde la declaración de igualdad ante la ley de la Constitución Argentina hasta la aprobación de la Ley Nº 25.673 que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley Nº 23.592 sobre actos discriminatorios, la Ley Nº 26.618 de Matrimonio Civil y la Ley Nº 26.657 sobre derecho a la protección de la Salud Mental.
Concretamente hablando
En adelante, lxs estudiantes podrán acreditar su identidad a todos los efectos que tengan lugar en el ámbito de la UNC (exámenes, cursadas, trámites, servicios, entre otros) con su libreta o credencial estudiantil en la que aparecerán su identidad autopercibida y su nombre elegido, la utilización del mismo se habilitará mediante la presentación de una nota, por única vez y con carácter de declaración jurada.Es importante destacar que estos derechos no se reservan únicamente para los alumnos y alumnas trans sino que se extienden a personas trans de otros claustros, garantizando también el derecho a la identidad de docentes, egresados y no docentes. Esta reglamentación no les exige a quienes se identifican como trans encarnar ningún estereotipo de feminidad o masculinidad, ni mucho menos certificación médica, psiquiátrica o psicológica. A diferencia de la mayoría de los dispositivos institucionalizados de reconocimiento de las identidades trans, la UNC adopta medidas despatologizantes y descriminalizantes. La ordenanza aprobada no plantea restricciones respecto de la edad; esto permitirá extender sus alcances a quienes estudian en los colegios secundarios que dependen de la universidad, el Manuel Belgrano y el Montserrat.
* * *
“Ahora es el turno del tema de ustedes, suerte con eso”
Una y otra vez escuché esa reproducción ritualizada de exterioridad y cisexismo, el devenir tema y devenir otro de quienes comenzaban a saborear el tan ansiado reconocimiento institucional. Poco a poco se fueron yendo, felices y sin registrar mi respuesta rabiosa:“Eso de su tema sólo funciona si en tu nueva facultad no pensás tener alumnos trans, el reconocimiento de la identidad de género es algo que nos beneficia a todos, no sólo a un grupo, nos garantiza el derecho a...”
Mi voz se fue perdiendo en la antesala abovedada con un eco resonando en mi cabeza que advertía —y todavía advierte— que aquello era sólo un comienzo, que el trabajo por la inclusión social de las personas trans en el ámbito universitario será arduo y será lento, pero que de ser así es conveniente tener buenas legislaciones al respecto. Volví donde se sesionaba para fundirme en abrazos y dedos cruzados transdeseantes, expectante de que el nombre que nos nombra por fin sea la ley y no la trampa.
Hablando el mismo idioma
Ha sido un avance histórico para nuestra comunidad, más allá de las diferencias entre las organizaciones, esto es un signo de que estamos juntos y de que en la lucha colectiva se gana para todos y para todas. Esta medida va a facilitar el ingreso, la permanencia y el egreso mismo de todas las compañeras que estén en condiciones de estudiar en la universidad.Nos da mucha fuerza para seguir luchando por la Ley de Identidad de Género Nacional, pero aparte de eso es un paso concreto, nos sentimos sumamente cómodas viviendo una experiencia de integración y de sentir que se estaba hablando de nosotras con respeto.
Creemos que va a mejorar la calidad de vida de las personas trans porque es una resolución muy amplia que incluye el reconocimiento en el ámbito de la salud; para nosotras es muy necesario que influya en la formación de los futuros médicos y de los actuales. Nos emocionó que el decano de Medicina tomara la responsabilidad como la tomó, no lo esperábamos.
“Yo quedé helada cuando las personas empezaron a tomar la palabra, fue tan fluido, se notaba que estábamos de acuerdo y que sabían de lo que hablaban. Hablábamos todos el mismo idioma. Fue algo histórico. Rotundamente un SI. Me impresionó personalmente la buena predisposición de cómo nos recibieron los volantes, nos sentimos cuidadas, respetadas y cómodas.” Nadia Molina, coordinadora provincial de ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina), Córdoba.
“En el año 2008 presenté mis antecedentes para concursar un cargo en la Escuela de Trabajo Social de la UNC, pero el jurado fue instruido para considerar sólo aquellos antecedentes donde figurara mi nombre legal y/o mi número de documento, lo cual en la práctica dejaba fuera de esa consideración a mis publicaciones y a la mayor parte de mis certificados. Presenté un recurso y dos años después la universidad se expidió a mi favor, admitiendo esas publicaciones y esos certificados en el concurso. A lo largo de esos dos años la situación fue dolorosa, pero sobre todo absurda: seguía asistiendo a jornadas donde la misma universidad que desconocía mi nombre me entregaba certificados que decían ‘Mauro Cabral’.”
“La resolución que se acaba de aprobar afecta positivamente a todo el ámbito universitario, no sólo porque vuelve al espacio de la UNC más inclusivo sino porque sirve también para visibilizar la situación completa de las personas trans: en las aulas, pero también en los hospitales escuelas, como usuarias del sistema público de salud. Otro aspecto positivo es que hace que la población universitaria que no es trans comience a preguntarse dónde están las personas trans e, inmediatamente, por qué la mayoría está afuera. En ese sentido me parece que la ordenanza funciona también como una agenda de inclusión.”
Mauro Cabral, activista trans e intersex. Lic. en Historia, egresado de la UNC. Co-director del Grupo de Investigación Incorporaciones.
PROYECTO DE LEY DE IDENTIDAD DE GENERO
Apenas pasadas las cinco y media de la tarde, la diputada Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro) anunció que terminaba el plenario de las comisiones de Legislación General, que preside, y de Justicia, a cargo de su par Juan Tunessi (UCR), sentado a su lado. “En este momento, con la cantidad de firmas que tiene, el dictamen ya está en condiciones de pasar al recinto” de Diputados, dijo. La sala, repleta de legisladoras y legisladores de todos los bloques, incluso de otras comisiones –y hasta representantes con mandato cumplido–, integrantes de organizaciones de la diversidad sexual que se turnaban para entrar y presenciar el momento, y cámaras de TV, estalló en aplausos. El proyecto de ley de identidad de género acababa de dar un gran paso en su camino legislativo. Logró dictamen de mayoría con 25 firmas; el dictamen de minoría, según anunció su único firmante, Julián Obliglio (PRO), se opondrá al proyecto porque “una operación de genitales no determina el sexo de una persona”, argumentó.
Un corito, “¡sin demora, identidad ahora!”, empezó a ganar el ambiente, mientras sin esconder la sonrisa Ibarra y Tunessi procuraban que volviera a reinar cierta calma. Con dificultad sobrevinieron dos, tres minutos de silencio no completo; activistas de la diversidad se habían puesto de pie, ondeaban banderas, mostraban afiches. La reunión llegaba a su fin. “Felicitaciones a todas y todos los presentes”, dijo Ibarra. Todos respondieron con un coro de consignas: “¡Ley de identidad!”; “¿Cuándo?”; “¡Ahora!”. Luego, en diálogo con este diario, diputadas, diputados y activistas de la diversidad coincidieron: es altamente probable que el proyecto llegue al recinto antes del 10 de diciembre. Todo indica que hay consenso para que allí se apruebe. También aplaudían dirigentes y activistas del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, conformado por organizaciones como ATTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina), la Federación Argentina LGBT, 100% Diversidad y Derechos, el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), Futuro Transgenérico, la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (Alitt) y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).El proyecto dictaminado estipula que toda persona tiene derecho “al reconocimiento de su identidad de género” en sus documentos de identidad así como en sus datos registrales, “al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género” y “a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad”. Para todo ello, no se exigirán la intervención judicial (sí es necesaria actualmente), ni tampoco la intervención médica. Bastará el pedido de la o el interesado ante el Registro Nacional de las Personas para que el Estado reconozca y respete su identidad de género.
En caso de que quien lo pida sea menor de edad, se requerirá el consentimiento de sus tutores legales. Esto se enmarca en la propia definición de identidad de género que incluye la iniciativa: “La vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento”. Lo que la ley reconocerá, si el proyecto es aprobado en la Cámara de Diputados y, luego, en el Senado, es la “identidad de género autopercibida”: la construcción que la ciudadana o el ciudadano hagan de sí.
El texto, que logró dictamen de mayoría con firmas de integrantes de todos los bloques parlamentarios (entre ellos, FPV, PS, UCR, CC-ARI, PF, PRO, NE, PDP, GEN, Proyecto Sur, FAP), resultó de un consenso entre todas las iniciativas en tratamiento en las comisiones, de modo que, además de impulsar el reconocimiento a la identidad de género en los documentos, también contempla el acceso a la atención sanitaria integral en el sistema público de salud.
Apenas informó que el dictamen era un hecho, Ibarra auguró un futuro auspicioso para la ley. “Con este proyecto –dijo– buscamos reconocer derechos que han sido postergados durante muchos años.” En el mismo sentido se había expresado, un rato antes, la diputada Margarita Stolbizer, quien, además de señalar que ese inminente dictamen condensaba “una construcción política plural y de raíz social”, aseguró que el reconocimiento a la identidad de género era una cuestión de “justicia”. Al otro lado de la sala escuchaba Maiamar Abrodos, la actriz que –tal como contó Página/12– debió reclamar ante la Justicia porque un juez, aduciendo que iba “contra la naturaleza”, le había negado la posibilidad de intervenir quirúrgicamente su cuerpo para verse como se sentía. Ayer, aros largos y sonrisa brillante, Abrodos celebraba. “Es importante también porque este proyecto permite el reconocimiento de identidad de género antes de la mayoría de edad. Hay gente que no entiende, pero una sabe quién es ya desde chiquita. Si los que se oponen vieran mis fotos de infancia, entenderían todo.”
LEY DE IDENTIDAD DE GENERO
Las comisiones de Legislación General y Justicia aprobaron ayer un dictamen para que la ley de identidad de género sea tratada en el recinto. El proyecto resultó del consenso entre las iniciativas presentadas por diferentes bloques parlamentarios, como el Frente para la Victoria, el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical, entre otros.
La normativa busca reconocer la identidad de género en los documentos y garantizar el acceso a la atención sanitaria integral en el sistema público de salud. En diálogo con ElArgentino.com, la especialista Carolina Von Opiela accedió a detallar los puntos clave de la iniciativa.
Abogada y docente de la UBA, asesora de organizaciones de la sociedad civil y especialista en temas de diversidad, Von Opiela explica en esta nota la importancia de esta ley para volver a Argentina un país cada vez más igualitario.
ElArgentino.com: ¿Por qué es importante que la identidad de género sea reconocida legalmente? ¿Qué derechos se reconocerían a partir de ese hecho?
Carolina Von Opiela: Porque el derecho a la identidad es un derecho humano fundamental, consustancial a los atributos y a la dignidad humana.
El derecho a la identidad civil de las personas puede pensarse como una llave de acceso a derechos garantizados a partir de la vinculación formal de las personas con los Estados (son múltiples: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales; tales como acceder a la educación, a un empleo registrado, a una tarjeta de crédito, a un régimen de previsión social, a una vivienda digna y adquirir un contrato de locación formal, a salir y entrar del país, a contraer matrimonio, a reconocer y/o adoptar hijos, a elegir y ser elegido para ocupar cargos políticos, a participar en la toma de decisiones y adquirir personalidad jurídica, a ser usuario/a de servicios públicos, entre muchos otros).
A su vez, los documentos de identidad acreditan la condición de “ciudadano/a” y tienen como función servir de vehículo para la protección de los derechos fundamentales de toda persona. Por ello, es común asociar la carencia de documentos con la pobreza, inequidad y exclusión social. La identidad/identificación permite que las personas sean visibles para las políticas públicas diseñadas con el fin de superar la vulneración de DDHH.
EA: ¿Qué le dirías a alguien que dice que esta ley es importante pero no prioritaria en el actual contexto de la sociedad?
Le re-preguntaría: ¿a qué personas comprende como parte de la sociedad?, ¿cuáles son las personas cuya tutela imprimen prioridad sobre otras?, ¿cuál es su motivación para excluir a las personas trans sobre las prioridades de agenda que deben impulsar nuestras instituciones?, y ¿cuáles son sus argumentos para sostener que este colectivo debe seguir postergado?
Luego le diría que esta ley que hoy se debate, contempla: el reconocimiento de la identidad de las personas trans en su registración y documentación personal, así como el acceso a la atención sanitaria integral en el sistema de Salud; y que ello es una herramienta fundamental para combatir la discriminación y la exclusión social.
EA: ¿Cuál creés que va a ser el principal argumento a rebatir en este debate? ¿Creés que la sociedad se mostrará receptiva frente a esto?
CVO: Confío en la sociedad argentina. Nuestra sociedad está madurando y tiene una mirada mucho más sensible a las diversas realidades en las que vive la otredad. Nuestro país está dando pasos muy interesantes para avanzar conforme a un mejorado estándar jurídico de protección de derechos en la región.
Lo más importante es que el debate ya se echó a andar, está instalado en la opinión pública y canalizado en las instituciones de la democracia.
Claro que soy conciente de que vamos a escuchar opiniones contrarias, con un fuerte arraigo a prejuicios estigmatizantes, patologizadores e incluso intolerantes… Presumo que sólo tendremos que tener paciencia y seguir replicando buenos argumentos jurídicos; y que éstos al ser entendidos junto al sentido común, captarán las voluntades políticas que son precisas. Creo que el desafío será lograr un renovado corrimiento, potenciar el principio de igualdad y replantearnos la percepción que tenemos sobre la recodificación de la sexualidad y la asignación cultural al género.
EA: Argentina es un país más igualitario después de la sanción de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿El reconocimiento de la identidad de género iría en el mismo sentido?
CVO: Sin dudas. Si nuestras instituciones reconocen el derecho a la identidad de género de las personas trans: les estarían expresando que las considera con la misma dignidad y derechos que otros/as ciudadanos/as en condiciones de igualdad, para que puedan apartarse definitivamente de la categoría de poblaciones invisibles/invisibilizadas y tengan mejores oportunidades de acceso a sus derechos, lo que contribuye al alcance de una ciudadanía plena.
La normativa busca reconocer la identidad de género en los documentos y garantizar el acceso a la atención sanitaria integral en el sistema público de salud. En diálogo con ElArgentino.com, la especialista Carolina Von Opiela accedió a detallar los puntos clave de la iniciativa.
Abogada y docente de la UBA, asesora de organizaciones de la sociedad civil y especialista en temas de diversidad, Von Opiela explica en esta nota la importancia de esta ley para volver a Argentina un país cada vez más igualitario.
ElArgentino.com: ¿Por qué es importante que la identidad de género sea reconocida legalmente? ¿Qué derechos se reconocerían a partir de ese hecho?
Carolina Von Opiela: Porque el derecho a la identidad es un derecho humano fundamental, consustancial a los atributos y a la dignidad humana.
El derecho a la identidad civil de las personas puede pensarse como una llave de acceso a derechos garantizados a partir de la vinculación formal de las personas con los Estados (son múltiples: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales; tales como acceder a la educación, a un empleo registrado, a una tarjeta de crédito, a un régimen de previsión social, a una vivienda digna y adquirir un contrato de locación formal, a salir y entrar del país, a contraer matrimonio, a reconocer y/o adoptar hijos, a elegir y ser elegido para ocupar cargos políticos, a participar en la toma de decisiones y adquirir personalidad jurídica, a ser usuario/a de servicios públicos, entre muchos otros).
A su vez, los documentos de identidad acreditan la condición de “ciudadano/a” y tienen como función servir de vehículo para la protección de los derechos fundamentales de toda persona. Por ello, es común asociar la carencia de documentos con la pobreza, inequidad y exclusión social. La identidad/identificación permite que las personas sean visibles para las políticas públicas diseñadas con el fin de superar la vulneración de DDHH.
EA: ¿Qué le dirías a alguien que dice que esta ley es importante pero no prioritaria en el actual contexto de la sociedad?
Le re-preguntaría: ¿a qué personas comprende como parte de la sociedad?, ¿cuáles son las personas cuya tutela imprimen prioridad sobre otras?, ¿cuál es su motivación para excluir a las personas trans sobre las prioridades de agenda que deben impulsar nuestras instituciones?, y ¿cuáles son sus argumentos para sostener que este colectivo debe seguir postergado?
Luego le diría que esta ley que hoy se debate, contempla: el reconocimiento de la identidad de las personas trans en su registración y documentación personal, así como el acceso a la atención sanitaria integral en el sistema de Salud; y que ello es una herramienta fundamental para combatir la discriminación y la exclusión social.
EA: ¿Cuál creés que va a ser el principal argumento a rebatir en este debate? ¿Creés que la sociedad se mostrará receptiva frente a esto?
CVO: Confío en la sociedad argentina. Nuestra sociedad está madurando y tiene una mirada mucho más sensible a las diversas realidades en las que vive la otredad. Nuestro país está dando pasos muy interesantes para avanzar conforme a un mejorado estándar jurídico de protección de derechos en la región.
Lo más importante es que el debate ya se echó a andar, está instalado en la opinión pública y canalizado en las instituciones de la democracia.
Claro que soy conciente de que vamos a escuchar opiniones contrarias, con un fuerte arraigo a prejuicios estigmatizantes, patologizadores e incluso intolerantes… Presumo que sólo tendremos que tener paciencia y seguir replicando buenos argumentos jurídicos; y que éstos al ser entendidos junto al sentido común, captarán las voluntades políticas que son precisas. Creo que el desafío será lograr un renovado corrimiento, potenciar el principio de igualdad y replantearnos la percepción que tenemos sobre la recodificación de la sexualidad y la asignación cultural al género.
EA: Argentina es un país más igualitario después de la sanción de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿El reconocimiento de la identidad de género iría en el mismo sentido?
CVO: Sin dudas. Si nuestras instituciones reconocen el derecho a la identidad de género de las personas trans: les estarían expresando que las considera con la misma dignidad y derechos que otros/as ciudadanos/as en condiciones de igualdad, para que puedan apartarse definitivamente de la categoría de poblaciones invisibles/invisibilizadas y tengan mejores oportunidades de acceso a sus derechos, lo que contribuye al alcance de una ciudadanía plena.
LA NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS
Desde 1933, numerosas leyes habían sido dictadas para restringir la actividad económica y ocupacional de los judíos. El 7 de noviembre, un joven judío disparó a un diplomático en la embajada alemana en Paris. Para Goebbels, el tiroteo en París fue una oportunidad para incitar a la población alemana contra los judíos y lanzar un pogromo, conocido como la Noche de los Cristales Rotos. En la noche del 9 de noviembre, por todo el Reich, los comercios judíos fueron victimas de la S.A. Los cristales fueron rotos y sus contenidos arrojados a la calle. Decenas de sinagogas fueron quemadas y miles de judíos fueron recluidos en campos de concentración. La brutalidad de los sucesos fue el primer paso hacia la Solución Final.
Daniel Goldhagen, refiriéndose a esta noche que " la magnitud de la violencia y la destrucción, la enormidad de aquella noche, fue un verdadero cruce del Rubicón
Esa cacería tuvo su antecedente en la noche del 28 de octubre de 1938, cuando el gobierno alemán nazi mandó secuestrar a unos 20.000 judíos de origen polaco, que fueron deportados en condiciones brutales a Polonia.En ese contexto, el 7 de noviembre, Herschel Grynszpan, un judío alemán que había huido a Francia, baleó a Ernst vom Rath, secretario de la embajada alemana en París, a quien había pedido ayuda para su familia. Vom Rath murió el 9, y esa misma noche se desató una revuelta contra la población judía de Alemania y Austria, orquestada por el gobierno de Hitler a través del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y coordinada por el Ministerio de Propaganda, a cargo de Joseph Goebbels.
Los ataques dañaron unas 1.570 sinagogas –algunas por completo–, cementerios judíos, más de 7.000 comercios y 29 almacenes de la colectividad. En Viena fueron quemadas casi todas las 94 sinagogas. Más de 30.000 judíos fueron detenidos y confinados en campos de concentración. Muchos fueron golpeados hasta la muerte: se estima que entre 91 y 200 personas fueron linchadas.
miércoles, 9 de noviembre de 2011
REPARACION POR UN FEMINICIDIO
La Justicia salteña condenó al Estado provincial a pagar una indemnización por daño físico y moral de más de un millón de pesos a una adolescente de 18 años, sobreviviente de violencia de género, por la inacción policial en la prevención de los hechos. Abogadas especializadas en el tema destacaron los alcances de la sentencia, que sienta un precedente importante en relación con la reparación de las víctimas de violencia machista y la responsabilidad que tiene el Estado para proteger la vida de las mujeres (ver aparte). En los últimos tres años hubo 37 femicidios en la provincia de Salta, de acuerdo con un registro de los casos publicados en la prensa que lleva adelante el portal laotravozdigital.com desde septiembre de 2008.
Vanina tenía 12 años cuando el 28 de agosto de 2004 su papá, Alberto Yapura, la atacó y luego mató a su madre y a sus dos hermanitos. El caso conmocionó a la sociedad salteña. Rosana Alderete, madre de Vanina, había realizado varias denuncias contra su esposo por maltratos y amenazas en la seccional del barrio Campo Castañares, donde vivía, en la ciudad de Salta. En la sentencia, la jueza en lo Correccional y de Garantías Mónica Faber evaluó que el Estado tuvo responsabilidad en la feroz agresión –cuyas secuelas todavía padece Vanina– porque quedó en evidencia que la subcomisaría de Castañares no actuó como correspondía. Faber detalló que, de acuerdo con los testimonios de tres policías que declararon en el juicio, la seccional tenía sólo un oficial por turno para patrullar, tomar denuncias y hacer notificaciones, entre otros trámites. Los uniformados también declararon que desconocían la Ley de Violencia Familiar 7202 que establecía la obligación de asistir a las víctimas y que nadie los había capacitado al respecto. Además relataron que debían pedir un turno en la Jefatura de Policía, ubicada en el centro de la ciudad, para sacar fotocopias, ya que no tenían dinero para pagarlas. Una de las faltas que cometieron en la dependencia fue no haber mandado una copia de la denuncia al defensor de Menores para que interviniera, tal como había ordenado el 4 de agosto de 2004 el juez de Instrucción Sumaria de Tercera Nominación luego de la segunda denuncia de la mujer. El ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos de la provincia, Maximiliano Troyano, adelantó que apelará el fallo como habitualmente ocurre.En la causa, además de reclamar una indemnización, estaba acusado por incumplimiento de los deberes procesales el policía José Abraham Martínez, quien debió encargarse de las denuncias. Si bien Martínez quedó absuelto por el beneficio de la duda, la jueza Faber consideró probada la falta del Estado. Faber concluyó que la muerte de la mujer y los dos chicos podría haber ocurrido igual si se tomaban medidas preventivas, pero en ese caso, el Estado no hubiera sido responsable. “No es preciso demostrar la culpa del funcionario para que sea viable el deber estatal de resarcir por falta de servicio, sí lo es acreditar la falta o culpa del sistema administrativo o de la organización administrativa”, dice la sentencia.
“Quedaron expuestas las fallas en el servicio del Estado. Creo que esta decisión va a sentar jurisprudencia”, dijo el abogado de Vanina, Oscar Juárez. La joven vive con su abuelo y cursa el primer año de Derecho. Vanina está bajo tratamiento psicológico y todavía requiere intervenciones quirúrgicas por las secuelas de la terrible agresión que sufrió. Tiene cicatrices de las lesiones en el cuello, el brazo y el abdomen. La noche del ataque una amiga de la madre la encontró tirada en el pasto cubierta por una frazada y le preguntó qué había pasado. Ella le contestó: “Mi papá me mató, mató a mi mamá y a mis hermanos”. Yapura, su padre, fue condenado a prisión perpetua.
El abogado de Vanina expresó su desacuerdo con la decisión del gobierno de apelar. “Si apelan, están en su derecho. Pero de esta manera queda nuevamente en evidencia el desinterés del Estado con respecto a Vanina, que quedó a cargo de sus abuelos, de escasos recursos”, señaló.
lunes, 7 de noviembre de 2011
LAS RAZONES DE LA MARCHA POR EL ORGULLO GAY
Yanina tiene 16 años, nariz respingada, pelo corto, delicada piel blanca y es lesbiana. Hace pocos meses su mamá descubrió al mirar su Facebook que tenía una foto dándose un beso con una chica, que era su novia. La despertó a los gritos y empujones, le lanzó como una daga: “Monstruo me das asco”. Ella, que no se terminaba de despegar de la pesadez del sueño, no comprendía nada. Lo entendió con los golpes. Esas palabras le retumban hasta hoy: monstruo.
Cada discusión, cada pelea hogareña terminaba con su mamá gritándole que había arruinado a su familia por “torta de mierda”. Incluso, en el día en que tomó un rastrillo, la golpeo en las piernas y le dejó las marcas que aún conserva. Ese mismo pensamiento es el que llevó al padrastro de la novia de Natalia “Pepa” Gaitán a asesinarla en Córdoba, para evitar que esa chica machona avergonzara a su familia.
En tanto, en Montegrande, Iván Pereyra recién ahora a los 19 se anima a intentar terminar el colegio secundario en una escuela de adultos. Una historia de acoso en las aulas lo llevó a abandonarla antes de cumplir los 17. Su altura imponente combinada con sus modos delicados, su voz aflautada, su caminar femenino fue demasiado disruptiva para ser aceptada sin penalidades.
Dibujos en los bancos donde representaban hombres que lo cogían, mensajes en el pizarrón, aislamiento, burlas permanentes cada día. Iván no iba al baño porque le decían “te equivocaste, vos tenés que ir al de mujeres" y lo encerraban y empujaban.
Hace pocos meses, el acoso escolar le costó la vida al riojano Carlos Agüero, un chico de 17 años que trabajaba en el campo. Un grupo de compañeros de colegio empezó a agredirlo porque no parecía lo suficientemente macho y nunca había tenido novia. Ahí dejó de ser persona para sólo ser el “puto”. Tenía tanta vergüenza que llegó a imaginar como un escape colgarse de una soga cerca del lugar donde trabajaba.
El periodista y escritor Osvaldo Bazán sostuvo que los homosexuales fueron tratados como “pecadores” por la religión, “enfermos” por la ciencia, y “delincuentes” por el Estado. El reconocimiento estatal de las uniones entre personas del mismo sexo con la Ley de Matrimonio Igualitario dio un claro mensaje: luego de años de lucha de las organizaciones LGTTBI, la sociedad daba cuenta de que aceptaba la diversidad, aunque el cambio cultural recién empieza.
Pero una madre no le pega a su hija por ser heterosexual, los compañeros no hacen que un alumno abandone la escuela por ser heterosexual y un chico no piensa que es mejor quitarse la vida antes que ser heterosexual. Mientras los chicos gays sigan experimentando la oscuridad, es necesaria la luz del orgullo.
Por eso, miles de personas de todas las orientaciones sexuales marchan hoy desde las 18, como lo hacen hace 20 años (cuando iban sólo un puñado de hombres con máscaras para no ser reconocidos) desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso con un fuerte reclamo “Ley de identidad de género ya”, para que el DNI de las personas trans coincida con su identidad real.
Cada discusión, cada pelea hogareña terminaba con su mamá gritándole que había arruinado a su familia por “torta de mierda”. Incluso, en el día en que tomó un rastrillo, la golpeo en las piernas y le dejó las marcas que aún conserva. Ese mismo pensamiento es el que llevó al padrastro de la novia de Natalia “Pepa” Gaitán a asesinarla en Córdoba, para evitar que esa chica machona avergonzara a su familia.
En tanto, en Montegrande, Iván Pereyra recién ahora a los 19 se anima a intentar terminar el colegio secundario en una escuela de adultos. Una historia de acoso en las aulas lo llevó a abandonarla antes de cumplir los 17. Su altura imponente combinada con sus modos delicados, su voz aflautada, su caminar femenino fue demasiado disruptiva para ser aceptada sin penalidades.
Dibujos en los bancos donde representaban hombres que lo cogían, mensajes en el pizarrón, aislamiento, burlas permanentes cada día. Iván no iba al baño porque le decían “te equivocaste, vos tenés que ir al de mujeres" y lo encerraban y empujaban.
Hace pocos meses, el acoso escolar le costó la vida al riojano Carlos Agüero, un chico de 17 años que trabajaba en el campo. Un grupo de compañeros de colegio empezó a agredirlo porque no parecía lo suficientemente macho y nunca había tenido novia. Ahí dejó de ser persona para sólo ser el “puto”. Tenía tanta vergüenza que llegó a imaginar como un escape colgarse de una soga cerca del lugar donde trabajaba.
El periodista y escritor Osvaldo Bazán sostuvo que los homosexuales fueron tratados como “pecadores” por la religión, “enfermos” por la ciencia, y “delincuentes” por el Estado. El reconocimiento estatal de las uniones entre personas del mismo sexo con la Ley de Matrimonio Igualitario dio un claro mensaje: luego de años de lucha de las organizaciones LGTTBI, la sociedad daba cuenta de que aceptaba la diversidad, aunque el cambio cultural recién empieza.
Pero una madre no le pega a su hija por ser heterosexual, los compañeros no hacen que un alumno abandone la escuela por ser heterosexual y un chico no piensa que es mejor quitarse la vida antes que ser heterosexual. Mientras los chicos gays sigan experimentando la oscuridad, es necesaria la luz del orgullo.
Por eso, miles de personas de todas las orientaciones sexuales marchan hoy desde las 18, como lo hacen hace 20 años (cuando iban sólo un puñado de hombres con máscaras para no ser reconocidos) desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso con un fuerte reclamo “Ley de identidad de género ya”, para que el DNI de las personas trans coincida con su identidad real.
ABORTO DESPENALIZACION
A propósito del inicio de la discusión en ámbitos parlamentarios sobre la despenalización del aborto y de las manifestaciones que en distintas ciudades del país reclamaron sobre el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, una revisión histórica de cómo el acceso al aborto se fue configurando como una de las principales reivindicaciones del movimiento de mujeres allá por los años ‘60, cuando el mundo era otro mundo. Aunque algunas demandas no han perdido actualidad.
Por Mabel Bellucci *
Hacia 1960, el mundo era otro mundo. Estados Unidos irrumpió de una maraña de tendencias animales como fue la Segunda Guerra Mundial con el fin de perpetuarse como la potencia imperialista del planeta. Así, desde sus entrañas se vivieron luchas contra la opresión colonial, manifestaciones de los negros, estudiantiles, de las mujeres y de los homosexuales junto al movimiento contra la guerra colonialista sobre Vietnam. Dentro de esa coyuntura turbulenta, se acuñó el término “revolución sexual” que invitaba al varón y a la mujer a experimentar los placeres por fuera de la coalición “matrimonio-amor-maternidad”.
En ese contexto, surgió como un conejo de la galera el Movimiento de Liberación de la Mujer (Women’s Liberation Movement, conocido también con la abreviatura Women’s Lib) –encargado de posicionar políticamente la demanda de mujeres organizadas en torno del derecho al aborto–. La historiadora Marysa Navarro recuerda que, recién, en la década del ochenta fue bautizado Feminismo de la Segunda Ola.Hacia fines de 1963, la aparición de la píldora anticonceptiva, su comercialización y su uso se generalizaron en Estados Unidos. Estaba destinada especialmente a las señoras casadas, amas de casa y con un número suficiente de hijos más que a las solteras tentadas a incursionar en una aventura amorosa. La pastilla representó “el mal menor” ante la complicación del aborto clandestino y la numerosa cadena de partos. No obstante, la anticoncepción oral no fue una consecuencia directa de la revolución sexual predicada por el pensador Wilhelm Reich, sino que hubo un interés biopolítico para su desarrollo.
Con anterioridad, las formas más difundidas para evitar una gestación pasaban por el uso del condón, el coitus interruptus, la abstinencia periódica y el aborto, como solución de emergencia. Sin más vueltas, la ensayista Germaine Greer, en su libro Sexo y destino, lo incluía como parte de la práctica anticonceptiva.
Sin embargo, en ciertas feministas asomó un resquemor a la hora de reivindicar el uso de la píldora cuando se hizo público que los testeos implementados por los laboratorios norteamericanos empleaban cuerpos femeninos como conejillos de Indias. Si bien con la píldora no se atravesaban el peligro de muerte o la amenaza concreta de la cárcel como con el aborto ilegal, igualmente, las mujeres acudían a este método difundido puertas para adentro y, a la vez, clandestino puertas para afuera. Por consiguiente, el aborto era tanto hablado en el orden cotidiano como castigado en el orden público. Asimismo, la pastilla, en sus comienzos, al estar destinada para una minoría con privilegios más la exigencia de un compromiso regular de su uso, atentó contra su aceptación generalizada; tampoco aseguraba evitar el riesgo de una posible fecundación, mientras que el aborto significaba lo opuesto, es decir, una solución de hecho frente al hecho consumado. Así, este último se convierte en el medio más eficaz para concluir con un embarazo no deseado en la medida en que haya certeza de no exponer la vida o de ir presa.
Otro dato para no soslayar: en los años sesenta existían generaciones precedentes de mujeres que habían abortado y que, de alguna manera, lo verbalizaban dentro de su entorno. En líneas generales, era cuasi familiar su acogida. En cambio, la anticoncepción oral carecía de trayectoria. Y como todo lo nuevo, por un lado, generaba incertidumbres y, por el otro, se ignoraban sus efectos potenciales. No olvidemos que aún requería de mejoras técnicas adicionales, que había dificultad en el acceso y la poca información que circulaba no era tranquilizadora.
De un modo u otro, a las mujeres se les presentaba la ocasión de escoger en primera persona entre un método conocido y otro por conocer.
CRITICONAS CON GANAS
Pero la píldora no fue lo único innovador en 1963. Hubo un indicador de que algo nuevo salía del cascarón: fue el surgimiento de la obra La Mística Femenina (The Femenine Mystique), de Betty Friedan. Este texto contribuyó a formatear ese malestar de miles de mujeres de mediana edad, de clase media, casadas y con hijos, en el cumplimiento de los roles claves en el reino del hogar. A pesar de ello, Friedan no pudo registrar otras incomodidades también devenidas de la esfera íntima, es decir, los límites a una maternidad no deseada. Tanto la anticoncepción como el aborto no asomaron en su contrapunto entre una realidad idealizada y la vida de sus pares. Quizás, resultaba prematuro escupir tantas verdades sin freno alguno.Ahora bien, la generación de las casadas a las que Friedan les hablaba se cruzó con las mujeres que luchaban contra la guerra imperial, más el colegiado que hacía lo suyo.
Con la precipitación de las urgencias políticas por la radicalidad de la población negra que bregaba por sus derechos civiles, las integrantes del Women’s Lib entendieron su propia discriminación al profundizar el fenómeno del racismo. A ello se sumó la resistencia contra la guerra en Vietnam que impulsó a jóvenes a usurpar las calles de Nueva York, Chicago, Washington y California, bajo la emblemática consigna “Hagamos el amor, no la guerra”, tal como lo recuerda Marysa Navarro. En cuanto al mundo universitario, estudiantes junto con docentes encarnaban las voces provocadoras. Así, el Movimiento de Liberación de la Mujer quedó configurado en numerosas corrientes.
Entre tanto, las activistas de izquierda cristalizaban un feminismo más heterodoxo y plural por el cruce de clase y etnia que distinguía el salto de las transformaciones que estalló entre los estratos más bajos de la sociedad estadounidense: los negros, los latinoamericanos, los indios y los blancos pobres. Hasta que llegó el momento en que las militantes formadas en las calles y en las universidades y relacionadas con las formas clásicas del debate político, se corrieron de las filas partidarias para generar sus cuartos propios, y dar paso a un enfoque de autonomía sexual. Dentro de esa mirada antipatriarcal, la reapropiación del cuerpo y de la sexualidad femenina desde todos sus rincones ocupó un espacio destacado. Al punto de que la exigencia del aborto voluntario mantuvo su lugar central en la lista de reivindicaciones de estas activistas. Por caso, en los diversos manifiestos feministas que proliferaban en la época, siempre estuvo presente.
La escritora Mildred Adams Kenyon en su artículo “El nuevo feminismo” comentaba que tanto para la prensa amarilla como para la del establishment, Nueva York era la capital del aborto. En esa misma dirección, la escritora María Rosa Oliver, en su texto La Salida, de 1970, relataba haber presenciado una movilización feminista que marchaba por las calles de esa ciudad, bajo el lema “500 dólares el aborto equivale a su prohibición”. Además, denunciaba que en Harlem, dentro de la comunidad puertorriqueña, aumentaba el número de muertes por abortos baratos e inseguros. Mientras la ensayista María Arias en su obra La Liberación de la Mujer, de 1973, identificaba al colectivo New York Radical Women como la punta de lanza en la cuestión del aborto legal. Pero si las activistas no lograban su objetivo, guardaban un plan B bajo la manga. Para Arias se planeaba ya en esos años, cual relato de ciencia ficción, un anticipo de lo que es hoy “Women on Waves”: “fondear un barcohospital en aguas extraterritoriales con médicos y enfermeras voluntarios”.
De esta manera, hacia los años setenta, el Movimiento de Liberación de la Mujer, con una complejidad que fue acrecentándose, percibió un rasgo unificador de convergencia que fue “la política del cuerpo”. Fueron ellas las que tornaron al aborto no como un hecho personal y privado sino como uno político y público. Al fin y al cabo, ¿qué otra cosa puede leerse en ese lema provocativo de la época “un hijo, si quiero y cuando quiera” que no sea la reapropiación de su sexualidad y de su función reproductora?, pregunta ingeniosa, por cierto, que se hicieron Georges Duby y Michelle Perrot en Historia de las Mujeres.
* Activista feminista queer. Integrante de la Campaña Nacional por Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
VIOLENCIA HOMOFOBIA EN LOS MEDIOS
Por Claudia Vásquez Haro *
El Observatorio de Comunicación Género, Diversidad y Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP analiza cómo los medios gráficos construyen sus notas periodísticas sobre estas temáticas, para luego reflexionar y producir conocimiento crítico para la transformación. Como Observatorio proponemos a los medios y a la sociedad en su conjunto concientizar sobre el sentido que generan estos enunciados peyorativos y discriminatorios, que potencian la segregación, estigma y, en el último de los casos, los llamados crímenes de odio. Un informe dio cuenta del tratamiento mediático de dos asesinatos a mujeres trans, Moma y Lucha, en la ciudad de La Plata.
Nuestro corpus de análisis fueron las notas informativas de los diarios El Día, Hoy, Diagonales, Tiempo Argentino, Crónica y El Uno. Ambos casos tuvieron relevancia en las agendas gráficas.El Día se refirió en varios pasajes de su nota del 27 de octubre pasado a Moma como si estuviese hablando de una persona masculina con términos como “crimen de un travesti”, “Se trata del homicidio de Sebastián Manuel, ‘La Moma’, González Abad”, los cuales además potencian la discriminación al escribir el nombre registral de la víctima, situación paradójica en un contexto donde actualmente el Estado debate la aprobación de la ley de reconocimiento a la identidad de género. Esto implica la reproducción de sentidos y prácticas discriminatorias que, como vimos, llegan al exterminio.
El diario Tiempo Argentino en la volanta de su nota del día 23 de octubre decía “Sebastián Manuel González Abad, ‘La Moma’, apareció muerta en su casa de La Plata” y en el cuerpo de la nota se leía lo siguiente: “la Moma medía casi dos metros y, según sus compañeras de trabajo, sabía defenderse de las agresiones físicas”. Se comete también el error de poner su nombre registral y además se refuerza la idea de que su identidad es masculina y no femenina, apelando a la fuerza física que poseía. Por otra parte, poner el nombre con el que se autopercibe entre comillas como si fuese un apodo, contraría los fallos judiciales que han reconocido la identidad de género mediante un recurso de amparo.
El diario Crónica utilizó una imagen que mostraba a Moma en un ámbito de fiesta reproduciendo el imaginario social que vincula a las trans con el mundo de la noche y el descontrol, como si sus vidas cotidianas no transcurriesen en otros ámbitos.
Por su parte, Diagonales también reforzó la idea de que las trans solo viven de noche, con frases como “Los testimonios brindados por otras trabajadoras sexuales que paran en la zona roja platense”, “un grupo de travestis que ofrecen sexo en la zona de Diagonal 73 se presentaron en el lugar. Fueron ellos (sic) quienes manifestaron que la última vez que lo vieron (sic) con vida fue el sábado, cuando compartieron una cena con él (sic).
Al igual que Moma, Lucha era una compañera trans que fue asesinada en Berisso la semana pasada. Como en el caso anterior, los diarios utilizaron género masculino y nombre registral desconociendo el derecho a la identidad de género: “Berisso: una pelea dejó a un hombre al borde de la muerte” (diario El Día). En el caso de Lucha se suma un claro componente racista y xenófobo: “Un travesti peruano de 38 años”. Al señalar su procedencia peruana se recorta un detalle irrelevante para la noticia. ¿Qué suma este dato al momento de relatar un asesinato? A la discriminación por identidad de género, se suma marcar a la víctima de manera discriminatoria.
* Docente e investigadora de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la UNLP.
martes, 1 de noviembre de 2011
VIOLENCIA DE GENERO
La violencia de género es el tipo de violencia ejercida contra cualquier mujer, por su condición de tal. La violencia presenta numerosas facetas, desde la discriminación y el menosprecio, la agresión física y psicológica, hasta el asesinato.
La mayoría de las veces es causada del hombre hacia la mujer, por sentimiento de superioridad, dominación y más extensamente machismo.
Estos hechos comienzan en la infancia y es en el familia donde se ejerce esa violencia, es la niña quien la sufre por su condición de niña, la mayoría de las veces de parte dela autoridad paterna o de hermanos, abuelos, tíos o amigos que ella confía. Este problema muchas veces no trasciende porque la niña se siente avergonzada y con sentimientos de culpa, además de sentirse amenazada y amedrentada, la hacen guardar silencio.
Otro tipo de violencia es la venta de niñas, para el servicio lucrativo de la prostitución, observándolo en varias oportunidades en las miserias en las que viven ciertas familias, que encuentran una salida en la explotación sexual de las menores, muy repudiable por cierto.
Muy importante es la magnitud de la violencia de parejas, dándose en todos los grupos sociales, en distintos niveles económicos y culturales.
En las relaciones de parejas, surgen conflictos, discusiones acaloradas hasta llegar a la agresión física entre ambos. La mayoría de las veces se ejerce el maltrato del hombre hacia la mujer, con una relación de dominio, que mediante desprecios, humillaciones, insultos, amenazas y golpes logra bajar la autoestima de la mujer, la que sufre en silencio y con culpas. Muchas veces estos hechos salen a la luz con el peor final imaginable: la muerte.
Otra faceta de violencia es sin lugar a dudas la violación, ejercida por los hombres. Esto produce efectos devastadores, las mujeres pueden caer en profundas depresiones, cambiar su carácter, caer en adicciones como alcohol o drogas.
Las mujeres víctimas de la violación, sufren una doble agresión, primero la de su agresor, a eso se le suma el de la familia y de la comunidad. El sentimiento de vergüenza las hace mantener en silencio, y en numerosos casos, les sigue el asesinato.
La prevención sería una de las principales medidas de terminar con la violencia de género. Como adultos, debemos reflexionar aún cuestionado los roles sociales, el lenguaje, etc, y transmitírselos a niñas y niños.
Evitar relacionarnos con personas que tengan una patología violenta, desconfiar de promesas y valorar la intuición.
Lo que no es fácil de prevenir son los hechos de violencias generados durante la infancia, los cuales en todos los casos son generados por amenazas y amedrentamientos, incomprensible para niñas inocentes e indefensas.
También es complejo prevenir la violación, donde la figura del hombre perverso mediante intimidación, coacción e indefensión, pretende imponer una relación sexual no deseada.
La violencia de género, merece una profunda atención, desde los distintos estamentos del estado, la justicia y del valorable trabajo de las ONG involucradas en el tema.
Como reflexión solo me queda por decir: que el miedo no nos debe paralizar, que debemos animarnos en todos los casos a denunciar a los perversos capaces de hacernos tanto daño. Hacer valer nuestros valores, defender nuestros derechos y exigir se tome con gran seriedad esta problemática.
*Defensora adjunta del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
lunes, 24 de octubre de 2011
EL EMBARAZO ADOLESCENTE UNA TRAGEDIA SOCIAL QUE EL PRO NO ENTIENDE
En la excelente performance electoral de Miguel Del Sel como candidato a gobernador por Santa Fe, la oposición vislumbraba una promesa que se marchitó apenas pasadas las primarias. Pero el cómico no quiere perder su sitio entre las huestes de la derecha. “Se triplicaron los embarazos de chicas de 12 o 13 años porque buscan cobrar esa platita”, dijo. Los datos concretos del impacto de la Asignación Universal por Embarazo lo desmienten. El nunca se retractó.
Después de la desmentida, Del Sel no se retractó. Como si fuera La Tota, el personaje que lo lleva al living de tantos hogares desde el programa de Susana Giménez, el macrista les pidió a los periodistas que “investiguen” el aumento de embarazos adolescentes. Los datos lo niegan sea cual fuere la fuente consultada. También Silvia Carbognani, la directora de la Maternidad Martin, la más grande de Rosario, afirma que la tasa de embarazos adolescentes se mantuvo estable en los últimos tres años. En los primeros 9 meses de 2011, las madres de entre 10 y 19 años tuvieron el 27,3 por ciento de todos los partos con nacidos vivos en la Maternidad Martin. Pero las menores de 14 son inhabituales. “Hace pocos días, hubo una nena de 13 años y el padre tenía 18, pero hacía mucho que no teníamos chicas de esa edad”, indicó Carbognani, que salió a contestarle públicamente a Del Sel. “Nosotros no lo vemos como una cuestión económica sino de adquisición de ciudadanía. Las chicas llegan con controles prenatales al parto, con la documentación”, explicó la profesional. Más tarde, dijo: “Salí a contestar porque me sentí herida, sentí que tenía que decir algo porque me pareció violento lo dicho por Del Sel. Me sentí menospreciada, por eso respondí, por mí y por todas las mujeres”.
En su vasta experiencia en la maternidad pública más grande de Rosario, Carbognani sí pudo comprobar que para muchas adolescentes el embarazo se convierte en un proyecto de vida, en la única posibilidad de tener algo “propio”, que les permita realizarse, y ése le parece el aspecto más preocupante, que el Estado debe abordar con políticas específicas.
En el mismo sentido, el coordinador de la Dirección Provincial de Maternidad e Infancia, Daniel Teppaz, enfatizó que la tasa de fecundidad adolescente viene en disminución, a partir del efectivo acceso a los métodos anticonceptivos del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. “La tasa de fecundidad adolescente viene descendiendo en la Argentina y también en la provincia. La diferencia está relacionada con la mejora de la accesibilidad a los métodos anticonceptivos”, indicó el funcionario del gobierno de Hermes Binner.
En todo caso, Teppaz puntualiza que “la Asignación Universal, sobre todo por Hijo, brinda una oportunidad a los servicios de salud, porque se están acercando niños, niñas, adolescentes y jóvenes que antes no se acercaban”. Además, aludió a un estudio realizado en Rosario que investigó las cifras de embarazo adolescente. “Por ese estudio, y también por mi experiencia clínica, sabemos que hay un porcentaje de adolescentes que buscan embarazarse. Algunas han conocido y utilizado métodos anticonceptivos, pero luego deciden dejar de hacerlo. Uno va a buscar las razones y encuentra que las representaciones culturales son muy fuertes. Por qué una adolescente elige ser a través de ser madre, esa es una cuestión a abordar, y las inversiones desde la Educación Sexual Integral, o el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, no obtienen resultados rápidamente”, indicó el médico.
Pero Teppaz va más allá al cuestionar lo que subyace en lo dicho por Del Sel y plantea que el “problema” del embarazo adolescente es intrínseco al discurso patriarcal. “La ideología de derecha necesita el patriarcado, necesita que las mujeres sean a través de ser madres, y luego plantea como problema la misma consecuencia de sus políticas”.
Miguel Del Sel lo dijo en Mendoza, basado en una fuente que luego se reveló falsa: “El director del hospital de Villa Ocampo me dijo que se duplicaron o triplicaron los embarazos de chicas de 12 o 13 años, para cobrar esa platita”. “Esa platita” es la Asignación Universal por Embarazo para la Protección Social. Así, el cómico y ex candidato a gobernador Miguel Del Sel prendió la mecha de un debate que sigue ardiendo en Santa Fe. Enseguida salió a desmentirlo el propio aludido, el director del centro de salud de Villa Ocampo, en el extremo norte de la provincia, Daniel Catalani. Del Sel –que con 615 mil votos estuvo demasiado cerca de ganar las elecciones– dejó sentado el prejuicio hacia los sectores populares, les hizo un guiño a los que piensan que las mujeres pobres “tienen hijos para usarlos”, y que el Estado no debiera “regalarles” el dinero. Con toda puntería. Y para hacerlo, mintió. El titular de Anses Rosario, Roberto Sukerman, fue muy claro: en los escasos cuatro meses que tienen registrados de la Asignación Universal por Embarazo no hubo variaciones significativas en el número de trámites iniciados. Es que el beneficio comenzó a pagarse en mayo, y hay datos consolidados hasta agosto. Si el primer mes, en toda la provincia, se inscribieron 2349 embarazadas, en agosto fueron 1903. Es decir, bajaron. Sukerman subraya que no se trata sólo de los 270 pesos, sino de los obligatorios controles prenatales para cobrarlo, a través del Plan Nacer. Lo dijo la Presidenta, cuando anunció la medida para prevenir la mortalidad maternoinfantil. “Es una cuestión de derechos, a la salud y a la identidad, porque deben regularizar también la documentación para acceder a la Asignación”, enfatizó Sukerman.
Las beneficiarias, justamente, cobran el 80 por ciento de la asignación mensualmente, a partir de las 12 semanas de embarazo, siempre y cuando concurran a los controles sanitarios. Tras el nacimiento, perciben el 20 por ciento restante, contra la presentación de la partida.Después de la desmentida, Del Sel no se retractó. Como si fuera La Tota, el personaje que lo lleva al living de tantos hogares desde el programa de Susana Giménez, el macrista les pidió a los periodistas que “investiguen” el aumento de embarazos adolescentes. Los datos lo niegan sea cual fuere la fuente consultada. También Silvia Carbognani, la directora de la Maternidad Martin, la más grande de Rosario, afirma que la tasa de embarazos adolescentes se mantuvo estable en los últimos tres años. En los primeros 9 meses de 2011, las madres de entre 10 y 19 años tuvieron el 27,3 por ciento de todos los partos con nacidos vivos en la Maternidad Martin. Pero las menores de 14 son inhabituales. “Hace pocos días, hubo una nena de 13 años y el padre tenía 18, pero hacía mucho que no teníamos chicas de esa edad”, indicó Carbognani, que salió a contestarle públicamente a Del Sel. “Nosotros no lo vemos como una cuestión económica sino de adquisición de ciudadanía. Las chicas llegan con controles prenatales al parto, con la documentación”, explicó la profesional. Más tarde, dijo: “Salí a contestar porque me sentí herida, sentí que tenía que decir algo porque me pareció violento lo dicho por Del Sel. Me sentí menospreciada, por eso respondí, por mí y por todas las mujeres”.
En su vasta experiencia en la maternidad pública más grande de Rosario, Carbognani sí pudo comprobar que para muchas adolescentes el embarazo se convierte en un proyecto de vida, en la única posibilidad de tener algo “propio”, que les permita realizarse, y ése le parece el aspecto más preocupante, que el Estado debe abordar con políticas específicas.
En el mismo sentido, el coordinador de la Dirección Provincial de Maternidad e Infancia, Daniel Teppaz, enfatizó que la tasa de fecundidad adolescente viene en disminución, a partir del efectivo acceso a los métodos anticonceptivos del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. “La tasa de fecundidad adolescente viene descendiendo en la Argentina y también en la provincia. La diferencia está relacionada con la mejora de la accesibilidad a los métodos anticonceptivos”, indicó el funcionario del gobierno de Hermes Binner.
En todo caso, Teppaz puntualiza que “la Asignación Universal, sobre todo por Hijo, brinda una oportunidad a los servicios de salud, porque se están acercando niños, niñas, adolescentes y jóvenes que antes no se acercaban”. Además, aludió a un estudio realizado en Rosario que investigó las cifras de embarazo adolescente. “Por ese estudio, y también por mi experiencia clínica, sabemos que hay un porcentaje de adolescentes que buscan embarazarse. Algunas han conocido y utilizado métodos anticonceptivos, pero luego deciden dejar de hacerlo. Uno va a buscar las razones y encuentra que las representaciones culturales son muy fuertes. Por qué una adolescente elige ser a través de ser madre, esa es una cuestión a abordar, y las inversiones desde la Educación Sexual Integral, o el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, no obtienen resultados rápidamente”, indicó el médico.
Pero Teppaz va más allá al cuestionar lo que subyace en lo dicho por Del Sel y plantea que el “problema” del embarazo adolescente es intrínseco al discurso patriarcal. “La ideología de derecha necesita el patriarcado, necesita que las mujeres sean a través de ser madres, y luego plantea como problema la misma consecuencia de sus políticas”.
EL LUGAR DEL PATRIARCADO
Por Barbara Ines Espinola *
La categoría niña o niño extraviado es de carácter polisémico, pues da cuenta de diferentes situaciones que la definen. Los y las adolescentes que dejan su hogar por propia voluntad y diferentes motivos, niños y niñas que se encontrarían con uno de sus padres, desconociéndose su paradero y viéndose impedido el contacto del otro progenitor, guardador o tutor. A ello se suma que en la mayoría de los casos se toma conocimiento mediante las denuncias policiales y/o judiciales una situación que implica –desde el inicio– una judicialización del abordaje aun sin mediar presunción de que el niño o la niña pueda ser víctima de un delito.
La perspectiva de género orienta las acciones, se trate de mujeres adultas –las madres– como de mujeres jóvenes: las adolescentes y las niñas. La complejidad de esta praxis está dada por la cantidad y naturaleza de los organismos que intervienen en las búsquedas y los hallazgos: las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales; el sistema judicial penal, civil y de familia. Además del Poder Ejecutivo Nacional, los ejecutivos provinciales y locales, a través de las dependencias de derechos humanos y/o protección integral y/o desarrollo social y niñez. Allí, en el entramado del campo institucional, es donde se valida y legitima el patriarcado.* Licenciada en Trabajo Social, coordinadora del Equipo Social y especialista en género de Rnipme.
viernes, 14 de octubre de 2011
DISCRIMINACION EN LA OFERTA LABORAL
En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fue presentado un proyecto de ley que propone multar a los empleadores que utilicen términos discriminatorios en sus anuncios de ofertas laborales.
La iniciativa fue presentada por el legislador Cristián Ritondo, quien en su proyecto acuñó las recomendaciones formuladas por el Instituto Nacional contra la Discriminación tendientes a garantizar que el lugar laboral sea un entorno donde se respetan los derechos humanos y la dignidad de los trabajadores y en el cual no se exijan requisitos distintos de la competencia, habilidad o conocimientos para desempeñar una tarea.
De esta manera, el legislador porteño presentó un proyecto de ley para sancionar el uso discriminatorio del lenguaje en los avisos clasificados destinados a las búsquedas laborales.
El presente proyecto contempla que la situación actual presenta muchos anuncios gráficos y radiales que incluyen el requisito de “buena presencia”, lo cual resulta muy subjetivo y depende únicamente de conceptos y cánones de estética y “presencia” que maneja cada empleador. Como consecuencia de ello, se discrimina a quienes no entran en esos patrones arbitrarios y se genera, de antemano, la privación del empleo, sin siquiera haber podido demostrar las capacidades intelectuales o de aptitud.
En referencia a lo anterior, el diputado busca salvar de ser discriminadas a personas que sufren defectos físicos como quemaduras en la cara, defectos dentales, y sobrepeso, entre otros, a través de la imposición de una multa a aquellos empleadores que soliciten, ordenen, publiquen y/o difundan por sí o por terceros, avisos discriminatorios.
La iniciativa fue presentada por el legislador Cristián Ritondo, quien en su proyecto acuñó las recomendaciones formuladas por el Instituto Nacional contra la Discriminación tendientes a garantizar que el lugar laboral sea un entorno donde se respetan los derechos humanos y la dignidad de los trabajadores y en el cual no se exijan requisitos distintos de la competencia, habilidad o conocimientos para desempeñar una tarea.
De esta manera, el legislador porteño presentó un proyecto de ley para sancionar el uso discriminatorio del lenguaje en los avisos clasificados destinados a las búsquedas laborales.
El presente proyecto contempla que la situación actual presenta muchos anuncios gráficos y radiales que incluyen el requisito de “buena presencia”, lo cual resulta muy subjetivo y depende únicamente de conceptos y cánones de estética y “presencia” que maneja cada empleador. Como consecuencia de ello, se discrimina a quienes no entran en esos patrones arbitrarios y se genera, de antemano, la privación del empleo, sin siquiera haber podido demostrar las capacidades intelectuales o de aptitud.
En referencia a lo anterior, el diputado busca salvar de ser discriminadas a personas que sufren defectos físicos como quemaduras en la cara, defectos dentales, y sobrepeso, entre otros, a través de la imposición de una multa a aquellos empleadores que soliciten, ordenen, publiquen y/o difundan por sí o por terceros, avisos discriminatorios.
jueves, 13 de octubre de 2011
LAS VENAS ABIERTAS DE AMERICA LATINA - 40 AÑOS DESPUES
Cuando en abril de 2009 Hugo Chávez extendió su mano hacia el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para regalarle Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, la prensa americana y europea se sorprendió ante el gesto. ¿Por qué habría de regalarle un libro que estaba en el puesto 60.280 del ranking de Amazon? ¿Por qué traer al presente un libro escrito en 1971? ¿Por qué esa risa burlona y semejante ostentación de la tapa? En una semana, ese pequeño gesto de Chávez que era en realidad una potente declaración, despertó la intriga de millones de personas. A medida que la imagen y la noticia corrían, más y más personas se convertían en lectores de esa misteriosa obra, jamás difundida masivamente por circuitos no pertenecientes a las ciencias sociales académicas estadounidenses y europeas. En siete días, Las venas... avanzó 60.275 lugares en el ranking de los libros más vendidos en Europa hasta llegar al quinto puesto. Semejante escalada obligó a repensar el contenido y reabrió un debate sobre algo que si bien no era del todo nuevo, llegaba con aires renovados. Aunque ciertos sectores optimistas del intelectualismo hablaron de la "revitalización" de una vieja causa setentista, la derecha prefirió hacer referencia al fenómeno como un "producto del mercadeo chavista". En este contexto no faltaron quienes cuestionaron el rigor de la obra de Galeano y la redujeron como el "perfecto exponente de la retórica del victimismo", una retórica que le venía como anillo al dedo al siempre "paranoico" presidente venezolano. Inútiles fueron las críticas, la respuesta de Obama habló por sí sola. "Pensé que me iba a dar algo escritor por él", observo primero, desacreditando a su par. Luego, comunicó a través de sus voceros que si tenía tiempo "lo ojearía". Más tarde su portavoz oficial explicó que, si bien el presidente era un hombre leído, ese ejemplar "no estaba entre sus prioridades". Esta declaración no hizo más que agitar el avispero que permitió que Las venas... volviera a ser releída por millones y fuera descubierta por primera vez por otros tantos. Hoy, a 40 años de su edición, su análisis sobre los problemas latinoamericanos se mantiene más vigente que nunca, y no es de extrañar que Galeano despierte una suerte de fervor rockero entre sus jóvenes seguidores. Sus lectores, especialmente los más jóvenes, se abalanzan a él en busca de una firma, tal como lo hicieron quienes el pasado martes 27 de septiembre se acercaron a la Biblioteca Nacional para discutir la situación haitiana.
Siguen sangrando. Para Galeano, Las venas... es un reflejo nítido de lo que era el ambiente latinoamericano en la década del ‘70. "Había un movimiento de mucho entusiasmo. Era un cambio que estaba íntimamente ligado con la idea de la justicia -recuerda-. La intención que tuve al escribirlo fue el difundir ciertos datos que obtuve sobre el proceso por el cual América latina se fue empobreciendo, perdiendo soberanía y disminuyendo su autonomía. Mientras eso sucedía, ciertos países iban articulando en el mundo un sistema internacional de poder que es el que ahora resulta virtualmente unánime a escala planetaria. Está claro que ese sistema se alimenta de la desigualdad de sus partes", reflexiona cuatro décadas más tarde el autor.
Galeano comenzó a trabajar en este libro cuando tenía tan sólo 27 años. Lo finalizó a los 31 años. Lo escribió mayormente durante el día, y asegura que en esos cuatro años que se tomó para plasmarlo, usó tan sólo noventa noches. Por ese entonces trabajaba como periodista, editando libros, y estaba empleado en el Departamento de Publicaciones de la Universidad de la República. Su propia curiosidad lo hacía estar muy al tanto de las relaciones internacionales desiguales que esta parte del continente mantenía con el resto del planeta y decidió hacerse el tiempo para investigar todo lo posible al respecto. Las venas... no tardó en hacerse una reputación como "la biblia latinoamericana", pero justo cuando su popularidad crecía, los golpes militares de Uruguay, Chile y Argentina la censuraron convirtiéndola en material maldito cuya posesión hablaba de por sí sobre lo amenazante del lector. El retorno de la democracia permitió que adquiriera un lugar preponderante dentro de las carreras de ciencias sociales latinoaméricanas y se convirtió en la referencia obligada de la militancia de izquierda, algo que marcó profundamente al autor. "Me siento muy orgulloso de haberlo escrito. Este libro ha sido una confirmación indudable de que escribir no es una pasión inútil. Eso es un gran estímulo para seguir trabajando. Pero por otro lado, el libro me pesa como un ancla, marca un estándar que me siento obligado a alcanzar una y otra vez y aunque eso puede ser motivador, a veces es frustrante".
¿Cómo se siente al percatar la vigencia de algo escrito hace tanto? ¿Qué se siente saber que logró exactamente lo que quería: que todos supieran lo que pasaba por este lado del planeta? "Yo soy un hombre de esperanzas, pero a partir de mucha desesperanza; y la esperanza y desesperanza se me cae y levanta varias veces al día. No creo en la gente de esperanzas invulnerables. Si uno está vivo nace y muere varias veces al día. Y en todo caso creo que vale la pena estar vivo y que el mundo puede cambiar. El dolor evitable es el más doloroso. A mí me duele el dolor de tanta gente. Yo no siento que sea un hombre solidario porque mi cerebro me diga que lo sea, es algo que sale del hígado, del corazón y las entrañas", concluye.
Siguen sangrando. Para Galeano, Las venas... es un reflejo nítido de lo que era el ambiente latinoamericano en la década del ‘70. "Había un movimiento de mucho entusiasmo. Era un cambio que estaba íntimamente ligado con la idea de la justicia -recuerda-. La intención que tuve al escribirlo fue el difundir ciertos datos que obtuve sobre el proceso por el cual América latina se fue empobreciendo, perdiendo soberanía y disminuyendo su autonomía. Mientras eso sucedía, ciertos países iban articulando en el mundo un sistema internacional de poder que es el que ahora resulta virtualmente unánime a escala planetaria. Está claro que ese sistema se alimenta de la desigualdad de sus partes", reflexiona cuatro décadas más tarde el autor.
Galeano comenzó a trabajar en este libro cuando tenía tan sólo 27 años. Lo finalizó a los 31 años. Lo escribió mayormente durante el día, y asegura que en esos cuatro años que se tomó para plasmarlo, usó tan sólo noventa noches. Por ese entonces trabajaba como periodista, editando libros, y estaba empleado en el Departamento de Publicaciones de la Universidad de la República. Su propia curiosidad lo hacía estar muy al tanto de las relaciones internacionales desiguales que esta parte del continente mantenía con el resto del planeta y decidió hacerse el tiempo para investigar todo lo posible al respecto. Las venas... no tardó en hacerse una reputación como "la biblia latinoamericana", pero justo cuando su popularidad crecía, los golpes militares de Uruguay, Chile y Argentina la censuraron convirtiéndola en material maldito cuya posesión hablaba de por sí sobre lo amenazante del lector. El retorno de la democracia permitió que adquiriera un lugar preponderante dentro de las carreras de ciencias sociales latinoaméricanas y se convirtió en la referencia obligada de la militancia de izquierda, algo que marcó profundamente al autor. "Me siento muy orgulloso de haberlo escrito. Este libro ha sido una confirmación indudable de que escribir no es una pasión inútil. Eso es un gran estímulo para seguir trabajando. Pero por otro lado, el libro me pesa como un ancla, marca un estándar que me siento obligado a alcanzar una y otra vez y aunque eso puede ser motivador, a veces es frustrante".
¿Cómo se siente al percatar la vigencia de algo escrito hace tanto? ¿Qué se siente saber que logró exactamente lo que quería: que todos supieran lo que pasaba por este lado del planeta? "Yo soy un hombre de esperanzas, pero a partir de mucha desesperanza; y la esperanza y desesperanza se me cae y levanta varias veces al día. No creo en la gente de esperanzas invulnerables. Si uno está vivo nace y muere varias veces al día. Y en todo caso creo que vale la pena estar vivo y que el mundo puede cambiar. El dolor evitable es el más doloroso. A mí me duele el dolor de tanta gente. Yo no siento que sea un hombre solidario porque mi cerebro me diga que lo sea, es algo que sale del hígado, del corazón y las entrañas", concluye.
viernes, 7 de octubre de 2011
INFORME ANTISEMISTISMO - DAIA
(La Nación 07/10/11) La sociedad argentina, ¿es discriminadora, xenófoba y, en consecuencia, antisemita o antijudía ? Lamentablemente, los resultados conocidos recientemente de un informe sobre "Actitudes hacia los judíos en la Argentina" -especialmente elaborado para la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas ( DAIA por el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA- permiten suponer que hay efectivamente ciertos sectores que aún se dejan llevar por prejuicios y estereotipos discriminatorios que se creían ya superados en gran parte. Un desafortunado hecho ocurrido hace muy pocos días, en coincidencia con la celebración del Año Nuevo judío y que aún no ha sido esclarecido, no sólo constituyó un acto de discriminación, sino también un delito: un integrante de la colectividad judía fue agredido verbal y físicamente en la puerta del templo de la Comunidad Israelita Ortodoxa, en Flores. Después de insultarlo, el agresor lo atacó con un palo y le produjo un corte en la oreja. Todo esto dio más actualidad a los resultados del mencionado informe. Para producirlo, el equipo de profesionales de la UBA consultó a 1510 personas de uno y otro sexo, de entre 18 y 65 años, de nivel socioeconómico BC y D, en distintas ciudades del país (área metropolitana, Rosario, Córdoba, Mendoza, Corrientes, Resistencia, Tucumán y Neuquén). De una lectura general de la encuesta , surge una vez más un estereotipo de "judío" no muy lejano de cómo aparecía en los sainetes del siglo pasado. En efecto, a pesar de que los miembros de esta colectividad sean valorados en cuanto a su dedicación al trabajo, nivel de instrucción e inteligencia, también se cree mayoritariamente que su prioridad es "ganar dinero", que son más leales a Israel que a la Argentina y que el hecho de que no se puedan establecer vínculos sólidos con ellos se debe a que son "cerrados" y "poco solidarios" . Otra conclusión, por cierto muy riesgosa, es que no es la sociedad argentina la que los marginaría, sino que son ellos mismos los que se excluyen. De allí que el informe pueda concluir que éste es un escenario con imágenes estigmatizadoras del judío que, potencialmente, "habilita el camino hacia el prejuicio y la discriminación". No es posible que una comunidad tan fuertemente arraigada en nuestra sociedad como la de origen judío no sea "visibilizada" en cuanto a su presencia numérica (es una de las más importantes del mundo) y tampoco en cuanto a sus numerosos aportes de todo tipo, pasados y presentes, en la formación de la identidad nacional. Llama la atención, también, otra curiosa afirmación (con un 49 por ciento de respuestas positivas) según la cual los judíos "hablan demasiado del Holocausto", justamente en nuestro país, donde han ocurrido dos ataques gravísimos contra nuestra sociedad, como fueron el de la embajada de Israel y el de la AMIA, y cuyos verdaderos culpables no han sido identificados todavía, una gran deuda social que el Estado argentino aún no ha saldado. No es la primera vez que se hacen estudios parecidos y que arrojan conclusiones similares, pero es evidente que este último viene a reconfirmar la honda preocupación que las autoridades de la DAIA han manifestado últimamente con respecto a un incremento en ciertos sentimientos antijudíos de la sociedad argentina, que muestran ante todo una profunda ignorancia de todo tipo sobre la colectividad, sus costumbres y sus aportes, junto con la española y la italiana, en primer lugar (aunque en la misma encuesta, se la ubique después de la alemana y la inglesa). En pocos días más, la colectividad judía celebrará la fiesta más importante de nuestros hermanos mayores, como los llamó Juan Pablo II: la del Día del Perdón o Iom Kipur. Debería ser una oportunidad excelente para recordar todos los bienes que esta gran comunidad aportó a nuestro país casi desde el principio mismo de su constitución. Por eso no es extraño que, para la celebración del Bicentenario, la Biblioteca Nacional haya incluido al célebre libro de Alberto Gerchunoff, Los gauchos judíos, entre los 200 que representan culturalmente a la Argentina. Nuestro país ha sido y es, afortunadamente, un gran receptor de todas las comunidades del mundo, y se ha beneficiado y enriquecido siempre con esas presencias y esos arraigos. Por lo tanto, debería ser una política de Estado dar una mejor difusión a esos aportes de colectividades como la judía, para crear una sociedad más abierta, armoniosa y agradecida. Foto: Presentación del sondeo en la Manzana de las luces.
CAUSA PENAL - TRABAJO ESCLAVO
Por primera vez, el dueño de una importante marca de ropa prestará declaración indagatoria ante la Justicia, en una causa en la que se lo investiga por “reducción a la servidumbre” en al menos un taller textil. Se trata de Federico Bonomi, titular de la firma Kosiuko, quien fue citado por el juez federal Julián Ercolini, al igual que dos directivos de la empresa: Aníbal Terra y Marcelo Gallardo. La indagatoria será el próximo 13 de octubre y los empresarios deberán explicar qué relación tenían con el taller en cuestión y otros, donde al parecer se tercerizaba la producción de prendas para esta marca. “El pedido para que declaren fue hecho por la Cámara Federal porteña”, informó una fuente judicial a este diario. La causa comenzó en octubre de 2005 y con los años se le fueron sumando nuevas denuncias.
En un principio, las denuncias contra la empresa Kowsef SA, propietaria de la marca Kosiuko, fueron formuladas por la cooperativa La Alameda y recayeron en el juzgado de Norberto Oyarbide. El magistrado se excusó de atenderla y la derivó a su colega Jorge Urso, quien tomó la misma determinación. Finalmente el expediente, que incluía acusaciones graves como la situación de semiesclavitud y trata de personas, llegó a manos de Ercolini. En el camino, según afirmó Rodolfo Yanzón, abogado querellante, hubo amenazas de muerte contra testigos de identidad reservada.“Es una decisión afortunada que pedimos desde un principio, cuando denunciamos las condiciones a las que se sometía a los costureros. De todas formas, va a ser difícil avanzar si no se les da una protección a las personas que se animaron a denunciar”, dijo ayer Yanzón, quien junto a La Alameda y la Defensoría del Pueblo porteño fueron sumando denuncias a esta causa. La más fuerte fue en 2009, luego de que el propio Bonomi le pidió a la ONG que hiciera un monitoreo de los talleres que le proveían ropa para detectar si había irregularidades.
En ese contexto, desde La Alameda le presentaron a Bonomi el caso de una pareja de costureros bolivianos que trabajaba en un taller que confeccionaba prendas para Kosiuko y denunciaba las condiciones de insalubridad y explotación en que trabajaban, así como un despido sin indemnización. En esa reunión, en la que también participó Marcelo Gallardo, gerente general de Kowsef SA, los costureros Oscar Mamani y Concepción Pajarita Marca demostraron, con etiquetas de la marca Kosiuko, que el taller trabajaba para la firma. Los empresarios se comprometieron a pagar una indemnización, que nunca se hizo efectiva.
Los costureros volvieron al taller a sacar sus pertenencias y con una cámara oculta lo filmaron. Ahora, ese video es parte probatoria del expediente. ¿Cómo eran las condiciones contractuales? Según los dos costureros, que durante un año trabajaron en el taller de Crisóstomo Alvarez al 3900, en el barrio de Parque Avellaneda, les pagaban entre 600 y 900 pesos al mes; el horario era de 7 a 22 y sólo podían salir los sábados, después del mediodía, y los domingos.
De la declaración de ambos surgió el procesamiento, sin prisión preventiva, de Andrea Reparaz Fiori, responsable de la firma Miyagawa SA, que sería intermediaria entre Kosiuko y una serie de talleres. La mujer declaró en 2010 que sólo pasaba por el taller a dejar “retazos que le sobraban” y fue liberada. Un año después, tras la apelación del fiscal Jorge Di Lello y del abogado Yanzón, la Cámara Federal porteña dispuso su procesamiento. El encargado del taller de Parque Avellaneda, Walter Moya, también fue citado a declarar. “Pero no apareció más, está prófugo”, comentó una fuente judicial.
Con este panorama, al que debe agregarse un allanamiento a la sede central de Kosiuko en 2009, el próximo 13 de octubre deberán declarar los tres empresarios, a quienes se acusa de un delito que prevé de tres a quince años de prisión. Según informó Yanzón, hay fotos, documentos y también material impositivo del que podrían surgir las relaciones entre el taller y la empresa textil. “Es difícil que se les aplique la prisión efectiva, pero es importante que se reconozca la responsabilidad penal a este nivel de gente en el tema textil”, comentó anoche Yanzón.
Por otra parte, según afirmó el abogado, muchos de los posibles testigos se esfumaron a lo largo de los años. Conseguir que declaren será uno de los desafíos de la querella. “Tienen miedo de quedar fuera del mercado y son desconfiados porque no se los asiste como dice la Ley de Trata”, afirmó Yanzón. En un futuro fallo, agregó, sería importante que se les den a los costureros las máquinas secuestradas en los talleres clandestinos y se les brinde el asesoramiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, como ocurrió en otra sentencia judicial que apuntó a recomponer la situación laboral de los damnificados.
Pajarita Marca está en el país y sigue trabajando en el rubro textil. Su pareja volvió a Bolivia. La presencia de al menos uno de ellos será determinante, reconocieron ayer fuentes judiciales. Los tres empresarios serán indagados porque se considera, entre otras cosas, que la firma tenía la obligación de controlar la situación de trabajo de quienes eran contratados como mano de obra para confeccionar sus prendas en un taller, donde al parecer tercerizaba la producción. Como quedó claro tras las denuncias sobre trabajo semiesclavo en el ámbito rural, deslindar tareas no equivale a deslindar responsabilidades.
martes, 27 de septiembre de 2011
Ley de Identidad de Género
Realizaron un amparo conjunto ante la justicia porteña, que hizo lugar a la medida cautelar y ordenó emitir nuevas partidas de nacimiento y DNI con sus nombres y sexos rectificados. Además, no les pide intervenciones quirúrgicas.
Mientras en el Congreso de la Nación avanza el debate por la Ley de Identidad de Género, la justicia porteña sigue un paso adelante en el reconocimiento de los derechos de travestis y transexuales.
“Resulta alarmante que en el contexto de la plena institucionalidad democrática del que nuestro país actualmente disfruta, haya un colectivo de personas a quienes les está vedado ser ellos mismos”, argumentó la jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, Elena Liberatori, al hacer lugar a una medida cautelar conjunta, que presentó la organización 100% Diversidad y Derechos contra el gobierno de la Ciudad y en reclamo por la identidad de ocho personas trans.
Mientras en el Congreso de la Nación avanza el debate por la Ley de Identidad de Género, la justicia porteña sigue un paso adelante en el reconocimiento de los derechos de travestis y transexuales.
“Resulta alarmante que en el contexto de la plena institucionalidad democrática del que nuestro país actualmente disfruta, haya un colectivo de personas a quienes les está vedado ser ellos mismos”, argumentó la jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, Elena Liberatori, al hacer lugar a una medida cautelar conjunta, que presentó la organización 100% Diversidad y Derechos contra el gobierno de la Ciudad y en reclamo por la identidad de ocho personas trans.
jueves, 15 de septiembre de 2011
VIOLENCIA DE GENERO
La Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cumple este jueves tres años de funcionamiento.
En ese marco, la vicepresidenta del Máximo Tribunal, Elena Highton de Nolasco, a cargo de aquella dependencia, aseguró que “hay mayor visibilidad de que la violencia doméstica es un problema público y no privado. No es una vergüenza que a alguien le suceda. Pero debe salir a la luz, y la familia no debe ayudar a ocultar el caso, sino que debe ayudar a la víctima, que es una persona muy vulnerable”.
Asimismo, la magistrada destacó que “también hay una gran visibilidad y conciencia de los jueces penales, que han empezado a investigar y a procesar. Ahora dictan medidas, como las de no acercamiento u otras. Antes lo único que hacían, cuando llegaba el caso, era mandarlo al juzgado de familia”.
Con respecto al funcionamiento de la OVD, la vicepresidenta de la Corte remarcó que “hemos atendido 21 mil casos en tres años. Es la única Corte del mundo que tiene esta oficina, somos pioneros y estamos orgullosos de serlo, en el marco de una política pública de acceso a Justicia”.
En relación con los casos atendidos, Highton dijo que “las víctimas son en su mayoría mujeres, y cuando son varones, se trata mayormente de niños. Sólo un 6 por ciento de las denuncias corresponden a varones mayores y capaces”.
Asimismo, aseguró que “el 85 por ciento de los casos están vinculados con relaciones de pareja. Y además, la violencia no termina cuando finaliza la relación de pareja”.
Sobre el trabajo de la OVD con el resto de los tribunales del país, la jueza dijo que “nosotros ya tenemos convenio con las 23 provincias, y ya se abrieron oficinas similares en Tucumán, Santiago del Estero y Salta. Nosotros colaboramos y aportamos software y capacitación".
Finalmente, expresó que “todo el cuadro de violencia doméstica es muy triste. Lo que sí es para celebrar es el tercer cumpleaños de la OVD, que va creciendo por la confianza de la gente en la confidencialidad de la información”.
viernes, 9 de septiembre de 2011
Consideran Discriminatorio Despido del Trabajador Luego de que Siguiera Tratamiento Contra el Alcoholismo
Tras considerar que la empresa no tenía ninguna causa funcional para disponer el despido de un trabajador luego de que este siguiera un tratamiento de recuperación y tras superar su alcoholismo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo determinó que el despido del dependiente resultó discriminatorio.
En la causa “V. O. A. c/ Societe Air France S.A. s/ despido”, la accionada apeló la resolución de primera instancia que consideró que resultó discriminatorio el despido de un trabajador que había seguido tratamientos de recuperación y superar el alcoholismo.
La recurrente alegó que en base a una declaración testimonial correspondía concluir que hubo otros despidos en el sector en el que se desempeñaba el actor, así como que tuvo lugar una reestructuración y que el actor no había sido reemplazado por otro trabajador.
Los jueces que integran la Sala VI consideraron que “la interpretación de esta declaración no es correcta porque dicha testigo se expresó con fundamento en las constancias del legajo del propio actor, y no facilita ningún dato útil que permita arribar a la conclusión de que la empresa tenía una causal funcional para disponer la cesantía”.
Según los camaristas “resulta claro que V. fue despedido al finalizar su tratamiento sin causa alguna”, lo que “es un elemento indiciario suficiente para considerar que el despido fue discriminatorio”.
Los magistrados remarcaron que en el presente caso “debe atenderse a la conducta del empleador que sigue a una situación de extrema vulnerabilidad del dependiente, que permite presumir que su permanencia en la empresa podía resultar inconveniente para el normal desarrollo de su actividad, si tuviera una recaída en su enfermedad, lo que expresaría solo la búsqueda del beneficio por el empresario”.
En tal sentido, y teniendo en cuenta los bienes que deben protegerse en casos como el presente, los magistrados determinaron en la sentencia del pasado 15 de julio que “corresponde consolidar firmemente la protección del empleado en situación de vulnerabilidad, quien no debe estar sujeto a ninguna consecuencia perjudicial derivada de su enfermedad, máxime cuando se trata de quien ha buscado y logrado la recuperación”.
Tras remarcar que en estos supuestos, aquellos empleadores que “decidan la terminación de los contractos respectivos, deben justificar acabadamente que la cesantía no guarda relación con la enfermedad”, los jueces concluyeron que “la situación de V. quede comprendida en el art. 1º de la ley 23.592, en cuanto dispone el derecho del discriminado a la reparación de los daños que puedan resultar del actor prohibido”, por lo que confirmaron la condena por daño moral impuesta en primera instancia.
En la causa “V. O. A. c/ Societe Air France S.A. s/ despido”, la accionada apeló la resolución de primera instancia que consideró que resultó discriminatorio el despido de un trabajador que había seguido tratamientos de recuperación y superar el alcoholismo.
La recurrente alegó que en base a una declaración testimonial correspondía concluir que hubo otros despidos en el sector en el que se desempeñaba el actor, así como que tuvo lugar una reestructuración y que el actor no había sido reemplazado por otro trabajador.
Los jueces que integran la Sala VI consideraron que “la interpretación de esta declaración no es correcta porque dicha testigo se expresó con fundamento en las constancias del legajo del propio actor, y no facilita ningún dato útil que permita arribar a la conclusión de que la empresa tenía una causal funcional para disponer la cesantía”.
Según los camaristas “resulta claro que V. fue despedido al finalizar su tratamiento sin causa alguna”, lo que “es un elemento indiciario suficiente para considerar que el despido fue discriminatorio”.
Los magistrados remarcaron que en el presente caso “debe atenderse a la conducta del empleador que sigue a una situación de extrema vulnerabilidad del dependiente, que permite presumir que su permanencia en la empresa podía resultar inconveniente para el normal desarrollo de su actividad, si tuviera una recaída en su enfermedad, lo que expresaría solo la búsqueda del beneficio por el empresario”.
En tal sentido, y teniendo en cuenta los bienes que deben protegerse en casos como el presente, los magistrados determinaron en la sentencia del pasado 15 de julio que “corresponde consolidar firmemente la protección del empleado en situación de vulnerabilidad, quien no debe estar sujeto a ninguna consecuencia perjudicial derivada de su enfermedad, máxime cuando se trata de quien ha buscado y logrado la recuperación”.
Tras remarcar que en estos supuestos, aquellos empleadores que “decidan la terminación de los contractos respectivos, deben justificar acabadamente que la cesantía no guarda relación con la enfermedad”, los jueces concluyeron que “la situación de V. quede comprendida en el art. 1º de la ley 23.592, en cuanto dispone el derecho del discriminado a la reparación de los daños que puedan resultar del actor prohibido”, por lo que confirmaron la condena por daño moral impuesta en primera instancia.
miércoles, 7 de septiembre de 2011
DERECHO A LA VIVIENDA- FALLO
La Corte Supremade Justicia de la Nación se encuentra analizando una causa en la cual una mujer en situación de calle, le reclama al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho a obtener una vivienda digna.
En la causa “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo”, los jueces del Máximo Tribunal evaluaron la conveniencia de llevar a debate oral y público la invocación del derecho a obtener una vivienda digna realizado por una señora que vive en situación de calle con su hijo discapacitado. Zanjada la discusión, se fijó como fecha para la audiencia pública de carácter informativo el 15 de septiembre, a las 10, lo cualgenera mucha expectativa.
En efecto, el veredicto de los jueces conllevaría un alto grado de interés por su potencial efecto multiplicador hacia algunas de las 444.000 personas que, según el último censo, viven en situaciones precarias. Esto sucede porque, a pesar de que la sentencia que dicte la Corte tendrá efectos para este caso en particular, aun si el fallo hace especial hincapié en las particularidades del caso, el reconocimiento operativo de este derecho social generaría una oleada de demandas a la manera del caso de jubilaciones “Badaro”.
En el presente caso, la peticionariaobtuvo una sentencia favorable en un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires pero, luego, fue rechazado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad. Finalmente, el Tribunal Superior lo revocó motivando que el pedido buscara su curso hacia la Corte por vía de recurso extraordinario.
Es importante tener en cuenta que en la actualidad, el derecho a la vivienda digna está reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, pero resulta meramente de índole programática y no hay consenso sobre su alcance ni su significado. Sin embargo, la jurisprudencia reciente de la Corte presidida por Ricardo Lorenzetti se ha pronunciado marcadamente como protectora de los derechos sociales.
A este respecto, se considera como indicio visible el mencionado caso “Badaro”, donde la Corte reconoció el derecho patrimonial de un jubilado a obtener un ajuste en su haber.
No obstante los esfuerzos del fallo “Badaro” por enfatizar las particularidades del caso, en la actualidad existen alrededor de 400.000 jubilados que pretenden la aplicación de la doctrina, quienes se suman a otros miles de expedientes en los que la Corte ya aplicó su fallo.
En la causa “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo”, los jueces del Máximo Tribunal evaluaron la conveniencia de llevar a debate oral y público la invocación del derecho a obtener una vivienda digna realizado por una señora que vive en situación de calle con su hijo discapacitado. Zanjada la discusión, se fijó como fecha para la audiencia pública de carácter informativo el 15 de septiembre, a las 10, lo cualgenera mucha expectativa.
En efecto, el veredicto de los jueces conllevaría un alto grado de interés por su potencial efecto multiplicador hacia algunas de las 444.000 personas que, según el último censo, viven en situaciones precarias. Esto sucede porque, a pesar de que la sentencia que dicte la Corte tendrá efectos para este caso en particular, aun si el fallo hace especial hincapié en las particularidades del caso, el reconocimiento operativo de este derecho social generaría una oleada de demandas a la manera del caso de jubilaciones “Badaro”.
En el presente caso, la peticionariaobtuvo una sentencia favorable en un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires pero, luego, fue rechazado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad. Finalmente, el Tribunal Superior lo revocó motivando que el pedido buscara su curso hacia la Corte por vía de recurso extraordinario.
Es importante tener en cuenta que en la actualidad, el derecho a la vivienda digna está reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, pero resulta meramente de índole programática y no hay consenso sobre su alcance ni su significado. Sin embargo, la jurisprudencia reciente de la Corte presidida por Ricardo Lorenzetti se ha pronunciado marcadamente como protectora de los derechos sociales.
A este respecto, se considera como indicio visible el mencionado caso “Badaro”, donde la Corte reconoció el derecho patrimonial de un jubilado a obtener un ajuste en su haber.
No obstante los esfuerzos del fallo “Badaro” por enfatizar las particularidades del caso, en la actualidad existen alrededor de 400.000 jubilados que pretenden la aplicación de la doctrina, quienes se suman a otros miles de expedientes en los que la Corte ya aplicó su fallo.
CUATRO AñOS DE PRISION POR TRAFICO DE PERSONAS PARA TRABAJO FORZOSO
La sentencia recayó sobre el dueño de un taller de costura clandestino de La Matanza. Allí eran explotadas tres mujeres, una de ellas menor de edad, traídas con engaños desde Bolivia. En la habitación donde dormían había un par de esposas.
El 12 de noviembre de 2009 se produjo un allanamiento al taller, en el que participaron además de fuerzas de seguridad, inspectores de Trabajo, de Migraciones, de la AFIP y de la municipalidad de La Matanza. Detectaron que se encontraba “fuera de todas las reglamentaciones y control estatal, y que las víctimas estaban en situación migratoria irregular”. En ese procedimiento se encontró que RCV tenía sin autorización legal una pistola Bersa calibre 45, sin número visible que resultó apta para disparar.
La sentencia destaca que se probó que el reclutamiento fue “mediante engaño” y con “aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad”. Una de las mujeres tenía una deuda por un crédito bancario. Les ofrecieron 40 centavos por pieza. Pero ni siquiera cumplió con esa miserable propuesta laboral. En cuanto a la forma en que se desarrolló el trabajo dentro del taller “la voz de las víctimas fue concluyente”, indica el fallo. ESC contó que cuando llegaron le dieron solamente tareas de limpieza, luego las de costura, y pese a la promesa de 40 centavos por persona y por pieza, la paga debía ser dividida entre las tres. “Esto por cierto era meramente declarativo, pues a pesar de haber excedido largamente el mes de trabajo, nada de dinero les dio. Que siempre les decía que tenían una deuda con él. El trabajo comenzaba entre las 5 y las 6 de la mañana y seguía hasta las 23, diciéndoles siempre el imputado que debían trabajar por lo menos una temporada –ocho meses– para cobrar, si no les iba a dar la mitad”, describe la sentencia.
RCV fue condenado por ser autor del delito de trata de personas “con fines de explotación para trabajo forzoso, por haber mediado engaño y aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, agravado por el número de víctimas y por ser una de ellas menor de edad, en concurso ideal con facilitación de permanencia ilegal de extranjeros en el territorio nacional agravado por el abuso de necesidad e inexperiencia de las víctimas, todo en concurso real con tenencia ilegítima de arma de guerra”.
Un ciudadano boliviano, dueño de un taller textil clandestino en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, se convirtió en el primer condenado por trata de personas para trabajo forzoso, desde que se tipificó el delito en 2008. El hombre recibió una pena de cuatro años de prisión. El fallo fue dictado por la Cámara Federal N0 2 de San Martín. A sus víctimas, tres mujeres, una de ellas adolescente, las fue a buscar a su pueblo natal, en el departamento de Cochabamba, y las trajo a la Argentina “bajo engaño”, aprovechándose de su “situación de vulnerabilidad social”, destaca la sentencia. Como suele suceder en estos casos, originalmente les ofreció un puesto como costureras pero luego las obligó a trabajar más de quince horas por día en tareas de limpieza y con el pretexto de que le debían el costo del pasaje no les pagó nada. Cuando se produjo el allanamiento a la vivienda-taller se encontró un par de esposas colgadas en la habitación donde dormían.
Tampoco les permitía salir a la calle, si no era con un permiso o acompañadas de un familiar de él. “Esto es claramente una situación objetiva de maltrato y reducción a condiciones inhumanas de trabajo, situación que también aparece en los dichos de las víctimas que refieren maltrato verbal y hasta en el plano simbólico, pues ese carácter presentan las esposas colgadas en la habitación donde dormían las víctimas. Qué mensaje más claro que ése. No es necesaria palabra alguna”, dice la sentencia del Tribunal Federal N0 2 de San Martín, integrado por los jueces Daniel Alberto Cisneros, Marcelo Díaz Cabral y Víctor Horacio Bianco. El fallo tiene fecha del 5 de agosto pero recién trasciende ahora. El dueño del taller textil clandestino fue identificado por sus iniciales como RCV. El hombre acordó someterse a un juicio abreviado para lo cual reconoció su culpabilidad y se acordó la pena leve, de cuatro años. Su defensor oficial fue Sergio Moreno. Quedó probado en la causa que RCV viajó a su pueblo natal, Punata, en Bolivia, entre agosto y principios de septiembre de 2009, para localizar personal para trabajar en su taller textil. Contactó así a sus víctimas: ESC, a su tía SC y a la hija de ella, DC, de 17 años. “Las convenció de ir a trabajar a su taller, aprovechándose de sus necesidades económicas, prometiéndoles engañosamente un ingreso que nunca iba a cumplir. Para ello las trasladó de manera irregular a nuestro país, al ingresar el 8 de septiembre de ese año como turistas cuando su finalidad era otra”, detalla la sentencia. Las llevó a su domicilio, ubicado en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza, donde también funcionaba el taller clandestino. Ahí “las sometió a trabajos forzosos” hasta que ESC, aprovechando un permiso para ver a su marido, se alejó del lugar y realizó la denuncia que originó la causa judicial.El 12 de noviembre de 2009 se produjo un allanamiento al taller, en el que participaron además de fuerzas de seguridad, inspectores de Trabajo, de Migraciones, de la AFIP y de la municipalidad de La Matanza. Detectaron que se encontraba “fuera de todas las reglamentaciones y control estatal, y que las víctimas estaban en situación migratoria irregular”. En ese procedimiento se encontró que RCV tenía sin autorización legal una pistola Bersa calibre 45, sin número visible que resultó apta para disparar.
La sentencia destaca que se probó que el reclutamiento fue “mediante engaño” y con “aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad”. Una de las mujeres tenía una deuda por un crédito bancario. Les ofrecieron 40 centavos por pieza. Pero ni siquiera cumplió con esa miserable propuesta laboral. En cuanto a la forma en que se desarrolló el trabajo dentro del taller “la voz de las víctimas fue concluyente”, indica el fallo. ESC contó que cuando llegaron le dieron solamente tareas de limpieza, luego las de costura, y pese a la promesa de 40 centavos por persona y por pieza, la paga debía ser dividida entre las tres. “Esto por cierto era meramente declarativo, pues a pesar de haber excedido largamente el mes de trabajo, nada de dinero les dio. Que siempre les decía que tenían una deuda con él. El trabajo comenzaba entre las 5 y las 6 de la mañana y seguía hasta las 23, diciéndoles siempre el imputado que debían trabajar por lo menos una temporada –ocho meses– para cobrar, si no les iba a dar la mitad”, describe la sentencia.
RCV fue condenado por ser autor del delito de trata de personas “con fines de explotación para trabajo forzoso, por haber mediado engaño y aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, agravado por el número de víctimas y por ser una de ellas menor de edad, en concurso ideal con facilitación de permanencia ilegal de extranjeros en el territorio nacional agravado por el abuso de necesidad e inexperiencia de las víctimas, todo en concurso real con tenencia ilegítima de arma de guerra”.
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