LA PROTESTA SOCIAL EN LA ARGENTINA Y SUS VICTIMAS

En los últimos meses hubo otros 9 muertos por represión a la protesta social:

En junio de 2010, un policía mató a un adolescente en Bariloche. Durante las protestas posteriores, murieron otras 2 personas.

En octubre de 2010 murió Mariano Ferreyra: en este caso la policía se mantuvo al margen, lo que permitió que lo asesinaran patotas sindicales.

En noviembre de 2010, un indígena quom y un policía murieron en un desalojo a esa comunidad, en Formosa.

En diciembre, en el desalojo del parque Indoamericano, en la Capital, hubo otros tres muertos.

INGENIO LEDESMA - LA BARBARIE REPETIDA - NOTA DE MARIO WAINFELD

Dilucidar las responsabilidades sobre los terribles hechos ocurridos en Libertador General San Martín excede las competencias del autor de esta columna. Hay homicidios, las responsabilidades respectivas deben ser investigadas y juzgadas con todas las garantías constitucionales. Este cronista hará unas reflexiones de carácter general, en el contexto doloroso y repetido.

Lo que está en cuestión, preocupa y hasta aterra es la enorme torpeza de las fuerzas de seguridad (nacionales y provinciales) para hacer un uso ponderado del “monopolio de la violencia legal”. En cualquier circunstancia, ni qué decir ante protestas sociales.
La apelación a los uniformados deriva, recurrentemente, a violaciones de reglas, brutalidades, avasallamiento de derechos civiles o humanos, heridos o muertos. Se reitera el uso de armas de fuego contra manifestantes o intrusos. Eventualmente contra ciudadanos en acciones que “parecen ser” contravenciones o delitos. O menos, todavía, que eso: días atrás, la pistola de un policía federal disparó una bala en medio de un episodio urbano minúsculo, en plena Capital y en horario laboral. Se trata de desentrañar si medió impericia descalificante o dolo. Son dos hipótesis graves, todo parece conducir a la peor. En cualquier caso, se segó una vida, mediando comportamientos irresponsables de un “agente del orden”.
Con cinismo proselitista, el represor Luis Patti predicó muchas veces que la policía no puede resolver delitos si no comete varias violaciones legales. Patti solicitaba una franquicia e interpelaba a sectores de la opinión pública, que aprueban esas tropelías y lo votaron en varias ocasiones. Si se lee bien su discurso, asumía la falta de profesionalidad de los uniformados para desenvolverse en un sistema democrático.
Se puede obtener más luz, tal vez, si se amplía la visión panorámica y se repasan delitos (reales o presuntos) ajenos a la protesta social, aunque de enorme resonancia mediática. Los asesinatos de María Marta García Belsunce, Nora Dalmasso o Solange Grabenheimer comprobaron la ineficacia de investigadores judiciales o policiales cuando las víctimas y (sobre todo) los presuntos sospechosos son gentes de estratos sociales medios o altos. A ellos no se los puede prepear o someter a torturas o a interrogatorios sin los recaudos legales. En ese contexto, la autoridad fracasa miserablemente una y otra vez. Las torpezas se realzan, en proporción directa al imán que tienen los casos y a la (relativa) eminencia social de los interesados. Se trasunta un problema extendido, menos visibilizado cuando víctimas y (sobre todo) sospechosos ocupan otro peldaño de la escala social.
La absurda y patética búsqueda de la familia Pomar fue un ejemplo extremo aunque no discordante con ese cuadro general. La policía, los fiscales, el propio gobierno provincial estaban más que interesados en resolver el enigma. Pero no fueron idóneos para hallar un auto que se había descontrolado exactamente en el sitio por el que se sabía que transitaba. De nuevo: si la exigencia es trabajar con rigor y apego a la ley, los responsables propenden con alarmante frecuencia al aplazo.
Con tamaños precedentes, cabe ampliar la mira y poner en cuestión no sólo a los policías. También debe escudriñarse la responsabilidad política y moral de los civiles que les dan órdenes, conociendo (debiendo conocer) sus endémicas limitaciones. Los fiscales, jueces o funcionarios que deciden operativos como el de ayer tienen el deber de saber a quién delegan esas tareas. Y de hacerse cargo. En política todos son responsables por las consecuencias de sus actos o de los de aquellos a quienes derivan responsabilidad.
Una masacre en la que actuaron centenares de policías, ocurrida en una pequeña población, encastra con todo lo reseñado. Un desalojo de centenares de familias, miles de personas, es una situación extrema. Cualquier autoridad debe saberlo, minimizar (y mejor, evitar) los riesgos, no coquetear con ellos.
Todo hecho de sangre es repudiable e irreparable. Hay un policía y civiles entre las víctimas fatales, quedan heridos graves. Ellos y sus familias merecen respeto; las víctimas sobrevivientes, protección ulterior del Estado. Ubicar a los respectivos autores materiales es imperioso, aunque no restañará las heridas, ni pondrá fin a daños irrevocables.
En la nota central de estas páginas se recorren los hechos que, se insiste, deben ser estudiados con todas las de la ley. El entorno, piensa el autor de estas líneas, autoriza a tener las peores sospechas sobre quiénes dieron las órdenes y quiénes cargan con el arduo deber de proteger a sus conciudadanos.
Todo ocurrió en terrenos de la empresa Ledesma, emblema de explotación tanto como de la represión y la barbarie dictatorial. Estremece consignarlo.

En México habrá condenas de hasta 60 años a femicidas

Ayer entró en vigencia la incorporación del femicidio al Código Penal y de Procedimientos Penales de la Ciudad de México, que establece sanciones de 20 a 60 años de cárcel para quienes por razones de género asesinen a una mujer. Esta nueva tipificación es una demanda de varios sectores del movimiento de mujeres en la Argentina y otros países del mundo, aunque aún no hay consenso sobre su eficacia. La reforma especifica los supuestos por los que se determinará que hubo razones de género, por ejemplo, cuando el cuerpo de la víctima presente signos de violencia sexual, se le hayan infringido lesiones infamantes o mutilaciones.
En nuestro país, la ONG La Casa del Encuentro registró 151 femicidios en la primera mitad del año, un 20% más en relación con el mismo período de 2010. En el 56% de los casos, el principal sospechoso fue la pareja de la víctima

La historia de un hombre de 39 años que hace cuatro se postuló para un empleo

T521 es el nombre elegido por Nélida para que hablemos sobre su hijo de 39 años. No se trata de un robot ni de un auto. Se trata de una persona con trastornos de aprendizaje que figura desde hace cuatro años con esa cifra en el Registro Laboral Único de Aspirantes con discapacidades para empleo público. Una nómina creada en 2000 pero que hoy sería un agujero negro.
El lunes 4 de julio, Nélida y su hijo concurrieron a la oficina de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) para postular a una oferta de empleo. “Buscaban un auxiliar de portería. Él puede hacer eso, trabajó de mecánico, también puede ser ascensorista, tiene registro de conductor”, contó la mujer de 68 años a Tiempo Argentino. El único puesto fue cubierto por otra persona y decenas se quedaron con las ganas. T521, también. Una vez más, desde el 4 de abril de 2007, recibió un “no” a sus necesidades de empleo. Nélida es jubilada y cuida sola de su hijo en una casa de Pompeya, luego de que su marido la abandonara. Su hijo vive medicado, largó los estudios en tercer año de secundaria, afectado por su discapacidad y hace changas cuando algún vecino rompe prejuicios. Agobiada por la situación, Nélida pidió dos entrevistas con Gabriela Michetti, luego de que el gobierno de la Ciudad hiciera caso omiso a su solicitud de audiencia del 11 de mayo de 2009. Ese día, T521 se llamó 3940555, el número que le asignaron a su reclamo en la mesa de entradas de Avenida de Mayo 591. Un número todavía más difícil de recordar.
La escena en COPIDIS se repite a diario con unos 15 aspirantes diarios. Su directora ocupará, desde diciembre, una de las bancas ganadas por el PRO en las últimas elecciones porteñas. Se llama Marina Klemensiewicz y fue directora de comunicaciones de la Fundación PAR. En una entrevista concedida al sitio ECOS de Actualidad, en noviembre de 2009, se refirió a la Ley 1502, sancionada en 2004 por la Legislatura, cuyo objetivo es regular la incorporación, en una proporción no inferior al 5%, de personas con necesidades especiales al sector público local. “De todos modos, nadie controla ni vigila su cumplimiento”, destacó Klemensiewicz. Su oficina tiene el 30% de empleados con discapacidad. Sin embargo, en el último informe de gestión que se presentó, en 2010, las estadísticas marcaron un promedio de 250 llamados, 200 correos electrónicos y más de 100 inscriptos por mes, pero los empleos conseguidos fueron sólo 82 en cuatro años. El resto de las áreas del gobierno de la Ciudad emplea el 2,36%. Muy lejos de lo que marca la ley.
Por el hecho, el abogado Santiago Barilá le ganó un juicio al gobierno porteño en 2009 pero fue necesario que, un año después, se presenten tres personas con discapacidad que estaban inscriptas en los registros para ejecutar el fallo. Estos tres nuevos actores de la causa “Barilá, Santiago c/GCBA s/amparo” fueron patrocinados por la Comisión de Práctica Profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que funciona en la ONG Poder Ciudadano, liderada por Hugo Wortman Jofre, letrado contratado por el Grupo Clarín. La abogada Varina Suleiman, por ese entonces, era profesora.
“La causa tiene sentencia definitiva en estado de ejecución”, contó Suleiman a este diario. El fallo del juez Lozano condena al Estado porteño a que se abstenga de designar personal por fuera del registro, ordena al jefe de gobierno informar lo resuelto a cada uno de los responsables de área de cada repartición, a la Legislatura y a la opinión pública mediante el boletín oficial, en uno de los diarios de mayor circulación en la Ciudad, por un medio de televisión abierta con sede en la Ciudad y por la emisora radial municipal. En estos últimos medios, el anuncio deberá ser por el término de un día en la franja de 21 a 22 horas. Del fallo sólo se cumplió el punto que obliga a informar a las dependencias ministeriales y la encargada fue la propia Klemensiewicz. Resta que la Ciudad cumpla lo otro en forma espontánea. 

DISCAPACIDAD

Por María Isabel Ferreira Abogada. Defensoría General de la Ciudad.

Nací a mediados de siglo pasado, y a poco me atacó el virus de la polio. De familia obstinada en privilegiar mi recuperación, aceptó que me criara otra familia que me alentó no sólo a continuar severos tratamientos de rehabilitación, sino también a tomar mis propias decisiones y a manejarme de la forma más autónoma posible. Fui a escuelas públicas comunes y después a la UBA pero difícilmente el entorno me visualizaría como mujer, militante social, madre o profesional; apenas me ubicaba en una situación de desventaja física con un alto grado de superación personal, lo que me obligaba a someterme a las múltiples inaccesibilidades que me imponía el entorno, haciendo un doble esfuerzo para vencerlas.
A las personas con discapacidad no se les da la oportunidad de desarrollar sus inquietudes o intereses. Así, poder superar las limitaciones económicas que se derivan de los menores niveles educativos y del tradicional desempleo con que se ha distinguido al sector son las barreras más difíciles de eliminar. Busqué asesoramiento en las ONG dedicadas a la temática y de ninguna recibí alternativa alguna. Enterada de la existencia de la reserva legal del cupo laboral para personas con discapacidad en organismos públicos, recorrí todos los pasillos de la administración pública nacional y local sin resultados. Por ello, inicié una acción de amparo, y tiempo después, fui contratada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, donde estoy a cargo del Área de Derechos de Personas con Discapacidad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos enfrenta a un cambio de paradigma y de prácticas en torno a la discapacidad, enfatizando el rol de las mismas personas con discapacidad y sus organizaciones sociales en toda instancia de consulta y decisión en las políticas públicas que se implementen. De no asumirse este compromiso por parte de las mismas personas con discapacidad y la comunidad, como de los funcionarios públicos responsables de ejecutar aquellas políticas públicas, la inclusión social será sólo una expresión de deseos.

MAS CRIMENES CONTRA MUJERES

Un relevamiento realizado por una asociación civil detectó 151 casos de mujeres asesinadas en los primeros seis meses de 2011. La cifra representa un aumento del 20 por ciento respecto del mismo período de 2010, cuando se registraron 126 casos.

María Laura Córdoba tenía 20 años. La asesinaron a golpes de puño y puntapiés en el pueblo de Villa Hipólita, Santiago del Estero. La ataron a un árbol y la quemaron con un hierro caliente. Como autor del feroz ataque fue detenida su pareja, un joven de 32 años que tenía denuncias de malos tratos y amenazas de muerte. El femicidio de María Laura ocurrió el 1º de enero de 2011 y fue el primero de los 151 asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres ocurridos en el primer semestre de 2011 en el país: seis femicidios por semana, de acuerdo con el relevamiento que lleva adelante la asociación civil La Casa del Encuentro, de los hechos publicados en más de un centenar de medios. El informe revela un crecimiento de los femicidios registrados de un 20 por ciento en relación con el mismo período de 2010. En el 56 por ciento de los casos, el principal sospechoso resultó el esposo, novio o ex pareja de la víctima. El estudio muestra que para la mayoría de las mujeres asesinadas por razón de género el lugar más peligroso fue su propia casa. Veintiséis de las víctimas habían realizado denuncias por violencia, pero la Justicia no logró protegerlas. Diecinueve murieron como consecuencia de ataques con fuego.

El registro lo lleva adelante desde hace tres años el Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano, que dirige Ada Beatriz Rico y coordina Fabiana Tuñez. “El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad”, destacó Tuñez. El concepto fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell, ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas, recordó Rico. El Observatorio realiza el relevamiento de los casos publicados en las agencias informativas Télam y DyN y 120 diarios de distribución nacional y/o provincial.
Entre enero y junio de 2010 habían contado 126 femicidios; en el mismo período de 2009, 90. La cifra en el primer semestre de este año trepó a 151. En 58 casos, el imputado del asesinato fue el esposo, la pareja o el novio; en otros 27, el ex; en siete hechos, el padre o padrastro; en quince, otros familiares; en trece, vecinos o conocidos, en 32, personas sin vínculo aparente con la víctima. La investigación muestra que 26 de las mujeres asesinadas habían hecho denuncias por malos tratos. En al menos tres casos, la Justicia había dictado al agresor la exclusión del hogar.
–¿Hay algún dato que le llame la atención en este nuevo informe? –Sí, en primer lugar la gran mayoría de los casos de mujeres incineradas siguen con las carátulas de “presunción de suicidio”. No se investiga a la persona que estuvo con ellas en el momento del hecho y en algunos casos no se los ha citado siquiera a declarar. También observamos la insuficiente asistencia integral a las víctimas de violencia de género tanto desde los dispositivos judiciales como en asistencia psicológica y de recursos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen más recursos tanto de Nación como del gobierno porteño, pero no en el resto del país donde los recursos son insuficientes y en algunos casos casi nulos. En el primer semestre de 2010 las víctimas de femicidio que habían hecho denuncias fueron 17. Ahora, 26.
La mayor cantidad de femicidios ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, la más poblada, donde se registraron 52. Una de las víctimas en territorio bonaerense fue Verónica Viviana Medina. Tenía 32 años. Falleció el 3 de febrero, luego de siete días de agonía en un hospital, donde llegó con el 70 por ciento de su cuerpo quemado. Fue detenida acusada del homicidio su pareja, de 32 años, quien la habría rociado con alcohol y prendido fuego. El ataque ocurrió en Wilde, Avellaneda, en el domicilio donde vivían. Medina fue una de las 19 mujeres que fallecieron en el semestre como consecuencia de gravísimas heridas al ser quemadas. El 4 de marzo murió Verónica Beatriz Manzanel. Tenía 33 años, vivía en San Jorge, Santa Fe. El relevamiento indica que murió por quemaduras, luego de que la rociaran con thiner y la prendieran fuego. El ataque sucedió en la vivienda que compartía con su esposo, quien también sufrió quemaduras. El hombre fue procesado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”. Aunque reconoció la autoría de la agresión, afirmó que “sólo tuvo la intención de asustarla”.
El informe describe otras modalidades de ataque: en 42 casos las víctimas fueron asesinadas a balazos; en 32, murieron apuñaladas: en 25, a causa de golpes; en once, por asfixia; en nueve, degolladas; en seis, estranguladas. Para la mayoría, su vivienda resultó ser más peligrosa que la calle: 86 fueron atacadas en su propio domicilio. En la calle y otros sitios, fueron asesinadas

HOMOFOBIA EN LA ARGENTINA

No fue hasta el 17 de mayo 1990 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió eliminar de sus listas de enfermedades la homosexualidad. Esto supuso un paso muy importante en el reconocimiento de los derechos de la comunidad gay. Mientras se pide internacionalmente que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU convierta este día en efeméride internacional, en Argentina la homofobia aún persiste y los hechos demuestran que pese a algunos avances, como la aprobación del Matrimonio Igualitario, el propio Estado incurre en una homofobia por omisión o acción,
“Para terminar con la vergüenza de la homo-lesbo-transfobia en el mundo y en nuestro país, que trae como consecuencia terribles actos discriminatorios, exclusión, violencia y muerte, debemos conseguir que el Estado, en todas sus expresiones -nacional, provincial y municipal- lleve adelante políticas publicas y cumpla con la responsabilidad internacional de implementar las legislaciones y acciones que por un lado respeten la diversidad sexual y por el otro condenen los atropellos y las violaciones de derechos humanos que se originan contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Debe existir un fuerte compromiso para que desde la educación en todos sus niveles, se pueda debatir y enseñar el respeto a la diversidad, el pleno reconocimiento de la ciudadanía plena para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, donde se incluya la educación sexual de manera integral, con las diferentes orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones. Debemos denunciar la falta de voluntad política, y su complicidad frente a la homo-lesbo-transfobia, que muestran las personas con responsabilidades ejecutivas y legislativas, que no dan respuesta contra la discriminación, como por ejemplo con la reforma de la Ley Antidiscriminatoria (Nº 23592) en la que no se contempla la orientación sexual e identidad de genero como causa de discriminación”, dice Pedro Paradiso Sottile, Secretario y Coordinador del Área Jurídica de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). “Esta situación es muy grave, ya que tiene que ver con la protección y las garantías de toda la ciudadanía frente a cualquier ataque intimidatorio que se sufra por su sexualidad, que es un derecho humano fundamental. Es increíble, ilegal, que todavía provincias como Neuquén y Formosa mantengan códigos de faltas que criminalizan la homosexualidad o el travestismo, es un ataque a la democracia que las fuerzas policiales mantengan aun la persecución, abusos y tratos humillantes hacia nuestra comunidad”.
Para conmemorar la fecha, la CHA exige que se traten y voten los proyectos presentados en el Congreso para reformar la ley, ya que considera que es una modificación urgente y prioritaria. “El Estado no solo desprotege a sus ciudadanos gays, lesbianas y trans, sino a la sociedad toda, y omite cumplir con las obligaciones asumidas al ratificar tratados internacionales.”, sostiene el abogado.
Considerada la meca de turismo gay de Latinoamérica, la Ciudad de Buenos Aires dista mucho de ser una urbe tolerante legislativamente con la diversidad. Tras haberse aprobado en abril de 2008, la ley que instauraba a la fecha de lucha contra la homofobia como parte del calendario escolar, aún espera que el estado porteño la cumpla. “Es preciso educar a los niños y jóvenes sobre el respeto a la diversidad sexual, pero si una ley vigente no se cumple, entonces poco podemos hacer. Son nuestros gobernantes los que deben cumplirla y garantizar nuestros derechos. Pero también nosotras/os debemos exigirles a los políticos y funcionarios que promuevan la igualdad de derechos, porque vivimos una democracia, donde el principio de igualdad y no discriminación cobra vida respetando justamente el derecho a ser diferente. Desde la CHA hemos denunciado e iniciado acciones legales contra la administración de Macri en la Ciudad de Buenos Aires, que es una muestra contundente de la falta de gestión, irresponsabilidad, inoperancia absoluta y  violación sistemática de nuestros derechos humanos que nuestra propia Constitución local promueve y garantiza”, dice Paradiso Sottile.
En el ámbito de salud, aún rige la prohibición a personas homosexuales de donar sangre. Esta prohibición, surgida de una resolución paralela a la Ley Nacional de Sangre Nº 22.990, que es avalada por la Sociedad Argentina de Hemoterapia que aún sigue considerando a los gays como “grupos de riesgo”, establece que el donante, además de cumplir con requisitos de edad, deberá someterse obligatoriamente a un examen interrogatorio (anamnesis) “con denuncia inexcusable de toda enfermedad o afección padecida o presente” y a una “verificación del estado de salud normal mediante el examen clínico-biológico que permita descartar la existencia de algunas de las patologías del listado establecido por la vía reglamentaria, determinantes de su exclusión como tal”. Esta exclusión, claramente discriminatoria, puede ser derogada en un paso administrativo por las autoridades del Ministerio de Salud. La cartera dirigida actualmente por Manzur, no ha acusado recibo del dictamen del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) iniciado por una denuncia de la CHA, pidiendo la derogación de esta prohibición de donar sangre por el solo hecho de ser homosexual.
Por su parte,  diputados del Partido Socialista porteño presentaron en l Parlamento un Proyecto de Ley para la modificación del artículo 45 de la Ley Nacional de Sangre para terminar con este procedimiento.
Como dato, cabe mencionar que en odontología existe un protocolo que indica que indica los pacientes con VIH deben ser atendidos en el primero o en el ultimo turno, para proteger las medidas de higiene, cuando en realidad, cada paciente debe ser atendido con las mismas normas de seguridad.
En el interior del país, existen los Códigos de Faltas en las provincias que “están tachados de inconstitucionales en la mayoría de los casos, y hay que derogarlos o modificarlos. Los códigos de faltas son usados muchas veces como medio de hostigamiento hacia la gente transexual. Solo rigen en algunas provincias, y cada legislación provincial debe tratarlos particularmente en su ámbito, sin embargo, cada sociedad provincial tiene una diferente cultura pro la que no se llega a tratarlo”.
Fernando Baggio, Presidente de la organización sanjuanina La Glorieta, indica que “la implementación de la educación sexual integral es una de las deudas que muchos gobiernos provinciales deben afrontar para respetar la diversidad sexual y no caer en conductas discriminatorias. Por acción u omisión, en gran cantidad de escuelas del país todos estos temas siguen siendo tabúes”.
En la Provincia de San Juan, esta semana representantes de la Comisión de Educación de La Glorieta se reunirán con las autoridades del Ministerio de Educación Provincial para intentar destrabar la distribución del material existente y el abordaje por parte de los docentes de los contenidos que hoy en día se invisibilizan. “De esta manera a la población (docentes, alumnos y ciudadanos en general) no heterosexual o cuya identidad de género no corresponde con la que dice su DNI”, sostiene Baggio.
El activista agrega, además, que “los pedidos de ayuda por bullying han aumentado considerablemente, motivando a que iniciemos un proceso de capacitación de nuestros activistas con profesionales de la psicología y del derecho del Centro de Violencia del Estado provincial, a fin de dar adecuada respuesta a la gran cantidad de adolescentes que sufren este tipo de discriminación y no se animan a acercarse a otras instituciones. Es lamentable también la violencia que ocurre en las propias familias: insultos, golpes, exclusión del núcleo familiar son aún moneda corriente en sociedades conservadoras como la nuestra. Además de ofrecer una adecuada contención a la víctima, estamos abocados a que existan también menos victimarios, erradicando la raíz de este problema. En este sentido estamos trabajando en un grupo operativo en psicohigiene orientado a padres y madres de adolescentes gay, lesbianas, bisexuales o trans; el que está a cargo de un equipo de psicólogos que colaboran con nuestra ONG”.
“Entre las cosas más dolorosas de esta militancia está el tener que ayudar a un adolescente salvajemente golpeado por su propio padre, intentos de suicidios y demás situaciones lamentables que demuestran lo mucho que nos falta transitar todavía, a pesar de los recientes festejos por la ley de matrimonio igualitario, y la importancia de redoblar los esfuerzos de nuestra organización, no quedándonos en el lamento o insuficiente expresión de nuestro punto de vista, sino realizando actividades concretas tendientes a modificar la realidad y construir una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva•, indica.
Por su parte, Gustavo Díaz Fernández, especialista en Derechos Humanos para Comunicadores Sociales. y actual presidente de Crisálida biblioteca popular de Género, Diversidad Afectivo Sexual y Derechos Humanos de  Tucumán, sostiene que “el Estado también tiene una responsabilidad por omisión, y esto es algo que no debemos olvidar. El Estado debe cumplir con varias asignaturas pendientes en materia legislativa y de políticas públicas para erradicar las prácticas discriminatorias, poner fin al estigma y asegurar el interés superior de LGBT. Nuestros/as compañeros/as trans están merced de la voluntad de cada juez, que a veces dice ‘que sí” y otras  “que no”. Mientras los derechos humanos no estén debidamente garantizados para la comunidad LGBT seguiremos viendo como se culpabiliza a la víctima e incluso justifica socialmente la discriminación y la violencia en contra de las personas LGBT, lo cual contribuye a la invisibilización. Hay que poner fin a la negociación de los derechos de LGBT con grupos confesionales o fundamentalistas.  Por ello, es fundamental que la sociedad en su conjunto trabaje para garantizar legislación y políticas públicas inclusivas y en contra del estigma asociado a la disidencia sexual/género”.
Argentina ha suscripto a tratados internacionales, por ejemplo los Principios de Yoghiakarta, que fueron incluidos con jerarquía constitucional, eso los coloca por sobre las leyes provinciales y el mismo código civil, por lo que el no cumplimiento de estos tratados hace que el estado incurra en la discriminación al colectivo LGTB.
La OEA, de la cual nuestro país es miembro, aprobó por unanimidad una resolución sobre el respeto a la orientación sexual e identidad de género, donde se compromete a aplicar políticas públicas para que ello ocurra. En diciembre de 2008, Naciones Unidas emitió una declaración con 13 puntos claves al respecto, donde toca los temas de discriminación, crímenes de odio, violencia, y falta de estas políticas públicas mencionadas anteriormente. Argentina no solo firmó esa resolución, sino que fue quien la presentó en forma regional.
Tal como manifiesta Pedro Paradiso Sottile, quien además es Secretario Regional para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex  (ILGA), “es importante que el movimiento lgtbi este siempre alerta, presente, y que tenga estrategias de reclamo y propuestas concretas, porque la mayoría de las veces los Estados, por si solos, no cumplen con todos los reclamos y con las leyes que conseguimos. Estamos convencidos que el proyecto de Ley de identidad de Genero, presentado el año 2010, impulsado por el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Genero (Expte 8126-D-2010), será aprobado, porque ya hay innumerables antecedentes judiciales que así lo disponen, y porque el camino hacia una democracia igualitaria e inclusiva no tiene retorno, es un modelo que vamos a defender, para terminar con años de injusticia y persecución. Ninguna ley que beneficie a gays, lesbianas y trans, ha sido conseguida sin nuestra participación activa. Si vamos a esperar que alguien lo haga por nosotros, definitivamente no va a ocurrir. Nuestra lucha por la libertad y el respeto a la dignidad de todos los seres humanos es en homenaje y por nuestra democracia, que afianzaremos para siempre, junto a diferentes movimientos sociales, que  históricamente sufrimos la humillación y exclusión por parte del poder y los discursos hegemónicos y arbitrarios. Sin lugar a dudas que una Presidenta de la Nación, como Cristina Fernández de Kirchner, promueva y tome como propia la agenda de nuestros colectivos, es un avance impensable años atrás y que por primera vez en nuestra historia, una funcionaria publica, la de mayor importancia en el país, se ponga al frente de nuestros reclamos con acciones concretas, como el plan nacional contra la discriminación, la pensión por fallecimiento y el matrimonio igualitario, entre otras”.

Entre los avances, se pueden contar el aval de la Presidenta Cristina Kirchner, por ejemplo, en la firma de la ley de pensiones y la promulgación de la Ley de Matrimonio Igualitario. Recientemente la provincia de Río Negro levantó la prohibición de donación de sangre. Y Rosario cuenta con un Área de Diversidad Sexual dependiente de la Municipalidad. El debate por la Ley de Identidad de Genero está previsto para ser tratado en el Congreso en este periodo de sesiones ordinarias, y la Justicia ya lleva una veintena de casos favorables al reconocimiento de la identidad de elección.

LUCHA CONTRA LA TRATA

Asignan un número telefónico para denuncias contra la trata

19/07/11 Es el 145 y será gratuito. Lo manejará una oficina del Ministerio de Justicia.

El Gobierno asignó el número telefónico 145 a la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para atender las denuncias de afectados por ese delito. La medida se publicó ayer en el Boletín Oficial.
La resolución 74/2011 de la Secretaría de Comunicaciones, que habilitó la línea telefónica gratuita, dice que el indicativo de “Servicios Especiales 145” es para atender “comunicaciones realizadas por los ciudadanos damnificados por el delito de Trata” .
Comunicaciones fundamenta la asignación de esa línea especial en que “los servicios especiales están destinados a establecer comunicaciones de urgencia” y que “la Secretaría de Justicia solicitó la asignación de un indicativo de servicio a la comunidad” para la “atención sobre víctimas de estos delitos”.
Hasta anoche la línea 145 no estaba habilitada.
Clarín quiso hablar con la supervisora de la Oficina, Zaida Gatti, para tener precisiones al respecto, pero no tuvo respuesta.
Fabiana Túñez, de la Asociación Civil La Casa del Encuentro (www.lacasadelencuentro.org), calificó como “muy buena” la medida ante la consulta de este diario y recordó que el pedido de una línea telefónica para hacer denuncias sobre estos casos “la estábamos esperando desde el año pasado”.
“El tiempo de espera tiene que ver con los temas de trata de personas que se fueron trabajando y la asignación de presupuestos. La necesidad de asignar una vía teléfonica que reciba denuncias de víctimas fue un tema de debate que se trató en el Segundo Congreso Nacional del Interior contra la Trata y el Tráfico de personas que se realizó en abril en Villa María, Córdoba, en el cual todas las organizaciones que tratamos el tema la reclamamos”, explicó Túñez.
Subrayó que todas las medidas van sumando en la lucha contra la trata, aunque advirtió que “deben ir de la mano del diseño de un programa nacional de lucha contra la trata y de la reforma de la actual ley de trata de personas (sancionada en 2008) que aún no se discutió en la Cámara de Diputados ni en el Senado”.
La trata de personas es un drama que acecha a mujeres de todas las clases sociales. Es el tercer negocio ilegal más redituable del mundo. Y en nuestro país hay decenas de casos impunes. Uno de los casos emblemáticos es el de Marita Verón, que tenía 23 años y una nena de 3 cuando fue secuestrada en Tucumán en abril de 2002. Está comprobado que esta joven estudiante de Bellas Artes fue llevada a prostíbulos de La Rioja antes de que se le perdiera el rastro.

El fantasma de la trata también sobrevuela, por ejemplo, en el caso de la desaparición de la turista suiza Annagreth Würgler (28), de quien no se sabe nada desde agosto de 2004, cuando fue vista por última vez en La Rioja. También ronda como posible causa del secuestro de Fernanda Aguirre, que con sólo 13 años fue raptada en Entre Ríos un mes antes que Annagreth.

MUJER - VIOLENCIA DE GENERO Y CIUDAD

Una mujer sufre violencia. Una mujer necesita ayuda. Y llama. Pero si llama al 0800 MUJER de la Ciudad de Buenos Aires tiene que esperar el doble de tiempo o tener el doble de suerte que antes de la gestión de Mauricio Macri porque –según denunciaron operadoras de la Dirección de la Mujer en un acto de Carta Abierta en la Biblioteca Nacional– el personal del centro de atención para mujeres víctimas de violencia que tiene que atender las 24 horas se redujo a la mitad desde 2004.

Tal vez por eso, en la Línea de Violencia Familiar (para casos de violencia doméstica y violencia sexual hacia la mujer), en el año 2004, el 08006668537 recibía 13.276 llamadas y en el 2010 se registraron 8891 pedidos de auxilio. Esto quiere decir que hubo un 33 por ciento de reducción en los S.O.S ante situaciones de violencia de género y 4385 mujeres menos que requirieron la ayuda del Estado para problemas de violencia familiar o tuvieron que acudir a servicios de otras jurisdicciones.
“Es muy perceptible la falta de visibilidad que tienen los programas de la Dirección General de la Mujer y su falta de protagonismo”, critica la diputada porteña María Elena Naddeo. A contramano del silencio en el teléfono del gobierno porteño, los asesinatos de mujeres por ser mujeres (femicidios) subieron en el 2010 un 12,5 por ciento con respecto al 2009, según un relevamiento –tomado de los casos publicados en medios de comunicación de todo el país– del Observatorio de Femicidios Marisel Zembrano de La Casa del Encuentro. Mientras que, específicamente, en el área de Capital Federal, la Oficina de Atención a la Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia la Nación no registró el descenso de denuncias que se produjo en el área de mujer de la gestión macrista. Por el contrario, en sólo dos años las denuncias por violencia doméstica aumentaron un 20 por ciento.
Pero la menor visibilización de la Dirección de la Mujer, dependiente de Desarrollo Social –a cargo de la electa en primera vuelta vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal–, no es un caso aislado ni se da sólo en situaciones de maltrato a mujeres. La Línea Te Ayudo recibía 7113 llamadas hace siete años. En el 2010 apenas 1927 personas marcaron el 0800 6668537 para la línea de atención a niños/as y/o adolescentes víctimas de maltrato y/o abuso sexual infantil. Y es todavía más fuerte la reducción de la Línea de In-formación General y programa PAP –como se llamaba antes–, que pasó de 15.198 consultas en el 2004 a una drástica reducción de 4380 llamadas en el 2009 y apenas 2553 en 2010.
Ahora el servicio se denomina Línea Derecho a la Salud y, según la Dirección de la Mujer esta baja en la demanda no parece deberse a una mejora en salud o a falta de dudas.
En el 2010 el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, del Ministerio de Salud de la Nación, lanzó la línea 08002223444. En sólo un año el servicio gratuito y confidencial recibió más de tres mil consultas. Un dato llamativo es que, después de los y las bonaerenses, los y las porteños/as fueron los que más utilizaron este servicio de consultas. Este dato refleja que no es que no tuvieran preguntas o denuncias, sino que no sabían a dónde llamar y optaron por hacerlo a un ente nacional. “El presupuesto del Area Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ha tenido prioridad en la gestión de Mauricio Macri. Creció en términos absolutos por supuesto, porque aumentaron los salarios de todo el personal del Gobier-no de la Ciudad, pero en términos relativos ha perdido incidencia con respecto al total del presupuesto de Desarrollo Social”, apunta Naddeo.
En políticas públicas las respuestas suelen coincidir con las prioridades (o los olvidos). “Pudimos observar, comparando los presupuestos del 2003 al 2011, que mientras que el presupuesto total de la Ciudad de Buenos Aires aumentó el 725 por ciento, el de la Dirección de la Mujer lo hizo en un 407 por ciento. Esto implica un destino de $ 4.212.589 en el 2003 y en el 2011 de $ 21.376.727”, detalló Naddeo y dejó picando un 300 por ciento que también debería haber aumentado pero que fue a parar a un bache en políticas de igualdad de oportunidades.
Otro dato interesante es que el año en que la Dirección General de la Mujer tuvo el presupuesto más alto fue en el 2003, cuando alcanzó el 2,70 por ciento del total de (lo que en ese momento se llamaba) Promoción Social. En cambio, en el promedio del 2003 al 2011, la Dirección de la Mujer alcanza apenas un l,66 por ciento del total del presupuesto del actual área de Desarrollo Social que manejó la actual candidata a vicejefa de Gobierno por el PRO María Eugenia Vidal.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz."

Kofi Annan,
Secretario General de las Naciones Unida

La violencia contra la mujer adopta formas diversas, incluidos la violencia en el hogar; las violaciones; la trata de mujeres y niñas; la prostitución forzada; la violencia en situaciones de conflicto armado, como los asesinatos, las violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual y el embarazo forzado; los asesinatos por razones de honor; la violencia por causa de la dote; el infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo del feto en favor de bebés masculinos; la mutilación genital femenina y otras prácticas y tradiciones perjudiciales.
La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, demuestra el reconocimiento y la comprensión internacionales de que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra la mujer.
En la Plataforma de Acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, se define la violencia contra la mujer como una de las 12 esferas de especial preocupación que deben ser objeto de particular hincapié por parte de los gobiernos, la comunidad internacional y la sociedad civil.
En su 42o período de sesiones, celebrado en 1998, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas propuso nuevas medidas e iniciativas que deberían aplicar los Estados Miembros y la comunidad internacional para poner fin a la violencia contra la mujer, incluida la incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas y programas pertinentes. Entre las conclusiones convenidas del período de sesiones figuran medidas destinadas a prestar apoyo a la labor de las organizaciones no gubernamentales, combatir todas las formas de trata de mujeres y niñas, promover y proteger los derechos de los trabajadores migrantes, en particular las mujeres y los niños, y promover las actividades coordinadas de investigación sobre la violencia contra la mujer.
Respuesta de la comunidad internacional
Desde la celebración de la Conferencia de Beijing cinco años atrás, se han adoptado importantes medidas en el plano internacional para eliminar la violencia contra la mujer:

• En el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobado por la Asamblea General el 6 de octubre de 1999, se establece el derecho de la mujer de pedir reparación por la violación de sus derechos humanos, incluida la violencia basada en el género.
• La Asamblea General aprobó en 1997 las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo para la eliminación de la violencia contra la mujer en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal.
• Al igual que los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda, el estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado en junio de 1998, contiene disposiciones específicas relativas a los delitos basados en el género.
• Un proyecto de protocolo de un nuevo tratado propuesto, una convención de las Naciones Unidas para la supresión de la delincuencia organizada transnacional, versa concretamente sobre la trata de seres humanos, en particular de mujeres y niños.

Violencia en el hogar
La violencia en el hogar, especialmente los golpes a la cónyuge, es tal vez la forma más generalizada de violencia contra la mujer. En países en que se realizan estudios fiables en gran escala sobre la violencia basada en el género, se informa de que más del 20% de las mujeres han sido víctimas de maltrato por los hombres con los que viven.
De acuerdo con el Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993 del Banco Mundial, las violaciones y la violencia en el hogar culminan en la pérdida de más años de vida saludable, entre las mujeres de 15 a 44 años de edad, que el cáncer mamario, el cáncer del cuello del útero, el parto obstruido, la guerra o los accidentes de tránsito.
En respuesta a la Plataforma de Acción de Beijing, los Estados Miembros de las Naciones Unidas y la comunidad internacional han tratado de encontrar la manera de combatir más eficazmente la violencia en el hogar:

• Muchos Estados han promulgado leyes en que se reconoce que la violencia ejercida por los maridos debe ser tratada de la misma forma que la ejercida por extraños. En Suecia esos actos se definen como graves violaciones de la integridad de la mujer, y se someten a penas más severas que en los casos en que esos mismos actos sean realizados por extraños.
• Austria, Belarús, Bhután, Hungría, México, Portugal y Seychelles han decidido, por primera vez, considerar delito la violencia sexual ejercida contra las mujeres por sus maridos.
• En Sri Lanka, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha trabajado en estrecha colaboración con las autoridades y las organizaciones no gubernamentales para prevenir la violencia en el hogar mediante la educación del público utilizando los medios de información y celebrando cursos prácticos destinados a sensibilizar a los miembros del poder judicial y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
• Belarús, Polonia, la Federación de Rusia y Zimbabwe figuran entre los Estados que han tratado de introducir servicios, como los hogares de acogida y las líneas telefónicas especiales, para ofrecer apoyo a las víctimas de la violencia.
• Estados como Argelia y Brunei Darussalam han creado dependencias, en sus departamentos de policía, encargadas de combatir la violencia en el hogar.
• Islandia ha creado un proyecto experimental de dos años de duración, titulado "Hombres de responsabilidad", destinado a los hombres violentos. El proyecto es supervisado cotidianamente por la Cruz Roja de Islandia y se someterá a evaluación cuando haya terminado.

Trata de mujeres
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calcula que la trata de mujeres y niños, que casi siempre se realiza para la explotación sexual con fines comerciales, genera hasta 8.000 millones de dólares anuales. Las enormes ganancias que obtienen los perpetradores, que cada vez están más vinculados a la delincuencia organizada, han convertido ese delito en una amenaza mundial que se extiende rápidamente.
Las mujeres y niñas pobres figuran entre los principales grupos afectados por los tratantes debido a su marginación y limitados recursos económicos. Algunas participan voluntariamente animadas por promesas de mayores ingresos y la esperanza de dejar atrás la pobreza. Otras lo hace obligadas, y muchas terminan en la prostitución contra su voluntad. Para cambiar esa situación:

• Filipinas ha lanzado una iniciativa, en cooperación con la sociedad civil y otros gobiernos, que incluye actividades de capacitación de organismos de primera línea sobre cómo combatir la trata de mujeres y niñas y elaborar procedimientos para ello.
• Como parte de su investigación de la delincuencia organizada, la policía creó una División para Combatir la Trata de Mujeres dentro del Departamento de la Policía.
• China ha introducido enmiendas en su código penal respecto del secuestro de mujeres y niñas y la prostitución forzada.
• En las zonas fronterizas, Myanmar ha creado ocho centros profesionales para mujeres y niñas, a fin de evitar la trata de mujeres.
• Los Países Bajos han designado un relator nacional encargado de describir el panorama general de los datos sobre la trata de mujeres y los métodos para prevenirla.
• Albania y la Federación de Rusia han iniciado campañas educativas dirigidas a las posibles víctimas.

Mutilación genital femenina
De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), se calcula que entre 85 y 114 millones de mujeres y niñas, la mayoría de las cuales vive en África, el Oriente Medio y Asia, han sido sometidas a la mutilación de sus genitales.
La mutilación genital femenina, también conocida como la "circuncisión femenina", consiste en extirpar total o parcialmente el clítoris y otros órganos genitales. Su forma extrema, la infibulación, consiste en extirpar el clítoris y ambos labios y la sutura de la vulva, dejando solamente un pequeño orificio para permitir el paso de la orina y el flujo menstrual.
Esa mutilación de las niñas tiene importantes consecuencias a corto y largo plazos. Es extremadamente dolorosa y puede provocar infecciones y la muerte, así como dificultades en el parto y una mayor vulnerabilidad al VIH/SIDA. Esa práctica refleja el consenso social imperante de que es preciso preservar la virginidad de la niña y la mujer hasta el matrimonio y controlar su sexualidad. Los hombres en esas culturas suelen no casarse con niñas o mujeres que no hayan sido sometidas a la circuncisión, ya que las consideran "sucias" y "sexualmente indulgentes".
Desde que se celebró la Conferencia de Beijing, se han adoptado, entre otras, las siguientes medidas contra la mutilación genital femenina:

• Como parte de una campaña de promoción internacional, en septiembre de 1997 el FNUAP nombró a Waris Dirie, activista y modelo, Embajadora Especial para la Elimianción de la Mutilación Genital Femenina.
• La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha preparado materiales de capacitación e impartido cursos prácticos para crear mayor conciencia entre las enfermeras y parteras en la región de África y el Mediterráneo oriental, en un intento por procurar su participación activa en la lucha contra la mutilación genital femenina.
• La República Unida de Tanzanía, uno de los diez países en que se practica ampliamente la mutilación genital femenina, ha promulgado leyes que consideran delito esa práctica. Las sanciones incluyen multas y la encarcelación. Los otros nueve países son Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egipto, Ghana, Guinea, la República Centroafricana, el Senegal y el Togo.
• Varios países, como Australia, el Canadá, los Estados Unidos, Nueva Zelandia y el Reino Unido, que tienen poblaciones de inmigrantes que practican ese ritual, han aprobado disposiciones similares para tratar de eliminar esa práctica.
• Nigeria ha creado el teatro Fístula Vesicovaginal y centros de rehabilitación para prestar servicios de salud a las menores de edad casadas que han sido afectadas por la mutilación genital femenina.

Los interesados en obtener más información pueden ponerse en contacto con:
Sección de Desarrollo y Derechos Humanos
Departamento de Información Pública
de las Naciones Unidas
Tel.: (212) 963-1742, fax: (212) 963-1186
Dirección electrónica: ruzicka-dempsey@un.org
Officina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género
y el Adelanto de la Mujer
Naciones Unidas
Tel.: (212) 963-7977, fax: (212) 963-3463
Dirección electrónica: robertsonp@un.org
División para el Adelanto de la Mujer
de las Naciones Unidas
Tel.: (212) 963-3137, fax: (212) 963-3463

Dirección electrónica: loregnard-kasmally@un.org

LINEA PARA DENUNCIAR LA TRATA

El Gobierno asignó el número telefónico 145 a la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para atender las denuncias de afectados por ese delito. La medida se publicó ayer en el Boletín Oficial.
La resolución 74/2011 de la Secretaría de Comunicaciones, que habilitó la línea telefónica gratuita, dice que el indicativo de “Servicios Especiales 145” es para atender “comunicaciones realizadas por los ciudadanos damnificados por el delito de Trata” .
Comunicaciones fundamenta la asignación de esa línea especial en que “los servicios especiales están destinados a establecer comunicaciones de urgencia” y que “la Secretaría de Justicia solicitó la asignación de un indicativo de servicio a la comunidad” para la “atención sobre víctimas de estos delitos”.
Hasta anoche la línea 145 no estaba habilitada.
Clarín quiso hablar con la supervisora de la Oficina, Zaida Gatti, para tener precisiones al respecto, pero no tuvo respuesta.
Fabiana Túñez, de la Asociación Civil La Casa del Encuentro (www.lacasadelencuentro.org), calificó como “muy buena” la medida ante la consulta de este diario y recordó que el pedido de una línea telefónica para hacer denuncias sobre estos casos “la estábamos esperando desde el año pasado”.
“El tiempo de espera tiene que ver con los temas de trata de personas que se fueron trabajando y la asignación de presupuestos. La necesidad de asignar una vía teléfonica que reciba denuncias de víctimas fue un tema de debate que se trató en el Segundo Congreso Nacional del Interior contra la Trata y el Tráfico de personas que se realizó en abril en Villa María, Córdoba, en el cual todas las organizaciones que tratamos el tema la reclamamos”, explicó Túñez.
Subrayó que todas las medidas van sumando en la lucha contra la trata, aunque advirtió que “deben ir de la mano del diseño de un programa nacional de lucha contra la trata y de la reforma de la actual ley de trata de personas (sancionada en 2008) que aún no se discutió en la Cámara de Diputados ni en el Senado”.
La trata de personas es un drama que acecha a mujeres de todas las clases sociales. Es el tercer negocio ilegal más redituable del mundo. Y en nuestro país hay decenas de casos impunes. Uno de los casos emblemáticos es el de Marita Verón, que tenía 23 años y una nena de 3 cuando fue secuestrada en Tucumán en abril de 2002. Está comprobado que esta joven estudiante de Bellas Artes fue llevada a prostíbulos de La Rioja antes de que se le perdiera el rastro.

El fantasma de la trata también sobrevuela, por ejemplo, en el caso de la desaparición de la turista suiza Annagreth Würgler (28), de quien no se sabe nada desde agosto de 2004, cuando fue vista por última vez en La Rioja. También ronda como posible causa del secuestro de Fernanda Aguirre, que con sólo 13 años fue raptada en Entre Ríos un mes antes que Annagreth.

MUCHO MAS QUE EL RUBRO 59

La decisión de la Presidenta de prohibir la publicidad de avisos con oferta sexual nos pone efectivamente frente a un acontecimiento, desde el punto de vista que supone un sentido de ruptura o transición frente a lo habitual que estaba sucediendo. El carácter disruptivo de esta decisión generó un gran debate y corrientes de apoyo, también de críticas y judicialización de la medida.

El alcance del decreto es amplio: no sólo prohíbe el rubro 59 (que es como se presenta en el diario Clarín) sino que alcanza a todos los medios gráficos, radiales y televisivos, además de todo tipo de propaganda de oferta sexual. En los fundamentos del decreto se citan tres leyes de reciente sanción: la Ley contra la Trata de Personas (26.364), la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (26.485) y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522). Por esta razón queda claro que no sólo está dirigido a combatir la trata de personas sino también a contribuir con la erradicación de la violencia y la discriminación hacia las mujeres y niñas, especialmente la mediática.
Durante largos años, desde el movimiento de mujeres se han reclamado medidas contra los avisos de comercialización sexual de las mujeres, marcando la violencia que supone la cosificación y el tratamiento como un objeto, muchas veces diseccionada en sólo una parte del cuerpo. Saludamos que por primera vez se toma una medida contra esta forma de violencia mediática contra las mujeres. Entendemos que deberá ser parte de un conjunto de políticas integrales que avancen en el combate a todas las formas de violencia mediática y otras, tal cual definen las leyes citadas y los tratados firmados por nuestro país.
Desde muchas voces de la oposición se puso el acento en lo insuficiente de la prohibición de avisos con oferta sexual para combatir la trata de personas. Ahora bien, nadie supone que este delito complejo pueda erradicarse con una sola medida, ni esto se desprende del anuncio, ni de la redacción de la norma. Tampoco suponemos que es la única forma de violencia y discriminación hacia las mujeres. Pero que su alcance sea parcial no reduce la importancia sustantiva de esta decisión.
Otras críticas señalan que coartaría la libertad de expresión y la libre opción de estilos de vida, así lo explica el amparo judicial presentado por el director del diario Río Negro, que solicita se deje sin efecto el decreto hasta tanto la Justicia se expida sobre la cuestión de fondo. El abogado que patrocina al diario en esta demanda contra el Estado es casualmente el mismo que representa al Grupo Clarín en la causa de Papel Prensa. Fue clara la ministra de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay cuando al conocer la medida, previo a la demanda judicial, señaló que “no estamos frente a una opinión sino a la venta de una mercancía prohibida”. En algunos países se dejaron de publicar los avisos de oferta sexual a partir de un acuerdo entre el Estado, las organizaciones sociales y las empresas de comunicación. Todavía estamos lejos en nuestro país de que la responsabilidad social empresaria ponga en juego perder algunos dineros para ganar como sociedad. Por eso es tan importante la decisión política, la participación y la presencia activa del Estado.
Una fuerte crítica realizaron las compañeras de Ammar (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina), quienes remarcaron que esta decisión no combate la trata de personas y que, por el contrario, clandestiniza aun más su actividad. En contra de esta afirmación hay evidencias suficientes de que la inmensa mayoría de los avisos que se publican no corresponde a personas que individualmente ejercen la prostitución, sino que por detrás está el proxeneta y, en muchos casos, la trata encubierta. Además, en ningún caso esta medida supone una condena ni una acción en contra de las mujeres que ejercen la prostitución.
Por eso este decreto es un acontecimiento. Porque viene a sacudirnos y a decir, señoras y señores, esto que leemos y miramos cotidianamente está mal porque viola los derechos humanos de las personas, porque discrimina y promueve formas de explotación y de violencia. Esta decisión no sólo supone un efecto concreto, prohibir la publicación de avisos de oferta sexual, sino un impacto del orden simbólico, que es aun mayor. El camino a recorrer es largo, pero como la utopía que nos ayuda a caminar, sentimos que ya dimos un paso más.

LEY DE TALLES

Hay una ley de talles inscripta en el derecho consuetudinario que indica que la ropa que se ve en las vidrieras sólo podrá ser usada por personas de medidas cuasi escuálidas –por caso, para entrar en una camisa marca Mango tamaño Large (la más grande) no se puede tener más de 73 centímetros de cintura–, mientras que los saldos, las prendas que tienen fallas o formas similares a la carpa del circo Rodas pueden ser usadas por cualquiera. Y hay otra ley de talles, que no se cumple porque casi nadie persigue su cumplimiento, que dice que la ropa debe tener medidas humanas.

No se trata sólo de ensanchar las telas para las que somos o estamos a nuestras anchas. Pero también es verdad que la dictadura del cuerpo único no deja lugar para rendirse ante un domingo de ravioles a los cuatro quesos o de inventar budines de banana. Tampoco a equivocarse, salirse, gozar más allá del orgasmo permitido de 1500 calorías por día y ni un jadeo de más con un chocolatín de brindis por haber resistido o reinventado un día más de malabares femeninos.
Un pantalón que llegue a la cintura, un pullover que regale pompones suaves pero que se codee con las rodillas puede (y debe) hacer más llevaderos esos kilos que algunas podrán enfrentar cuándo y cómo quieran (podríamos hablar de derechos gastronómicos y deportivos) y no cuándo y cómo le dicten las miradas sociales despectivas o las vidrieras tan angostas de ofertas como de extensión de cintura.
La Ley de Talles no intenta entallar a las mujeres con alfileres grandes o chicos. Ni hacer apología de los tenedores libres (bueh, quién no ha tenido un buen empacho que tire la primera Hepatalgina) o del vinito todas las noches. Pero sí que el molde de cada mujer no venga en tamaño chico sino que se pueda elegir, vestir, resistir, reinventarse y cambiar para que la propia piel siempre –y no sólo en Extra Small– sea una nueva fiesta.

SIETE DE CADA DIEZ MUJERES NO SABEN QUE PONERSE

Para contrarrestar el corset de los percheros de los negocios de moda y que las casas de ropa ofrezcan los mismos modelos del talle 36 al 50, la organización no gubernamental Any-Body en Argentina lanzó su campaña para premiar aquellas marcas de ropa que están haciendo esfuerzos para cumplir con la Ley de Talles. “El fin de la campaña es contribuir de manera positiva a la salud de mujeres y niñas en el país, mediante el reconocimiento del problema de la falta de talles de ropa. Según un estudio hecho por la organización, alrededor de 70 por ciento de las mujeres argentinas ha tenido problemas en encontrar su talle. Ninguna de esas mujeres tiene sobrepeso y todas llevan un talle normal”, destaca Sharon Haywood, directora de Any-Body Argentina.
Any-Body es una organización internacional –nacida en Gran Bretaña en el 2003 y liderada por la psicoanalista Susie Orbach– cuyo fin es promover el cambio cultural en torno de la percepción de la apariencia física y la comida para que la próxima generación de mujeres y niños pueda cuidar y disfrutar de sus cuerpos. La idea es prevenir el deterioro en la salud física y mental en mujeres como resultado del intento de lograr la perfección física imposible.
El 16 de marzo presentaron una campaña internacional en contra de la idea de cuerpos ideales llamada “Especies en riesgo de extinción: Preservando el cuerpo femenino”. En ese contexto premiaron a dos marcas argentinas: Portsaid y Ver, que ya exhiben una calcomanía que dé cuenta de que son locales en donde se acepta la pregunta: “¿tenés un talle más?”.
Alvaro Pérez Esquivel, gerente comercial de Mazalosa, el propietario de Portsaid, asegura: “Nuestra vocación fue crear marcas posibles. No es concebible limitar a una mujer en su deseo de verse y sentirse bien a sus características corporales. Es por esto que nuestras colecciones poseen un número importante de artículos diferentes con curvas de talles muy amplias y distintos tipos de calce para que todas y cada una de las mujeres pueda disfrutar de prendas que las hagan sentirse hermosas por fuera como lo son por dentro”.

HECHA LA LEY, NO HECHA LA COSTURA

En Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Santa Cruz y Córdoba hay normas locales. En la Ciudad de Buenos Aires, en diciembre de 2009, se sancionó la Ley de Talles, que obliga a que en todos los locales haya ocho talles con etiquetas que detallen las medidas corporales respectivas, salvo en el caso de liquidación o productos discontinuos. La norma prevé multas de $3000 a $10.000 para los comercios, de $15.000 a $20.000 para los fabricantes y de $30.000 a $50.000 para los importadores que no cumplan con la reglamentación. La Agencia Gubernamental de Control porteña debe verificar su cumplimiento. Aunque el termómetro de la desilusión entre las vidrieras y los probadores comprueba lo contrario.
“Exigimos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires información exhaustiva que detalle la imposición de sanciones y una campaña comunicacional para combatir la bulimia, la anorexia y los estereotipos de género que promueven estos trastornos”, solicita la diputada porteña María José Lubertino.
“La ley de talles, lamentablemente, no se cumple –señala el productor de moda Jorge León–. A las marcas no les interesa cumplirla. Algunas por el dictado de la moda y otras por ahorro de materia prima. Hay marcas que tienen diseños que tienen menos talles del resto de la colección porque consideran que son muy exclusivos y no les interesa que chicas con talles normales los vistan. Quieren que esos diseños sean llevados por cuerpos escuálidos. Lamentablemente estamos atravesando una era en que el prototipo de mujer y de hombre es flaco y sin formas.”
En otro sentido, balancea Soledad Ytuarte, asesora de Imagen, directora de la consultora de Imagen SY Image Consulting y directora editorial de KeoMag.com: “Hecha la ley hecha la trampa, dice el refrán, y eso se puso en evidencia con la cantidad de marcas multadas por no cumplirla. Creo que hace falta más diálogo y consenso entre funcionarios, consumidores y empresarios para que la ley beneficie a todos y no perjudique a nadie”.
En la provincia de Buenos Aires también existe una norma, pero que rige sólo para las adolescentes. Sin embargo, tampoco se nota en los percheros. “Los encargados de hacerla cumplir son las oficinas de Defensa del Consumidor y, salvo la de Mar del Plata en que se han hecho muchas denuncias, el resto de los municipios no actúa”, apunta la diputada María Luisa Storani.
Mientras que a nivel nacional se presentaron y cayeron varios proyectos (uno tuvo media sanción en Diputados pero en el Senado la dejaron pasar de largo en la Comisión de Industria y Comercio, presuntamente por presiones empresariales) y ahora se intenta volver a presentar una iniciativa –a través de Storani– para que se amplíe la oferta de ropa para mujeres y varones de todas las edades.
Monique Altschul, de la Fundación Mujeres en Igualdad, cree que romper el molde no es sólo aprobar una norma nacional, sino que no sea un diseño sin tela. “Lo realmente complicado es lograr que se cumpla con la ley y trabajar en el tema para un cambio de cultura centrado en la importancia de cuerpos saludables”, recalca.

EL PESO DE LA DELGADEZ

Uno de los cuestionamientos a la ley de talles es que el sobrepeso –además de ser subversivo a la dictadura estética de los medios– también es un problema de salud. Entonces, el riesgo es que las mujeres se amolden a un cuerpo que las ponga en riesgo. Sin embargo, en la encuesta realizada por Any-Body el 92 por ciento de las entrevistadas conoce a otras mujeres que hacen dieta. Por lo que pareciera que la idea de delgadez genera mujeres que quieren ser delgadas y que terminan desbocando por un bocado al sentirse excluidas de ese cuerpo ideal en el que no logran encajar.
“Nadie está gordo porque le gusta o porque lo hace feliz”, dice Mariana Petracca, que ingresó al programa Cuestión de peso, en el 2006. Ahora es diseñadora de ropa exterior e interior en donde pone su cara –bellísima– y su cuerpo –también bello pero fuera de los estándares de maniquíes carnales– muestran otra estética. “La ropa ‘canchera con onda’ sólo es para mujeres muy delgadas y yo nunca fui así. Soy una mujer grandota, exuberante.” Por eso, creó Cuerpo de Mujer, su propia marca de ropa. Y desde la etiqueta proclama: “Nosotras las mujeres con curvas prominentes también podemos vestirnos sexies y a la moda”. Ah, también desvestirse. Ya que el ropero XL incluye ropa interior.
Daniela estudia nutrición y reflexiona: “La imagen corporal está altamente influenciada por la presión sociocultural. Cuando queremos comprarnos ropa nos enfrentamos a una única forma de belleza, un único molde que nos hace ‘pertenecer’. Pero si no encontramos nuestro talle nos sentimos afuera de la uniformidad impuesta..., sufrimos, nos sentimos distintos, e incluso nos vemos obligados a ponernos algo que no nos gusta, a pagar de más, a terminar con el trámite de la compra lo más rápido posible; a elegir ‘lo que hay’ y en ‘donde se pueda’. La frustración le gana a la aceptación y el costo en salud recae nuevamente lejos de la prevención”.
Desde otro punto de vista Ytuarte le saca peso al peso de la ley para combatir los trastornos alimentarios: “No podemos ser necios como para suponer que la bulimia, por ejemplo, se dispara por no encontrar talle en una tienda. Si el objetivo final es combatir estos desórdenes alimentarios, esta ley específica no es suficiente”.

FASHION EXCLUSION

Nora es maestra y confiesa: “Soy consumidora de la moda, me gusta mirar tendencia y mi sentido de la estética está estrechamente reñido con que no hay talles grandes en las grandes marcas de moda”. Y describe todas sus prohibiciones: “No hay jeans lindos, ni leggins que no te aprieten las piernas en el lugar equivocado, ni zapatos más allá del 40, ni botas de caña alta que te cierren sin amatambrarte”. Pero los modelos de ropa son una derivación de los modelos sociales. “Alessandra Rampolla (la sexóloga de Cosmopolitan) puede mostrar su escote porque bajó 30 kilos: antes era una gordita osada, ahora se convirtió en una sex symbol. Salvo algunos casos meritorios, la ropa de las casas especializadas es tan fea, tan cara... El precio de pagar por los kilos de más.”
Hay algunas excepciones. Esas casas a las que se puede entrar con dos piernas y salir sin sentir que si no nos las cortamos querríamos que nos las corten. En Loren hay calzas para todas –ahora que el “para todos” se volvió un eslogan– y remeronas que tapan lo que tienen que tapar pero que no parecen un burka o un vestido de monja hechos sólo para cubrir. Y no para vestir. Mirta Helueni, socia gerente de Loren, relata: “A diario vemos que las clientas que ingresan se sienten desanimadas y preguntan hasta con cierto temor si pueden encontrar su talle. Nosotras tenemos dos líneas: una clásica y otra más moderna (de remeras y calzas) en modelos que puedan usar tanto chicas como señoras que necesitan una respuesta a sus inquietudes”.
La calcomanía de Any-Body (una identificación para los locales que ofrecen los talles que determina la ley para la igualdad de oportunidades) intenta hacer cumplir la amplitud de los talles, pero no por el miedo de los comerciantes a una multa sino para ser reconocidos a través de una estampa de diversidad corporal. Esta garantía de ropa amplia también se posa sobre las vidrieras de Ver que, justamente, eligió a mujeres reales –jardineras, escritoras, artistas– como modelos de sus prendas.
Ana Tello, jefa de Imagen y Comunicación de Ver, subraya: “Tenemos que ser conscientes de que somos emisores de mensajes que van conformando un entramado social, por eso nos parece importante tener un accionar responsable. Esta campaña de prevención de Any-Body, que brega por la aceptación del propio cuerpo, se encuentra muy en línea con el camino que Ver ha decidido transitar desde hace dos temporadas, donde convocamos a mujeres reales apasionadas por lo que hacen como protagonistas de nuestra campaña de comunicación. En lugar de reflejar modelos ideales y estereotipados de belleza, estamos mostrando una belleza viva y real. De este modo, se busca revalorizar el respeto por la singularidad e invitar a cada mujer a que acepte y valore su propia belleza, más allá de los cánones ideales impuestos por la moda y los medios”.
No se trata de amoldar el cuerpo al talle puesto en vidriera, sino de revalorizar y revitalizar el propio cuerpo. Gabriela Notti, ex bailarina, instructora de Pilates y directora de Magnolia, propone un nuevo paradigma: “Se me ocurre que podemos hablar de belleza viva como un concepto dinámico, adaptable y posible. La mirada viva o real nos permite modificar lo que no nos gusta de forma certera y potenciar nuestra belleza a la que tantas veces la identificación con el afuera excluye totalmente. Si intento tener la cadera de una chica de 16 años usando el mismo pantalón que está en el poster del shopping, ahí viene la primera trompada a la autosestima y la carrera loca a lo imposible: dietas extremas, atracones frustrantes, cirugías plásticas, resentimientos, angustia, tratamientos de belleza que nunca terminan y nunca logran el objetivo deseado. Por eso es importante que los fabricantes desplieguen talles para todas las mujeres que tienen idea de embellecerse respetando sus cuerpos, sus limitaciones y permitiéndoles que vayan por más”.

EL DIOS DE LA DELGADEZ NO VIVE (SOLO) EN BUENOS AIRES

El problema es nacional. “En Bahía Blanca es peor porque hay menos oferta de ropa. Mi primera pregunta al entrar a un negocio, luego de encontrar algo que me gusta, es: ‘¿Hasta qué talle tenés?’. Esto me lleva a recorrer varios negocios en busca de algo tan simple como un pantalón”, se lamenta Pía, de 29 años.
Pero no son sólo las mujeres que ya han pasado los veinte y un par de postres (bien merecidos y deglutidos) las que no se reflejan en el espejo de pseudonormalidad que venden las etiquetas. “Los talles para niños también son cualquiera: Violeta tiene ocho años, es muy alta y larga, su talle vendría a ser 10, pero a veces he llegado a comprarle 14”, cuenta Victoria, su mamá.
Gloria tuvo que optar por volver a la máquina de coser o elegir –a los 57 años– el mismo talle que Violeta: el nombradísimo 14. “Tengo un talle muy chico. Sería un 36, y en las casas de ropa empiezan por el 40. Pensé en comprar ropa de niños, porque mi talle sería el de 14 años, pero los modelos no dan para mi edad. Ahora me regalaron una máquina de coser y me siento mucho mejor porque ajusté todo”, relata. Y no es la única a la que le sobra tela para cortar. María, de Chacabuco, da otra mirada: “La Ley de Talles pretendió asegurar que aquellas personas cuya contextura física excede al promedio impuesto por la moda pueda encontrar ropa a medida, pero se olvidó de lo opuesto. En mi caso, cuando salía a comprar ropa siendo adolescente tenía que recurrir a negocios para niños/infantiles porque los locales donde compraban mis amigas sólo vendían ropa para las medidas ‘maniquí’. Y yo tengo una contextura física realmente chica. Por lo general, mucha gente me da entre catorce y quince años, cuando en realidad tengo veinte”.
La escritora Ana María Shua, autora de El peso de la tentación y Que tengas una vida interesante no se prende al pedido de extender los dobladillos de la moda. “De todas las tonterías en las que puede distraerse un ciudadano preocupado por su país, la Ley de Talles me parece una de las más tontas. Entre otras cosas, porque es imposible hacerla cumplir. Lo único que puede hacer el inspector en un local que no tiene los talles grandes es exigir que le muestren copia de la factura de venta. Como es lógico, ningún local tiene todos los talles todo el tiempo y las gorditas no se pueden vestir con la factura de venta. En general no creo en los beneficios de la regulación del mercado, pero sí en este caso. Hoy aproximadamente un 0,5 por ciento de los argentinos sufre anorexia o bulimia, pero la mitad de la población tiene sobrepeso. Si seguimos en esa línea, vamos a tener talles grandes en todas partes sin necesidad de ninguna ley.”
Otra visión es la de la psicóloga y periodista Liliana Hendel: “Creo que, como lo indica el excelente trabajo de Monique Altschul, de lo que hablamos es de corrupción: inspectores que son sobornados, que hacen la vista gorda (y como es gorda la vista no encuentra talle), empresas que quieren lucir un look fashion, modelos obligadas a ser faquires y colonizadas todas hasta mirarnos en el espejo y sufrir porque estamos fuera del circuito cuerpo-deseable. Y lo más grave es el impacto en la subjetividad de todas las que queremos ser lo que no somos para ser algo que no nos hará más felices. Ilusiones del capitalismo salvaje que todo lo convierte en mercancía y empieza por el cuerpo de las mujeres”.

LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION - POLITICA DE ESTADO

Pedro Mouratian, interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), sabe que luego de la disputa entre el anterior titular del organismo, Claudio Morgado, y su vice, María Rachid, su labor será seguida con atención por propios y ajenos. “De eso, prefiero no hablar. Es volver atrás sobre un capítulo que ya se superó”, aclara.
Además de normalizar el INADI, la tarea del ex director del Consejo Nacional Armenio y de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, que entre 2006 y 2010 fue vicepresidente del Instituto, será demostrar que se puede consolidar lo hecho durante el debate por el matrimonio igualitario. Pero también abrir el juego al resto de la sociedad civil, a otros actores como los afrodescendientes, los migrantes, los adultos mayores, las mujeres y las personas con discapacidades. “La lucha contra la discriminación se convirtió en un tema de Estado. Y eso habla bien no sólo de un gobierno, sino de una sociedad madura. El INADI se transformó en una herramienta para los sectores que buscaban un espacio donde reclamar y ser tenidos en cuenta”, subraya, a modo de balance de gestión desde 2005, año en que se implementó por decreto el Plan Nacional contra la Discriminación. Pero también admite que se debe rever el federalismo del INADI y que las cuestiones institucionales no se tomaron hasta ahora con la responsabilidad y la precisión adecuadas. “No está ganada la batalla cultural definitiva”, advierte Mouratian a Tiempo Argentino, en su primera entrevista como interventor.

–¿El INADI está en crisis?
–Se produjo una situación de crisis institucional que hubo que normalizar. A partir del trabajo que ya iniciamos, estamos logrando –con la colaboración de la Sindicatura General de la Nación– que en estos 180 días se ordene el instituto, sin descuidar por eso la parte sustantiva: ser una herramienta para sectores que antes estaban relegados y hoy encuentran un espacio donde manifestarse. La idea es profundizar las políticas públicas que veníamos sosteniendo.
–¿Como cuáles?
–Mi función en este tiempo es ordenar y optimizar los recursos, pero quisiera poner énfasis en áreas que no tuvieron un desarrollo profundo: los migrantes, los adultos mayores, la discapacidad, el género y los afrodescendientes.
–¿La crisis institucional de la que habla se redujo a la pelea entre Morgado y Rachid?
–De eso prefiero no hablar. Esos seis meses no aportan a la cuestión. Es volver atrás sobre un capítulo que ya se superó.
–¿Dejó algún efecto adverso?
–El mayor es que se habla del INADI por otros aspectos que los que yo quisiera que se hable. Pero vamos a salir adelante.
–Antes de asumir se reunió con Cristina Fernández, ¿le dio alguna indicación?
–La presidenta pidió la normalización institucional del organismo y recuperar lo que se había hecho en estos años. Ponerlo en marcha otra vez como creo que es el anhelo no sólo del gobierno nacional sino de toda la sociedad civil.
–Usted asumió en 2006 como vicepresidente de María José Lubertino y continuó hasta 2010 con Claudio Morgado, ¿qué balance hace de estos años? ¿Cuáles fueron los principales alcances?
–En el Plan Nacional contra la Discriminación, promovido por Néstor Kirchner, ya figuraba la demanda del matrimonio igualitario, como también la ley de Migración –que es de avanzada y es un ejemplo en todo el mundo–, o el mismo programa de documentación Patria Grande. En las medidas vinculadas a la salud mental o la discapacidad el INADI tuvo un rol sustancial; participamos de las audiencias de la Ley de Medios, que también estaba incluida en el plan. Fuimos a decir que no se trataba de ir en contra de nadie, sino de dar voz a grupos que fueron históricamente vulnerados, que estaba en juego la democratización de la palabra. Son todos avances que se han hecho desde que la lucha contra la discriminación se convirtió en un tema de Estado. Y habla bien no sólo de un gobierno, sino de una sociedad madura. El INADI se transformó en una herramienta para los sectores que buscaban un espacio donde reclamar y ser tenidos en cuenta.
–¿Entonces el INADI es un mediador entre los grupos segregados y el Estado?
–Por un lado. Pero el otro gran rol fue transformar la palabra discriminación en un hecho negativo, como una decisión arbitraria que debe ser combatida. Fuimos creando una conciencia social y hoy es una práctica mal vista.
–Hechos como los del Parque Indoamericano, e incluso el abrumador triunfo de Mauricio Macri en la Ciudad, ¿no dan cuenta de una tendencia contraria?
–Sí. Eso nos muestra que tenemos mucho para hacer, que no está ganada la batalla cultural definitiva. Estamos tratando de entender como sociedad que la diversidad nos enriquece, no nos quita. Me parece que lo del Indoamericano mostró que a veces los factores de poder son también los que determinan lo que está bien y mal y que la actitud de la sociedad es más complaciente con eso. Porque es más fácil pensar que el problema está en el otro. Pero estas cosas también pasan al interior de nuestro país: los jóvenes de otras provincias muchas veces son discriminados en esta Ciudad. Por eso, ahora estamos capacitando a 100 trabajadores que van a salir a escuelas públicas, privadas, sindicatos, organizaciones, para generar una cadena de formadores y que bajen un discurso de compromiso social inclusivo.
–¿El INADI tiene un carácter totalmente federal?
–Una de las grandes asignaturas pendientes es generar una política pública federal. Para eso, debemos concentrar los programas sobre tres o cuatro ejes puntuales que respondan a políticas públicas en consonancia con la política nacional. Porque la sociedad civil marca una agenda, pero no puede dejar de reconocerse como un organismo público. Hace falta rever y replanificar el federalismo, que tiene que ver también con una distribución presupuestaria. Lo tengo como un tema pendiente hasta desde lo personal, soy muy respetuoso del trabajo que hicieron en provincias con pocos recursos, humanos y económicos. No sé si fue un error, pero sí es una asignatura pendiente tener una política federal sólida.
–¿Fue una de las dificultades frente al conflicto de la comunidad qom de la Primavera?
–Sí y frente a otros temas. Quizá esta explosión que ha tenido el organismo desde 2005 generó en la gente una expectativa que nos supera. El organismo no tiene capacidad de policía, no podemos sancionar si se comete delito. Tenemos una línea de atención a la víctima y un área de resolución rápida de conflictos, donde intentamos generar vías de acercamiento y a través de los dictámenes, que ponen de manifiesto si están violando o no la ley y sirven como elemento para llevará a la justicia, eventualmente. Lo que tenemos que entender es que el INADI está más para crear una conciencia y articular con los otros organismos, pero no hay que creer que vamos a resolver per se estas cuestiones. Somos una herramienta más y lo que hacemos es interactuar con el Estado Nacional en su conjunto. –¿Qué errores se cometieron?
–Creo que esa necesidad de instalar el organismo y de poner en marcha políticas públicas efectivas hizo que algunas cuestiones institucionales queden relegadas y no se puedan ir tomando con la precisión y la responsabilidad que había que tomarse. Generar mecanismos de trabajo más aceitado, coordinado con otros organismos, con mecanismos de interconsulta, nos va a permitir potenciar todo el trabajo que hacemos.
–¿Considera acertadas las críticas que hablan del INADI como un organismo testimonial?
–Bajo ningún punto de vista. El lugar que ocupa en los medios y en la sociedad es porque no es testimonial. Si no, a nadie le importaría qué pasa al interior del Instituto. Hoy le da respuestas concretas a mucha gente. De hecho, la ley de matrimonio salió al calor de lo que pasaba en el INADI.  <

ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO

La comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados avanzó la semana pasada en la firma de un dictamen “sin disidencias ni observaciones” a un proyecto de ley que establece un régimen de prevención y sanciones contra la violencia y el acoso sexual en el ámbito laboral.
En concreto, y tras precisar con detalle las figuras de violencia laboral y acoso sexual, la propuesta de los legisladores establece que los trabajadores que sean objeto de las mismas podrán estar en condiciones de denunciar sus respectivos contratos de trabajo en los términos del Artículo 242 de la Ley de Contratos de Trabajo (LCT). En otras palabras, significa que la parte afectada de la relación laboral está facultada para denunciar su contrato de trabajo ante “la inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación”, tal cual obliga la LCT.
Justamente, uno de los objetivos de la norma es llenar una especie de vacío legal existente en torno a la figura del acoso y la violencia ligadas al vínculo laboral entre empleadores y trabajadores. “Si bien existe dentro del Código Penal el acoso, no hay una figura específica dentro de la LCT que tenga que ver con la violencia”, explicó a Tiempo Argentino la diputada Victoria Donda (Proyecto Sur), presidenta de la comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara Baja.
El acoso sexual es entendido como “todo acto, comentario reiterado o conducta con connotación sexual, cuando se formula con anuncio expreso o tácito de causar un perjuicio a la víctima sino accede a los requerimientos del acosador”. Asimismo, la violencia implica “toda acción que de forma sistemática y recurrente ejerza una persona o grupo sobre un trabajador, con la finalidad de destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores o lograr que el trabajador se aparte del ámbito laboral”.
El proyecto establece que la figura del acoso no necesariamente implica una relación de superioridad jerárquica entre víctima y victimario, en tanto incluye al acoso ejercido por “empleador, superior jerárquico u otro trabajador”. Incluso el empleador es responsable “por los actos de acoso sexual ejercido por parte de personas que no estuvieran a su cargo hacia personas que sí lo estén”.
El proyecto explicita además que ningún trabajador o trabajadora podrá ver modificadas sus condiciones de trabajo ni ser despedido por denunciar fundadamente ser víctima de acoso sexual o violencia laboral.
La iniciativa pertenece al presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, el diputado oficialista Héctor Recalde, si bien se nutrió del aporte de los diversos bloques políticos que participan de la misma. Tras el despacho favorable de la comisión, el proyecto será discutido por la comisión presidida por Donda. La legisladora adelantó que, más allá del necesario debate, seguramente la iniciativa obtendrá el visto bueno de la comisión. “El proyecto es bueno, representa un avance en el combate contra la violencia y el acoso en el ámbito laboral”, aseguró, a la vez que precisó que las cuestiones de género no escapan al objetivo de la iniciativa. “La violencia y el acoso no son una problemática exclusiva de las mujeres, si bien es cierto que la mayoría de quienes las padecen son mujeres. Es un paso hacia adelante para las trabajadoras”, explicó.  <

DERECHO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

La Defensoría del Pueblo de la Nación le reclamó al gobierno de Formosa que adopte “medidas urgentes” que garanticen los derechos básicos, como la atención de la salud, y el acceso a la alimentación y al agua potable, de 28 comunidades indígenas de esa provincia. Luego de evaluar las deficiencias señaladas, el organismo entendió que el Estado provincial “tiene las herramientas y los recursos” para revertir ese cuadro y en ese marco se adoptó esta medida, dijo a Página/12 el director de Derechos Sociales de la Defensoría, Horacio Esber. La demanda se hizo a través de un exhorto, que se hizo extensivo al Ministerio de Desarrollo Social nacional, que tiene a su cargo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para que “articule acciones” con el Ejecutivo formoseño a fin de resolver estas problemáticas.

Tras dos visitas a la provincia en las que se constató la situación de comunidades qom, pilagá y wichí, la Defensoría elaboró un informe que dio pie al exhorto 107/11, enviado el 16 de junio al gobierno de Gildo Insfrán. Más allá de la respuesta que dé el gobierno provincial, Esber anticipó que en breve se hará una nueva recorrida “para ver qué se modificó” en la situación de las comunidades.
En el plano sanitario, el escrito de la Defensoría formula que, como varias comunidades rurales están distantes de los centros de salud, “resulta imprescindible la existencia de puestos y agentes sanitarios” en esos poblados, ya que en la actualidad “no se cumple acabadamente” con la prestación de estos servicios. Y ejemplifica con los casos de Colonia Naranjito, Colonia San Antonio, La Primavera y Comunidad Penqolé, pueblos que “no poseen puesto sanitario o donde el que funciona se encuentra cerrado”, por lo que “nunca los visita el agente sanitario”. Lugares en donde, además, la inaccesibilidad de los caminos torna “muy dificultoso trasladar a los enfermos” a algún hospital. En cambio en sitios como Tres Pozos y Lote 27 “sí hay puestos sanitarios”, pero existen “graves dificultades como la falta de medicamentos” o la “inexistencia de ambulancia para traslados”, se apunta.
En otro punto referido a la salud, se manifiesta que “debido al alto número de enfermos de Chagas”, los aborígenes “solicitan que se extermine” a las vinchucas, ya que todavía hay presencia de ese vector en sus hogares. Como balance de este déficit, los técnicos de la Defensoría expusieron: “Se observa que la mayoría de las casas nunca han sido fumigadas contra la vinchuca”.
En otro ítem, se contextualiza que en grupos familiares con dificultad para acceder a alimento por otro medio que no sea la asistencia estatal, existen comunidades en las que reciben “una caja alimentaria por familia cada tres o cuatro meses”. Esto ocurre en Ensanche Norte y Bartolomé de las Casas. De todas formas, esas poblaciones son la excepción ya que “casi todas las comunidades restantes manifestaron no recibir ninguna caja” con alimentos. En este tema, la Defensoría pone de manifiesto posibles manejos clientelistas. “Muchas familias sostienen que habrían recibido la caja en época electoral”, con “entrega de documento de identidad” mediante.
Sobre el acceso al agua potable, “en 11 de las 17 comunidades relevadas en la última visita”, los pobladores originarios relataron que obtienen el recurso “de los ríos y de la lluvia”, y la almacenan en aljibes. En varias poblaciones, describe la Defensoría, los indígenas consiguen agua “de lugares superficiales, donde hay agua acumulada o de pozo”, pero según narraron, el recurso “no es potable”. Asimismo, existen comunidades en las que “se abona una suma de dinero” para que un camión cisterna los provea de agua, pero a veces ni siquiera con esa provisión logran satisfacer la demanda.
“La garantía del goce efectivo de los derechos humanos de esas comunidades son las autoridades públicas”, destacó Esber. Este diario intentó en reiteradas oportunidades consultar al Ministerio de Gobierno de Formosa para conocer su posición respecto del exhorto, pero no obtuvo respuesta. El funcionario de la Defensoría concluyó que en un “marco económico y social que se inició en 2003, la vulneración de derechos se hace más visible”. Y es en este contexto que “se exhorta a los estados a que reparen esas deficiencias, porque tienen los recursos y herramientas para hacerlo”.